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Tabaré Vázquez: "Los ojos en la utopía, los pies en la realidad"

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Tabaré VázquezEn esta entrevista concedida a BRECHA*, la primera en muchos años, el líder del Frente Amplio se explaya sobre las características que puede tener su gobierno y algunas de las medidas centrales que tomará. Desde las políticas sociales hasta la relación con las Fuerzas Armadas, pasando por la construcción de un "país productivo" y las relaciones con los países de la región.  
 
-La posibilidad de un gobierno de izquierda ha generado una lógica "inflación de expectativas" entre los sectores tradicionalmente postergados de la sociedad. ¿Cómo se plantea administrarla?
 
-Nosotros lo hemos expresado lo más claramente posible al presentar nuestras propuestas programáticas, durante toda la campaña electoral e incluso ante la pregunta -que algunos nos plantearon- de por qué no dar rienda suelta a las promesas: nuestra propuesta estratégica de país conlleva un proceso de cambios progresivos que a su vez implica una opción de prioridades. En tal perspectiva, es obvio que no todas las expectativas existentes se podrán satisfacer de inmediato. También es cierto que tenemos plena confianza en la inteligencia, en la sensibilidad y el realismo de toda la sociedad uruguaya.
 
Nuestra prioridad es atender lo que no puede esperar. Y lo que no puede esperar es la condición de pobreza e indigencia en que vive casi un tercio de la población del país. Es allí donde aplicaremos las medidas más inmediatas a partir del Plan de Emergencia y donde esperamos obtener buenos resultados a la brevedad. Ya lo hemos dicho; un gobierno progresista que no encare esta problemática en clave de atención a la emergencia social y promoción de ciudadanía podrá ser gobierno, pero no será progresista.
 
La segunda prioridad es el Uruguay productivo y, consecuentemente, la instrumentación de políticas favorables al impulso de la producción industrial, agropecuaria, de servicios y tecnológica del país. De ello depende la buena salud de la economía, la generación de buen empleo, la mejor distribución de la riqueza, en fin, la posibilidad de que Uruguay transite un camino de auténtico desarrollo productivo sostenible.
 
Y el tercer aspecto que atenderemos de inmediato es el referido a la transparencia y eficiencia en la gestión pública; la lucha implacable contra la corrupción -no sólo hacia el pasado sino con la misma o mayor dureza hacia el futuro- y la austeridad. Creo que todos nos llevaremos muchas sorpresas de todo lo que se puede hacer en este sector y cuántos recursos pueden ahorrarse y destinarse a cosas útiles. Y esa también será una señal: un gobierno austero puede dialogar con la sociedad en su conjunto en otras condiciones, con otra capacidad de hacerse escuchar. Austeridad y participación directa y transparente de todos los actores, esa será la base de nuestra relación con la sociedad y con todos los sectores.
 
-Usted fue uno de los promotores del proceso de descentralización que encaró el EP-FA en Montevideo. Es probable que, apenas instalada en el gobierno nacional, la izquierda reciba una avalancha de ofertas de colaboración de parte de grupos sociales y hasta de particulares. ¿Se han previsto mecanismos para canalizar ese deseo de participación? ¿Cómo se instrumentarían en la práctica?
 
-La avalancha de ofertas sería una buena señal, en una sociedad que no se siente escuchada. Naturalmente que esa institucionalización exigirá representatividad, establecer precisamente las normas y alcances de su funcionamiento y, sobre todo, lo más importante: proponerse metas concretas y programas de trabajo efectivos. El manejo de los tiempos es hoy un factor fundamental. Nadie nos esperará.
 
Les agradezco que me recuerden esa experiencia de descentralización. Fue inédita en el país y ya es irreversible, lo que no significa que no sea perfectible ni que pueda extenderse mecánicamente. La democracia, afortunadamente, es una construcción colectiva y permanente.
 
Entre nuestras propuestas y compromisos de gobierno está la descentralización. Que implica descentralizar en el marco de un proyecto nacional de desarrollo productivo sostenible, descentralizar para mejorar la eficacia de la acción estatal, descentralizar recursos para que los departamentos no sean rehenes del gobierno nacional de turno, promover la participación ciudadana, generar ciudadanía, etcétera.
 
En ese marco hemos propuesto, por citar algunos ejemplos, rescatar del cautiverio al que hoy están sometidas por la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto) a la Unidad de Desarrollo Municipal, la Comisión Sectorial de Descentralización y el Fondo de Descentralización previsto por el artículo 298 de la Constitución de la República.
 
También, en materia de participación ciudadana, hemos propuesto un plan estratégico de fomento a la misma, la promoción de una ley básica de participación y hasta la creación de un consejo ciudadano para el seguimiento de los compromisos de gobierno. Ya que el poder existe, que lo tenga la gente.
 
-En una reciente entrevista concedida a BRECHA el presidente de la Vertiente Artiguista, Enrique Rubio, habló de la necesidad para la izquierda de pasar de un esquema de "clase contra clase" a una "dinámica de actores y de derechos". Esa idea parece compartida por buena parte del Frente. ¿Se impulsaría una suerte de "pacto social"?
 
-El "pacto social" reconoce varias inflexiones teóricas y experiencias prácticas cuyo análisis trasciende largamente el marco de esta respuesta. Pero más allá de ello, lo cierto es que un proyecto nacional de desarrollo productivo sostenible, en esta etapa de la vida del país, afrontando la realidad económica, social, que tenemos implica construir una base social y política muy amplia. Reitero, no sólo una base política, sino también social.
 
Si construir esa base social es un pacto social, pues sí, buscamos ese acuerdo.
 
Pero también hemos hablado en otras presentaciones que las sociedades democráticas tienen tensiones y contradicciones, es parte de la propia esencia de la democracia, de lo que se trata es que dentro del marco de las instituciones seamos capaces de administrar esas contradicciones, esas diferencias de intereses, y resolverlas en el marco de un proyecto de desarrollo y de un serio avance hacia la justicia social.
 
Por eso, si ustedes revisan mis exposiciones referidas a las propuestas y compromisos de gobierno del EP-FA-NM, constatarán que reiteradamente he hecho referencia al "compromiso ciudadano por el desarrollo productivo sostenible". No es casualidad ni es un recurso retórico; es una propuesta y un compromiso de gobierno.
 
Creemos que ese compromiso ciudadano ha de involucrar al gobierno, al sistema político en su conjunto, a los sectores empresariales y productivos, y a los trabajadores. En el marco de una estrategia de país ha de establecer objetivos y criterios en materia de crecimiento económico, competitividad, empleo decente, relaciones laborales, protección social, cohesión territorial, sostenibilidad ambiental, integración regional, etcétera.
 
Lo que tiene que quedar claro es que el corporativismo y los lobbies tendrán muy poca audiencia en un gobierno progresista. Lo que les planteaba anteriormente sobre las formas institucionales de participación es parte de nuestra respuesta.
 
-Últimamente la izquierda y franjas del empresariado nacional han ido limando viejas asperezas. ¿Con qué sectores del empresariado piensa usted que al FA-EP-NM le resulte más fácil acordar?
 
-Con los empresarios que realmente jueguen su papel de asumir riesgos, de invertir, de innovar, de generar trabajo, que respeten el ambiente y que tengan una visión moderna de las relaciones laborales y de su propia responsabilidad social.
 
Hay, en ese sentido, una gran potencialidad. No es un problema sólo de relacionamiento de nuestro gobierno, es un problema central para el país, esos son los empresarios que el país necesita. Y así como hablamos en el encuentro mantenido con los empresarios sobre la política económica, crediticia, de apoyo a la innovación, de promoción de la innovación tecnológica, también les hablamos claramente de sus responsabilidades intransferibles.
 
-Desde otro ángulo social, ¿habrá una relación privilegiada con los sindicatos? La experiencia de la administración frenteamplista montevideana con ADEOM parece augurar por lo menos dificultades en ese plano, sobre todo con los gremios del sector público, que además están entre los más fuertes del país. En esa materia: ¿qué cosas no haría, siendo presidente de la República, que sí hizo siendo intendente de la capital?
 
-Hay una larga tradición de sintonía entre la izquierda y el propio EP-FA con los trabajadores en general y con los trabajadores organizados en particular. Es una seña de identidad de la cual nos sentimos orgullosos.
 
Hemos realizado varios encuentros para discutir y analizar el relacionamiento y también la independencia del gobierno progresista y los sindicatos. Esa es una garantía para ambos.
 
Las relaciones también y fundamentalmente pasan por temas de contenidos, por definir el Uruguay que queremos y cómo construirlo; pasan por un proyecto de desarrollo productivo con justicia social, pasan por el trabajo decente, por las relaciones laborales y, sobre todo, por articular políticas concretas que promuevan lo anterior. Tal es el principal elemento de nuestra relación con los trabajadores y con sus sindicatos.
 
Sabemos que el relacionamiento entre un gobierno progresista y el movimiento sindical nunca es idílico, conocemos la complejidad de las actuales circunstancias, pero somos optimistas en esta materia. No solamente por lo que es, ha hecho, hace y propone hacer el EP-FA-NM, sino también porque reconocemos en el movimiento sindical uruguayo a un actor serio, honesto, con una fuerte tradición de compromiso con las grandes causas nacionales, impulsor y participante de iniciativas de amplia base social, por ejemplo para citar el último, la Concertación. Así que somos optimistas.
 
Pero además, ¿acaso toda la experiencia del relacionamiento entre el gobierno municipal de Montevideo y ADEOM es mala? ¿Acaso no ha habido acuerdos y avances importantes en la erradicación del clientelismo, el ingreso por concurso, la calificación y la formación del personal, la modernización de la carrera profesional y en particular la atención a los sectores más sumergidos y que juegan un papel fundamental en la sociedad? Por supuesto que hay mucho por hacer, pero lo que se ha hecho no es poco.
 
-¿Qué características tendría el Consejo Económico y Social que la izquierda plantea convocar?
 
-Las que establecen los artículos 206 y 207 de la Constitución de la República. Honorario, consultivo, integrado por distintos sectores de la sociedad que hacen a la vida del país.
 
Además de cumplir con la Constitución, será parte fundamental de nuestra política de institucionalización de la participación de los diversos sectores sociales de la vida económica y social del país.
 
Y esto se une al rol que debe asumir el Parlamento nacional como instancia representativa de la voluntad ciudadana, como ámbito para plantear y discutir los grandes temas del país y legislar en consecuencia, como poder que controla la acción del gobierno. En fin, la calidad de la democracia también se mide por la calidad de su Parlamento.
 
Lula llegó al gobierno de Brasil prometiendo cinco grandes reformas para implementar en el primer año y medio de gestión. ¿Cuáles serían las primeras reformas que el EP-FA encararía en ese período?

-Valoramos extraordinariamente las condiciones regionales, mantenemos excelentes relaciones con los gobiernos amigos del Mercosur, pero en política no hay clonaciones. La nuestra será una experiencia uruguaya. Simplemente porque de lo contrario fracasaríamos.

Esa pregunta en buena parte ya la hemos respondido: prioridad absoluta el Plan de Emergencia Social, del cual hemos hablado en toda la campaña y que tanta polvareda levanta entre los partidos de gobierno. No quisieron hablar hace seis años cuando comenzaba a deteriorarse seriamente la situación y no quieren hacerlo ahora. Y esa es una reforma, porque implica un cambio importante de las prioridades, de la distribución de los recursos, de los métodos de ejecución de las políticas.

Las otras prioridades hacen a la instrumentación de políticas favorables a la reactivación productiva y a la transparencia y eficiencia en la gestión pública. Hemos dicho que nuestra propuesta de cambios empieza por los cambios en el gobierno mismo.

Pero reitero, para nosotros, el tema social es la prueba más concluyente y obligatoria. Invertir la tendencia actual a la fractura y la exclusión social es la reforma que debe signar a un gobierno progresista y es, en definitiva, la gran prueba del éxito o del fracaso.

Porque este tema más que con programas tiene que ver con valores, con nuestra propia identidad. Pero además, no habrá desarrollo nacional sostenible con más del 30 por ciento de pobres.

-¿Cómo evalúa la herencia que dejarían a un eventual gobierno de izquierda los gobiernos blancos y colorados de los últimos veinte años? Y, ¿hasta cuándo cree usted que podría durar una eventual luna de miel entre un gobierno progresista y la ciudadanía? ¿A partir de qué momento ya no sería legítimo hablar de "herencia"?

-Más importante que cómo la evaluamos nosotros, es cómo la evalúa la sociedad en su conjunto. Y para ello hay que partir de los hechos: 1 millón de pobres, 100 mil indigentes, 1 millón de uruguayos con problemas de empleo, 100 mil personas que dejaron el país en los últimos tres años. Es abrumador. Es el mayor fracaso de nuestra historia. Es el agotamiento histórico de un liderazgo y de un modelo que ha fracasado de la peor manera.

Y no se mide sólo en términos sociales, también en términos económicos. El nivel de endeudamiento es la síntesis del fracaso económico de los gobiernos blancos y colorados, del déficit fiscal crónico, del atraso cambiario y del colador de los controles a los delincuentes disfrazados de banqueros que saquearon el país.

Esos no son argumentos, son realidades. Nosotros no vamos a hablar de "herencia" para justificar nada. Nuestro programa se basa en un estudio serio y profundo de la realidad actual y es una propuesta para transformarla. Por eso hablamos de cambios con los ojos puestos en la utopía y los pies en la realidad…

-Es cierto que ninguna fuerza política está totalmente "vacunada" contra la corrupción. Sin embargo, la gran diferencia está en cuán dispuesta esté cada una a crear sus propios mecanismos de control, a trabajar en favor de una efectiva transparencia. En ese terreno, ¿cuáles serían los mecanismos que aplicaría su gobierno para superar la opacidad y el secretismo que reinan en la gestión pública y, a su vez, evitar prácticas de corrupción?

-Es un tema que, de sólo mencionarlo, a algunos les genera urticaria. Pero ¡vaya si lo vamos a tocar! No por revanchismo, sino por respeto al país, a su gente, a nosotros mismos. No puede haber ningún proyecto serio de cambio que no aborde a fondo este tema. Con auditorías, con transparencia y con mecanismos de control reforzados.

La primera batalla la definen bien ustedes, es cultural, hay que derrotar la cultura de la opacidad y el secreto, desde arriba hacia abajo.

Pero además hay que reforzar el Tribunal de Cuentas, hay que asegurarse de que las investigaciones de la Auditoría General de la Nación se atiendan y no terminen archivadas y que no se cambien las cosas sólo cuando explotan en la prensa, hay que hacer funcionar bien las instituciones.

Y naturalmente el propio Banco Central, que tiene funciones de fundamental importancia en el control del sistema financiero.

-Aun con márgenes de maniobra reducidos, la izquierda puede marcar una diferencia con las gestiones precedentes a partir de las prioridades que fije en materia de presupuesto. ¿Cuáles serían esas prioridades?

-Creo que la respuesta a esta pregunta está contenida en las anteriores respuestas sobre nuestras prioridades. Sólo quiero agregar que la educación, la salud y la seguridad pública son tres sectores clave.

En cuanto a la educación comprometemos esfuerzos para aumentar significativamente los presupuestos a todos sus niveles (pocas veces superiores al 3 por ciento del pbi durante los últimos 20 años). Hay que trabajar mucho para democratizar el acceso y la permanencia de nuestros niños y jóvenes en el sistema educativo, hay que avanzar hacia los 15 años de educación formal obligatoria, hay que mejorar la calidad social de la enseñanza, hay que tener alumnos en condiciones de aprender y docentes en condiciones de enseñar… pero nada de eso es gratuito. Tampoco es un gasto: es una inversión, la mejor inversión que puede hacer un país.

Respecto a la salud habrá, prioritariamente, que instrumentar un primer nivel de atención. Aquí hay que comenzar por optimizar los recursos disponibles, que no son pocos pero están mal utilizados.

En lo que hace a la seguridad pública, partiendo de una definición que ha matrizado en el tema seguridad nuestra postura, seremos duros con el delito pero mucho más duros con las causas del delito. Porque la seguridad pública es, sustancialmente, un asunto de convivencia.

Y seremos muy duros con el delito de cuello blanco, con el gran contrabando y la gran evasión fiscal, y eso también marca prioridades.

Pero en presupuesto las prioridades se reflejan no solamente en los gastos e inversiones que se explicitan. También se reflejan en lo que se ahorra en gastos superfluos, se refleja en términos de austeridad, en terminar con todos los grandes y pequeños privilegios, desde el presidente de la República para abajo. Dando claras señales desde arriba, pero extendiéndolo a toda la administración pública.

-Parece haber consenso entre todos los sectores políticos sobre el "destino exportador" de Uruguay. No obstante, cuando se trata de compatibilizar la orientación exportadora con la revitalización del mercado interno surgen grandes diferencias. ¿Cómo alcanzar ambos objetivos simultáneamente?

-Es que son inseparables. Nosotros -para tomar un ejemplo- no podemos ser grandes exportadores de carne a costa de que la población de Uruguay deje de comer carne. Hay que buscar soluciones de fondo, y esto tiene que ver con la producción, con que todo el ciclo productivo -y no sólo una parte de la cadena- funcione adecuadamente.

En nuestra visión de Uruguay en el Mercosur y en el mundo planteamos y reafirmamos la importancia de la exportación.

El mercado interno depende de la capacidad adquisitiva de la gente, del nivel de los sueldos y jubilaciones, de los ingresos de los diversos sectores y por otro lado de una industria y una producción nacional que atienda ese crecimiento de la demanda. Ese es para nosotros el Uruguay productivo, no sólo incentivos a la producción, sino una sociedad con mayor bienestar pero sin despilfarro.

-¿Cómo sería la articulación entre Poder Ejecutivo, Parlamento y partido una vez instalado el EP-FA-NM en el poder?

-No quiero dejar de contestar las preguntas, pero los temas son demasiado vastos. Como dije anteriormente, el Parlamento debe asumir plenamente su rol de debate, de negociación y de control del gobierno. Y en esa dirección de jerarquizar su labor haremos los máximos esfuerzos como fuerza política.

El gobierno progresista será el gobierno de todos los uruguayos, como lo hicimos en la Intendencia, así que tenemos una buena experiencia en ese sentido y a ella nos remitiremos en cuanto a la relación con el EP-FA-NM.

-En cualquier circunstancia, pero sobre todo en caso de triunfar en primera vuelta, la unidad de la izquierda será un elemento central en la gobernabilidad de una administración encuentrista. En ese sentido ¿cómo evitar -por ejemplo- que una misma noción programática, caso de la asociación de ANCAP, sea interpretada de manera distinta, como ocurrió en oportunidad de resolver el respaldo o no a la ley de ANCAP?

-La unidad que hemos demostrado en todo el proceso electoral, sorteando todas las etapas, o cómo funciona en la IMM es un ejemplo de que el progresismo tiene claras las prioridades y sabe manejarlas adecuadamente.

Sobre la otra parte de la pregunta, no hay recetas, hay normas de funcionamiento, acuerdos programáticos y organismos de discusión. Y a ellos nos remitiremos.

-Por primera vez en la historia buena parte de los países sudamericanos contarían con gobiernos progresistas. ¿Qué enseñanzas están dejando para el EP-FA el Brasil de Lula, el Chile de Lagos, la Argentina de Kirchner y la Venezuela de Chávez?

-Una enseñanza general: el modelo conservador y excluyente se agotó y ha llevado a nuestros países a grandes fracasos. Ahora tenemos el desafío de que en cada país, con sus particularidades, pero también integrados, seamos capaces de iniciar una etapa de auténtico desarrollo nacional e integración regional.

Mirar lejos y avanzar.

-¿Cómo evalúa la política seguida en materia de derechos humanos por el presidente argentino Néstor Kirchner?

-Yo puedo contestarles sobre la política que nosotros instrumentaremos desde nuestra identidad y para el país. Vamos a ser celosos promotores de los derechos humanos, a nivel nacional, regional e internacional.

En cuanto al pasado, y en cumplimiento de la decisión adoptada por la ciudadanía en el plebiscito realizado en 1989, vamos a respetar rigurosamente la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, lo cual implica también aplicar su artículo 4.

-Usted ha proclamado que en Uruguay el tema de los derechos humanos quedó laudado por el plebiscito que confirmó la ley de caducidad. ¿De qué manera haría respetar un gobierno progresista el artículo 4 de esa ley?

-Reitero: el artículo 4 establece que se deben investigar y aclarar las situaciones de desaparición de personas durante la dictadura. Esa necesidad de verdad no caducó y los familiares y la sociedad uruguaya tienen el derecho de conocer la verdad.

Por otro lado yo también soy optimista y pienso que la abrumadora mayoría de la sociedad uruguaya no quiere seguir siendo prisionera del pasado y que podremos avanzar hacia la verdad.

-Entre la izquierda y la doctrina de la seguridad nacional que ha inspirado a las Fuerzas Armadas en los últimos treinta años, y que aún inspira a sus principales mandos, los puntos de contacto son nulos. ¿Cuál sería la misión de esta institución del Estado en un gobierno progresista? ¿Piensa abatir el abultado presupuesto que hoy se destina a Defensa?

-Demasiados temas en una sola pregunta. La doctrina de la seguridad nacional es una reliquia del pasado, lo que hay que definir con un pensamiento estratégico es la misión de las Fuerzas Armadas.

Los militares comprenden perfectamente lo que es un pensamiento estratégico, que es lo que le ha faltado al país en todos estos años. Y sobre esa base hay que diseñar los cambios a introducir en las Fuerzas Armadas y en su presupuesto.

Hay que integrar plenamente a las Fuerzas Armadas al proyecto nacional de desarrollo, pueden jugar su papel perfectamente.

-¿Dónde debe residir el gobierno de la educación? ¿El Codicen va a seguir ocupando el mismo lugar que hasta ahora en la estructura educativa? De haber un cambio en esas estructuras, ¿qué lugar ocuparían los gremios de la educación?

-Hemos dicho que la educación es mucho más que una repartición del Estado. La educación es un espacio de realización humana, es un derecho de la gente, es una cuestión de valores, de principios, de recursos, de accesibilidad, permanencia y calidad… y también es una cuestión de institucionalidad.

En función de esto último, y teniendo en cuenta que la actual ley de educación responde a la emergencia que estaba planteada hace veinte años, cuando el país salía del autoritarismo, hemos manifestado nuestra disposición a promover una legislación acorde al tiempo actual, a la realidad de hoy y al futuro que queremos construir.

Un nuevo marco legal que, respetando la autonomía, articule y coordine los distintos niveles educativos, donde intervengan actores institucionales, individuales y colectivos de la sociedad civil.

Ello, naturalmente, supone transitar caminos de diálogo social, político y técnico que integren la multiplicidad de factores en juego y apunten a una auténtica política pública en la materia.

-Al menos cuatro proyectos impulsados por el FA quedaron en el tintero en la legislatura que acaba de terminar por falta de mayorías parlamentarias: voto de los uruguayos en el exterior, ley de salud reproductiva, cuota para las mujeres y financiamiento de las campañas políticas. Es probable que en el próximo Parlamento el EP-FA tenga una amplia mayoría. ¿Volvería a impulsar esos proyectos?

-Son todos temas que están en la agenda política y que están pendientes de solución en la sociedad uruguaya.

-El EP-FA se manifestó en favor de fijar cuotas para asegurar una presencia mínima de mujeres en cargos políticos. Sin embargo, son escasísimas las mujeres en condiciones de ser electas este domingo en las listas de la izquierda. ¿Cómo analiza esa contradicción?

-Las listas son elaboradas por los partidos. Hay que avanzar en ese tema, no sólo por las mujeres sino por la propia sociedad uruguaya, que debe incorporar en puestos de decisión la sensibilidad, la capacidad y la visión de las mujeres. Y no tengo duda de que avanzaremos también en este frente. Las actividades y organizaciones sociales, la Universidad, la cultura son hoy una clara demostración del creciente y fundamental papel de las mujeres y eso se deberá reflejar en la política.

-¿A qué se debe que haya habido tan poca renovación en los cuadros de la izquierda? ¿Cree que los jóvenes tienen un lugar de participación real en el EP-FA?

-La relación de los jóvenes en general con la política es hoy muy compleja, no sólo en Uruguay. Creo que el cambio desde el gobierno, pero desde la política y desde la sociedad debe plantearse este tema: cuáles son los espacios reales de la renovación generacional.

También soy de los que creen que nadie regala nada, que los jóvenes deben pelear y conquistar sus espacios. Y que en muchos ámbitos lo están haciendo y muy bien.

Lo que sucede es que la falta de oportunidades es mucho más grave en los jóvenes, la desocupación y la pobreza tienen cara de jóvenes. La crisis abruma a los jóvenes y para lograr un cambio en su participación y compromiso hay que ofrecerles oportunidades genuinas en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad.

-El año 2004 mostrará una fuerte reactivación de la actividad económica que no estuvo acompañada de una relevante recuperación en el empleo o en los ingresos de trabajadores (públicos y privados) y jubilados. Con independencia del Plan de Emergencia Social, ¿se va a proponer un aumento sustantivo del salario mínimo y de las jubilaciones más bajas? ¿En qué plazo? ¿Cuál será la orientación del Ministerio de Trabajo del nuevo gobierno en los consejos de salarios que se anuncia serán convocados?

-Esta no es una pregunta, es un compendio. Para responderle tendría que repetirle toda nuestra propuesta en materia de Uruguay social y productivo.

El aumento de los salarios y jubilaciones, sobre todo de los más sumergidos, está definido como parte de un doble proceso: de justicia social y de reactivación del mercado interno, además estamos convencidos de que el salario y las jubilaciones son una buena base de distribución adecuada de la riqueza. Y por otro lado la convocatoria a la negociación colectiva apunta a que sean los actores sociales los que definan los equilibrios y las condiciones.

-Distintos analistas económicos afirman que el próximo gobierno deberá realizar un ajuste fiscal apenas asumido. ¿El EP-FA lo haría? De ser así, ¿de qué tipo?

-No creemos que haya que hacer ningún ajuste fiscal.

-¿Cómo entiende la independencia de la labor periodística respecto a los órganos partidarios?

-Total y absoluta.

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* Las preguntas de este cuestionario fueron elaboradas por un equipo de redacción de BRECHA con la intención de entrevistar a Tabaré Vázquez, pero desde su secretaría se nos informó que, debido a las urgencias de la agenda de campaña, Vázquez respondería por escrito. En función del interés que la nota tiene para los lectores BRECHA aceptó, excepcionalmente, dicho criterio.

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