Cubadebate

Protestas frente a la Casa Blanca, en junio del 2005. Foto: AP.Capítulo IV: Guantánamo, cientos de detenidos en un «limbo» legal

                                  Notorios violadores de los derechos humanos, como, entre otros,

 Birmania, Cuba, Corea del norte, Irán y Zimbabue,  han intentado

 durante mucho tiempo ocultar de la mirada del mundo los abusos

 que cometen  organizando elaborados engaños y negando el acceso

                                a los observadores internacionales de derechos humanos.

                                            George W.Bush, discurso en el Día Internacional de la ONU

                                             en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, 26.6.2003

Los memorandos analizados en el capítulo anterior son todos anteriores al inicio de la guerra en Irak y a ellos les seguirían muchos otros que fueron autorizando puntualmente más o menos «técnicas» de interrogación a los detenidos según los casos. En algunos casos los memorandos fueron específicos para determinados detenidos en particular, con tratamientos «especiales» según su interés. Guantánamo se convirtió para EE.UU. en un verdadero laboratorio para experimentar de una forma más «profesional» las técnicas de interrogación a aplicar a un enemigo no convencional.

En Afganistán se actuaba desde el inicio de la guerra contra el régimen de Kabul en octubre de 2001 de manera caótica. En la lucha contra las milicias de los talibanes y también contra los combatientes de Al Qaeda que estaban con  Osama bin Laden y el mulá Omar intentando romper el cerco -algo que finalmente lograron- murieron miles de civiles afganos víctimas de los bombardeos aliados. Igualmente fallecieron decenas y decenas de detenidos ya desarmados por trasladarlos y mantenerlos encerrados durante horas y horas en contenedores metálicos totalmente cerrados a altas temperaturas bajo el sol y sin ningún tipo de ventilación. Centenares de prisioneros murieron también en la represión que llevaron a cabo fuerzas especiales y agentes de la CIA [allí murió el agente Mike Spann] junto a milicianos de la Alianza del Norte contra el motín que se produjo en la prisión de Qala-i-Jangi, en la zona de Mazar-i-Sharif.

Muchos de los supervivientes de esa matanza, denunciada por organizaciones humanitarias y los medios de comunicación que pudieron recoger luego testimonios de los hechos, fueron luego trasladados a Guantánamo.

Allí también fue detenido el «talibán americano», John Walter, quien posteriormente sería condenado a 20 años de cárcel por un tribunal estadounidense.

Las organizaciones humanitarias denunciaron también centenares de casos concretos de abusos de las tropas estadounidenses contra la población civil, detenciones arbitrarias y malos tratos a los prisioneros.

Para llevar a cabo esa política, los militares estadounidenses se sintieron arropados por el propio presidente, en especial a partir del 7 de febrero de 2002, cuando Bush decidió unilateralmente, como vimos en el capítulo anterior, que los enemigos detenidos en Afganistán no serían reconocidos como prisioneros de guerra y que por lo tanto, no podrían acogerse a los derechos previstos para éstos en las Convenciones de Ginebra.

Esa decisión de Bush fue y sigue siendo clave para la actuación de las tropas y servicios de Inteligencia estadounidenses tanto en Afganistán como en Guantánamo.

El emperador decidió que les iba a negar a miles de detenidos unos derechos básicos aceptados internacionalmente desde hace más de medio siglo y ningún país en el mundo ni grupo de países intentó siquiera llevar ese tema, de semejante gravedad, ante la ONU. A pesar de ello sí hubo firmes condenas por parte de algunos organismos internacionales como el Parlamento Europeo, que aprobó una resolución de protesta y que incluyó su crítica en su informe sobre derechos humanos, celebrando incluso el 30 de septiembre de 2003 una sesión en la que escucharon en el hemiciclo de la Eurocámara los testimonios de familiares y abogados de europeos de origen árabe detenidos en Guantánamo. Sin embargo, el reclamo de este organismo a sus países miembros para que la Unión Europea siguiera de cerca lo que sucedía en Guantánamo en tanto que se violaban tratados internacionales de la importancia de las Convenciones de Ginebra y que pidiera explicaciones por ello a la Administración Bush, cayó en saco roto.

El carácter no vinculante de sus decisiones impidió que la resolución se tradujera en algo más que una protesta.

Otra de las raras excepciones de organismos internacionales que denunciaron la situación de los prisioneros de Guantánamo fue la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), que en 2002 exigió que la Administración Bush reconociera a los detenidos los derechos que les otorgan los tratados internacionales y que tuvieran derecho a juicios con todas las garantías. EE.UU., que tantas veces en el pasado realzó el papel de la OEA en América Latina y El Caribe cuando quiso aislar a Cuba o que se adoptaran otras medidas políticas acordes a sus intereses en la región, sin embargo en 2002 ni siquiera contestó a sus demandas.

Pocos días antes de que se conociera la decisión de Bush de negarles el estatuto de prisioneros de guerra a los talibanes y militantes de Al Qaeda, la prensa le preguntaba al titular de Defensa británico, Geoffrey Hoon, su opinión sobre la llegada del primer grupo de detenidos a Guantánamo, cuyas fotografías habían provocado tanta conmoción. Hoon aseguraba no tener «ninguna duda» de que EE.UU. les dispensaría un tratamiento ajustado a los acuerdos internacionales.

En los mismos términos se manifestaba también Ramón de Miguel, secretario de Estado para Asuntos Europeos del Gobierno de José María Aznar.

A pesar de que pocos días después Bush dejó clara su postura de no respetar los tratados internacionales, ni Gran Bretaña ni España parecieron sentirse con necesidad de aclarar sus aseveraciones. Para algo habían sido desde el inicio aliados incondicionales de la «cruzada» de Bush.

Por su parte, evidentemente, las Fuerzas Armadas y las agencias y servicios de Inteligencia de EE.UU. se vieron protegidos por su presidente y su secretario de Defensa; se sintieron más impunes que nunca. De ahí que pudieran discutir e intercambiar opiniones en tantos memorandos sobre las mejores técnicas para quebrar a los prisioneros, «enriquecida» en la práctica gracias a la gran «creatividad» de sus mandos locales y a veces hasta del oficial de turno a cargo de los interrogatorios.

Afganistán, pero más especialmente Guantánamo, por no ser un escenario de guerra, sino una base militar aislada en un territorio de ultramar enclavado como anacrónica espina en territorio cubano desde inicios del siglo xx, supuso, y lo sigue siendo, el gran experimento para la Inteligencia Militar estadounidense y la CIA.

Base naval de EE.UU. desde 1903

Tras la guerra contra España en 1898, el Congreso de EE.UU. votó en 1901 una enmienda a la ley de presupuestos del Ejército, propuesta por el senador Orville S. Platt -que pasó a conocerse como Enmienda Platt[1]- y que se impuso como tal en la propia Constitución cubana, por la que se prohibía al Gobierno de La Habana que concertara tratados internacionales sin consentimiento estadounidense. Igualmente concedía a EE.UU., cuyo presidente, William McKinley, había enviado tropas a la isla para «ayudar» supuestamente a los independentistas, el derecho de intervención para preservar «la independencia de Cuba y la pervivencia de un gobierno estable», autorizando igualmente a EE.UU. al establecimiento en ella de carboneras y estaciones navales.

A pesar del fuerte rechazo popular que tal imposición externa provocó en Cuba, las amenazas de mantener la ocupación militar que ya existía desde 1900 a través del gobernador militar Leonard Word, hicieron que finalmente la Convención Constituyente aceptara incorporar la Enmienda Platt a la Constitución por 16 votos contra 11, con cuatro abstenciones. Como consecuencia de una de las cláusulas de la Enmienda Platt, dos años después de entrar en vigor, en 1903, se instaló la base naval de Guantánamo. El nuevo presidente norteamericano, Theodore Roosevelt, ya había retirado las tropas un año antes, en 1902, pero con los derechos que daba a EE.UU. la Enmienda Platt los marines intervinieron numerosas veces en los asuntos internos de la isla durante las primeras tres décadas del siglo para «restaurar el orden».

Sería durante la presidencia de otro Roosevelt, de Franklin Roosevelt, cuando EE.UU. descubre al que habría de hacer luego por mucho tiempo  su hombre de confianza, el líder ideal, Fulgencio Batista y para darle margen político de acción, aceptan derogar en 1934 la Enmienda Platt, pero haciendo una excepción expresa en lo relacionado con la base de Guantánamo, que queda bajo control norteamericano.

A pesar de las denuncias que ha realizado el Gobierno de Fidel Castro de esta situación desde su llegada al poder en 1959, la ONU no ha hecho más que referencias genéricas al tema en resoluciones en las que se prohíbe la utilización de bases militares en territorios coloniales. Durante los años sesenta se produjeron una serie de incidentes entre las autoridades cubanas y los mandos de la base de Guantánamo. En 1961 un obrero cubano murió por golpes de personal de la base al igual que un pescador un año más tarde, mientras que dos soldados cubanos resultaron muertos en 1964 y 1966 por disparos de los guardias norteamericanos.

Las autoridades cubanas han denunciado repetidamente que las provocadoras maniobras militares realizadas por fuerzas estadounidenses en esa base, que abarca un área de 117 kilómetros cuadrados, casi 50 de ellos de tierra firme y el resto de agua y pantanos, ya han provocado daños ecológicos irreparables en el entorno. Numerosas veces se han estacionado en la base submarinos nucleares norteamericanos.

El precedente de los balseros haitianos

No es la primera vez que un presidente Bush utiliza la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo para recluir «indeseables» de algún tipo. A inicios de los noventa fue George Bush senior quien encontró la utilidad que le podía proporcionar esa base, situada a poco más de 100 kilómetros de las costas de Florida, pero donde, dado el particular estatus que tiene, no imperan ni la Constitución ni las leyes federales de EE.UU. En aquel momento el padre del actual presidente utilizó esas instalaciones para concentrar a numerosos balseros haitianos que intentaban ganar las costas de EE.UU., ante el temor de que estuvieran infectados de sida, un virus muy extendido en ese pequeño país caribeño, el más pobre de toda América Latina y el Caribe.

En su momento las más importantes organizaciones humanitarias denunciaron que los refugiados haitianos vivían en una suerte de campo de concentración, un caso único en el mundo en el que se confinaba de esa forma a enfermos de sida.

Finalmente, un magistrado de EE.UU., el juez Sterling Jonson, declaró en 1993 inconstitucional la existencia de ese campo de internamiento y ordenó su disolución.

Bush junior volvería a dar a partir de 2002 a la base de Guantánamo un uso adicional al de espionaje sobre Cuba, que ya realiza regularmente, al decidir trasladar allí a prisioneros capturados en Afganistán y zonas fronterizas de Pakistán con ese país donde también se libraban combates contra las milicias talibanes y de Al Qaeda. En su interés por estimular a sus milicias aliadas de la Alianza del Norte para que capturaran más y más enemigos, los mandos militares estadounidenses sobre el terreno tenían autonomía para gratificar con sumas que iban desde los 50 hasta los 5.000 dólares y más según la importancia del supuesto talibán o miembro de Al Qaeda hecho prisionero. Pero si bien ese estímulo ayudó a capturar a algunos de éstos, también hizo engrosar los centros de detención -y también los bolsillos de muchos jefes tribales- con muchísimos pobres campesinos acusados arbitrariamente de colaborar con «el enemigo», que se vieron impedidos desde el primer momento a cualquier tipo de defensa.

Decenas de miles de personas fueron capturadas por órdenes de los jefes militares de la Alianza del Norte y «señores de la guerra» aliados, enceguecidos por el atractivo de los dólares que recibían a cambio.

El desconocimiento del idioma por parte de las tropas de EE.UU. dificultaba aún más la posibilidad del prisionero de defenderse y quedaba detenido para ver posteriormente qué decidían los mandos hacer con él. Bush hablaba así que los hombres trasladados a Guantánamo eran «peligrosísimos»; Rumsfeld decía por su parte que eran de «alto valor», pero sin embargo nunca mostraron que entre los detenidos en esa base hubiera algún dirigente talibán o de Al Qaeda de alto nivel. No obstante, por el número de prisioneros que ya ha sido liberado desde fines de 2003 en adelante, sí se ha podido confirmar la injusta detención que han sufrido muchísimos inocentes, ante quienes ni se ha disculpado ni los ha indemnizado el Gobierno de EE.UU.

Los detenidos llegaban por tanto a una prisión militar controlada por el Gobierno del país cuyas tropas los habían capturado y trasladado hasta allí, pero a su vez no se encontraban legalmente bajo la jurisdicción de los tribunales ni siquiera de la propia Constitución de ese país. Al añadir a esto Bush su decisión de que no se pudieran acoger a las Convenciones de Ginebra, los convertía de hecho en parias a merced de sus carceleros. Todo esto, sin que los países aliados de EEUU en la guerra en Afganistán objetaran en ningún momento la decisión unilateral del Pentágono de trasladar a una parte de los prisioneros fuera de ese país, hecho que a los ojos de la población local los ha convertido en cómplices.

Algunos de los prisioneros que años después fueron liberados sin cargos narrarían que estuvieron durante mucho tiempo sin tener idea alguna de dónde estaban, ni siquiera en qué parte del planeta se encontraban.

El hecho de que no pudieran recibir ni visita de familiares ni de abogados y que no tuvieran acceso a ningún medio de comunicación, les desestabilizaba totalmente. Era parte del tratamiento buscado. Esa situación se sumaba a una estancia con las luces encendidas las 24 horas del día; a las sesiones de interrogatorios de hasta 20 horas con música occidental disco a todo volumen; a la retirada arbitraria de toda la ropa y comida de acuerdo al tipo de «colaboración» del detenido; a permanencias de pie horas y horas, a las técnicas para impedir que el detenido conciliara el sueño; a la facultad del interrogador para hacerle creer que estaban en otro país o que era interrogado por un agente extranjero, a las constantes humillaciones al Corán.

Ese tratamiento ya de por sí provocaba crisis en muchos de los detenidos. Porque fueron esas técnicas autorizadas en los memorandos tal como veíamos antes, en esas discusiones entre generales y asesores, añadiendo unas y sacando otras, aparentemente nada terribles sobre el papel, las que produjeron estragos entre unos prisioneros desconcertados, confusos, que se sabían totalmente indefensos y aislados del mundo.

Decenas de intentos de suicidio

Independientemente de las otras torturas físicas más «tradicionales», las de las  amenazas de muerte con armas de fuego, las golpizas, electrochoques y variantes similares que se utilizaron y utilizan con los prisioneros de Guantánamo, las torturas psíquicas de por sí han hecho al cabo de los días, las semanas, los meses y los años en algunos casos, que muchos se desesperaran hasta tal punto que sólo pensaran en cómo dar fin a sus vidas para acabar con aquel infierno. Así se llegó al caso de que se produjeron al menos 34 intentos de suicidio reconocidos oficialmente ya entre enero de 2001 y diciembre de 2003.

En agosto de 2003 hubo un intento de suicidio colectivo, coordinado entre 23 prisioneros[2], desesperados por su situación, según reconoció en enero de 2005 un portavoz del Ejército norteamericano. Diez de ellos intentaron ahorcarse en sus respectivas celdas el 22 de agosto y los otros en los días siguientes de la misma semana. Los guardias, en gran número en Guantánamo, a diferencia de Abu Ghraib, vieron sus intenciones rápidamente dado que sus celdas estaban iluminadas todo el tiempo y se lo impidieron.

Según reconocen los propios militares, durante 2002, el primer año de estancia de los prisioneros en Guantánamo, hubo 110 incidentes de «autolesiones» entre los detenidos y en 2003 el número de casos se elevó a 350, más del triple.

Michael Ratner, presidente del Center for Constitucional Rights y uno de los  abogados más prestigiosos en la batalla por la defensa de los derechos civiles en EE.UU., ha denunciado la complicidad de los médicos que trabajan en Guantánamo en relación a este tema.

Según Ratner, ante las denuncias que ha habido sobre el alto índice de intentos de suicidio, los mandos militares han reclamado la colaboración de los médicos para que disfrazaran los nuevos casos presentándolos como «autolesiones», razón que explica el aumento alarmante de éstas, que, en realidad, son en la mayoría de los casos lisa y llanamente intentos de suicidio.[3]

Algunos de los detenidos luego liberados con los que se ha podido hablar han confirmado esto.

Si se parte de la evidencia de que un alto porcentaje de los prisioneros de Guantánamo no eran en realidad combatientes ni milicianos talibanes ni miembros de Al Qaeda, sino que mayoritariamente fue capturado en redadas en zonas de influencia de éstos o que participaban de una manera colateral en ese movimiento,  se puede comprender el grado de desesperación y de locura al que los conducía su internamiento en Guantánamo.

El abogado español y magistrado en excedencia Javier Gómez de Liaño analizaba así desde el punto de vista legal la situación en Guantánamo:

El Derecho de guerra fue una conquista sobre el Vae Victis -¡Ay de los vencidos!- de Roma, que significaba que los derrotados no podían esperar ninguna justicia de sus vencedores, pues no tenían ya ningún derecho. A los detenidos de Guantánamo se les presenta como animales, que es lo mejor para despojarles de sus derechos. Son fieras y la prueba de que lo son es que están en jaulas de barrotes abiertas a las miradas de los guardianes. En palabras de la socióloga Cristhine Delphy, éste es el típico caso de destrucción del Derecho.[4]

A fines de 2005, ante una de las numerosas huelgas de hambre llevadas a cabo por los prisioneros de Guantánamo para protestar por su situación y en la que participaban cerca de 80 reclusos, los mandos militares de la base norteamericana aseguraban que esa era «una táctica habitual de Al Qaeda para llamar la atención». La de Guantánamo fue y es la primera experiencia de lo que algunos ya han empezado a llamar el «gulag americano» y que, como veremos, se empieza a extender ya a otros territorios, como parte de la globalización de la «cruzada» contra el terror de Bush.

Tras la llegada de los primeros prisioneros a Guantánamo, el 11 de enero de 2002, y la difusión de sus humillantes fotografías ilegales, la indignación y las denuncias provenientes de diferentes sectores de la sociedad estuvieron presentes en lugares destacados de los principales medios de comunicación de buena parte del mundo durante semanas y semanas, incluso meses en algunos casos.[5]

Sin embargo, y a pesar de que hubo posteriormente todavía un goteo de noticias menores que lograban filtrarse de lo que sucedía dentro de Guantánamo y de las distintas sentencias judiciales en EE.UU. sobre la legalidad o no de la detención sin juicio de esas cientos de personas, el tema fue luego desplazado por la guerra de Irak. A pesar de ello, una serie de acontecimientos sucedidos en la segunda mitad de 2004 reavivó el tema y volvió a mostrar el nivel de crueldad con el que eran tratados cientos de prisioneros de 42 nacionalidades diferentes, contra la mayoría de los cuales no se ha presentado todavía cargo alguno.

En febrero de ese año, 2004, Donald Rumsfeld defendió por primera vez públicamente desde Miami «la necesidad de detener indefinidamente a los sospechosos de terrorismo para prevenir nuevos atentados» y aseguró que se llevaría a cabo una nueva política que incluía una revisión anual de cada caso individual a través de tribunales militares con la liberación o repatriación de los detenidos, según correspondiera.

Saliendo al paso del aluvión de críticas que preveía se desataría a partir de tal decisión, Rumsfeld aclaró:

Entiendo que en estos tiempos la idea de un prisionero sin abogado y sin juicio parezca inusual y que la tendencia natural de la gente le lleve a pensar en término de justicia criminal en lugar de las leyes de la guerra. Sin embargo, está claro que seguimos en guerra y que su duración es indefinida.

A fines de 2002 ya habían tenido lugar, silenciosamente, las primeras liberaciones de prisioneros, entre ellas las de varios ancianos y las de decenas de personas que fueron devueltas a sus países de origen. En muy pocos casos se produjeron  con la condición de que cumplieran condenas de cárcel en los países a los que eran deportados.

Aunque ambiguas y contradictorias, las presiones del Tribunal Supremo de EE.UU., junto a las de países como Dinamarca, Suecia y Francia, decidieron al Pentágono a esas liberaciones de prisioneros que ya supuestamente no tenían «valor» para la Inteligencia Militar.

A fines de enero de 2003 tuvo lugar la liberación de entre 100 y 150  prisioneros más. Tiempo después se revelaría que entre los detenidos había tres adolescentes de entre 13 y 15 años. El conocimiento de que había menores detenidos en la base de Guantánamo se produjo por una conversación entre soldados que escuchó una reportera británica durante una visita «guiada» a la base. Los tres jóvenes permanecieron durante toda su estancia separados del resto de los detenidos, recluidos en un sector especial llamado Camp Iguana, porque, según habría filtrado el Pentágono, los tres habrían sido sodomizados por varios adultos mientras permanecieron prisioneros en otro centro de detención de prisioneros en Afganistán.

Cuando se tuvo conocimiento de la existencia de estos niños prisioneros, varios periodistas aprovecharon una rueda de prensa en el Pentágono para preguntar a sus principales responsables sobre el tema. El general Richard B. Myers, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo en aquel momento: «A pesar de su edad, son personas muy, pero muy peligrosas […] Quizá sean menores, pero no juegan en una liga infantil, juegan en primera división, en un equipo terrorista.» El general Myers no dio ninguna explicación sin embargo de por qué razón los tres terminaron siendo liberados sin cargo alguno si eran tan peligrosos. En esa misma rueda de prensa, el máximo responsable del Pentágono, Donald Rumsfeld,  se quejó de tanto interés por la suerte de esos jóvenes y denunció «esa cantinela constante sobre los niños como si tuviéramos a un centenar de niños encerrados aquí: estos no son niños».

Por razón de su edad no se reveló en ningún momento su identidad ni origen o en qué condiciones habían sido trasladados a su país de origen. Sin embargo, semanas después uno de ellos habló con la prensa en su aldea de Naw Zad, en Afganistán, en estos términos: «Me han robado 14 meses de mi vida y eso me llenó de rencor hacia las fuerzas americanas.»

Según el adolescente, nunca combatió con los talibanes ni con las fuerzas de Al Qaeda y aseguró que fueron milicias aliadas de EE.UU. las que en su afán de hacer méritos con las tropas estadounidenses o para cobrar su botín lo secuestraron a él y sus amigos, al igual que a otros vecinos y se los presentaron como verdaderos trofeos de guerra.

En febrero de 2004, tras dos años de detención sin cargos, era liberado también el «español» de Guantánamo, Hamed Abderramán Ahmed, el joven detenido en Paquistán y trasladado a esa base en enero de 2002. A pesar de las excelentes relaciones políticas entre el Gobierno de José María Aznar y el de George W. Bush, el Departamento de Estado en ningún momento contestó al pedido del Ejecutivo español de que aclarara los cargos que pesaban sobre Abderramán Ahmed, ni el proceso al que sería sometido y por cuánto tiempo permanecería detenido.

Al igual que los otros centenares de presos de esa base, al joven ceutí de 27 años se le negó en todo momento no sólo el derecho a tener visitas de sus familiares sino también a contar con abogado y en ningún momento fue llevado ante un tribunal. A pesar de que Hamed Abderramán Ahmed se reivindicó fundamentalista islámico y reconoció que intentó combatir -sin conseguirlo- junto a los talibanes, le correspondían, como a todo prisionero de guerra, los derechos establecidos por las Convenciones de Ginebra. Sin embargo, para EE.UU., al decidir unilateralmente que los enemigos detenidos en Afganistán no eran prisioneros de guerra sino «combatientes enemigos» automáticamente les negó esos derechos reconocidos internacionalmente.

El juez español Baltasar Garzón, que llevó el caso de Hamed Abderramán Ahmed, denunció en su momento que su detención en Guantánamo «ha quebrantado los más elementales derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico internacional, nuestra Constitución y el ordenamiento jurídico español».

Finalmente, en julio de 2004 el magistrado decretaba la puesta en libertad bajo fianza de 3.000 euros del detenido.

En marzo de 2004 eran liberados también de Guantánamo tres prisioneros británicos de origen británico después de tres años de presión de parte de las organizaciones humanitarias sobre Tony Blair.

El Gobierno del Reino Unido, el principal aliado de Bush en su particular «guerra contra el terror», se encontraba en una situación embarazosa con la detención sin cargos de tres de sus ciudadanos a los que arbitrariamente se había puesto bajo la categoría de «combatientes enemigos». Dos de estos tres ex prisioneros británicos, Asif Iqbal y Shafiq Rasul, fueron además los que lograron a través de letrados y con la ayuda del Center for Constitucional Rights, que el Tribunal Supremo reconociera para todos los «combatientes ilegales» o «combatientes enemigos» de Guantánamo el derecho de recurrir a los tribunales a fin de que se reviera en su caso precisamente la aplicación de ese estatuto.

Tanto Asif Iqbal y Shafiq Rasul, como su compañero de desgracia. Rhuhel Ahmed, son británicos de la zona de Tipton, una paupérrima región de Inglaterra donde se criaron en medio de una comunidad originaria casi exclusivamente de Paquistán y Bangladesh. Rhuhel Ahmed y Asif Iqbal, los dos de 22 años, eran amigos desde la escuela y Shafiq Rasul, de 27, trabajaba como empleado en una tienda de electricidad y estaba inscrito en la University of Central England. Los tres fueron capturados en noviembre de 2001 en Afganistán por fuerzas del general Dostum y trasladados a la zona de Serbegan en un contenedor metálico junto a otros 200 hombres. Sólo ellos y otros 20 hombres sobrevivieron al trayecto, varios de ellos malheridos y deshidratados. Fueron encerrados en la celda de una prisión de diez metros por diez metros aproximadamente con otros 70 hombres por varias semanas y luego trasladados a otra menor donde eran 30.

Según su relato fueron golpeados día tras día; luego trasladados a Kandahar, donde fueron interrogados y torturados nuevamente, en éste caso por fuerzas especiales estadounidenses y británicas, y finalmente terminaron siendo de los primeros en ser enviados a la base de Guantánamo, donde permanecieron hasta marzo de 2004. Tras soportar todo tipo de humillaciones y maltratos, fueron liberados sin presentar contra ellos cargo alguno.

Durante algún tiempo sus carceleros intentaron que reconociesen que ellos eran dos hombres que aparecían en un vídeo de agosto de 2000 junto a Osama bin Laden y Mohamed Atta.

Ellos lo negaron una y otra vez, hasta que terminaron, resignados, por confesar lo que sus verdugos querían, pero finalmente, meses más tarde, un agente de los servicios secretos británicos, del MI5, acudió a Guantánamo con documentación que mostraba que era imposible que ellos estuvieran allí en la época en la que se grabó el vídeo. Eso y las presiones del Gobierno Blair -que a su vez era presionado por las organizaciones humanitarias- decidieron finalmente su liberación.

Asif Iqbal y Shafiq Rasul escribieron el 13 de mayo de 2004[6] una carta dirigida al Comité de Servicios Armados del Senado de EE.UU. en la cual describieron detalladamente los malos tratos que habían sufrido desde que fueron detenidos en Kandahar [Afganistán] donde fueron golpeados y trasladados a Guantánamo en avión en un viaje de 22 horas, sin poder ir al servicio ni beber agua, encadenados al asiento y al suelo, vestidos con los monos naranja que luego se verían en las fotos, con gruesos guantes, orejeras, mascarillas de tipo quirúrgico cubriéndoles boca y nariz y grandes gafas tintadas para no ver absolutamente nada. Los dos ex detenidos desmintieron las condiciones en las que supuestamente vivían los prisioneros en Guantánamo y que habían sido expuestas ante el Senado por el coronel David  McWilliams.

Allí explicaron que durante los prolongados interrogatorios, que podían durar 12 horas seguidas, permanecían encadenados y sentados en una silla plástica especialmente prevista así «por higiene» dado que normalmente el detenido terminaba orinándose encima dado que no le autorizaban ir al servicio.

Ellos también denunciaron con nombre y apellido las torturas a varios detenidos de las que fueron testigos directos. Uno de los casos que recordaron fue del que fue víctima Jummah Al-Dousari, un ciudadano de Bahrain desequilibrado mental, al que en abril de 2002 golpearon brutalmente en su celda-jaula entre nueve guardias de un grupo llamado ERF [Extreme Reaction Force] Team.

En su carta Asif Iqbal y Shafiq Rasul recordaban a los senadores que sin duda habría prueba documental de todo lo que ellos estaban denunciando dado que constantemente los estaban fotografiando y grabando en vídeo.

Los tres detenidos británicos liberados finalmente, que en sus declaraciones describían entre otros detalles la constante presencia de escorpiones y serpientes venenosas en las celdas-jaula del Camp X-Ray donde estuvieron inicialmente confinados, antes de pasar al Camp Delta. Denunciaron igualmente interrogatorios extenuantes, amenazas de muerte con armas de fuego, o cómo les obligaban a ver vídeos de otros prisioneros a los que se había forzado a sodomizarse entre ellos, o cómo les ponían el aire acondicionado a unas temperaturas bajísimas mientras les obligaban a permanecer totalmente desnudos.

Recogiendo los testimonios de «los tres de Tipton», como se los conoce en Gran Bretaña, y hasta las imágenes que quedaron grabadas en sus retinas, el Center for Constitutional Rights (CCR) elaboró un gran informe de 150 páginas[7], ilustrado con dibujos, donde reconstruye con rigurosidad la odisea que vivieron. «Los tres de Tipton» más otro británico que también estuvo detenido en Guantánamo soportando penurias similares, Jamal A-Harith, un diseñador de páginas web de la zona de Manchester, entablarían posteriormente, a fines de octubre de 2004 una causa judicial[8] ante los tribunales estadounidenses a través del CCR contra el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, contra el presidente del Estado Mayor Conjunto y altos oficiales responsables del tratamiento a los detenidos en la base de Guantánamo, por violación de las Convenciones de Ginebra, de la Constitución de EE.UU. y del Acta de Restauración de Libertad Religiosa. Los cuatro ex detenidos, que alegan en su defensa no pertenecer ni haber pertenecido a ninguna organización terrorista ni haberse alzado en armas contra EE.UU. [fueron liberados sin que se presentaran cargos contra ninguno de ellos] exigen unas indemnizaciones de 10 millones de dólares.

Amnesty Internacional y la organización Reprieve [cuyo trabajo se centra en la lucha contra la pena de muerte] realizaron del 19 al 21 de noviembre de 2005 en Londres una importante conferencia titulada Lucha Global contra la Tortura: Guantánamo, Bagram y más allá, en la que lograron reunir por primera vez a cerca de 25 ex prisioneros de Guantánamo de las más diversas nacionalidades, junto a numerosos expertos, analistas, psicólogos y periodistas. Los testimonios de los ex prisioneros eran todos coincidentes: humillaciones constantes, torturas, privados de los más elementales derechos durante años, para terminar siendo liberados sin cargos ni explicación alguna.

«En Bagram fui testigo del asesinato de dos prisioneros», me decía el británico Moazzam Begg[9] durante ese encuentro. Tras ser capturado el 31 de enero de 2002 en Paquistán por agentes paquistaníes, mientras se encontraba en su casa con su esposa y sus hijos, fue torturado durante semanas por miembros de los servicios de Inteligencia de ese país y de la CIA, antes de ser trasladado a la base de EEUU en Kandahar, en Afganistán, donde volvió a sufrir tormentos en manos de la Inteligencia Militar estadounidense y el FBI. Posteriormente fue trasladado a Bagram y de allí a Guantánamo. «Los ultrajes a nuestros valores religiosos eran constantes, he visto a soldados entrar en celdas y quitar el Corán a un prisionero que lo estaba leyendo, para tirárselo por el suelo o al water». Moazzam Begg recordaba muy bien también las humillaciones de tipo sexual: «Nos obligaban a desnudarnos y nos encadenaban a unos y otros para ducharnos y había mujeres mirando, algo que para los detenidos de origen afgano y de Oriente Medio era especialmente ofensivo».

Este británico de 37 años fue finalmente liberado en enero de 2005, sin ningún tipo de explicación.

Similares recuerdos tiene Rustam Akhmiarov, un joven ruso que a fines de 2001 fue capturado en Paquistán por la policía local, entregado a las tropas norteamericanas, quienes, al igual que en el caso de Moazzam Begg, lo trasladaron a Kandahar, donde fue torturado y humillado. «¿Quieres el Corán?», cuenta[10] que preguntaban muchas veces los soldados, y si los prisioneros decían que sí, ellos les respondían: «Vélo a buscar», y se los tiraban al water o destrozaban el ejemplar ante su cara. Rustam fue finalmente liberado en febrero de 2004, tras permanecer dos años detenido sin cargos.

El director del Center for Constitutional Rights, Michael Ratner, denunció en más de una ocasión que en la base de Guantánamo no sólo participaban en los interrogatorios y las torturas la Inteligencia Militar, sino también el FBI y la CIA, por parte estadounidense, y, al mismo tiempo, que colaboraban en esa labor -si es que no lo hacen todavía- otros servicios de Inteligencia extranjeros aliados, especialmente el MI5 británico y el Mossad israelí.[11]

El director del Center for Constitutional Rights recordaba en ese libro-entrevista que los lugares donde tienen lugar los interrogatorios son zonas de la base a las que no tiene acceso la Cruz Roja Internacional, por lo que los militares actúan con total impunidad, tal como ha quedado demostrado por los numerosos testimonios de detenidos que finalmente fueron liberados y luego recogidos por organizaciones humanitarias y medios de comunicación.

Además del preso español, los británicos, varios franceses, un sueco, varios rusos y afganos que fueron liberados de Guantánamo, también hubo decenas de ciudadanos saudíes y paquistaníes y otros originarios de Jordania, Yemen, Irak, Turquía, Marruecos y de numerosos otros países. Hasta el 1 de febrero de 2005 habían salido ya de la prisión de Guantánamo un total de 207 prisioneros, 146 de ellos liberados y 60 entregados a otros gobiernos, que en la mayoría de los casos los han liberado, mientras que en otros casos permanecen en la cárcel en esos países.

El informe confidencial de la Cruz Roja Internacional

A fines de noviembre de 2004 la prensa estadounidense filtraba parte de un informe de la Cruz Roja Internacional sobre la situación de los prisioneros de Guantánamo. Como todos los informes de esta organización humanitaria, era confidencial, realizado por los delegados que visitaron el Camp Delta en junio de ese año y que estaba dirigido a los propios mandos militares de la base, particularmente a su comandante, el general Jay W. Hood; al Pentágono; al Departamento de Estado y al equipo jurídico de la Casa Blanca.Al igual que había pasado con anteriores informes tanto sobre Guantánamo como sobre Afganistán o Irak, estaban destinados a estrellarse contra el muro de silencio de las autoridades, contra el muro de impunidad de los militares de EE.UU.

La Cruz Roja Internacional no está autorizada a dar publicidad a ese tipo de informes y ésa es una de las condiciones por las que precisamente se les autoriza su visita a los centros de detención del país que en cada caso se ocupe de su custodia. Sin embargo, fragmentos del mencionado informe aparecieron en un artículo publicado en The New York Times. Alguna de las copias fue evidentemente fotocopiada por alguien interesadamente y este hecho hizo que nuevamente el tema de los detenidos en Guantánamo volviera, al menos por unos días, a las primeras planas.

Esos breves pasajes publicados ya permitían confirmar la gravedad de la situación por la que habían atravesado y por la que seguían pasando los prisioneros, aquellos a los que Bush unilateralmente declaró «combatientes ilegales» y que en otros documentos se llamó «combatientes enemigos». Según sostienen en el informe los delegados de la Cruz Roja Internacional, lejos de mejorar el trato a los prisioneros con respecto a otras visitas que realizaron anteriormente a la base, éste empeoró notablemente y que el tipo de técnicas utilizadas con ellos no se pueden calificar de otra forma que de «tortura».

La Cruz Roja habla de «un sistema intencionalmente cruel», de apaleamientos, de largos períodos de confinamiento en solitario, de detenidos sometidos a temperaturas extremas, a posiciones dolorosas, a interrogatorios extenuantes, a ruidos insoportables y a coerciones psíquicas de todo tipo.

En el informe de la Cruz Roja se denuncia igualmente la complicidad de los médicos que trabajan en la base, quienes al igual que los psicólogos, ayudan en su tarea a los interrogadores advirtiéndoles cuáles son los puntos débiles de los prisioneros y al mismo tiempo cuáles pueden son los límites de los interrogatorios y los maltratos físicos de acuerdo a la resistencia del detenido. Esto, como hemos visto antes, se repetiría posteriormente en Abu Ghraib.

De hecho varios de los prisioneros que tiempo después fueron liberados de Guantánamo denunciaron que se les inyectaron sustancias sospechosas.

Sucedió al menos en el caso de dos prisioneros franceses, Mourad Benchellali y Nizar Sassi, entregados a Francia en julio de 2004 y en el caso del australiano David Hicks, que aunque a fines de 2005 al menos seguía detenido, por su nacionalidad había conseguido finalmente que se le reconociera derecho de tener abogado y estaba a la espera de ser sometido a juicio. Es por otro lado el único prisionero de Guantánamo que hasta esa fecha le estaba permitido recibir visitas de sus familiares.

En el caso de los ciudadanos franceses, su abogado, Jacques Debray, denunciaba en Le Nouvel Observateur en diciembre de 2004 que tras ser detenidos en Afganistán y trasladados posteriormente a Guantánamo, sufrieron todo tipo de maltratos y también fueron víctimas de «experimentos». Según Debray, se les suministraba  periódicamente unos extraños frasquitos que les producían erupciones cutáneas y a veces insomnio durante dos días seguidos:

Los frasquitos que contenían los medicamentos llevaban números y un médico les visitaba para preguntarles qué efectos sentían. Sin embargo, no han podido ver un médico fuera de esos que les hacían los cuestionarios más que una o dos veces, porque en Guantánamo todo funcionaba a base de recompensas. Nizar tuvo que esperar un año por ejemplo para ver a un dentista.

Según el letrado:

Una vez, después de recibir uno de esos medicamentos, Nizar se desmayó y ha tenido la impresión de haberse quedado sin conocimiento durante uno o dos días. […] También recibieron inyecciones. No sabían de qué medicamento se trataba pero los dos afirman que uno de los otros detenidos se cubrió de granos después de haber tomado esos productos.

El australiano David Hicks, a pesar de seguir detenido, ha realizado una declaración jurada que sus abogados han hecho pública en Australia, en la que sostiene cosas como ésta: «He sido golpeado con las manos, los puños y culata de fusil. He sido golpeado bajo la influencia de sedativos que me fueron administrados por la fuerza a través de inyecciones.»

A pesar de que el Pentágono se ha negado a identificar a los detenidos en Guantánamo, una investigadora de The Washington Post, Margot Williams, ha logrado elaborar después de un trabajo de dos años, una amplísima lista de prisioneros[12], de cerca de 370 personas, con sus nombres y países de origen, gracias a una recopilación hecha en parte con listados de detenidos aparecidos en un sitio web árabe (www.alasra.org), otro con base en Gran Bretaña (www.cageprisoners.com) y datos facilitados por la Cruz Roja Internacional y otros organismos humanitarios.

En abril de 2005 el Center for Constitucional Rights anunciaba nuevas acciones judiciales emprendidas por ex prisioneros bosnios de la base de Guantánamo, que denunciaron brutales torturas [que en uno de los casos provocaron la parálisis facial de uno de los ex detenidos], humillaciones de todo tipo y persecución religiosa.

Agentes del FBI fueron testigos de casos de torturas

En diciembre de 2004, cuando ya se habían ido esfumando prácticamente de los medios de comunicación las noticias relacionadas con el escándalo de Abu Ghraib y George W. Bush lograba triunfar nuevamente en las urnas, se conocían nuevos documentos relacionados con los «abusos» cometidos en Guantánamo.

La ACLU conseguía que se desclasificaran una serie de documentos internos del FBI[13] con correos electrónicos enviados por varios de sus agentes en Guantánamo entre 2002 [un año y medio antes de que se conocieran los hechos de Abu Ghraib] y 2004, en los que denunciaban las «tácticas coercitivas» que se empleaban con los detenidos. En alguno de ellos se puede leer cómo un agente describe con detalle de cómo fue testigo de que había detenidos que yacían en el suelo encadenados, sin agua ni comida, obligados a permanecer así todo el día, rodeados de sus propias heces.

En un e-mail del 5 de diciembre de 2003 un agente comenta que en ese sistema brutal que se empleaba, algunos interrogadores se hacían pasar por agentes del FBI con el peligro que eso implicaba. Dice alarmado el remitente del mensaje:

Si ese detenido llegara a ser liberado o su historia por alguna vía llegara a la opinión pública, los interrogadores del DOD [Departamento de Defensa] no serían considerados culpables porque esas técnicas habrían sido realizadas por «agentes del FBI».

En otro correo, del 16 de agosto de 2004, otro agente comenta haber visto a un detenido en la zona de interrogatorios de Camp Delta obligado a envolverse en una bandera israelí, con fortísimas lámparas enfocándolo, mientras sonaba música rap a todo volumen.

Entre esos documentos internos aparece también uno enviado por un agente a varios responsables del FBI en el que recoge los testimonios de un testigo directo de ciertos hechos cuyo nombre no aparece: «Señaló [el testigo no identificado] que esos abusos incluyeron estrangulamientos, golpes, quemaduras con cigarrillos sobre los cuerpos de los detenidos, apertura de los oídos [sic] e interrogatorios no autorizados.» Un agente explica también en otro mensaje del 2 de agosto de 2004 el trato inhumano en el que se tenía a los detenidos en sus celdas, a 45 ºC, sin ningún tipo de ventilación, pasando luego a temperaturas de menos cero, con el prisionero desnudo.

En una ocasión, el aire acondicionado fue puesto a una temperatura tan baja que el detenido, descalzo, temblaba con fiebre. En otra ocasión [el aire acondicionado] fue apagado, provocando que la temperatura ascendiera a más de 100 grados Fahrenheit [37,7 ºC]. El detenido estaba casi inconsciente sobre el piso, con un montón de pelo a su lado. Literalmente se había arrancado el cabello durante la noche.

El Tribunal Supremo y los «combatientes enemigos»

A pesar de que durante prácticamente los dos primeros años de detención de los prisioneros de Guantánamo distintos tribunales de EE.UU. rechazaron los recursos presentados por organizaciones humanitarias y defensoras de los derechos civiles contra la ilegalidad de su situación, el Supremo terminó admitiendo a trámite en noviembre de 2003 la primera denuncia. Se trataba del caso de prisioneros británicos, de dos australianos y de 12 kuwaitíes. Aunque todos ellos habían sido catalogados como combatientes enemigos por los mandos militares, y, por lo tanto, sin derecho a acogerse según Bush y Rumsfeld a ningún tipo de derecho, los defensores de esos detenidos reclamaban que les fuera aceptado su derecho de presentar habeas corpus ante jueces civiles o militares para que sus casos fueran revistos en los tribunales estadounidenses. Así denunciaban en su escrito ante el Supremo los letrados que los representaban:

Dentro de los muros de la prisión de la base naval de Guantánamo cientos de ciudadanos extranjeros están siendo retenidos de forma indefinida, sin que se presente contra ellos cargos o evidencia de delito alguno contra ellos, sin que se les permita ni acceso a familiares o amigos ni asesoramiento legal, por lo que no tienen ninguna oportunidad de demostrar su inocencia.

Estos abogados aseguraban que ninguno de los detenidos por los cuales intercedían pertenecía a Al Qaeda o grupo terrorista alguno.

Paralelamente se había presentado ante el Supremo el caso de dos ciudadanos estadounidenses detenidos también sin cargos, aunque en otra prisión en territorio estadounidense, en Charleston, Carolina del Sur.

En este caso en el que estaban involucrados ciudadanos estadounidenses sí había un precedente histórico en EE.UU. que se ha citado reiteradamente en el último tiempo y es aquel sucedido durante la Segunda Guerra Mundial en que el Tribunal Supremo llegó a autorizar al Gobierno a mantener detenidos en centros de internamiento dentro de EE.UU. a más de 100.000 de sus propios ciudadanos por ser de origen japonés, ante el temor de que entre ellos pudiera haber espías o potenciales terroristas.

El máximo tribunal ratificó por un lado la facultad del presidente Bush para seguir manteniendo detenidos en Guantánamo a cientos de «combatientes ilegales» extranjeros, pero al mismo tiempo les reconocía a éstos el derecho de acudir ante los tribunales estadounidenses para solicitar que se reviera precisamente el estatuto que les habían impuesto. Desde el momento que el propio Tribunal Supremo aceptaba que pudieran estar detenidos sin cargos, no eran ya sus carceleros quienes tenían que probar las acusaciones que tenían contra ellos sino que eran los propios detenidos los que tenían que demostrar su inocencia, que no eran «combatientes enemigos».

La sentencia del Supremo, que había provocado inicialmente a pesar de sus limitaciones una cierta esperanza entre los familiares de los prisioneros, decidió al Pentágono a mover ficha rápidamente. Se trataba por todos los medios de evitar perder el control físico sobre los prisioneros que estaban en la base. Por ello, a inicios de julio de 2004, el Pentágono sorprendió con su anuncio de que había creado unos llamados Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente Enemigo, ante los cuales tendrían que cursar sus apelaciones todos los prisioneros que creyesen que cumplían las condiciones para ello. La orden de creación provenía del súper «halcón» Paul Wolfowitz, el subsecretario de Defensa, mano derecha de Rumsfeld.

El Pentágono comisionó al general John D. Altenburg y al coronel Brownback para supervisar esta farsa de tribunales, compuestos por tres oficiales, donde el detenido no tiene derecho a contar con un abogado de su elección, sino que se le asigna un «representante», también militar, quien no tiene ningún tipo de compromiso de confidencialidad con su defendido.

El «representante» puede contar a los fiscales todo lo que le dice su «defendido», pero a su vez éste, por «razones de seguridad» no tiene acceso a las acusaciones que pesan sobre él, salvo las que su representante le transmita.

Hasta ese momento sólo dos prisioneros habían conseguido su libertad gracias a la revisión de su estatuto de «combatiente enemigo» a través de los tribunales militares. Los organismos defensores de derechos civiles y un limitado número de periodistas que han podido acudir a algunos de los juicios de «revisión» del estatuto del «combatiente enemigo» describen el proceso como una verdadera farsa en el que el detenido en realidad no cuenta con ningún tipo de derecho.

El prisionero permanece durante todo el tiempo encadenado de pies y manos, sin posibilidad en ningún caso de presentar testigos, sin acceso a las partes del sumario que sean consideradas «clasificadas por seguridad nacional» -la mayoría- y debe salir de la sala al igual que observadores y periodistas, si los tres oficiales que componen el tribunal y el «representante» del acusado tienen que discutir determinado tema considerado igualmente «reservado».

Hasta fines de abril de 2005 esos tribunales de «revisión» habían quitado el estatus de «combatientes enemigos» a sólo 38 de los casi 600 prisioneros que habían pasado por ellos. La agencia de noticias Associated Press reclamó legalmente,  haciendo uso del derecho que confiere la FOIA [Freedom Information Act, ley de derecho a la información] la documentación con la que los miembros de los tribunales justificaban la no revisión del estatus de esos prisioneros, sin obtener ninguna respuesta.[14] Mientras que a aquellos que habían tenido la suerte de que se reconsiderara su situación tenían posibilidades de ser liberados, en cambio los restantes esperaban ser citados por las «comisiones militares», los otros tribunales compuestos por entre cinco y siete miembros donde pueden ser condenados incluso a pena de muerte, según la Orden Militar de Bush del 13 de noviembre de 2001.

Sin embargo, el ritmo acelerado que llevaban se vio repentinamente frenado por la acción de un juez federal, James Robertson, quien el 8 de noviembre de 2004 declaró inconstitucionales esas comisiones militares. El juez Robertson consideró que éstas negaban derechos elementales a los prisioneros y ha sido el propio Gobierno quien ha apelado a su decisión. Hasta abril de 2005 al menos la actividad de dichas comisiones permanecía paralizada a la espera de una decisión, mientras la Administración Bush estudiaba otras posibilidades para impedir que sus planes se pudieran ver obstaculizados por la acción de la Justicia.

Sin embargo, el 1 de febrero de 2005, la juez Joyce Hens Green declaraba también inconstitucionales los Tribunales de Revisión del Estatuto del Combatiente Enemigo establecidos por el Pentágono. «El procedimiento de esos tribunales es inconstitucional porque no conlleva garantías procesales», sostuvo en su dictamen la juez federal.

La magistrada del Distrito de Columbia disentía así frontalmente del dictamen realizado tan sólo dos semanas antes por otro juez, Richard León, quien había rechazado las peticiones de habeas corpus presentadas por 50 detenidos ante la Justicia federal estadounidense, recordándoles que ellos sólo podían acceder a los tribunales militares creados por el Pentágono.

En el escrito de la juez ésta afirma que «los procedimientos puestos en marcha por el Gobierno para confirmar que los demandantes son "combatientes enemigos" sujetos a detención indefinida violan los derechos de los demandantes al debido proceso».

Según la magistrada, «la guerra contra el terrorismo no puede invalidar la existencia de los derechos fundamentales, por los que la gente de este país ha luchado y muerto durante más de 200 años».

El Pentágono decidió apelar a su decisión, al igual que hizo frente al dictamen de otro juez federal.

Este tema habría de enfrentar como en tantas otras ocasiones a distintas ramas de la Administración Bush. En noviembre de 2005 el Tribunal Supremo admitía a trámite el recurso contra los Tribunales de Revisión presentado por el presunto chófer y guardaespaldas de Osama bin Laden, Salim Ahmed Hamdan, prisionero en Guantánamo. Durante 2005 las diferencias internas en la Administración Bush se hicieron más manifiestas que nunca. La CIA y los sectores más duros del Pentágono se sentían muy preocupados por las trabas que la Justicia ponía a sus planes ya que, según ellos, desde el momento en que los prisioneros vieron que había alguna posibilidad de que se les reconocieran ciertos derechos, dejaron de «colaborar» totalmente con los interrogadores.

Ante el impasse provocado por la acción de la Justicia, el Pentágono comenzó a desarrollar la idea de cambiar el carácter de la prisión de Guantánamo, previendo que en ella sólo permaneciera un grupo de unos 200 detenidos, los más peligrosos, enviando a parte de los restantes a sus países de origen. La mayoría son originarios de Afganistán, Paquistán y en menor medida Arabia Saudí, Yemen y otros países. A diferencia de cómo se hizo hasta fines de 2004 al menos, supuestamente el plan prevé que respeten ciertas formalidades legales, para que en los países a los que son deportados sean juzgados, se profundicen las investigaciones si fuese necesario y se les condene o libere según el caso.

Con esto la política del Pentágono de Donald Rumsfeld intentaría lavar su imagen y diferenciarse de los métodos utilizados por la CIA con sus famosos «traslados» ilegales de detenidos a países donde les espera la tortura, tal como veremos en el Capítulo VIII.

El 5 de enero de 2006, pocos días antes de que se cumplieran cuatro años de la llegada de los primeros prisioneros a Guantánamo, el Financial Times publicaba una preocupante información sobre este tema. Según ella, la Administración Bush planeaba trasladar a una parte considerable de los prisioneros de Guantánamo a una cárcel afgana a las afueras de Kabul, la de Pol-e-Charki. Precisamente la ONU, con fondos europeos, patrocina reformas en esa y otras cárceles y centros de detención en Afganistán para atajar el creciente problema de criminalidad y lucha contra el narcotráfico, pero cuando apareció esa información, algunos organismos humanitarios alertaron sobre la gravedad que tendría el que la ONU y la UE participaran en las reformas de una cárcel que fuera a ser utilizada para albergar precisamente a combatientes enemigos, es decir, para oficializar, para legalizar el limbo legal al que EEUU tiene sometidos a esos prisioneros desde hace años, lo cual representaría una complicidad criminal.

Citas:

[1] Véase texto enhttp://www.cubaminrex.cu/Enfoques/BNG_Enmienda%20platt.htm

[2] David Teather, «Suicide protest at Camp Delta», The Guardian, 25.1.2005.

[3] Michael Ratner y Ellen Ray, Guantánamo, What the World Should Know, Chelsea Green Publishing, Canadá (¿qué ciudad?), 2004.

[4] Javier Gómez de Liaño, «Un español en Guantánamo», El Mundo, 13.12.2003.

[5] Véase la polémica desatada en Roberto Montoya, El imperio global, La Esfera de los Libros, Madrid, 2003.

[6] Anexo del libro Guantánamo, de Michael Ratner y Ellen Ray, citado.

[7] Véase texto completo en inglés en:

www.ccr-ny.org/v2/legal/september_11th/docs/Guantanamo_composite_statement_FINAL.pdf

[8] Véase texto completo de la causa judicial se encuentra en:

www.ccr-ny.org/v2/legal/september_11th/docs/Rasul_v._RumsfeldComplaint_October_26octfinal.pdf 

[9] El Mundo, 28.11.2005, entrevista de Roberto Montoya

[10] El Mundo, 28 de noviembre de 2005, entrevista de Roberto Montoya.

[11] «Guantánamo, What the World Should Now», de Michael Ratner y Ellen Ray, citado.

[12] httpwww.washingtonpost.com/wp-srv/nation/Guantánamo_nationalities.html

[13] Véasehttp://www.aclu.org/torturefoia/released/

[14] Associated Press abrió un sitio relacionado con la situación legal de los detenidos en Guantánamo en:

httpwid.ap.org/documents/detainees/list.html

 
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Roberto Montoya nació en Buenos Aires, donde estudió Periodismo y trabajó en distintos medios escritos. Encarcelado y torturado en varias ocasiones durante la dictadura de Onganía-Livingston-Lanusse (1966-1973) y bajo el gobierno democrático de Isabelita Martínez de Perón /1974-1976) y el imperio del terror de su paramilitar Triple A, inició su exilio político europeo en París, en 1976.

Actualmente es uno de los jefes de la sección Internacional de El Mundo, de España, diario en el que trabaja desde 1992 y del que fue también su corresponsal en Roma y París. Ha sido jefe de Internacional de El Independiente, de 1989 a 1991; corresponsal en Londres de la cadena de TV de Estados Unidos SIN-Univisión de 1984 a 1987; trabajó para los periódicos Liberación (España), Página 12 (Argentina) y El Excelsior (México).

Fue colaborador de Radio Nacional y Radio Exterior de España; de la BBC Radio, Servicio para América Latina; de Antena 3 Radio, y otras múltiples publicaciones.  Es coautor, junto a Alejandro Tarruella y bajo el seudónimo de Pablo Kúlacs, del libro Los Terratenientes (Buenos Aires, 1970); y junto a Daniel Pereyra, de El caso Pinochet y la impunidad en América Latina (2002). Ha publicado también El imperio global (2000) y La impunidad imperial (2005)