Cubadebate

Reos del penal de Tuxpan, en Iguala, Guerrero. Foto Archivo.

En el estado de Guerrero, las autoridades municipales sólo atendieron una tercera parte de las situaciones de riesgo de tortura y maltratos que se dan en los centros de detención, concluyó el informe de seguimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT).

Esta instancia, dependiente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dio a conocer el informe sobre lugares de detención que dependen de diversos municipios de Guerrero, como resultado de las visitas realizadas.

A través de visitas de seguimiento se constató que aún persisten 114 situaciones que constituyen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato en 12 lugares de detención e internamiento que dependen de las áreas de seguridad pública de los municipios de Acapulco de Juárez, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Benítez, Huitzuco de los Figueroa, Mochitlán, San Marcos, Taxco de Alarcón, Tepecoacuilco de Trujano y Tixtla, a las que se añadieron 16 observaciones más al ampliar la supervisión en el área de detención a cargo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Iguala.

De las 150 situaciones originalmente observadas, 34 fueron atendidas y sólo dos cuentan con avances encaminados a su cumplimiento.

El informe detalla que entre “las situaciones que aún se requieren atender sobresalen: la falta de partida presupuestal para alimentación de las personas detenidas, la carencia de áreas exclusivas para mujeres, por lo que son alojadas en alguna celda disponible, la falta de reglamento interno, manual de procedimientos y libro de gobierno, instalaciones en malas condiciones de mantenimiento e inadecuadas condiciones de higiene, la falta de privacidad en la comunicación telefónica de las personas privadas de la libertad y la carencia de modificaciones o adaptaciones para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad física”.

Esta mañana el MNPT informó que estos nuevos datos se desprenden tras el informe inicial que se dio a conocer en 2016.

“Previo a las visitas de seguimiento personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura mantuvo comunicación con los enlaces designados con el objeto de registrar y evaluar las medidas y acciones manifestadas para atender las observaciones señaladas en el informe inicial”, detalló esa instancia.

El personal del Mecanismo efectuó recorridos con apoyo de personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, a fin de constatar el trato y las condiciones de las personas privadas de la libertad en las áreas de Seguridad Pública destinados a la aplicación de sanciones administrativas de arresto, bajo la competencia de los ayuntamientos antes señalados.

“Parte fundamental de las visitas fue la revisión de las condiciones de estancia y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales, considerando el trato humano y digno, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal”.

(Tomado de La Jornada)