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Estados Unidos: El gran negocio de las máquinas de votación fraudulentas

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Lewellen-Biddle, Andrew Gumbel y Amy Goodman
Proyecto Censurado

George Bush pudo ganar las elecciones presidenciales cabalgando sobre un fabuloso fraude tecnológico de las corporaciones que fabrican las máquinas electrónicas de votación, que a la vez proveen al gobierno -vía Pentágono- con lucrativos materiales y equipos para su guerra en Iraq. Este artículo aborda otro de los temas "más censurados" por la gran prensa estadounidense durante el último año electoral: la inquietante conspiración orweliana para controlar la voluntad popular manipulando las tarjetas de memoria y el software de las máquinas de votación. Lo que hasta ayer parecía ciencia ficción, hoy se presenta más real que nunca: las computadoras están habilitadas para elegir ellas en vez de los ciudadanos, en una doble jugada en favor de las ganancias corporativas y el poder político, o sea, "la democracia". Ésta fue la sexta noticia más censurada por el gran tinglado mediático corporativo y detectada sólo en algunos medios alternativos por el Proyecto Censurado de la Universidad Sonoma State de Santa Cruz, California (Nota del traductor).

Existe un "conflicto de interés" -eufemismo que en EE.UU. designa a la corrupción- entre los más grandes proveedores de máquinas electrónicas de votación de Estados Unidos y los líderes dominantes del partido Republicano. Mientras los problemas técnicos con las máquinas de votación tienen alguna cobertura en los grandes medios, los conflictos de intereses políticos no han recibido casi ninguna atención, aunque estén bien documentados. Los analistas de la elección de ambos lados de la cerca alegan que mientras las industrias privadas han creado tradicionales alianzas con uno u otro de los dos partidos, las afiliaciones políticas al interior de la industria de máquinas de votación son inadecuadas y tienen implicaciones peligrosas para nuestro proceso democrático.

Election Systems & Software (ES&S), Diebold y Sequoia son las compañías primariamente involucradas en poner en marcha las -a menudo defectuosas- nuevas tecnologías de votación a través del país. Las tres tienen lazos fuertes con el gobierno de Bush y con otros líderes republicanos, junto con importantes contratistas de Defensa de Estados Unidos. ES&S y Diebold, que pertenecen a los hermanos Bob y Todd Urosevich, tienen responsabilidad en cerca del 80% de los votos emitidos en 2004. Cada una de las tres compañías tiene un pasado plagado de escándalos financieros y controversias políticas:
En 1999 el departamento de Justicia archivó los cargos federales contra Sequoia, cuyos ejecutivos fueron acusados de pagar más de 8 millones de dólares en sobornos. Enseguida, los funcionarios electorales del condado de Pinellas, Florida, anularon un contrato por 15 millones de dólares con la Sequoia después de descubrir que su ejecutivo Phil Foster fue encausado por lavado de dinero y soborno.

Michael McCarthy, dueño de ES&S (conocida antes como American Information Systems), sirvió como jefe de campaña del senador Chuck Hagel en las elecciones de 1996 y 2002. El senador Hagel posee cerca de 5 millones de dólares en acciones en la matriz de ES&S. En 1996 y 2002 el 80% de los votos del senador Hagel fueron escrutados por ES&S.

Diebold, el más conocido entre estos tres grupos importantes, está bajo investigación por un memorándum de su director ejecutivo Walden O'Dell, prometiendo más votos para Bush en las elecciones de Ohio de este año 2004. Más allá de este paso en falso, otras comunicaciones internas de la empresa que circularon por Internet indicaron que los empleados de Diebold estaban enterados de la presencia de virus dentro de sus sistemas y que la red estaba mal protegida contra los "hackers".

Diebold tomó medidas. Le adjudicó a una organización externa, la Scientific Applications International Corporation (SAIC) de San Diego, la responsabilidad de garantizar la seguridad interna de su software. Pero esto presenta otro "conflicto de interés". La mayoría de los miembros de directorio de SAIC son ex altos jefes del Pentágono o de la CIA, algunos estrechamente ligados al ministro de Defensa Donald Rumsfeld. Entre los miembros de la junta directiva figuran el general de ejército Wayne Downing, ex principal experto en contra-terrorismo del Consejo de Seguridad Nacional; el ex director de la CIA Bobby Ray Inman; el almirante jubilado William Owens, que sirvió como vice presidente de la jefatura de personal del Pentágono y que ahora se sienta en la mesa que diseña la política de Defensa de Donald Rumsfeld; y Robert Gates, ex director de la CIA y veterano del escándalo Irán-Contra.

Además, la SAIC enfrenta purulentas acusaciones del departamento de Justicia por la mala gestión de los fondos asignados para una limpieza tóxica y malversación de caudales en la compra de los jets de combate F-15.

Algunos de los contribuyentes más generosos de las campañas republicanas son también algunos de los inversionistas más grandes de ES&S, Sequoia y Diebold. Los más notables son los contratistas de Defensa del gobierno Northrup-Grumman, Lockheed-Martin, Electronic Data Systems (EDS) y Accenture, miembro de la U.S. Coalition of Service Industries (Coalición de Industrias de Servicio de EE.UU.) y uno de los mayores promotores de la privatización y de la neo-liberalización de los servicios impulsadas por el WTO (Organización Mundial de Comercio, OMC) y el GATT (Acuerdo General de Aranceles). Ninguno de estos contratistas es políticamente neutral y todos ofrecen dudas sobre su idoneidad para la construcción de sistemas electrónicos de votación. Accenture estuvo implicada en escándalos financieros y enfrentó cargos por incompetencia en Canadá y EE.UU. a través de los '90s y los '2000s.

Bajo la ley Help America Vote Act (HAVA, Ayuda a EE.UU. a Votar), aprobada en octubre de 2002, los estados (de la Unión) fueron conminados a presentar planes para establecer procedimientos electrónicos en el conteo de las tarjetas para las elecciones de 2004. Debe observarse que las compañías fabricantes de máquinas de votación continuaron llevando a cabo la producción de software incluso después de la puesta en práctica de los sistemas. Populex, la compañía contratada para proporcionar sistemas de votación en Illinois tiene en su consejo directivo al ex ministro de Defensa Frank Carlucci.

Actualización de Mark Lewellen-Biddle:

Pienso que esta historia concierne a uno de los temas más preocupantes de nuestra época. Desde comienzos de año, las noticia que expresaban preocupación por la seguridad de las máquinas de votación electrónicas y la carencia de un soporte comprobable del voto en papel aparecieron en los periódicos a través del país, así como en los grandes magazines. Puesto que casi 50 millones de electores estadounidenses echarían sus sufragios en las máquinas electrónicas de votación durante las elecciones de noviembre, la seguridad, y la comprobabilidad de nuestros votos es innegablemente importante. Creo, sin embargo, que la discusión en curso, tan necesaria como es, se publicitó marginalmente, en ediciones periféricas.

Pocos de los autores, si los hay, están pesquisando las preguntas planteadas en el artículo original: ¿por qué hay compañías y contratistas de Defensa implicados tan profundamente en la campaña por vender las engañosas máquinas electrónicas de votación, no sólo para uso del electorado estadounidense, sino para los votantes alrededor del mundo? ¿Por qué hay tanto secreto rodeando a las compañías que se han designado a sí mismas para certificar la seguridad y la confiabilidad de las máquinas y del software de votación electrónica? ¿Por qué uno de ésos auto-asignados centros de prueba, Laboratorios Wyle, recientemente accedió a certificar el software de la Sequoia a pesar de sus defectos conocidos y se le sigue permitiendo certificar software de votación? Si la votación electrónica es tan segura y confiable como sus autores aseguran que es, ¿por qué la "Fuerza de Tarea de los Sistemas de Elección" -Election Systems Task Force (Northrop Grumman, Lockheed Martin, EDS y Accenture)-
juzgó necesario apelar al alto poder de Washington para convencernos, utilizando a empresas de "lobby" y cabildeo como Information Technology Association of America? No se necesita creer en la teoría de la conspiración para admitir que éstas son preguntas intrigantes.

Otra situación que no está recibiendo ningún escrutinio público es que se está privatizando con eficacia el mayor esfuerzo público de Estados Unidos, sacando el control del proceso electoral lejos de los funcionarios locales para ponerlo en manos de un reducido grupo de lucrativas corporaciones. Después de una reciente elección aquí en Lafayette, usando máquinas de votación de Diebold, busqué a los funcionarios electorales para formularles algunas preguntas.
Una de ellas fue
-¿Dónde están los votos contados?

El encargado de la elección respondió: "Aquí mismo; los contamos nosotros mismos".

Pregunté, entonces, cómo fueron contados los votos. Cambiando su tono al de un maestro de primaria, el funcionario me explicó pacientemente:

-"Cada máquina tiene una tarjeta de memoria que almacena los votos. Cuando se cierran las elecciones, traemos todas las tarjetas de nuevo a la jefatura, las insertamos en otra máquina y contamos los votos".

Entendiendo que el funcionario no captaba la ironía de sus propias palabras, le di las gracias por su tiempo y me marché.

Mi primer interés en las máquinas electrónicas de votación surgió cuando leí "Votando en la caja negra", de Bev Harris. Es un libro inestimable para cualquier persona preocupada por la dirección adoptada por el sistema electoral estadounidense que aparentemente está dirigido. Su página web (http://www.blackboxvoting.org/) contiene abundante información, así como numerosos vínculos a otras organizaciones que trabajan por desarrollar soluciones de votación abiertas.

Fuentes de Project Censored (http://www.projectcensored.org/publications/2005/6.html):

IN THESE TIMES, December 2003, "Voting Machines Gone Wild" por Mark Lewellen-Biddle

INDEPENDENT/UK, October 13, 2003, "All The President's Votes?", por Andrew Gumbel

DEMOCRACY NOW!, September 4, 2003, "Will Bush Backers Manipulate Votes to Deliver GW Another Election?", informe de Amy Goodman y el equipo Democracy Now!

Evaluadores académicos: Andy Merrifield Ph.D., Wendy Ostroff, Ph.D. y Scott Gordon, Ph.D.
Estudiante investigador: Adam Stutz

Traducción de Ernesto Carmona
Especial de Paralelo 21
www.radio.udg.mx

 

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