Cubadebate

Luego de que el Gobierno de Ecuador y dirigentes indígenas de la provincia de Imbabura anunciaran acuerdos para detener las protestas contra el fin del subsidio al diésel, muchos se preguntan hoy si las manifestaciones acabaron.

Tras 24 días de movilizaciones en diversos puntos del país, fundamentalmente en la mencionada provincia de la sierra norte ecuatoriana, líderes locales imbabureños y representantes del Ejecutivo conversaron este miércoles durante más de cinco horas.

Los enviados de los movimientos indígenas entregaron sus pedidos al Gobierno, entre ellos mantener mesas de trabajo -que comenzarían el próximo lunes-, congelar el precio del diésel, investigar la muerte de manifestantes y trasladar a los detenidos, entre otras demandas.

Además, el sector indígena solicitó atención médica para los heridos, el retiro de militares y policías de las comunidades y disculpas públicas por el trato recibido, especialmente por el uso de la palabra “terroristas”.

La administración de Daniel Noboa celebró el fin de la paralización en Imbabura, tras el diálogo con representantes de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac) y de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (FICI).

Sin embargo, un grupo de manifestantes expresaron su desacuerdo con lo pactado.

“Seguimos en paro”, gritó en la noche de este miércoles un grupo de ciudadanos en los exteriores de la sede del municipio de Otavalo, uno de los cantones donde se sintieron con más fuerza las protestas.

En la reunión no participaron representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), movimiento nacional que convocó al paro hace casi un mes en rechazo al alza del diésel y otras medidas del presidente Daniel Noboa.

Esa organización, la más grande del país, liderada por Marlon Vargas, no se ha pronunciado sobre las conversaciones de Imbabura y en su más reciente pronunciamiento aseguraron que siguen en resistencia.

Las protestas, iniciadas el pasado 22 de septiembre, han dejado hasta el momento tres personas fallecidas, más de un centenar de heridos entre manifestantes y fuerza pública, cientos de detenidos y denuncias de vulneraciones de derechos.

La administración de Noboa defiende el fin de la subvención al diésel, con el argumento que es una medida necesaria para contrarrestar el contrabando de combustible hacia zonas fronterizas de Colombia y Perú, y asegura que los recursos se destinarán directamente a grupos necesitados.

(Tomado de Prensa Latina)