Cubadebate

Editorial del diario Claridad

Durante su campaña a la presidencia de Estados Unidos y tras su elección y juramentación como Presidente, Barack Obama prometió una política de transparencia y de rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de todas las agencias y entidades de su gobierno. Esto incluye a las agencias de seguridad como la CIA, el FBI, el Departamento de "Homeland Security" y el Departamento de Justicia, entre otras.

Tras entrar en funciones como secretario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Erick Holder reiteró esa promesa, con el objetivo de intentar recobrar la confianza de un país escéptico y desencantado por los malos manejos, el uso indebido del poder del estado y las violaciones de ley y de derechos civiles y humanos perpetrados y alentados bajo la presidencia de George W. Bush.
En Puerto Rico, sin embargo, el FBI y otras agencias federales no parecen haberse enterado de esa política pública de transparencia prometida por su Presidente. Es más, creeríamos que no piensan actuar conforme a la misma. Tomemos como ejemplo las más recientes actuaciones del jefe del FBI en San Juan, Luis Fraticelli, las cuales levantan serias interrogantes sobre sus verdaderas intenciones.

Con el triunfo de Luis Fortuño y el PNP en las elecciones del 2008, todo pareció indicar que el FBI y la Fiscalía Federal en Puerto Rico habían logrado su objetivo político de contar con una administración gubernamental que les fuera totalmente afín. Después de todo, para eso se habían lanzado a su fallida aventura de encausar criminalmente al anterior gobernador y candidato por el Partido Popular, Aníbal Acevedo Vilá, asegurando así el triunfo electoral de Fortuño y el PNP. Luego, sus esfuerzos se vieron coronados con el nombramiento del entonces segundo en mando del FBI aquí, José Figueroa Sancha, como Superintendente de la Policía de Puerto Rico.

Por eso, resulta muy extraño que el propio Fraticelli, generalmente parco, esquivo y hostil con la prensa del País, se lanzara la pasada semana a una ronda de entrevistas en los medios para señalar, contrario a lo expresado días antes por el gobernador Fortuño y el superintendente Figueroa Sancha, que el principal problema criminal que confronta Puerto Rico es la corrupción pública y política y no el tráfico de drogas, como aseguraron ambos funcionarios del Gobierno de Puerto Rico. Más aún, la entrevista de Fraticelli se publicó precisamente cuando el Gobernador y el Superintendente se encontraban en Wáshington, cabildeando ante el Departamento de Justicia federal por más fondos para combatir el narcotráfico en la Isla.

De ahí, hay varias explicaciones que el Jefe del FBI debe ofrecerle al pueblo de Puerto Rico: ¿Por qué su reacción tan visceral al desmentir públicamente y de forma tan contundente al Gobernador y a su antiguo pupilo, Figueroa Sancha, en torno a sus alegaciones sobre el narcotráfico? ¿Por qué afirma que la corrupción pública es nuestro peor mal? ¿A quién o quiénes se refiere cuando habla de corruptos en la política y el gobierno? ¿De qué posibles señalamientos se quiere resguardar? ¿A quién o quiénes quiere proteger?

Para concluir, es pertinente añadir una última y obligada pregunta: ¿por qué si reclaman estar tan activos combatienado la corrupción, el FBI rehúsa comentar la revelación de documentos que confirman que conocían de los planes de un grupo de exiliados cubanos y policías corruptos para asesinar al dirigente independentista puertorriqueño, Juan Mari Brás, en los años 70?

Señor Fraticelli: ante nuestro derecho legítimo a preguntar, está su obligación de responder como funcionario de un gobierno que proclama transparencia. Usted tiene la palabra.