Cubadebate

La participación de todos los trabajadores en la toma de decisiones, el pago por resultados y la búsqueda de competitividad e innovación solo pueden transformar realmente a las empresas estatales cubanas si se articulan como un sistema coherente y no como medidas aisladas: la participación debe superar la consulta formal y convertirse en capacidad efectiva para discutir planes, organización del trabajo, inversiones, distribución de utilidades y elección o evaluación de los directivos, con información financiera comprensible, mecanismos de rendición de cuentas y protección frente a represalias, pues sin transparencia la democracia empresarial se reduce a una apariencia; el pago por resultados, por su parte, debe vincularse a indicadores verificables de productividad, calidad, ahorro, cumplimiento contractual, satisfacción de los usuarios, exportaciones, sustitución de importaciones e innovación, pero evitando premiar únicamente el volumen producido, porque eso puede estimular el deterioro de la calidad, el incumplimiento de normas, la sobreexplotación laboral o la manipulación de cifras, y debe combinar remuneración individual, reconocimiento de equipos y una distribución justa de las utilidades, de modo que el trabajador perciba una relación clara entre su aporte, el desempeño colectivo y sus ingresos; la competitividad tampoco puede entenderse solo como reducción de costos o rivalidad entre entidades, sino como capacidad sostenida para ofrecer bienes y servicios oportunos, confiables y tecnológicamente actualizados, lo que exige autonomía para comprar, vender, contratar, fijar estrategias, retener talento y reinvertir parte de los excedentes, dentro de reglas comunes y una verdadera igualdad de condiciones frente a empresas privadas, mixtas y extranjeras; en ese marco, la innovación requiere financiamiento, conexión con universidades y centros científicos, tolerancia al riesgo razonable, protección de la propiedad intelectual y procedimientos que permitan experimentar sin que cada error se convierta automáticamente en una sanción, aunque también con controles para impedir la corrupción, el amiguismo y el uso ineficiente de recursos públicos; el desafío central consiste, por tanto, en pasar de una empresa estatal subordinada administrativamente a una empresa pública responsable ante sus trabajadores, sus consumidores y el Estado, capaz de tomar decisiones descentralizadas y competir por eficiencia, pero obligada a cumplir objetivos sociales estratégicos, porque sin autonomía no habrá innovación, sin incentivos no habrá productividad y sin participación auténtica la reforma podrá cambiar las normas sin modificar la cultura de gestión.