El Caso de Carlos Alvarez y Elsa Prieto: De Miami y la ausencia del estado de derecho
Miami.- Cuente siempre con Miami para ofrecerle espectáculos, como el que vivimos actualmente, inimaginable en ninguna otra ciudad del mundo presente. Por obra y gracia de la fiscalía federal de este distrito, desde hace dos semanas, la ciudad vuelve a estar sometida a los temores infernales inherentes a la Santa Inquisición. Como en el caso de Los Cinco, desde un principio, sin pruebas ni juicio, deliberadamente pisoteando los derechos constitucionales de debido proceso, por virtud de las declaraciones de los fiscales federales, de la prensa y del sector ultra reaccionario, Carlos Álvarez y Elsa Prieto, ambos profesores universitarios de largo y sólido prestigio, son espías, culpables de tal delito a favor del gobierno cubano.
No importa que en el sumario formal de su causa no se mencione la palabra espía; no importa que la ley establezca que para cometer el delito de espionaje la persona tiene que haber obtenido información clasificada, y que el FBI y los fiscales federales reconozcan que los acusados (ya culpables) no tuvieron acceso a información clasificada, secretos o "información delicada", ni que la comunicaran a persona alguna; no importa que de lo que han sido acusados, según declaraciones de la propia fiscalía, es de enviar información pública sobre actividades de organizaciones terroristas, o asociadas a terroristas, operando en esta ciudad, y sobre actividades públicas que han ocurrido en esta ciudad a autoridades cubanas, no importa. Nada de esto importa al fiscal federal de distrito, Alexander Acosta, cuando declara a la prensa: "Siempre que espías transmitan algún tipo de información al gobierno de Cuba hay un peligro para Estados Unidos".
¿Si en el sumario formal de la causa no se les acusa, no se sustancia, el delito de espionaje en contra de los profesores Carlos Álvarez y Elsa Prieto, como entonces el fiscal Acosta determina y acusa a ambos de "espías"? ¿Quién entonces es un "espía" para el fiscal federal, cómo lo puede así determinar él cuando la ley no lo establece? No sólo las declaraciones del fiscal Acosta nos regresan al clima imperante en el medioevo, sino también nos regresan a aquellos hechos innombrables ocurridos en Salem cuando en vez de espía la palabra que condenaba a cualquier justo era el de bruja. Además, ¿qué quiere decir el fiscal federal cuando declara que cuando él considera que un "espía" transmita algún tipo de información a Cuba hay un peligro para Estados Unidos? ¿Es que el fiscal federal ignora o actúa como si no existieran los derechos constitucionales de libre expresión consagrados en la Primera Enmienda? ¿Es que entonces cuando el fiscal federal lo determine se aboliría también los derechos de la libertad prensa y la libertad académica porque el gobierno cubano pudiera aprovecharse de la información publicada en artículos de prensa y estudios de investigación académica?
Desde que ambos profesores fueran arrestados el pasado 6 de enero la presentación pública del caso por parte de la fiscalía federal y de la prensa no puede ser más embrollada. La fiscalía ha declarado que en junio y julio del 2005 ambos académicos admitieron "voluntariamente", en entrevistas por separado, con agentes del FBI, que durante años habían enviado información al gobierno cubano; específicamente el fiscal federal asistente, Brian Frazier, declaró, "Él (Álvarez) confesó que espiaba para Cuba, y ella (Prieto) les dijo (al FBI) que sentía más fidelidad hacia Cuba que hacia Estados Unidos". ¿Cómo pueden ser creíbles semejante declaraciones por parte de dos personas educadas, por parte de dos muy competentes profesores universitarios, aún cuando fueran culpables de eso o de mucho más? Todos, estoy seguro, pensamos lo mismo: ¿a quién se lo ocurre hacer semejantes declaraciones? ¿No nos recuerda las "confesiones" de los herejes relapsos en los procesos de la Inquisición? Más confuso se torna todo cuando los abogados de ambos mantienen que sus clientes afirman que jamás se declararon culpables de los delitos de que se les acusa. Además, si esto fuese así, si presentaban ambos tal peligro para la seguridad nacional ¿por qué entonces las autoridades competentes no los arrestaron entonces y, en vez, esperaron cinco meses para hacerlo?
No sólo por qué ahora en enero y no cinco meses antes, si no también, por qué estas acusaciones específicas en contra de ellos, que según la información disponible, parecen ser tan traídas por los pelos. Corren en nuestra ciudad versiones de muchas razones de por qué ahora.
Entre éstas la primera es que la fiscalía quiere limpiarse con la extrema derecha en Miami por las acusaciones, sí mayores, sí que ponen en peligro la seguridad de esta comunidad y el resto del país, contra los terroristas Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat. Algo así, por parte de la fiscalía, como aquello de una de cal y otra de arena. Otra razón posible pudiera ser cuánto tiene que ver en esto las ambiciones personales de un fiscal federal nombrado en funciones quien tendrá que presentarse a elección a fines de este año. También otra podría ser cuánto tiene que ver en esto, o será consecuencia de todo esto, el control de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y sus millonarios institutos y programas investigativos, en la cual se desempeñaban como profesores Álvarez y Prieto.
La ultra derecha ha reaccionado, como siempre, de manera inquisitorial. Su objetivo es destruir a todo aquel que se le opone. Aprovechándose de esta situación la ha arremetido histéricamente en contra de los viajes de intercambio académicos con Cuba, y en contra del sector moderado de la comunidad cubana emigrada que propugna el fin de la política de agresión en contra de Cuba, y la resolución de los conflictos existentes entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos a través del diálogo, del cual Álvarez y Prieto han sido parte por más de dos décadas. Bien por diseño, o bien como consecuencia de estas acusaciones, existe un peligro real que el sector moderado, intimidado y acosado por el carácter de las declaraciones de la fiscalía, temeroso de ser considerado --en una situación como ésta-- culpable por asociación, se retraiga de sus responsabilidades y deje efectivamente de participar. De lograrse este objetivo, éste sería un logro notable para los que favorecen la continua agresión en contra del pueblo cubano.
Por último está la clara coincidencia de la decisión de la fiscalía federal de arrestar a los dos profesores y precipitar esta situación de la manera planteada públicamente justo en un momento crucial en el proceso de apelación de Los Cinco en el que la misma fiscalía federal es parte. La fiscalía ha cometido muchos errores y abusos de poder en el proceso de Los Cinco; éste podría ser uno más. Su actuación pública en este caso reafirma la opinión de la defensa de Los Cinco y el fundamento de la decisión del Tribunal de Apelaciones el pasado agosto anulando el juicio y sus condenas: dada la actuación de la fiscalía federal, la prensa y el clima de adversidad general es imposible que en Miami se pueda celebrar un juicio imparcial sobre cuestiones relacionadas con Cuba como lo garantiza la VI Enmienda de la constitución.
*Andrés Gómez es director de Areítodigital


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