Cubadebate

Imagen: RT Español

Mientras el foco de atención se desvía hacia el conflicto con Irán, Washington mantiene activa su campaña de bombardeos contra supuestas “narcolanchas”en las costas de países latinoamericanos.

Desde septiembre de 2025, Estados Unidos ha desplegado una campaña militar sostenida en aguas del Caribe y del Pacífico que ha dejado un saldo creciente de muertos en ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar droga.

Lo que Washington presenta como un nuevo capítulo de su “guerra contra el narcotráfico” —y que empezó siendo, de facto, una de las vertientes más agresivas de presión contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela— ha sido calificado por expertos de Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos y varios juristas como una cadena de ejecuciones extrajudiciales.

La última de esas operaciones terminó el pasado domingo con tres nuevas víctimas mortales. Los funcionarios estadounidenses, basándose en “información de inteligencia”, aseguran que eran "narcoterroristas" que transitaban por “rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe" y participaban "en operaciones de narcotráfico”.

Sin embargo, esta última operación apenas ha trascendido en los medios, al menos en comparación con la cobertura y análisis que recibieron los primeros ataques a supuestas 'narcolanchas' en el marco de la llamada 'Operación lanza del Sur'.

La frecuencia sostenida de estos ataques ha generado cierta 'normalización' en la percepción pública. Además, el recrudecimiento de la violencia contra Irán y el Líbano, así como las consecuencias globales del conflicto en Asia occidental, han desplazado el foco de atención. Esta agresiva campaña perpetrada por Washington al margen de la legalidad internacional —que ya ha dejado al menos 180 muertos— queda así en penumbra y, por el momento, no muestra signos de detenerse.

Para el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, Ben Saul, ni siquiera hay mucho espacio para la controversia: estos ataques constituyen "ejecuciones extrajudiciales en serie" que violan gravemente el derecho a la vida. En la misma línea se pronunció el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien señaló que los bombardeos carecen de justificación en el derecho internacional.

El núcleo de estas críticas es que la lucha contra el narcotráfico es una cuestión de aplicación de la ley, no un conflicto armado. Por tanto, está regida por el derecho internacional, que limita estrictamente el uso de la fuerza letal a situaciones de amenaza inminente. Nada en la información disponible indica que las embarcaciones atacadas cumplieran ese criterio.

Ese incumplimiento no es ni mucho menos el único defecto jurídico de los ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas. El jurista y politólogo Jorge Vicente Paladines explica a RT que “no hay ningún debido proceso, no hay ninguna persona tripulante de las denominadas 'narcolanchas' que haya sido detenida para ser juzgada en tribunales penales o militares”.

Para contextualizar, Paladines cita algunos territorios como China, Irán e incluso algunos estados de EE.UU. donde es posible ser condenado a muerte por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Pero "incluso en esas jurisdicciones, con el grado de controversia que haya, y con todo lo discutibles que sean, esas condenas ocurren en el marco de un debido proceso jurídico".

Paladines considera que lo que hace el Gobierno de EE.UU. mediante estos bombardeos es la aplicación de una "pena de muerte sin juicio previo". Pero la aberración jurídica va más allá: “No hay una captura de evidencias para hacer un análisis que permita comprobar qué sustancias llevaban”, denuncia el jurista.

A los tripulantes de las embarcaciones atacadas“se les imputa de antemano un delito sin haberse demostrado su culpabilidad” y "se supone sin pruebas que el destino era EE.UU. cuando las embarcaciones se encuentran a miles de kilómetros de sus costas”, añadió.

(Con información de RT)