Cubadebate

Publicado en El Mundo, España, el 25 de mayo de 2004

Vea también: La vergüenza de las prisiones

«¿Por qué nos odian tanto?». Esa pregunta se hicieron muchísimos estadounidenses el 11-S. La mayoría de los españoles no necesitó preguntárselo, tras sufrir, el 11-M, el mayor ataque terrorista de su Historia. Sabían la respuesta. Para los millones de personas que se manifestaron en España a inicios de 2003 repudiando la guerra contra Irak, no cabía duda de que una acción ilegal de esa envergadura provocaría más muerte y más odio contra Occidente. Esa mayoría de españoles necesitó tres días para reflejar en las urnas la lectura que hizo de los atentados del 11-M.
En EEUU, sólo una minoría tuvo una actitud semejante. A pesar de que EEUU tenía como precedentes los atentados contra sus tropas en el Líbano en los 80, los registrados en Arabia Saudí en 1996, en las embajadas de Kenia y Tanzania en 1998 e incluso en el World Trade Center en 1993, la mayoría no sacó conclusiones sobre el riesgo que corría por culpa del papel jugado por su país en Oriente Próximo.
Su lectura fue la inversa. El presidente Bush logró que su popularidad se disparara hasta el 91% cuando anunció, invocando a Dios, que respondería a los ataques con una cruzada mundial contra los estados gamberros y contra todo lo que identificara como terrorismo. Salvo excepciones -entre las que no figuraba Kerry-, los demócratas respaldaron las justificaciones invocadas por Bush para promulgar la doctrina de la guerra preventiva, dotarse de un enorme presupuesto militar, atacar a Irak sin apoyo de la ONU, recortar las libertades civiles a través de la USA Patriot Act y mantener a cientos de prisioneros en Guantánamo, violando las Convenciones de Ginebra y los más elementales derechos humanos.
Desde el 11-S hasta ahora los estadounidenses han comprobado el oscurantismo que sigue rodeando esos atentados y el boicot de su Gobierno a la investigación de los hechos; supieron que las armas de destrucción masiva por las que se justificó la guerra, no existían; vieron los daños colaterales provocados en Afganistán e Irak, el trato degradante dado a los prisioneros de Guantánamo y cómo las empresas se repartían el botín a través de firmas como Halliburton, de la que el vicepresidente Cheney cobra dividendos.
Sin embargo, esta política antiterrorista sólo ha provocado un descenso en el apoyo popular a Bush (menos del 50%) en las últimas semanas. ¿La revelación de las fotos de torturas a los presos iraquíes logrará dar respuesta a la pregunta que se hacía la población de EEUU?
Tanto la Cruz Roja Internacional como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones humanitarias han denunciado estos casos, como lo han hecho con las violaciones a los derechos humanos que sufren los presos en Afganistán o Guantánamo. Pero su denuncia sólo ha conmocionado a la ciudadanía cuando se ha visto corroborada por unas fotografías filtradas a los medios de comunicación.
Joe Loya recordaba días atrás en Pacific News Service que los souvenirs que han captado con sus cámaras muchos soldados enviados a Irak no sonmás que la versión moderna de las postales de linchamientos de negros que a fines del siglo XIX enviaban los norteamericanos por correo a sus familias con leyendas del tipo: «Mira qué hemos hecho en la tarde del domingo. Aquí tenemos las cosas bajo control». Muchos soldados se fotografiaban también durante la guerra de Vietnam pisando cadáveres de vietnamitas o luciendo sus orejas cortadas.
Pero, ¿qué piensan los ciudadanos de EEUU sobre la tortura? Poco después del 11-S, una encuesta de la CNN mostraba que el 45% de los entrevistados no veía mal su uso si «ese método» permitía conseguir con más facilidad información sobre personas o grupos terroristas.
En un artículo publicado en The Wall Street Journal en noviembre de 2001, dos meses después del 11-S, el historiador Jay Winik se mostraba partidario de un uso «limitado» de la tortura contra los prisioneros enemigos. Para justificar su postura, sostuvo que, gracias a los tormentos a los que fue sometido un detenido en Filipinas en 1995, se pudo saber que Al Qaeda proyectaba estrellar 11 aviones estadounidenses sobre el Pacífico y uno contra el cuartel general de la CIA, en Langley, Virginia.
En diciembre de 2001, The Observer recogía también declaraciones de un profesor de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, en las que éste justificaba la tortura «en un limitado número de casos», especialmente en aquellos en los que «la urgencia de la información a obtener del detenido sea fundamental».
A pesar de que oficialmente no se abrió un debate sobre la tortura en el Congreso de EEUU, varios congresistas se manifestaron abiertamente a favor de ésta, poniendo como ejemplo a «países democráticos como Israel» que autorizan legalmente una «presión física moderada » contra los detenidos, el eufemismo utilizado para la tortura que se aplica sistemáticamente a los palestinos detenidos.
Ante la cantidad de defensores de la tortura que aparecieron tras el 11- S, el escritor y periodista británico Anthony Sampson escribió en EL MUNDO, de España, el 12 de noviembre de 2001: «Tendremos que asegurarnos de que, en nuestra guerra contra enemigos brutales, no nos brutalicemos nosotros también». Sampson recomendaba que, además de «ejercer una mayor vigilancia sobre terroristas potenciales», se debía «permanecer vigilantes para defender esos derechos humanos sobre los que descansa nuestra civilización».
Al tener que enfrentarse a un enemigo atípico como Al Qaeda, en las agencias de seguridad de EEUU y muy especialmente en la CIA, comenzaron ya en 2001 las críticas contra las limitaciones a la hora de reclutar a individuos implicados en asesinatos y otras violaciones de los derechos humanos.
El propio vicepresidente Cheney dio su opinión sobre el tema, en una entrevista a la NBC: «Si sólo trabajamos con agentes buenos no vamos a saber nunca qué están haciendo los malos. Este es un negocio sucio, peligroso, perverso; tenemos quemovernos en ese escenario». Y añadió: «Vamos a volver a analizar de qué manera trabajamos y con qué gente, pero puede que nos haga falta meter en nómina, en el lado oscuro, a algunos individuos muy indeseables».
Fue el presidente Ford quien eliminó la licencia para matar que gozaban los agentes de la CIA tras los escándalos de asesinatos en el extranjero en los que se vieron involucrados. En los días en que Cheney hacía esas declaraciones, una encuesta de la CBS y The New York Times revelaba que casi un 65% de los entrevistados estaba de acuerdo con que los agentes secretos tuvieran carta blanca contra quienes promovieran o realizaran actos terroristas.
A pesar de que oficialmente los agentes de la CIA no recuperaron su licencia para matar y que la agencia no admite a extranjeros, es un secreto a voces que existe una lista B secreta de agentes que permite obviar esas condiciones. Además, algunas de las tareas más arriesgadas y los trabajos sucios pasaron a ejecutarlos mercenarios reclutados por agencias de seguridad privadas que funcionan con el genérico nombre de private military contractors. Pueden ser empresas que se ocupan del emplazamiento de campamentos, mantenimiento de letrinas y alimentación, como la Brown & Root -subsidiaria de Halliburton -, o compañías del tipo Blackwater Security Consulting -con un volumen de negocios de 100.000 millones de dólares anuales - que proporcionan mercenarios de la más variada calaña.
A partir de las revelaciones de las torturas en Abu Ghraib se pudo saber, por ejemplo, que al menos 37 de esos mercenarios participaban en los interrogatorios. Estas empresas de seguridad blindan a sus empleados civiles a través de acuerdos con EEUU, que les otorga inmunidad ante la Justicia iraquí, acogiéndose al estatus de fuerzas ocupantes, a las regulaciones de 1907 de La Haya y a la Convención de Ginebra de 1949.
Con la idea de Cheney de privatizar la guerra, el Pentágono aprovecha las grietas en las normas internacionales para amparar a los mercenarios y a las empresas que los reclutan tanto para guerras oficiales como para operaciones encubiertas. De ahí que el Pentágono usó el calificativo de «contratistas» para referirse a los norteamericanos linchados en Faluya y al italiano degollado, cuando eran mercenarios de la Blackwater.
El propio hombre fuerte de EEUU en Irak, Paul Bremer, confía su seguridad a esta empresa y tanto la Blackwater, como la Dyn- Corp, la MPRI o la O'Gara Protective Services entrenan tanto a unidades militares estadounidenses, como a las fuerzas armadas de países aliados y hasta realizan manuales de inteligencia con macabras instrucciones sobre los interrogatorios.

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