Cubadebate

El Juez de El Paso, Philip Martinez.En una decisión fechada el 2 de noviembre y divulgada al día siguiente, el Juez Philip Martínez de El Paso (Texas) otorgó un nuevo plazo al gobierno federal hasta el primero de febrero de 2007 para que presente razones por las cuales Luis Posada Carriles debería seguir detenido.

"Lo que está diciendo el Juez Martinez es que los tribunales le dan deferencia al Ejecutivo en asuntos relacionados con las Relaciones Exteriores del país.  Le envía una clara señal al gobierno: siempre y cuando los Estados Unidos certifiquen a Posada como una persona cuya liberación tendría consecuencias adversas para las relaciones exteriores, el Tribunal le dará deferencia a esa certificación", dijo este domingo a Cubadebate el abogado José Pertierra, quien representa al gobierno venezolano en el proceso de extradición del terrorista, responsable de la voladura de un avión en pleno vuelo, en octubre de 1973, que mató a 76 personas.
"Pienso que el Juez ha retado a los Estados Unidos para que al fin haga lo que tiene que hacer, si quiere mantener a Posada preso: Certificarlo.  Si no como terrorista, entonces como alguien cuya liberación tendría consecuencias adversas para las relaciones exteriores de la nación", añadió Pertierra.

Esto implica que los Estados Unidos tienen que presentar evidencias al tribunal que vinculen a Posada Carriles con el terrorismo.  "No creo que una simple carta, como la enviaron el pasado 5 de octubre a Posada Carriles, sea suficiente para sostener esa certificación", dijo el abogado.

En la nueva Orden de cinco páginas, el Juez Martínez advierte que no se pronunciará sobre la petición habeas corpus solicitada por el abogado de Posada Carriles, ni sobre la recomendación de liberación del terrorista realizada por el magistrado Norbert Garney, hasta después de 90 días, que se cumplen el primero de febrero de 2007.

Según el documento, el Tribunal de El Paso reconoce que Posada Carriles ha estado preso más de seis meses después de la finalidad de la orden de expulsión, y esto "sobrepasa ampliamente" el período que impone la Corte Suprema como presuntamente razonable para expulsar del país a una persona deportable, añade el Juez Martínez.
Sin embargo, los reglamentos que implementan la decisión de la Corte Suprema autorizan al Departamento de Seguridad a detener una persona deportable por un plazo más extendido que seis meses, siempre y cuando lo certifica (entre otras cosas) como alguien "cuya liberación tendría consecuencias adversas para las relaciones exteriores" del país, añade Martínez.

Según la Orden del Juez, el Departamento de Seguridad inició el proceso de certificación el 5 de octubre, y esto requiere consultas con el Departamento de Estado y la recomendación de la Secretaria de Estado.

"La Recomendación anterior del Magistrado Garney no contemplaba este proceso de certificación, porque el Departamento de Seguridad no lo inició hasta el 5 de octubre.  Ahora que el proceso se ha iniciado, la petición de habeas corpus de Posada tiene que ser considerada en ese contexto", añade el Juez.