Cubadebate

Aunque en la Casa Blanca todavía celebran la aprobación de la Reforma Sanitaria y los indicadores económicos de Estados Unidos empiezan a dar buenas noticias, aún queda pendiente un desafío que relaciona dólares y salud: el déficit que muchos hospitales públicos del país arrastran y que amenaza con dejar sin tratamiento médico a personas sin recursos e indocumentadas que siguen sin seguro médico. "Todos los hospitales se han visto afectados de una manera u otra" por la crisis, asegura Linda S. Quick, presidenta de la Asociación de Hospitales del Sur de Florida. "Hay muchos centros en este país en Atlanta, Nueva Orleans o en Los Ángeles, donde sus pacientes no pueden pagar por los tratamientos", añade, y a veces son los propios hospitales, no sólo son los enfermos, los que no pueden permitirse algunos cuidados médicos. Es el caso del Sistema Jackson de Hospitales Públicos del condado de Miami Dade, una de las áreas con mayor concentración de población inmigrante de todo el país.

Con un agujero proyectado en sus cuentas para 2010 de US$230 millones, esta red de atención que sirve de salvavidas para enfermos pobres dejó de pagar por el tratamiento de diálisis a los pacientes de la comunidad, algunos de ellos indocumentados. "Nuestra misión como hospital público del condado es tratar a toda persona que viene a nuestro cuarto de emergencias sin preguntar si tienen capacidad de pagar o no", explica Eneida Roldán, directora ejecutiva del Jackson. Pero "las necesidades en nuestra comunidad son muchas y los fondos son pocos", asegura, por lo que no descarta renunciar a dar otros servicios para poder seguir a flote. Según dice, financiar el tratamiento de diálisis en clínicas externas a estos 175 pacientes le cuesta al Jackson US$4,4 millones al año, algo que ya no se pueden permitir.
Una veintena de estas personas, cuya enfermedad renal crónica requiere que reciban tratamiento de por vida, "son indocumentados, han venido de otros países a Miami y no tienen los papeles para poder tener ayudas estatales o federales", según las autoridades del hospital.

Tampoco tienen los US$30.000 o US$40.000 al año que, según los especialistas, puede costar medio tratamiento suponiendo que no haya complicaciones. En Miami han tenido que recurrir "en algunos casos" a una medida tomada también en hospitales de otras partes de EE.UU.: pagar el billete de vuelta a su país a inmigrantes enfermos sin recursos. El centro público Grady, de Atlanta (Georgia), dejó de costear los servicios de diálisis a finales del año pasado y se encontró con que muchos de sus pacientes vivían sin documentos en EE.UU. y no podían beneficiarse de ningún programa de ayuda estatal o federal. El hospital ayudó a diez de ellos a regresar a sus países de origen para continuar allí su tratamiento.

"Si vienen de un país en el que se les puede dar el tratamiento no pasa nada" porque se les envíe de regreso a casa, dice Raúl De Velasco, veterano nefrólogo y especialista en ética médica en varias instituciones de Florida. "El problema es si vienen de un país pobre, donde la familia vive en una villa o en las montañas, sin acceso a nada... saben que si se van allí van a morir. Es una situación trágica", advierte. El doctor De Velasco teme que, por culpa de las dificultades económicas que sufren algunas instituciones médicas, el recorte de tratamiento a los más necesitados, sobre todo a inmigrantes indocumentados, se pueda convertir en una tendencia nacional.
"No está claro cómo afectará al Jackson la reforma del sistema de salud, ya que las reformas tardarán años en tener efectos", dicen los representantes del hospital.

De momento, los centros acuciados por el déficit sí ofrecen diálisis de emergencia para los pacientes sin seguro que están en condiciones extremas y acuden a Urgencias, algo que, según De Velasco es más caro que pagar por un tratamiento regular en clínicas privadas. Y más peligroso. "Si se hace esperar que el paciente esté enfermo para que cumpla los requisitos de aceptarse en el departamento de emergencias y hacerse diálisis, eso va a causar en realidad daños al paciente, ya que éste nunca sabe cuándo puede morir, pues puede no darse cuenta a tiempo de algunos de sus problemas de salud", dice. Es por esto que hospitales públicos como el de Miami han negociado con centros privados o incluso con las autoridades estatales para que sean ellos quienes asuman los costos de tratar a los enfermos en clínicas privadas.

"Una de las cosas que hemos descubierto es que algunos de los pacientes ya podían beneficiarse de ayudas del estado de Florida o por fondos del programa de emergencias de Medicaid (programa del gobierno para las personas de bajos ingresos) sólo para inmigrantes indocumentados", explica Linda Quick, de la Asociación de Hospitales. Sin embargo, uno de los desafíos será conseguir que todos ellos se presten a iniciar el proceso burocrático para solicitar dichos fondos, añade Quick: "Muchos de ellos se niegan a rellenar la documentación para pedir estas ayudas por miedo a que les pudieran mandar de vuelta a su país". Y aun en caso de que los pacientes accedieran a colaborar con los trámites, las ayudas del estado apenas les llegarían por 12 meses, reconocen las autoridades del Jackson. Una solución a corto plazo, según los especialistas, para quienes tienen que cargar toda una vida con la enfermedad.

Con información de VTV