Cubadebate

El 12 de enero Obama puso fin a la política de “pies secos, pies mojados”. Foto: Archivo.

El 12 de enero Estados Unidos puso fin a la política de “pies secos, pies mojados” y a la de parole para estimular a desertar a los médicos en misiones internacionalistas, ambas añadidas a la Ley de Ajuste Cubano. La política consistía en que los cubanos que llegaban a pisar tierra en ese país y así lo solicitaran, recibían permiso de trabajo, pensión alimenticia, seguro de salud y derecho de residencia al año y un día; luego tenían derecho a pedir la ciudadanía. Un formidable estímulo para emigrar.

En cambio, los cubanos interceptados por los guardacostas estadounidenses en el mar eran devueltos a Cuba. Esta política, puesta en vigor en 1995 por el presidente Clinton, fue concebida para subvertir el orden interno en Cuba y evidenciar, mediante una campaña mediática, cómo los isleños “escapaban” del socialismo. Un socialismo bloqueado y acosado en un país subdesarrollado, que había perdido a su aliado principal, pero de eso no se ocupaban los “medios”. En 1996 se recrudecía el bloqueo con la Ley Helms-Burton.

Debieron pasar dos décadas para que la potencia del norte se convenciera de que era más conveniente a sus fines desestabilizadores sustituir el fracasado método de la hostilidad abierta, que ha costado cerca de tres mil vidas   y grandes daños materiales a Cuba.

Ello llevó al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países el 17 de diciembre de 2014, y en noviembre de 2015, en el contexto del diálogo bilateral iniciado un año antes, a la presentación por Cuba de una propuesta de acuerdo migratorio. Esta, luego de varias rondas de intercambio, condujo a la Declaración Conjunta signada por los dos gobiernos hace una semana, como parte sustancial de la cual se pone fin a la mencionada política y se salvarán muchas vidas de cubanos.

Estados Unidos se veía en una situación muy difícil ya para justificar esta práctica, que convertía a los cubanos en las únicas personas en el mundo que no debían someterse a sus regulaciones migratorias mientras rechazaba y violaba los derechos más elementales de los migrantes ilegales de otras naciones. Varios gobiernos de América Latina habían insistido a Washington que le pusiera fin, debido no solo al trato notablemente discriminatorio que prodigaba a sus nacionales sino a la conflictiva situación para el alojamiento, la manutención y la atención médica del número creciente de cubanos que arribaban a sus fronteras, en países que a duras penas proveen de servicios sociales a sus propios ciudadanos. Al restablecerse las relaciones se corrió la voz en la isla de que la política de pies secos, pies mojados sería derogada, lo que impulsó a decenas de miles a no perder el “último tren”.

Y el rumor era muy lógico pues sostener esa política era incompatible con el mantenimiento de relaciones diplomáticas. Son muchas de esas personas las que han quedado varadas ahora en países centroamericanos y en México, lo que constituye un drama humanitario. Sin embargo, los medios hegemónicos dedican a esta situación un espacio desproporcionado con respecto al que reciben los millones de africanos, árabes, asiáticos, mexicanos, centroamericanos y haitianos en cuadros humanos casi siempre peores, que huyen como resultado de la falta de oportunidades y las guerras creadas en sus países por las potencias imperialistas, incluida la cuestionada y etnocida guerra contra el narco.

Pero falta mucho para llegar a la normalización de las relaciones cubanoestadunidenses. Baste decir que el mismo día en que se adoptaba la Declaración Conjunta Cuba/Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de este país imponía multas de 10 mil dólares a una ONG estadounidense que organiza viajes a Cuba por violar supuestamente las normas del bloqueo y de casi un millón de dólares a un banco de Canadá por presuntamente canalizar fondos a través del sistema financiero estadunidense a una compañía canadiense propiedad de una empresa cubana. Desde el restablecimiento de relaciones, Washington ha impuesto multas a once entidades estadunidenses y de otros países ascendentes a 2 mil 843 millones 623 mil 359 dólares por violar el régimen de sanciones a Cuba.

En síntesis, para poder hablar de normalización de relaciones Estados Unidos debe derogar la Ley de Ajuste Cubano, única en su género, mediante la cual otro gobierno de Washington podría crear discrecionalmente graves conflictos migratorios. Y debe derogar el bloqueo, los fondos para planes subversivos y devolver el territorio de la Base Naval de Guantánamo.