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¿Quiénes y cómo se manipulan los resultados electorales en EE.UU.?

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Los frecuentes “escándalos” que envuelven a la administración de Donald Trump pueden importar en el voto de los indecisos, muchos menos que en el pasado, hay una enorme polarización en los EE.UU.

Las elecciones parciales para  lugar mañana,  6 de noviembre, han devenido también terreno para que sectores de la oligarquía y la gran prensa corporativa de EEUU den nuevo impulso a su manipulada campaña de denuncias de una supuesta pretensión rusa de alterar resultados electorales en unas u otras regiones del país.

Desde hace casi dos años y con creciente intensidad los grandes medios de difusión estadounidenses y poderosos círculos políticos han reiterado, una y otra vez, que ha habido una injerencia rusa en los asuntos internos del país y que ese país tiene capacidad, dicen, para alterar por medios digitales los resultados electorales, así como que por esa vía habrían fabricado el triunfo de Donald Trump.

Se ha desatado todo un escándalo que denominan RusiaGate para poner al controvertido presidente a la defensiva, lo que es también un subterfugio para revivir la guerra fría, confundir a la población mediante el miedo, y mantener las tensiones internacionales que sirven a quienes lucran con la producción de armamento bélico.

Por supuesto, tal campaña pasa por alto la gigantesca y añeja manipulación ‘made in USA’ de los resultados electorales en ese país, uno de los elementos que muestra la falsedad del pretendido carácter democrático del sistema y de la sociedad estadounidense, y que revela el doble estándar tan habitual en la política en el vecino del norte, así como el desprestigio del sistema electoral y de los partidos políticos en ese país.

El descrédito está extendido en primer lugar entre la propia población. Como se conoce, la concurrencia a las urnas cada cuatro años en las elecciones presidenciales es ligeramente superior al 50% de los electores, mientras que en las de ‘medio término’, como las que se efectuarán ahora, la asistencia de votantes está en torno al 36%.

La extendida apatía y desconfianza en el gobierno y sus instituciones se debe, entre otras razones, a la permanente interferencia y artimañas por parte del duopolio partidista, de los plutócratas y financistas de las costosas campañas y los comités de acción política corporativos, además de los propios medios de prensa monopólicos, entre otros.

No es ocioso recordar que siempre ha habido segmentos importantes de las clases poseedoras del país que reiteradamente han buscado limitar el número y las capas de personas que deben ser parte del proceso político, intensión que se manifestaba ya en muchos de los próceres fundadores de la república.

Existe una correlación entre el nivel de ingresos y de registros, así como de participación de los votantes. No es por gusto que, mientras más pobres los estadounidenses, menos participan en el proceso democrático.

Como un ejemplo de manipulación descomunal de resultados, con el contubernio de instancias oficiales y jurídicas, es bueno tener presente el gran robo electoral en las elecciones del año 2000. En aquella ocasión mediante múltiples fraudes le fue otorgada la victoria y la presidencia a George W. Bush hijo, principalmente con la adulteración de los conteos de votos en la Florida, que resultaban determinantes. Hay serias sospechas que cuatro años después Bush habría sido reelecto también mediante fraudes en Ohio y otros estados.

Ya como algo que se repite en las elecciones de ese país y a todos los niveles, es notable la práctica habitual y los recursos que se emplean para dificultar la asistencia a las urnas de las clases populares y las minorías, e incluso impedir o hacer más difícil su registro electoral, y hacer purgas en los listados de electores para armar de alguna manera los posibles resultados de las votaciones.

En cada elección que tiene lugar en el país, y en todas sus regiones, hay siempre un número considerable de votantes que, al momento de presentarse para ejercer su voto, encuentran que sus nombres no aparecen en las listas del registro de votantes.

No nos referimos a un dato menor o marginal, ni a la necesaria y correcta actualización de los listados. Por ejemplo, en 2013, las personas con derecho al voto en Virginia se redujeron cuando cerca de 39,000 de ellos fueron removidos supuestamente debido a que las autoridades se apoyaron en ‘estadísticas defectuosas’ para determinar que nombres debían ser borrados. En 2016 en Nueva York la junta electoral excluyó equivocadamente más de 200,000 nombres.

Se señala que en las elecciones de 2014 y 2016 casi 16 millones de personas fueron excluidas de los listados. Se constató que los afroamericanos, los latinos y asiáticos son marcados y removidos de las listas de electores en mucho mayor grado que los anglosajones y personas de piel blanca. Es bastante extendido el criterio que todo ello responde a intensiones deliberadas. Ninguna región del país está inmune a estos rejuegos.

Ante esas artimañas y ardides del sistema fuerzas populares desarrollan acciones de distinto tipo y a nivel político en torno al derecho al sufragio, la integración de las mesas de votación, la alteración de resultados en las máquinas de votación y el hecho de que en la mayor parte del país el proceso electoral adolece de una falta casi total de vías para verificar los datos de la votación.

No obstante, en muchos lugares en las barriadas pobres y de minorías siguen siendo habilitados locales de votación menos asequibles, hay menor cantidad de máquinas de votación y es donde se crean las más largas y demoradas colas para sufragar.

Muchas de esas prácticas están respaldadas por la ley y hasta por la Corte Suprema, que en el 2013 abrió la puerta para que se dé marcha atrás a varias de las provisiones de la ‘Ley de Derecho al Voto’ que fuera lograda en 1965 mediante movilizaciones masivas en el país. Como resultado de esta reciente decisión varios estados han modificado los procedimientos electorales sin supervisión federal.

Los cambios demográficos en el país, ahora con una mayor diversidad racial, han estimulado la ‘creatividad’ de los defensores del status quo. Bajo la guisa de establecer programas de mayor seguridad en las votaciones y de evitar el fraude, los partidos establecidos, aunque principalmente los republicanos, promueven y justifican toda suerte de triquiñuelas que favorezcan el predominio oligárquico.

Bien sea por desinterés, o por rechazo a las élites políticas o por los obstáculos para registrase y participar, o por el descrédito del sistema de partidos, el hecho es que unos 56 millones de personas con