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Tenemos derecho a ver a nuestros esposos presos

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El pasado 20 de junio del 2003, Olga Salanueva Arango y Adriana Pérez Oconor, esposas de René González Sehwerert y Gerardo Hernández Nordelo, respectivamente, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, presentaron a las autoridades norteamericanas sus solicitudes de visas para viajar a los Estados Unidos de América con el objetivo de visitar a sus esposos, presos injustamente en cárceles norteamericanas.

Más de cuatro meses después de solicitadas las visas, a pesar de numerosos reclamos de respuesta realizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, han informado oficialmente que las visas de ambas han sido denegadas nuevamente.

El Gobierno norteamericano, con esta nueva represalia, trata de doblegar el espíritu revolucionario de nuestros compañeros presos y de sus esposas, imponiéndoles un castigo adicional que carece de toda justificación.

Se les niega, una vez más, el derecho que les asiste de viajar a los Estados Unidos para visitar a sus esposos. En cada oportunidad que han solicitado autorización para entrar a territorio norteamericano, el Gobierno de ese país se las ha negado con lo que violenta no solo el Derecho Internacional, sino también la propia legislación norteamericana. Para justificar tal decisión, las autoridades norteamericanas acuden al ridículo argumento de que las compañeras constituyen una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos de América.

Esta decisión de las autoridades norteamericanas, viola sus obligaciones internacionales refrendadas en la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; los principios para la protección de todas las personas sometidas a privación de libertad; los principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, y las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, entre otros.

La conducta del Gobierno de los Estados Unidos de América, además de ser una clara transgresión a las normas internacionales universalmente reconocidas, constituye también una sistemática y flagrante violación de los derechos humanos de nuestros compañeros presos y de sus familiares.

Resulta evidente que esta decisión refleja el afán de las autoridades norteamericanas de castigar el ejemplo de heroísmo y patriotismo que representan nuestros Cinco Héroes Prisioneros del imperio y de complacer así a sus compinches en el Sur de la Florida.

Durante más de 40 años los gobiernos de Estados Unidos han organizado y alentado, o permitido, la realización de numerosas acciones terroristas contra Cuba, de la que también han sido víctimas ciudadanos de otros países, incluidos los estadounidenses. Estas acciones no han cesado y sus responsables actúan con total impunidad. Algunos de ellos se pasean por las calles de Miami y se expresan en los medios de comunicación incitando a la realización de tales hechos.

Es el Gobierno de Estados Unidos, que se proclama líder de la lucha contra el terrorismo internacional, el que encarcela a cinco compatriotas, precisamente, por haber penetrado los grupos terroristas que, con la protección de las autoridades, operan libremente contra Cuba desde territorio norteamericano, como consta explícitamente en documentos oficiales desclasificados por Washington y reiterado, además, en el acta acusatoria del juicio contra los patriotas cubanos; en los argumentos de la fiscalía, opuesta a considerar el tema del terrorismo en el proceso; en las declaraciones de testigos que reconocieron su participación en acciones de ese tipo; y en la sentencia del tribunal, donde por escrito se hizo constar la protección de la que disfrutan los terroristas que el Gobierno de Estados Unidos alienta y protege.

Es también ese Gobierno el que, a pesar de toda la información que se le ha brindado sobre estos grupos, no ha tomado medidas para frenar y cortar estas acciones.

Es ese mismo Gobierno el que rechaza las propuestas cubanas para suscribir acuerdos de cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la emigración ilegal.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba demanda de las autoridades estadounidenses que reconsideren esta arbitraria negativa y, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales y de las propias leyes norteamericanas, permitan que Olga Salanueva Arango, su pequeña hija Ivette y Adriana Pérez Oconor, puedan ejercer su inalienable derecho de visitar a sus esposos y padre injustamente presos en cárceles de los Estados Unidos.

(Texto de la nota del MINREX, publicado el 17 de noviembre del 2003)

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