Tal parece que Bush y sus halcones del Pentágono no se cansan de buscarse problemas. Con más de 150 000 efectivos militares desplegados en Iraq y Afganistán y varias decenas de miles más en sus bases en ultramar, la situación militar que enfrentan los estrategas del Departamento de Defensa no debe resultar nada fácil.

Recientes informaciones destacan el incremento de su presencia militar en países de América Latina.

Este es el caso de Paraguay, país al que han arribado recientemente dos grupos de 500 soldados, acompañados de aviones, armas y diferentes equipos militares del Ejército estadounidense.

Quién sabe mediante qué tipo de presiones, la Administración de Bush ha logrado las concesiones que le fueron otorgadas por el Gobierno de Paraguay, según las cuales los militares de Estados Unidos podrán actuar libremente dentro del territorio paraguayo, y establecer una especie de “cabeza de playa” en un punto estratégico del continente, fronterizo con países que Washington quiere vigilar.

La sede de estas fuerzas se ubica en un aeropuerto en la región del Chaco paraguayo, que, junto a otras facilidades, permitirán alojar hasta 16 000 efectivos militares y recibir grandes aviones de transporte del tipo Galaxy, lo que posibilita un rápido incremento de las fuerzas y medios.

Algunas informaciones señalan que la pista, de unos 3 800 metros de largo, está situada en Mariscal Estigarribia, a unos 200 kilómetros de la frontera con Bolivia.

A esa instalación militar arribarán en total 13 contingentes similares al primero. Pero no se aclara si lo harán de forma independiente, o podrían permanecer simultáneamente una o más agrupaciones de fuerzas.

La aprobación de la presencia militar de Estados Unidos en el país, se produjo después que el embajador, Francis Keane, dio a conocer que su país facilitaría a Paraguay una ayuda financiera para contribuir a la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y el terrorismo.

A mediados del 2004, la presencia militar de Estados Unidos en América Latina, incluía unos 8 000 efectivos en la ilegal base naval de Guantánamo, 550 efectivos en Soto Cano, Honduras; unos 475 efectivos en la base de Manta, Ecuador; 450 en Aruba y Curacao; 118 en Fort Buchanan, en Puerto Rico; unos 100 en El Salvador y un número secreto actuando en el Plan Colombia.

Resulta difícil precisar las cifras exactas, ya que muchos militares son enviados por cortos períodos de tiempo a cumplir misiones de “asesoramiento” y “entrenamiento”, como en el caso de Bolivia, país al que entregan grandes cantidades de armamento y diferentes equipos militares, incluidos helicópteros, supuestamente para la lucha contra las drogas en una nación socialmente sublevada, y otros viajan secretamente.

El Gobierno de Estados Unidos realiza todo tipo de maniobras y presiones para lograr que los soldados norteamericanos tengan las mismas prerrogativas que los diplomáticos de su país, y evitar así acusaciones por los delitos atroces que a veces cometen, tanto dañando la integridad física de los nacionales como el medio ambiente y los recursos naturales de esos países.

Enfrentan dificultades, como en el caso de Brasil y Argentina, naciones negadas a aceptar tales exigencias, que incluyen un trato preferencial en lo relacionado con las aduanas y el pago de los impuestos por parte de los militares estadounidenses.

En cualquier variante, por períodos breves o por largos, cada día son más los efectivos militares de Estados Unidos que llegan a los países de América Latina.

Esa presencia, les sirve para obtener información sobre los movimientos populares y para crear las condiciones mínimas necesarias por si hace falta una intervención armada “en cualquier obscuro rincón del mundo”.

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