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Otra de las novedades de esta ley establece que las personas no pueden ser privadas de libertad, salvo por las autoridades competentes.

Al hablar sobre algunas de las novedades de los proyectos de ley que serán sometidos a la consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Rubén Remigio Ferro comentó que se trata de documentos amplios y con una gran diversidad de temas.

Entre ellas, mencionó el proyecto de Ley del Proceso Penal, una legislación encaminada a sustituir a la actual Ley de Procedimiento Penal, promulgada en 1977 y que ya ha sido rebasada por las prácticas y necesidades jurídicas de la actualidad.

Entre las novedades, señaló que se fortalecen las garantías para el ejercicio de la defensa para las personas acusadas de cometer delitos. “El artículo 95 de la Constitución señala taxativamente algunos de ellos y la nueva ley debe incorporarlos”.

Entre ellos, mencionó que los acusados tienen derecho a disponer de asistencia letrada desde el mismo inicio del proceso, un asunto no establecido en la ley actual. “El proceso penal comienza cuando se le da a conocer al acusado los delitos que se le imputan y quién lo hace. Si la persona está detenida o en prisión provisional eso debe ocurrir dentro de las 24 horas siguientes a su detención. Si se encuentra en libertad esto debe suceder en los cinco días siguientes”.

Otra de las novedades de esta ley establece que las personas no pueden ser privadas de libertad, salvo por las autoridades competentes. A su vez se fortalece la presunción de inocencia y el derecho a comunicarse con sus familiares con inmediatez.

“En el caso de la medida de prisión provisional, se regula con mayor precisión cuándo se puede solicitar. Incluso, el proyecto de ley incorpora el control judicial, la opción que tienen los abogados de solicitarle al tribunal que revise la legitimidad de esa prisión provisional”, explicó.

El Presidente del Tribunal Supremo Popular agregó que también se reconoce a las víctimas la condición de parte del proceso, un elemento que en la actual legislación no tiene tanto protagonismo. En la nueva legislación se establece que los afectados pueden comparecer en el proceso, nombrar abogados que los representen, proponer pruebas y reclamar la indemnización por los daños sufridos.

“También se incorpora la posibilidad de que, si el acusado muestra conformidad con los delitos que se le imputan y la sanción que se le pide, el tribunal puede pasar directamente a dictar la sentencia”, explicó.

Del mismo modo, se elimina la tramitación de medidas pre delictivas, también conocidas como de peligrosidad. “El derecho penal solo se ocupa de hechos que sean delitos establecidos en el Código Penal”.

En el caso del Código de Procesos, Rubén Remigio Ferro comentó que debe sustituir a la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico. Para ello, el nuevo proyecto de ley busca homogenizar procesos comunes en cada una de estas áreas.

Entre sus novedades, señaló que incrementa las posibilidades de llevar a los tribunales un grupo de decisiones administrativas que hasta ahora no tenían esa opción. De igual forma, también fortalece la interacción oral entre el tribunal y las partes implicadas, un asunto que contribuye a impartir justicia.

“Este proyecto de ley también fija nuevas medidas cautelares, como el inventario de bienes, la asignación provisional de la guarda y cuidado de los menores o disponer preliminarmente el alejamiento de las personas en relación con otra cuando hay hechos de violencia u otros asuntos que lo ameriten”, agregó.

El Código de Procesos busca asignar un papel más activo a los jueces en la práctica de las pruebas y la evidencia. Asimismo, establece la mediación como una de las vías para solucionar conflictos. En tal sentido, las decisiones adoptadas en común por ambas partes pueden llevarse al tribunal para darle fuerza de sentencia. Finalmente, el Presidente del Tribunal Supremo Popular recalcó la importancia de este código para proteger a personas en situación de vulnerabilidades.

El presidente del Tribunal Supremo Popular recordó que por mandato de la Constitución de la República de Cuba en su artículo 98 se les brinda a las personas la posibilidad de  reclamar ante actuaciones indebidas de funcionarios, directivos y empleados de la administración.  Este elemento –destacó- estaba presente en las leyes vigentes, pero de manera limitada.

El artículo 98 establece que “toda persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por directivos, funcionarios y empleados del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos, tiene derecho a reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización en la  forma que establece la ley”

Remigio Ferro explicó que en el ámbito de los procedimientos judiciales para ventilar asuntos relacionados con conflictos de tipo administrativos, este artículo proporciona de manera clara las reglas del debido proceso para tramitar estos asuntos “esta norma constituye a que las administraciones ejerzan sus funciones más apegado a lo establecido y sean más efectivas en el cumplimiento de sus deberes”, señaló.

Asimismo agregó que este proyecto de ley es muy novedoso  y va a tener una amplia repercusión en la vida económica y social del país, en especial, en el desempeño de la administración. “Es una forma más afectiva de ejercer el control popular, un elemento que se necesita continuar fortaleciendo.  A través de una queja, por los medios de comunicación las personas dicen sus criterios y denuncias,  por lo tanto también es pertinente tener una vía judicial”, significó.

El proyecto estable –indicó- que el objeto de estas reclamaciones podrá ser: la rectificación, cuando sean actos o decisiones que limitan los derechos de las personas y si son omisiones, al producirse daños o prejuicios, los afectados pueden pedir indemnizaciones.

La ley estable requisitos para presentar una reclamación de este tipo. Las personas que se sientan agraviadas primero deben presentar un recurso o apelación a la autoridad inmediata superior que le produjo el daño o perjuicio “se debe establecer un camino interno en lo administrativo que debe tener un debido proceso”, dijo y recordó el artículo 94 de la Constitución.

El presidente del Tribunal Supremo Popular  aclaró que luego que se ha cubierto la vía interna es que se puede acudir al tribunal. “Esta vía reclama que todas las administraciones del país esclarezcan cómo deben desarrollarse los procesos de reclamación, en qué términos,  los derechos de las personas de presentar la pruebas, entre otros factores”, indicó.

En este tipo de proceso administrativo se establecen determinadas excepciones que por su naturaleza no se llevan por un procesamiento de este tipo. Entonces surge la interrogante ¿Quedará limitado el derecho de las personas  a reclamar? Para estos casos se aplicará lo estipulado en el artículo 99 de la Carta Magna.

Artículo 99. “La persona a la que se le vulneren los derechos consagrados en esta Constitución y, como consecuencia sufriere daño o perjuicio por órganos del Estado, sus directivos,  funcionarios o empleados, con motivo de  la acción u omisión indebida de sus funciones, así como por particulares o por entes no estatales, tiene derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de los derechos y obtener, de conformidad con la ley, la correspondiente reparación o indemnización.  La ley establece aquellos derechos amparados por esta garantía, y el  procedimiento preferente, expedito y concentrado para su cumplimiento.”

Informó que en el cronograma de la Asamblea Nacional del Poder Popular próximamente se tratará las leyes del procedimiento que le darán cauce al amparo y a la protección de los derechos constitucionales de las personas.

“En la Ley de proceso penal y en la del proceso administrativo se contienen preceptos que fortalecen la capacidad de los tribunales para hacer cumplir sus decisiones, mediante combinaciones personales o económicas”, expresó.

Para cumplir lo dictado en la Constitución y las novedades que se incorporan en las leyes de procedimientos, los tribunales deben adecuar sus estructuras y sus maneras de funcionar “deben atemperarse a los nuevos tiempos y al escenario que dejó precisada la Carta Magna como es el caso de derechos y garantías”.

El proyecto de  Ley de Tribunales de Justicia sustituiría la actual Ley número 82 de los Tribunales.  En este nuevo proyecto “se reafirma el carácter imparcial de los jueces y los tribunales en el cumplimiento de sus funciones”, esto se regula en el artículo 148 y 150 de la Constitución.

Remigio Ferró señaló que los tribunales deben garantizar el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Otro elemento importante es que la mayoría de los conflictos iniciales que entren tendrán su primer momento de abordaje en los tribunales municipales. Esto se realizarán en estructuras que se van a crear a ese nivel, para concentrar la calidad y hacer más efectivo el proceso.

“Con esto buscamos que la justicia esté más cerca del lugar donde se desarrollan y ocurren los conflictos, además facilita el acceso a la justicia”, comunicó. Además el  presidente del Tribunal Supremo Popular añadió que se regula de forma explícita y transparente los procedimientos para la elección, el nombramiento y el tránsito de los profesionales en las distintas instancias.

De igual forma, advirtió se regulará con mayor objetividad y racionalidad la participación de los jueces legos en los actos de impartir justicia, estos son los ciudadanos que junto con los profesionales integran los tribunales. También se prevé la creación de la sala de amparo de los derechos constituciones.