Cubadebate

La victoria del Movimiento al Socialismo en primera vuelta daría al pueblo boliviano la posibilidad de emprender el camino de la recuperación de la economía bajo la conducción de Luis Arce Catacora. Foto: As.com

En las próximas horas el pueblo boliviano decidirá en las urnas el destino del país. Los comicios tendrán lugar en un ambiente de creciente tensión e incertidumbre. Desafortunadamente, las probabilidades de la ocurrencia de un fraude por parte del gobierno de facto o un golpe de estado para arrebatar la victoria al Movimiento al Socialismo (MAS) son elevadas.

Existen demasiadas coincidencias y similitudes con el escenario del 20 de octubre del 2019. En aquella ocasión, el sitio web Behind the Back Door sacó a la luz una información detallada sobre el golpe que se gestaba. En los últimos días, el periódico de Reino Unido The morning Star advirtió sobre los planes de militares bolivianos para sabotear las elecciones. Esta información fue ampliada en el portal Kaosenlared.net, a partir de documentos filtrados que fueron proporcionados por la redacción de la Red de Comunicación Popular REDCOM. Así como en el 2019, se hizo pública una lista de nombres y acciones coordinadas, esta vez, para sumir al país en una situación de caos, violencia e inestabilidad y forzar la postergación de las elecciones.

Nuevamente se conoce que se preparan los grupos paramilitares La Resistencia Juvenil Cochala, La Resistencia KM Cero y la Unión Juvenil Cruceñista, convocados por los Comités Cívicos, para contrarrestar “los actos violentos de los partidarios del MAS”. Todo parece indicar que puede repetirse el guion del pasado año, cuando estos grupos quemaron instituciones, agredieron a las mujeres de pollera y desconocieron los resultados de las elecciones alegando la ocurrencia de un fraude monumental por parte de los masistas.

En esta ocasión, la violencia se ha anunciado desde el propio gabinete de facto. El ministro de Gobierno Arturo Murillo admitió que ha comprado armamentos “para defender la democracia al precio que sea”. De acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con este fin se emplearon 850 mil dólares en el 2019 y alrededor de 15 millones de dólares en el 2020. Tal y como sucedió en los días previos a los comicios anteriores cuando los Comités Cívicos de Santa Cruz y de la Paz anunciaron que no reconocerían los resultados de las elecciones, Murillo ha dicho públicamente que no le entregará el país al MAS.

La historia se repite también con la labor de los medios de comunicación y redes sociales que han mantenido su alineación con la derecha. Ahora, como en el pasado, con el apoyo de algunas empresas encuestadoras han alimentado la narrativa de la segunda vuelta, mostrando resultados que minimizan la intención de votos a favor del MAS. Notable trabajo en este sentido ha hecho la Empresa CIESMORI, cuyas encuestas siempre han otorgado al MAS alrededor de 10 puntos menos. En los últimos días, se ha conocido que esta empresa autorizada por el Tribunal Supremo Electoral para realizar encuestas tiene contrato sin licitación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un millón de dólares, de ahí que no debe asombrarnos que devuelva estos favores aupando a los candidatos de la derecha.

La totalidad de las encuestas realizadas en Bolivia durante el 2020 ha marcado como tendencia al MAS a la cabeza de la intención de voto. La derecha, que ha fracasado con sus disímiles estrategias para proscribirlo, se sabe perdedora y por eso anda desesperada y frustrada tratando de impedir esa victoria. Aun cuando no es posible determinar con exactitud cuál será su plan, numerosas señales nos llevan a pensar que un fraude para forzar la segunda vuelta puede estar entre las salidas que están preparando.

Es extremadamente sospechoso que Salvador Romero, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sea amigo personal de Carlos Mesa, además de haber sido designado por la autoproclamada Jeanine Añez. Como si estas razones fueran pocas, Romero tiene probados vínculos con el Departamento de Estado norteamericano y la Agencia Central para el Desarrollo Internacional (USAID).Cables de Wikileaks revelan además su estrecha relación con Philip Goldberg, el embajador expulsado de Bolivia en el 2008. Otro dato igual de alarmante es su participación en el golpe de estado contra el expresidente Manuel Zelaya en Honduras.

El peligro del fraude aumenta si tomamos en cuenta que el Sistema de Difusión de Resultados Preliminares (DIREPRE), nuevo método de conteo de votos que implementará el TSE, no incluirá las fotografías de las actas electorales. Esta condición impedirá que los ciudadanos y delegados de la prensa puedan corroborar los resultados de la mesa electoral que aparecerá reflejado en la base de datos. Con el nuevo sistema lo que se conocerá es el cómputo general del colegio y no de cada una de las actas.

Para completar este preocupante panorama, sólo nos queda añadir dos cuestiones:

• La primera, serán los policías y militares –los mismos que formaron parte del golpe al gobierno de Evo Morales y que han respaldado en estos 11 meses al gobierno de facto– quienes custodiarán y trasladarán las papeletas y las actas electorales.
• La segunda, la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo cuestionable informe de auditoría al proceso eleccionario del 2019 concluyó que hubo fraude, no sólo regresa como observadora, sino que lo hace con el mismo equipo.

Si el fraude no logra materializarse, es muy posible que la derecha opte por el golpe de estado. En ese caso, vale la pena recordar que no existe ningún decreto que exima de responsabilidad a los militares que reprimen a su pueblo. Por otra parte, a diferencia del pasado año, numerosas organizaciones internacionales han manifestado su preocupación ante la posibilidad de un desenlace violento, dadas las numerosas críticas de la comunidad internacional al gobierno de Jeanine Añez por la violación de derechos humanos y los métodos autoritarios.

En esta ocasión, los movimientos sociales han demostrado que han renovado su capacidad de movilización. Las acciones durante los primeros días del mes de agosto, con la instalación de los 150 puntos de bloqueo, hecho sin precedentes en la historia del país, dejaron claro su disposición de recuperar y defender el proceso.

Bajo estas condiciones, cabría preguntarnos: ¿Estarán dispuestas las Fuerzas Armadas y la Policía a masacrar al pueblo? ¿Se arriesgaría la derecha boliviana, asesorada por Estados Unidos, a instaurar abiertamente una dictadura militar sangrienta al estilo de décadas anteriores, que rompa con las reglas democráticas aceptadas mundialmente?

La victoria del Movimiento al Socialismo en primera vuelta daría al pueblo boliviano la posibilidad de emprender el camino de la recuperación de la economía bajo la conducción de Luis Arce Catacora. Si por el contrario, por cualquiera de las vías, Carlos Mesa resultara presidente, la ingobernabilidad está garantizada, pues de acuerdo con los resultados de las últimas encuestas el Movimiento al Socialismo ganaría en 6 de los 9 departamentos logrando de esta forma entre 18 y 20 senadores de un total de 36. Por otro lado, regresaría la inestabilidad social y económica con las protestas sociales y la aplicación de políticas neoliberales.

Lo que se decida en Bolivia en unas horas no sólo influirá en el destino de su pueblo y la recuperación de la Revolución Democrática Cultural, una victoria del MAS significará un importante impulso y aliento para los pueblos de la región, que mantienen la lucha por la justicia y la democracia.