Cubadebate

Felipe Martínez, diputado por Tercer Frente, Santiago de Cuba. Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate.

Los parlamentarios conocieron este domingo en la Comisión Agroalimentaria sobre temas neurálgicos para el sistema de la agricultura en el país, a partir de un acuerdo que derivó en seis proyecciones fundamentales de trabajo.

Ydael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, ofreció detalles al respecto:

• Perfeccionamiento del sistema de trabajo para la atención integral y el control a la base productiva, con la debida exigencia al sistema empresarial de honrar la conclusión de los programas de desarrollo afines, su implementación y el fortalecimiento del contrato económico como herramienta esencial en las relaciones de empresas y cooperativas.
• Adecuada implementación y control de la recientemente aprobada política de comercialización de productos agropecuarios.
• Sistematización del empleo de la ciencia y la innovación para robustecer la actividad capacitadora y el extensionismo, capaces de imprimirle mayor celeridad a la implementación de acciones que integran la Estrategia Económica y Social del país. Esto, en función de mayores volúmenes de exportaciones y más ofertas para la alimentación del pueblo.
• Prioridad en la atención a los polos productivos, crianzas y cultivos tecnológicos, optimizando los recursos disponibles en las manos de quienes producen con mayor eficiencia y en rubros estratégicos.
• La continuidad en la atención diferenciada al perfeccionamiento del sistema bancario y del seguro agropecuario, que respalden el acceso a servicios financieros de calidad.
• Consolidar el sistema de atención a la inversión extranjera y al proceso inversionista, privilegiando los alcances previstos para la recuperación y la sostenibilidad.

En relación con la atención a las cooperativas, Pérez Brito elogió la iniciativa de los dúos ministeriales para despojar los procesos de mediaciones estructurales y organizativas, desde el campo al edificio institucional, con intercambios “sin informes ni tribunas”.

Es una experiencia que ha significado un paso positivo y que han agradecido los productores.

Afirmó que los programas de desarrollo han hallado motor en el paquete de 63 medidas que comprenden 18 programas, con un seguimiento sistemático.

Varios esfuerzos han tributado a proveer a las relaciones contractuales de su justo valor, no como un papel a llenar sino como un instrumento económico a hacer cumplir sin vacilaciones.

Sin embargo, estos pasos distan de la cosecha de soluciones que espera el propio ministerio, dijo el ministro.

Al referirse a la política de comercialización, analizó cómo el paquete de normas legales que la respaldan aparecieron en la Gaceta Oficial No.49 el 4 de mayo último, con entrada en vigor el 5 de junio, por lo que se trata de “una política joven”, con menos de seis meses de aprobada.

¿Qué es lo más notorio dentro de la implementación de esta política?

• Establecimiento de comités de contratación y precios a escala provincial y municipal.
• Revisión y actualización de las normas de especificaciones de calidad para los siguientes productos: boniato, tomate, plátano, cebolla, ajo, pepino y pimiento.
• Banca de Fomento para potenciar y dinamizar la producción de alimentos: 1 800 millones para la producción porcina, ganado vacuno, arroz, yuca, plátano y guayaba. Con ese capital se han otorgado 456 créditos por valor de 841 374 770 pesos, con beneficio directo para 35 empresas, 357 productores individuales y 64 cooperativas.
• Promoción e incentivo de las exportaciones como fuente de obtención de liquidez: 158 contratos para llevar a mercados foráneos bienes y servicios ofertados por formas de gestión no estatal vinculados al sistema de la agricultura, con un monto ascendente a 15 319 495 dólares.

Las importaciones de los insumos y aseguramientos necesarios han implicado la firma de 115 contratos, cuya cifra global supera los 1 076 000 dólares.

• Mayor presencia de productos agropecuarios en la red de comercialización minorista. No es que sean todas las ofertas necesarias ni los precios a los que aspira el bolsillo de quienes poseen menos ingresos. El tema precios tiene otros “globos” por desinflarle a la inflación minorista.
• Potenciación de puntos de compra y naves de acopio: 1 858 en total.
• Pasos de avance en el comercio electrónico, especialmente en la capital.

El ministro abordó también el problema, ya abordado en ocasiones anteriores, de la cadena de impagos. Un mal conocido e irresuelto, aunque se ven señales que hablan de una tendencia a la disminución.

Esto se traduce en cuentas por pagar, fuera de término, que llegan hasta los 6 899 500 pesos, casi seis millones menos que en igual periodo de 2020.

Pérez Brito explicó cómo está conformada actualmente la red de comercialización minorista de productos agropecuarios en Cuba: 10 151 mercados y puntos de venta (1 674 gestionados por formas estatales, 2 311 por el programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar, y 6 268 ‒el 62%‒ por formas no estatales).

En cuanto a los polos productivos, en la Comisión Agroalimentaria fueron repasados los principios que rigen su funcionamiento, los cuales se resumen en diversificación, territorialidad, integración, vinculación, desarrollo, retorno de los ingresos y facultad de comercio exterior.

Sobre estos temas, los diputados realizaron un análisis exhaustivo y crítico. Particularmente, en los precios disparados y la necesidad de cerrarle el paso a quienes lucran a riesgo del bolsillo del pueblo.

Felipe Martínez, diputado por Tercer Frente (Santiago de Cuba), destacó cómo la aplicación de la ciencia y la innovación debe ser un punto de mira constante para quienes tienen responsabilidad en la producción de alimentos para el pueblo.

“La ciencia debe convertirse en una fuente de financiamiento para el desarrollo del sistema empresarial, a través de proyectos”, dijo, y agregó que hay que optimizar las potencialidades en función de los intereses productivos.

Además, llamó a no perder de vista la atención a los productores, sobre todo en cultivos como el café, donde hay tecnología de punta, pero faltan manos que trabajen en las plantaciones de las montañas.

En esta comisión, los parlamentarios compartieron experiencias y resultados a generalizar para concretar el salto cualitativo al que está llamado, desde hace mucho, la agricultura cubana.

Especial énfasis pusieron en los desafíos y oportunidades derivados del paquete de 63 medidas aprobadas para impulsar el desarrollo del sector, que también ofrecen respuesta a los seis temas cardinales del acuerdo analizado en este periodo de sesiones.

Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate.

El vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca instó a dejar atrás viejas concepciones de que los fallos se circunscriben a problemas en la comunicación de esas medidas.

“No es cuestión de desconocimiento, sino que necesitamos un aprendizaje diferente”, dijo, y llamó aplicar la innovación y la creatividad en lugar de irse a las zonas de confort.

El vicepresidente Salvador Valdés Mesa aseguró que urge trabajar con “reservas vivas. ¿Qué son? Mucha malanga, plátano, yuca… sembrados. Las 30 libras del programa de autoabastecimiento municipal no pueden esperar para el 2025 ni para el 2026, son para ya. Falta, asimismo, cultura sobre las potencialidades de varios cultivos, la yuca es un gran ejemplo.  Tenemos clones suficientes, ¿cuál es su almacén? El suelo”.

Valdés Mesa se detuvo en un aspecto muy novedoso de nuestra actual carta magna: darle autonomía a los municipios, lo cual pasa por la descentralización de las competencias. “Todo ocurre en el escenario del municipio. Allí se vive, allí se produce. Y desde allí toca hacer una agricultura a la altura de los que el país necesita”.

En un escenario donde varios diputados coinciden en un mayor acompañamiento del Minag a los productores, adquiere especial connotación combinar claves de más y menos en el sector agropecuario: más producción, ciencia y resultados en la mesa; menos precios, inflación y trabas.

Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate.

La Comisión Agroalimentaria dedicó especial atención en su agenda este domingo a la implementación de la Ley de Pesca (129/2019), la única ley vinculada a su ámbito de competencia aprobada en la actual legislatura. Así lo destacó el diputado Ramón Aguilar, presidente de esta comisión.

Al informar a los diputados sobre el estado de implementación de la ley, Ariel Padrón Valdés, director de Regulaciones Pesqueras del Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal), explicó que el 30% de los recursos pesqueros que se extraen en los mares del mundo están sobreexplotados, de acuerdo con datos oficiales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La FAO alerta que vamos en dirección contraria a lo que plantea la Agenda 2030 sobre el tema. La tasa de poblaciones de peces que se capturan en el rango de niveles biológicamente sostenibles ha experimentado una disminución considerable, del 90% en 1974 a un 70% hoy en día.

Para la elaboración de la política de pesca en Cuba, el país trabajó fuertemente entre 2012 y 2017.

Fue aprobada en febrero de 2017 por el Consejo de Ministros y desembocó en la ley que pretende establecer las regulaciones dirigidas al adecuado ordenamiento de la actividad y a su control y administración, en función de conservar y aprovechar con racionalidad los recursos hidrobiológicos en aguas marítimas, fluviales y lacustres.

A partir del diagnóstico, se evidencia una situación compleja en los 168 asentamientos pesqueros existentes en el país, determinada por el bajo porciento (10%) de habitantes vinculados a la actividad pesquera.

Además, la tendencia de plena explotación o sobreexplotación de los recursos pesqueros de la plataforma, el tráfico de artes de pesca, productos y especies no autorizadas, unido al limitado alcance de la inspección pesquera, señaló Padrón Valdés.

Recordó que, tras su aprobación en julio de 2019 por los diputados, en diciembre de ese mismo año fue emitido el Decreto No.1, referido al Reglamento de la Ley de Pesca. El 7 de febrero de 2020, la Gaceta Oficial de la República publicó las normativas jurídicas que acompañan su debida implementación.

Desde la publicación oficial en la Gaceta Oficial en 2020 hasta la fecha, se han realizado varias acciones para velar por su cumplimiento, incluidos los encuentros de intercambio y capacitación, como seminarios a diversos niveles (nacional, con 174 participantes; provincial, con 902, y municipal, con 7 266).

Otras de las acciones principales de capacitación estuvieron enfocadas en el universo de asentamientos pesqueros, así como en las direcciones provinciales de la Oficina Nacional de Inspección Estatal, las Tropas Guardafronteras e integrantes de la Policía Nacional Revolucionaria, para el enfrentamiento a las ilegalidades.

¿Cuál es la situación actual? Operan hoy en Cuba sobre los recursos de la plataforma marina cerca de 9 575 embarcaciones, de las cuales 727 pertenecen al Grupo Empresarial de la Industria Pesquera, 84 a otros organismos con vistas a su autoconsumo, 3 328 hacen pesca comercial no estatal y 5 436 pesca recreativa.

¿Qué resultados se alcanzaron, a la luz de la agenda desplegada? Se conoció que la inspección pesquera impuso 1 270 multas a infractores del régimen de pesca en 2021 (44% con respecto a 2020, cuando se detectaron 2 907). El monto total de las multas ascendió a 3 960 000 pesos, 148 375 más que en el periodo precedente.

Las violaciones más frecuentes se corresponden con la captura o desembarque de cualquier especie utilizando artes de pesca prohibidas. Estas representan el 21% (271) de las infracciones detectadas.

Les siguen las multas por pescar sin la licencia debida o con vencimiento de esta (16%, equivalente a 201), y las relacionadas con especies acuáticas que irrespetan las tallas mínimas y máximas establecidas, entre otras.

Los municipios de mayor incidencia en las violaciones son camagüey, Caibarién, Ciego de Ávila, Majibacoa, Cienfuegos, Holguín, Morón, Pinar del Río y Santiago de Cuba.

Como resultado de recorridos de las autoridades por 14 asentamientos pesqueros (del 26 de noviembre al 3 de diciembre), se identificaron cuestiones que preocupan a los actores económicos del sector en esas comunidades.

Los principales planteamientos están relacionados con el uso de la malla con abertura de 20 milímetros para capturar carnadas y especies con una talla mínima por debajo de los 18 centímetros; lo perentorio de capacitar a pescadores, con énfasis en los periodos de veda de las distintas especies, y la revisión de los términos en que no se puede solicitar licencias después de haber sido una persona penalizada por contravenciones al régimen de pesca.

También, que los pescadores puedan adquirir artes de pesca, combustible y víveres directamente de las empresas pesqueras, para el desarrollo de la actividad que realizan, y que estos actores se beneficien, asimismo, de un porciento de retorno de los ingresos en moneda libremente convertible (MLC), reconocido en las cláusulas contractuales.

Además, solicitaron que se maneje como forma de pago las operaciones mediante las tarjetas magnéticas, en lugar del uso de efectivo, entre otras observaciones.

Las anteriores preocupaciones, que son de la competencia del Minal, se complementan con otras que involucran a diferentes sectores.

En el caso del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los pescadores pidieron valorar la posibilidad de jubilación para quienes no pertenecen al sector estatal y se hallan en edades próximas a la reconocida por ley para beneficiarse de esta garantía laboral. Otra petición fue la autorización de emplear las embarcaciones para el turismo recreativo.

En relación con Finanzas y Precios, se insistió en la flexibilidad del sistema tributario, debido a que la ONAT exige el pago de impuestos aun cuando estos actores no se encuentran trabajando y, por tanto, no tienen ingresos por ese concepto.

A partir de la discusión con los organismos involucrados, se elaboró un plan de 14 acciones que ofrecen respuestas a los reclamos identificados en la base.

Los diputados conocieron igualmente acerca de la labor realizada en esta área por las Tropas Guardafronteras (TGF) del Ministerio del Interior.

El coronel Víctor López Bravo, jefe del Departamento Nacional de Capitanías de Puerto de la Jefatura de Tropas Guardafronteras, informó sobre las violaciones e ilegalidades que afectan la protección y preservación de la fauna y flora marinas, por lo que la situación continúa siendo compleja dada su extensión en el territorio nacional.

En el 2021 se enfrentaron 2 009 hechos delictivos con 1 150 involucrados. Se aseguraron 875 medios rústicos y artilugios, y se desactivaron 11 campamentos ilegales, entre otras acciones.

La misión de las Tropas Guardafronteras ‒dijo López Bravo‒ es la vigilancia, protección y defensa de los espacios marítimos, la cayería y la faja costera.

Tienen dos funciones fundamentales: fiscalizadora y reguladora. En el caso de la primera, comprende la protección de los recursos marinos y el medioambiente y el régimen de navegación.

El jefe del Departamento Nacional de Capitanías de Puerto de la Jefatura de Tropas Guardafronteras se refirió a los planteamientos de los pescadores en los que intervienen estas fuerzas del Ministerio del Interior.

Dentro de los temas más tratados estuvo la solicitud de extender el tiempo de pesquería, de 48 a 72 horas en las embarcaciones de remo, pues las zonas de pesca se hallan muy lejanas.

Al respecto, aclaró que la instrucción No.7/ 2011 del director de la DSIM Mitrans establece las áreas de navegación en correspondencia con las condiciones de navegabilidad de las embarcaciones.

Respondiendo a la inquietud relacionada con la prohibición por TGF de desembarcar en tierra para hacer las maniobras de pesca, dijo que el Decreto Ley 212/ 2000, Gestión de la Zona Costera, establece regulaciones para el uso y protección de los cayos. Mientras, el Decreto 200/ 1999 define las contravenciones en materia medioambiental.

Sobre la posibilidad de hacer cambios de motor o remotorizar las embarcaciones, otro de los reclamos en las comunidades pesqueras visitadas, informó que entre 2020 y 2021 se han remotorizado 496 embarcaciones particulares. Por otro lado, se han importado 90 motores por personas naturales.

De ahí que, en su opinión, no se trata de prohibición, sino de vigilancia de los requerimientos de motor y la oportuna inscripción en el Registro de Buques, así como de cumplir con los requerimientos al amparo de la ley en cuanto a la procedencia legal de los motores.

En cuanto al porciento de reparaciones concebido para una embarcación, se admite hasta un 75% y se considera la reparación máxima posible, ya que hacerlo al 100% supone una nueva construcción, según la legislación vigente.

López Bravo añadió que, en las nuevas normas a implementarse en 2022, han sido tomados en cuenta estos criterios, de modo que se prevé introducir cambios que dan respuesta directa a esta problemática.

La conveniencia de que los trámites de actualización de los documentos necesarios para la navegación se realicen en los asentamientos devino tema de debate por los pescadores, puescontribuye a una vía más expedita de los procesos.

En este acápite, el funcionario señaló que las capitanías de puerto realizan trabajos ambulatorios, pero la covid-19 y las restricciones consiguientes de movilidad han ralentizado la implementación de las decisiones. Se trabaja perspectivamete en realizar mayor cantidad de trámites no presenciales, aseguró.

También mencionó otras acciones dirigidas a acelerar la obtención de los permisos pertinentes para efectuar reparaciones en las embarcaciones, que no pueden ser con cualquier tipo de madera, y aclaró inconformidades respecto al modelo PC-10B.

Este último ‒puntualizó‒ es el certificado de inscripción en el Registro de Matrícula. Es, además, una práctica internacional que tenga fecha de vigencia. En Cuba, cada cinco años debe actualizarse, si no se hacen cambios sustanciales en la embarcación.

Junto a la atención de los temas que más aquejan a las comunidades, las TGF velan por los medios de seguridad de la navegación y acciones de capacitación de los pescadores comerciales no estatales y recreativos.

Aquí se abren nuevos desafíos, como en el turismo náutico, por ejemplo, en función de proteger el medioambiente marino. Se encargan, por otra parte, de las operaciones de búsqueda y salvamento marítimo: en 2020 se realizaron 96 acciones de esta naturaleza con 316 personas rescatadas. En 2021 fueron 141 operaciones, logrando asistir a 1 326 personas.

A veces, a nuestras tropas se les ve como represoras, cuando su primera misión es humanitaria, afirmó.

Al ofrecer una valoración desde el Minal, el ministro Manuel Santiago Sobrino Martínez insistió en la tendencia mundial a la disminución en la pesca marina, y reiteró el compromiso de Cuba con la preservación y protección sostenida de los recursos marinos como alta prioridad.

En sentido en general ‒consideró‒, hay comprensión de la Ley de Pesca, si bien es cierto que entró en vigor en un contexto económico complejo y diferente.

Agregó que ese organismo trabaja con énfasis en un plan de medidas para destrabar procesos que afectan el desarrollo de esta actividad económica.

En el debate, los diputados coincidieron en hacer cumplir la letra de ley desde los mismos asentamientos, en el marco de los esfuerzos nacionales por la seguridad y soberanía alimentarias, y trabajar para evitar que el efecto antrópico no deprima ni afecte más el ecosistema marino.

La necesidad de que estos intercambios sean sistemáticos fue uno de los puntos abordados en las intervenciones de los parlamentarios, pues los escenarios cambian y estos actores económicos necesitan ser, cada vez más, reconocidos y estimulados.

Lo anterior conlleva ‒dijeron‒ el apoyo empresarial en el apartado logístico, con insumos y artes de pesca imprescindibles para convertir este proceso en ciclo cerrado.