Cubadebate

Vista aérea del canal de Suez. El tábano economista

La justificación regulatoria de la seguridad nacional se utiliza para encubrir transferencias masivas de riqueza pública hacia corporaciones privadas

(El Tábano Economista)

Los imperios casi nunca advierten el instante preciso en que empiezan a perder el control de sí mismos. La decadencia rara vez se anuncia con una derrota militar contundente o con una crisis económica definitiva. Surge de manera más discreta. Se revela cuando las élites dejan de pensar en términos de sistema y actúan únicamente en función de intereses particulares. Cuando la disputa por apropiarse de recursos sustituye la capacidad de administrarlos. Cuando quienes gobiernan dejan de ser custodios de un orden y pasan a competir dentro de él. Esa es, probablemente, la mutación más significativa que atraviesa hoy Estados Unidos.

Richard Lachmann, en su libro “Pasajeros de primera clase en un barco que se hunde”, ofreció una de las caracterizaciones más certeras de este proceso. Su tesis sostiene que las élites actuales ya no cumplen el papel histórico que en otros tiempos desempeñaron las clases dominantes exitosas. Aquellas élites que levantaron imperios solían asumir, al menos en parte, la tarea de administrar el sistema que aseguraba sus privilegios. Invertían en instituciones, infraestructura, estabilidad política y mecanismos de reproducción a largo plazo. Las élites contemporáneas, en cambio, se asemejan a pasajeros de primera clase que disfrutan de las comodidades del viaje sin preocuparse por el destino del barco.

La metáfora resulta especialmente pertinente para explicar la trayectoria reciente de Estados Unidos. El problema no radica en la existencia de una élite poderosa, sino en su creciente fragmentación. Wall Street, Silicon Valley, el complejo militar-industrial, las grandes corporaciones energéticas, los fondos de inversión, los conglomerados mediáticos, los contratistas tecnológicos y las burocracias federales no conforman un bloque unificado. Más bien constituyen un mosaico de grupos que compiten de manera constante por influencia, recursos fiscales, subsidios, contratos públicos y acceso privilegiado al aparato estatal.

La captura del Estado norteamericano dista mucho de la imagen simplista de un pequeño círculo conspirando en secreto. Se trata de un entramado mucho más sofisticado. Wall Street busca estabilidad macroeconómica, acceso a mercados emergentes y reglas claras; Silicon Valley exige subsidios masivos para investigación e inteligencia artificial, protección de patentes y estándares globales que respalden sus modelos de negocio; el complejo militar-industrial depende de contratos de defensa prolongados y de narrativas de amenaza que justifiquen presupuestos crecientes. Las élites tecnológicas ya no se conforman con influir en las políticas públicas: aspiran a redefinir el régimen de acumulación capitalista mediante el acceso directo a las decisiones gubernamentales y la privatización de activos estatales.

La teoría de C. Wright Mills sobre la “élite del poder”, formulada en 1956, describía la convergencia de intereses entre las cúpulas corporativas, políticas y militares en Estados Unidos. Aquella visión era acertada. Siete décadas más tarde, esa tríada se ha expandido y sofisticado, pero también se ha fracturado. Heather Gautney, en su actualización contemporánea de Mills, advierte que “la nueva élite del poder” funciona a través de la captura regulatoria, el financiamiento de campañas y la rotación de personal entre el sector público y privado, generando una autonomía estructural que limita la rendición de cuentas democrática. La élite persiste, pero ha perdido gran parte de su capacidad de coordinación. El dilema ya no es el exceso de cohesión, sino su ausencia.

Durante la era de la globalización neoliberal, el bloque financiero —representado por firmas como BlackRock, Vanguard y Goldman Sachs— ejercía hegemonía en la definición de la política exterior estadounidense. Su prioridad absoluta era la apertura de mercados, la libre circulación de capitales y el arbitraje laboral global. Las tensiones geopolíticas se trataban como externalidades que podían resolverse mediante diplomacia.

Hoy, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio y el Consejo de Seguridad Nacional han impuesto restricciones que impiden a los grandes fondos estadounidenses buscar rentabilidad en mercados estratégicos externos. La retirada parcial del capital financiero tradicional ha dejado un vacío ocupado por una facción de élite mucho más agresiva, que fusiona los intereses de Silicon Valley con los de las agencias de inteligencia y defensa. Empresas como Palantir Technologies, Anduril Industries y SpaceX ya no actúan únicamente como proveedores tecnológicos del Estado, sino como arquitectos directos de la doctrina militar imperial.

Este nuevo bloque impulsa una narrativa de emergencia existencial permanente. Al monopolizar el desarrollo de inteligencia artificial avanzada, el análisis algorítmico de datos masivos y la guerra con sistemas no tripulados, ha conseguido capturar los presupuestos nacionales de defensa. Un análisis publicado en The Financial Times muestra cómo los fondos de capital riesgo tradicionales han girado hacia el defense tech, creando un circuito cerrado de retroalimentación: los empresarios tecnológicos financian campañas políticas y comités de expertos en Washington, que luego dictan directrices que obligan a adquirir software de inteligencia artificial exclusivo de esas mismas compañías.

La privatización y fragmentación tecnológica choca de manera directa con el complejo militar-industrial tradicional (Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics). El resultado es una profunda incoherencia logística. La RAND Corporation ha advertido en repetidos informes que la base industrial de defensa estadounidense no está preparada para sostener guerras de alta intensidad prolongadas, debido a la excesiva concentración corporativa. Décadas de fusiones avaladas por el Estado, pensadas para favorecer dividendos, redujeron el número de contratistas principales y eliminaron redundancias productivas.

Aunque Estados Unidos gasta más en defensa que los diez países siguientes juntos, enfrenta una escasez crónica de munición convencional, sistemas antiaéreos y capacidad naval. Las élites corporativas del sector absorben fondos públicos para desarrollar plataformas de armas hipercomplejas y exorbitantes, diseñadas para maximizar beneficios trimestrales más que para garantizar eficacia operativa. El Estado imperial ha perdido autonomía política y se comporta como rehén financiero de sus propios oligopolios.

Lo relevante no es solo el poder acumulado por las empresas tecnológicas, sino que han comenzado a ocupar espacios que antes pertenecían al Estado. Controlan información, infraestructuras digitales, flujos de comunicación, inteligencia artificial y enormes volúmenes de datos. Su influencia sobre las políticas públicas crece al mismo ritmo que su peso económico.

Durante el segundo mandato de Donald Trump, esta tendencia alcanzó un nuevo nivel. La convergencia entre Silicon Valley, la inteligencia artificial y el complejo militar-industrial reconfiguró el mapa del poder estadounidense. No emergió una estrategia nacional coherente, sino una pugna feroz entre grupos empresariales por controlar los recursos públicos asociados a esa transformación.

La inteligencia artificial se convirtió en el equivalente contemporáneo de los ferrocarriles del siglo XIX o la industria aeronáutica del XX: un sector capaz de atraer capital público y privado en cantidades masivas. Programas federales de investigación, contratos de defensa, subsidios energéticos, centros de datos e infraestructura digital movilizan cientos de miles de millones de dólares. Informes de 2025 estiman que las inversiones en “infraestructura digital” oscilarán entre 15 y 20 billones de dólares en la próxima década. La disputa por esos recursos es, en esencia, una disputa por el control del Estado.

Cada actor justifica sus demandas en nombre de la seguridad nacional o la innovación, pero detrás se esconde una competencia por subsidios, contratos y privilegios regulatorios. El resultado es paradójico: cuanto más interviene el Estado para impulsar sectores estratégicos, más intensa se vuelve la lucha por capturarlo.

La cuestión no es si la inteligencia artificial transformará la economía —probablemente lo hará—, sino quién administrará esa transformación y bajo qué criterios. La evidencia sugiere que las decisiones responden menos a una planificación nacional coherente que a la capacidad de distintos grupos para influir en el aparato estatal.

Esto revela la diferencia entre una potencia administrada y una potencia capturada. En la primera, los subsidios forman parte de una estrategia; en la segunda, se convierten en botín de facciones rivales. Los contratistas prosperan, los accionistas prosperan, los lobbies prosperan, pero los problemas de sobrecostos, retrasos y duplicación de programas se multiplican. La lógica de maximización de beneficios privados se impone sobre la racionalidad administrativa.

El mismo patrón se observa en otros sectores: las farmacéuticas condicionan la regulación sanitaria, los gigantes financieros influyen en la política económica, las plataformas digitales moldean debates regulatorios y los grupos energéticos presionan por ventajas fiscales. Cada sector perfecciona sus mecanismos de influencia, pero ninguno asume responsabilidad por el funcionamiento general del sistema.

Aquí aparece el verdadero significado del “momento Suez” de las élites estadounidenses. No se trata de perder poder frente a otro actor, sino de perder la capacidad de gobernar el poder que aún poseen. La polarización política refleja esta fractura: demócratas y republicanos funcionan como vehículos de coaliciones económicas enfrentadas, y cada cambio de administración redistribuye recursos entre grupos rivales. La continuidad estratégica se desvanece y el Estado se convierte en un territorio en disputa.

El resultado es una decadencia peculiar: no un colapso abrupto, sino una erosión gradual de la capacidad de coordinar recursos, intereses e instituciones. Las élites siguen siendo extraordinariamente eficaces para generar riqueza privada, pero han debilitado su papel como clase dirigente. Una oligarquía puede enriquecerse sin sostener el sistema; una clase dirigente entiende que su supervivencia depende de reproducirlo.

La alianza entre Silicon Valley, la inteligencia artificial y el complejo militar-industrial no soluciona este problema. No constituye una nueva élite capaz de reorganizar el sistema, sino la incorporación de más actores a una competencia cada vez más intensa por subsidios y recursos estatales.

Las consecuencias de un imperio sin coherencia estratégica se extienden por todo el sistema-mundo. El riesgo no es un reemplazo ordenado de hegemonía, sino una fase prolongada de anarquía geopolítica y fragmentación institucional. Como señala la Texas National Security Review (TNSR), la inoperancia estadounidense erosiona sus alianzas: países que dependían del paraguas militar de Washington reconsideran su seguridad. En Europa, la volatilidad de la administración Trump acelera la división entre atlantistas y defensores de una “autonomía estratégica” proteccionista.

La hegemonía no se derrumba de inmediato: sobrevive gracias a la inercia acumulada. Pero pierde algo más crucial que el poder: la capacidad de darle dirección. Ese es el verdadero “momento Suez” de las élites estadounidenses. No el instante en que descubren que otro actor es más fuerte, sino el momento en que comprenden que ya no saben gobernar el poder que aún poseen.

(Con información de Rebelión.org)