Cubadebate

En los años 80 del pasado siglo, se produjo en los Estados Unidos el ascenso de las fuerzas de la ultraderecha conservadora al poder. El Documento de Santa Fé, que sirvió de plataforma electoral y política a las fuerzas que acompañaron al entonces Presidente Ronald Reagan en su Administración, anunciaba con relación a Cuba: Un programa de derechos humanos vigoroso y equitativamente aplicado, es el arma milagrosa de los Estados Unidos contra la Unión Soviética y sus satélites y sustitutos. Curiosamente, la Administración actual (se refería al Presidente Carter), (...), no ha intentado seriamente aplicar su doctrina de derechos humanos contra la Cuba de Castro..."

En el marco de la nueva estrategia anticubana, la Administración Reagan ordenó a connotados terroristas cubanoamericanos, dirigidos y financiados por la CIA, cambiar su fachada, convirtiéndolos en supuestos grupos de oposición política pacífica y de defensa de los derechos humanos. En el interior de Cuba, con fondos oficiales estadounidenses, fueron creados varios pequeños grupos subversivos de este tipo, reclutando a personas antes implicadas en actividades violentas de carácter contrarrevolucionario, e incluso, a antiguos funcionarios y agentes de la policía del régimen dictatorial de Fulgencio Batista. La labor de reclutamiento se hizo extensiva a lumpens, oportunistas y a los anexionistas de siempre.

En los años 1985 y 1986, se produjeron los primeros intentos fallidos de imponer una condena a Cuba en materia de derechos humanos, en el marco de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El primer intento de condenar a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos tuvo lugar en 1987, cuando los Estados Unidos presentaron un proyecto de resolución que no tuvo éxito, al resultar aprobada una moción de no acción.

Los Estados Unidos presentaron en 1988 un nuevo proyecto de resolución dirigido a condenar a Cuba, que también fracasó, a partir de la positiva acogida que tuvo la iniciativa cubana de invitar una misión integrada por el Presidente de la Comisión y otros cinco representantes de Estados miembros, para que realizaran una visita al país.

Tampoco Estados Unidos pudo en 1989 imponer una condena a Cuba en la Comisión. Fueron derrotadas varias enmiendas que presentara Estados Unidos con ese objetivo al proyecto de resolución sometido a la consideración de la Comisión. El texto adoptado se limitó a tomar nota del Informe de la Misión que visitara Cuba e invitar al Gobierno cubano a trabajar en la aplicación de sus recomendaciones.

Al emerger EE.UU. como única superpotencia tras la desintegración de la Unión Soviética, se impuso en 1990 por primera vez a la Comisión un proyecto de resolución contra Cuba promovido por Estados Unidos.

En respuesta al vicio de origen del ejercicio anticubano, sus ilegítimas motivaciones y los brutales métodos de presión y manipulación política utilizadas para lograr su imposición, Cuba rechazó cualquier forma de cooperación con tal engendro.

La posición de principios del pueblo cubano, su digna resistencia frente a la infamia y la mentira, fue ganando poco a poco el reconocimiento y apoyo de los miembros de la Comisión, hasta llegar 1998, año en que el proyecto anticubano presentado por Estados Unidos fue derrotado de manera incuestionable, en votación de 16 a favor y 19 en contra.

Tras la inesperada derrota, el Gobierno de los Estados Unidos se dio a la tarea de crear una nueva imagen a su accionar anticubano en la CDH. Para ello y utilizando sus tradicionales métodos, "convenció" a la República Checa, país que necesitaba entonces el apoyo de Washington para ingresar a la OTAN, para que asumiera la cara pública del proyecto contra Cuba en la Comisión.

Bajo este nuevo diseño, pero teniendo en definitiva que empeñarse abiertamente en sus habituales presiones y chantajes económicos y políticos, los Estados Unidos lograron hacer adoptar siempre por un muy escaso margen de entre uno y tres votos - el proyecto anticubano entre los años 1999 y 2001.

Ya para finales del 2001, estaba claro que dicho esquema había entrado en una profunda crisis de credibilidad. Los Estados Unidos necesitaban un nuevo cambio de imagen para su ejercicio anticubano, cuestión que se convirtió en estratégica tras la exclusión de la superpotencia de la Comisión.

Se recrudecieron entonces las gestiones de altos funcionarios de la Administración Bush para imponer a uno o a varios países de América Latina la presentación del proyecto anticubano en el 58º período de sesiones de la Comisión.

El nivel de las presiones ejercidas por altos personeros de Estados Unidos y la profundización de la vulnerabilidad y dependencia hacia su política hegemónica en la región de varios gobiernos latinoamericanos con muy bajos niveles de aceptación de sus pueblos, llevaron a que, finalmente, fuera el gobierno del Presidente Batlle del Uruguay, el que asumiera el papel de marioneta en la presentación pública del proyecto anticubano.

El texto anticubano que fuera presentado por el gobierno del abyecto Presidente Batlle, fue redactado, hasta en sus comas y sus puntos, por los diplomáticos de Washington en coordinación con la mafia terrorista de Miami.

En contraste con la posición de sumisión de algunos gobiernos latinoamericanos, los pueblos de la región, de modo unánime, condenaron la maniobra anticubana. No sólo se lanzaron a las calles a protestar en varias capitales, en países como Argentina, Perú, México y Guatemala, sino que los parlamentos reclamaron a sus Gobiernos que no acompañaran tal acción y mantuvieran una posición de independencia y decoro en Ginebra.

El texto anticubano impuesto en el 58º período de sesiones de la Comisión, supuestamente novedoso y con un "enfoque constructivo", no hacía otra cosa que restablecer un mecanismo injusto de monitoreo a la llamada situación de los derechos humanos en Cuba, con el factor agravante de involucrar en la manipulación anticubana, concebida por y para satisfacer los intereses de dominación de Washington, nada menos que al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los representantes de la mafia terrorista cubanoamericana cumplieron en este proceso un importante papel en apoyo a las acciones anticubanas del Gobierno de los Estados Unidos. Aprovechando la presencia de sus representantes en el Congreso estadounidense, se involucraron directamente en las acciones de presión y chantaje contra varios gobiernos. Por otra parte, idearon actividades de diplomacia pública con el objetivo de vender la imagen de que tras las acciones de la Administración Bush contra Cuba, estaba el reclamo del llamado exilio cubano.

El 18 de septiembre de 2002, once Congresistas beneficiarios del dinero de la mafia terrorista de Miami, encabezados por Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart, enviaron una carta al entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas, urgiéndolo a participar directamente en el accionar contra Cuba. El 13 de diciembre del propio año, Ros-Lehtinen envió una nueva carta al Alto Comisionado, conminándolo a que solicitara a Cuba la liberación de varios mercenarios al servicio del Gobierno de los EE.UU., justamente sancionados en la Isla.

A principios de enero del 2003, el Subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Políticos, Marc Grossman, envió un mensaje al Alto Comisionado para recordarle que no había nominado aún a su Representante Personal para Cuba, añadiendo que los EE.UU. consideraban importante que esto se produjera en el más breve plazo.

Estados Unidos no sólo consigue los votos necesarios para imponer el proyecto anticubano; existen numerosas pruebas de que ha sido el verdadero interesado en la aplicación y seguimiento de las resoluciones contra Cuba.

Ante el rechazo de Uruguay a repetir su papel de primer actor aunque hubiera sido de reemplazo de Perú en el último minuto - en el libreto anticubano preparado por Washington, la superpotencia tuvo que desplegar nuevas e intensas gestiones y presiones con los gobiernos latinoamericanos vulnerables a ello, para asignar el papel a un nuevo títere en el 2003.

La Sra. Poblete lleva y trae de la mafiosa congresista anticubana Ileana Ross-Lehtinen - viajó a Ginebra, a principios de enero del 2003, reuniéndose por separado con representantes diplomáticos de unos pocos países latinoamericanos, con el objetivo de explorar la situación y reforzar las acciones para imponer una resolución contra Cuba.

A fines de ese propio mes, la Subsecretaria de Estado para Asuntos Globales, Paula Dobrinski, viajó a varios países latinoamericanos, reuniéndose con Presidentes y Cancilleres, con el objetivo de forzar un compromiso en la presentación del proyecto anticubano en la 59 CDH.

Los Embajadores de los EE.UU. en diversas capitales del mundo, cumplieron un importante papel de propaganda y de ablandamiento de algunas objeciones de conciencia en el marco de la ofensiva anticubana, distribuyendo en ese período en las Cancillerías de los países en los que estaban acreditados, un panfleto elaborado por el Departamento de Estado, repleto de mentiras y desinformación acerca de la supuesta situación de los derechos humanos en Cuba.

Los EE.UU. realizaron además gestiones infructuosas para que el Grupo de Río, uno de los foros de concertación política de los países latinoamericanos y caribeños, asumiera colectivamente la presentación del proyecto de resolución anticubano en la 59 CDH, utilizando de manera cínica la oportunidad que les brindaba el que la coordinación del Grupo correspondiera en ese momento a Perú.

Finalmente, Perú tuvo que cargar directamente con la responsabilidad - con el acompañamiento de los muy independientes gobiernos de Costa Rica y Uruguay - de la presentación pública del proyecto de resolución anticubano en la 59 CDH.

A medida que se fue acercando el inicio de la Comisión, se recrudecieron las presiones de los EE.UU., que contaron en sus gestiones anticubanas con la solidaridad incondicional de algunos gobiernos de la llamada Coalición de los Dispuestos, en particular, de exmetrópolis colonialistas como España y el Reino Unido.

Para garantizar los votos necesarios para la imposición del proyecto anticubano, la Administración Bush no reparó en límites éticos o legales. Desde Washington fueron anunciadas promesas de ayuda financiera y otros beneficios para los que entregaran su voto. Sin embargo, la práctica más común no fue la de nuevas ofertas; prevalecieron las amenazas directas o veladas de bloqueos de préstamos y asignaciones en las instituciones financieras multilaterales que controla, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el retiro de facilidades concedidas en temas bilaterales en materia comercial y migratoria, e incluso, el condicionamiento de la conducta de Estados Unidos en órganos políticos multilaterales.

Días antes de la votación, se reforzaron las gestiones de EE.UU. para incluir en el texto del proyecto anticubano una condena a las justas sanciones judiciales impuestas en Cuba contra mercenarios al servicio de la política hostil de los EE.UU. y los 3 principales secuestradores de una embarcación, que con el uso de extrema violencia, intentaron desviar hacia el territorio de los EE.UU..

El día 18 de marzo, el vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, realizó una declaración llamando a la Comisión a condenar la detención de sus mercenarios en la Isla, en los términos más enérgicos.

Nuevamente la superpotencia decidió trabajar tras bambalinas. Pero en esta ocasión, debió enfrentar obstáculos más complejos. Algunas autoridades latinoamericanas ya comprometidas con la presentación del proyecto anticubano, enfrentadas al temor de la protesta de sus pueblos- si se involucraban en esta grave iniciativa dirigida claramente a fabricar un pretexto para una agresión militar de EE.UU contra el pueblo cubano -, optaron por no apoyar la nueva imposición norteamericana.

Fue finalmente a Costa Rica - con un gobierno cuya subordinación a los Estados Unidos queda fuera de la más mínima duda a quien correspondió la indigna misión de presentar la enmienda concebida por Estados Unidos para fabricar las condiciones que le permitan repetir contra el pueblo cubano, la experiencia de su criminal guerra de conquista en Iraq. Costa Rica fue el único país latinoamericano y en desarrollo que votó a favor de esa enmienda. ¿Resulta necesario algún comentario adicional?

Cuba radicó oficialmente, el 16 de abril, 2 enmiendas al proyecto anticubano, bajo las siglas E/CN.4/L.77, en las cuales se exigía el cese inmediato del bloqueo unilateral e ilegal a Cuba y se pedía al Alto Comisionado que realizara una evaluación de los efectos para el pueblo cubano de los actos terroristas llevados a cabo contra Cuba desde el territorio de los EE.UU..

La consideración de estas enmiendas promovió un largo debate procesal y como consecuencia de ello, se postergó por 24 horas la consideración y adopción del proyecto anticubano. En ese debate, totalmente descolocado y puesta en evidencia la verdadera autoría estadounidense de la enmienda presentada por Costa Rica, al Embajador de la superpotencia en Ginebra no le quedó otra alternativa que declarar que su delegación apoyaba cualquier cosa contra Cuba.

A pesar de las enormes presiones ejercidas por Estados Unidos, la enmienda condenatoria a Cuba asumida públicamente por Costa Rica, fue derrotada en la Comisión, al ser rechazada por una aplastante mayoría de países. Sólo 15 países apoyaron la enmienda, mientras 31, más del doble, la votaron en contra.

Con ese resultado, se asestó un duro golpe a Washington y a la mafia anexionista y terrorista de origen cubano de Miami, que al iniciarse la agresión unilateral de EE.UU. contra Iraq, clamó, en la única manifestación pública de apoyo a esa guerra ilegal en una ciudad del mundo: Iraq ahora, Cuba después.

La enmienda cubana condenando al bloqueo norteamericano como grave violación de los derechos humanos no fue apoyada -como consecuencia de la hipocresía y el doble rasero- por aquellos países que se suman en la Comisión a la maniobra dirigida a satanizar a la Revolución Cubana y carecen al propio tiempo del coraje y la vergüenza para hacer lo propio con la política que impone EE.UU al pueblo cubano en violación de sus más elementales derechos.

Sin embargo, varios gobiernos latinoamericanos, los gobiernos europeos y otros industrializados que apoyan la maniobra anticubana en la CDH, quedaron al desnudo ante el mundo en su doble moral, hipocresía y subordinación a los intereses de EE.UU.. Se dicen comprometidos con la defensa de los derechos humanos del pueblo cubano en los trabajos de la CDH y ni siquiera cuentan con el valor y el decoro de condenar allí la grave, flagrante, masiva y continuada violación de derechos humanos de ese pueblo que impone el bloqueo estadounidense. ¡No se puede engañar a todos, todo el tiempo!

Tras el rechazo de las enmiendas, fue votado el proyecto de resolución anticubano, con las siglas E/CN.4/L.2, resultando aprobado por un escaso margen de 4 votos de diferencia (24 a favor, 20 en contra y 9 abstenciones), a pesar de que EE.UU contó con 24 horas adicionales para que sus brutales presiones surtieran efecto.

La resolución anticubana (E/CN.4/RES/2003/13), aunque no cumplió todas sus expectativas, garantizó al Gobierno de los Estados Unidos la continuidad de su ejercicio anticubano en los trabajos de la Comisión, auxiliándose de los servicios de la llamada Representante Personal del Alto Comisionado.

Estados Unidos ha fracasado en sus esfuerzos por cambiar la imagen de su ejercicio anticubano en la Comisión de Derechos Humanos. La motivación ilegítima de esta maniobra y la magnitud de las presiones y chantajes que debe realizar directamente la superpotencia para su injusta imposición, no le permiten hacer creíble la desbilateralización del ejercicio.

No importa quién sea el presentador público de turno del proyecto anticubano. Todos saben que su factura y patrocinio verdadero esconde la etiqueta Made in USA.