Cubadebate

El cemento gris a granel fue el ideal para los fines lucrativos de los implicados. Foto: Escambray.

José Luis Oliva Naranjo había ingresado al Patio de Materiales de la Construcción de Trinidad el 13 de junio del 2001, donde se desempeñaba como dependiente integral.

En el 2012, Julio César Gutiérrez asumió como administrador del referido establecimiento y, dos años después, de mutuo acuerdo ambos decidieron utilizar las facultades que poseían en aras de aumentar sus peculios personales, en detrimento del caudal público.

El cemento gris a granel les pareció ideal, dado lo complicado que resulta para la empresa ejercer el conteo físico de dicho producto durante las acciones de control interno, cuyo inventario es muy variable al estar sometido a entradas y salidas constantes.

De ese recurso, “se despacharon” desde septiembre del 2014 hasta el 30 de junio del 2015, cuando los comprobadores económicos de la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía de Trinidad, a la cual se subordina el referido establecimiento comercial, llevaron a cabo una auditoría interna y detectaron que, de acuerdo con los vales de venta y las facturas de entrada de cemento, debían quedar en existencia en el almacén 53 526 bolsas del producto; sin embargo, el espacio destinado a ese material estaba completamente vacío.

En consecuencia, al precisar los datos, existía un faltante equivalente a 4 millones 777 mil 249 pesos en moneda nacional, por lo que la dirección de la entidad procedió a establecer denuncia en la Unidad Municipal de la Policía Nacional Revolucionaria, que conformó el expediente de fase preparatoria 139 del 2016. Hasta el momento de ser procesados penalmente, a los autores de la causa 81/2016 sometida a vista pública por la sala primera penal del Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus, no les obraban antecedentes penales.

No obstante, por la millonaria malversación cometida, los acusados Julio César Gutiérrez Zayas y José Luis Oliva Naranjo fueron sentenciados a 14 años de privación de libertad, con las sanciones accesorias de privación de derechos al sufragio activo y pasivo y a ocupar cargos de dirección, por igual término al de la sanción principal. Además, el Tribunal estableció y declaró la responsabilidad civil que los obliga a reparar los daños ocasionados a la Empresa de Comercio y Gastronomía de Trinidad.

El Tribunal Supremo Popular, que acogió los recursos de casación interpuestos por los dos acusados, denegó la pretensión de variar la calificación de los hechos, que dio por probados, y ratificó la sentencia impuesta en primera instancia.

(Tomado de Escambray)