Cubadebate

Cuando hace dos años atrás un grupo de profesores y especialistas de las Ciencias Jurídicas dieron cuerpo a la idea de acercar el Derecho a la sociedad, uno de los principales retos fue, sin perder el tecnicismo, llegar a los diferentes públicos y evitar concentrar sus contenidos únicamente en los conocedores de la rama. Se trata de una columna enfocada en la socialización del conocimiento jurídico fuera de los espacios académicos y especializados, como ejercicio permanente en pos de acercar este fenómeno y sus conceptos a todas las personas.

Por lo general, los textos sobre Derecho son leídos y consultados sólo por estudiantes de la carrera y juristas, por lo que el reto se ha centrado en emplear un lenguaje asequible, en la mayor medida posible, que permitiera al lector lego en estos temas, comprender, exponer sus dudas y generar la permanente retroalimentación con los colaboradores de la columna, impulsando la publicación de nuevos artículos sobre temas jurídicos imprescindibles derivados de la agenda legislativa del país y los procesos que en este ámbito se han venido desarrollando.

¿Qué porcentaje de la población tiene acceso al conocimiento de las leyes que nos rigen? ¿Cómo funciona nuestro sistema legal? ¿Qué papel juegan los ciudadanos en el cumplimiento y correcta aplicación de las normas vigentes? Interrogantes como estas se han respondido en todo este tiempo de profusa producción didáctica (y por qué no, también científica), donde Cubadebate se convirtió en el medio idóneo para cumplir con la responsabilidad dada, sirviendo de puente entre la ciudadanía y la comprensión de un renovado ordenamiento jurídico que entraña nuevos desafíos para todos, ciudadanos, juristas e instituciones.

“Pensar el Derecho”, como su nombre lo indica, no persigue convertir a sus lectores en simples receptores pasivos, sino que a través de lo que la ciencias de la información denomina comunicación dialógica, donde el receptor también se convierte en emisor, pudiese opinar y generar sana confrontación con quienes aquí han dedicado parte de sus conocimientos y tiempo para, desde la academia y la práctica del Derecho, contribuir a la cultura jurídica de la población, imperativo también del Estado de Derecho y Justicia Social que proclama nuestra Constitución en su artículo 1.

En los últimos años el esfuerzo de muchos profesionales de esta ciencia, como bien se afirmaba hace dos años y con total vigencia, se ha concentrado en dotar a nuestro país de un ordenamiento jurídico cada vez más robusto y coherente con la Constitución y las necesidades populares.

Pero tener muchas y buenas leyes no es suficiente, resulta necesario promover su conocimiento en la sociedad, por todas las vías posibles y también a partir de espacios como este, lo que influirá en la eficacia y eficiencia de las normas. El acompañamiento de importantes procesos legislativos a partir de la explicación de instituciones jurídicas y sus fundamentos, se convierte en generador de consensos a su alrededor, lo que constituye un indicador democrático que luego se refleja en la realización de las normas de modo más espontaneo.   Mientras más sectores y personas se acerquen al Derecho, lo reconozcan en su cotidianidad y participen en su creación, será más fácil hacerlo valer. Es tan útil el Derecho, tan ineludible, tan cotidiano, que no se puede convivir sin comprender al menos básicamente, sus fines y articulaciones internas.

El Derecho está presente en nuestro día a día, en nuestras actividades cotidianas. Resulta omnipresente en la vida social, afectándonos profundamente, determinando en gran medida nuestras vidas desde las circunstancias del nacimiento hasta las de la muerte. Los seres humanos por naturaleza, de forma instintiva, estamos impulsados a vivir en comunidad y solo así llegamos a alcanzar el pleno desarrollo.

Por ello, la convivencia, incluso la más básica, necesita de una ordenación adecuada de las relaciones entre las personas. En este contexto resalta el importante papel del Derecho y la unión inseparable con los conceptos justicia y sociedad. La justicia se expresa a través del Derecho y este es el medio que hacela posible.

 ¿En qué contexto nace la columna?

Las Leyes y normas que rigen a una colectividad no son absolutas, sino que se adaptan a las necesidades de los individuos y organizaciones que componen la sociedad, por lo que, si esta cambia, su sistema jurídico también deberá evolucionar.

Con la Promulgación y entrada en vigor de una nueva Carta Magna en el año 2019, se ha venido desarrollando un Cronograma Legislativo previsto para Cuba hasta el segundo período del 2027. Esto ha permitido la creación o actualización de un número importante de disposiciones normativas, el más grande de los procesos de este tipo que hemos vivido desde el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959. Sin embargo, no era suficiente ni lo será nunca con haber dotado al país de una de las Constituciones más avanzadas, si no se trabajaba cuanto antes en las leyes de desarrollo, las que le servirían de garantía para el respeto, cumplimiento y disfrute de los derechos enunciados constitucionalmente.

Para alcanzar este fin, la preparación y participación de la ciudadanía es clave y prioritaria pues no podemos olvidar que un sistema legal difícilmente será considerado democrático si sus procedimientos y operaciones se contraponen en alto grado con los valores, preferencias o deseos de los ciudadanos. De ahí que todas las sociedades tienen la necesidad de crear y mantener un clima de legitimidad en el ámbito legal, a lo que Cuba no escapa.

No obstante, este proceso se vio interrumpido y sometido a varios ajustes debido a los azotes de la Pandemia COVID – 19 al país. Es en este contexto y en medio de uno de los principales rebrotes, que nace “Pensar el Derecho”. Ante este escenario, donde fueron surgiendo nuevas dudas en la población, marcado por el aislamiento social y las medidas extremas de seguridad en el ámbito de la salud, comenzó a dar sus primeros pasos lo que ya hoy podemos catalogar como una columna sólida que dialoga sobre los retos del Derecho en nuestra sociedad.

Cultura Jurídica para todos en un Estado de Derecho y Justicia Social. ¿Hemos contribuido a ello?

La cultura jurídica y dentro de ella la cultura de la legalidad, desempeñan un papel fundamental dentro de las relaciones sociales. Es posible que desde que se mencionan estos conceptos se interpreten como complejos. Precisamente ese es uno de los mayores problemas en la difusión de información respecto a las normas y funcionamiento de nuestro sistema legal, pues se asume que la población interpretará de la misma forma de quien emite o difunde, de ahí que la cultura jurídica siga siendo hoy objeto de grandes desafíos, sobre todo a partir de una realidad cambiante y una sociedad en rápida evolución. A ello se suma que puede entenderse también como esa continua formación del individuo que pasa por la conocida Educación Cívica hasta cada una de las cuestiones de la vida en sociedad aportándole a su comportamiento, pero que en ocasiones se ve limitada ante la opinión de muchos de que el Derecho es sólo cuestión de “abogados”.

Resulta necesario insistir, como lo hemos hecho a través de Pensar el Derecho, en las acciones para promover la cultura de la legalidad cuyo propósito sea que el ciudadano conozca el ordenamiento que rige en nuestra sociedad, que sepa cómo funcionan las instituciones y la manera en que pueden acudir a ellas, que entienda el sistema legal que le da acceso a la protección y exigibilidad de sus derechos y, aún más importante, que tenga la certeza de que existen los medios por los cuales se puede acceder a la justicia cuando esta haya sido violentada. Para ello sigue siendo imprescindible romper con el viejo nudo conceptual que enmarca al Derecho como un instrumento únicamente con el fin de castigar, reprimir (entiéndase esto en su sentido técnico y no de forma restrictiva), limitar o restringir la actuación de las personas.

Al Derecho se le reconocen múltiples funciones que van desde su concepción como instrumento de legitimación de poder, hasta aquellas finalidades que se identifican como conformadoras de un orden social equilibrado. De ahí que hemos defendido que las normas jurídicas también poseen una naturaleza educativa, al estar encaminadas a modelar una personalidad ciudadana o humana en su más alta dimensión ética. En su función de orientación de conductas, dota a los ciudadanos de las herramientas que les permiten prever las consecuencias de sus actos.

En este segundo aniversario de Pensar el Derecho

No es alquimia el proceso de robustecer la cultura jurídica de nuestros ciudadanos, se trata por el contrario de un proceso lento y de gran complejidad que requiere la concurrencia de múltiples situaciones objetivas y subjetivas, tendientes todas ellas a inculcar en el ciudadano el criterio y la visión jurídica de las cosas. Sin embargo, no es tarea imposible cuando se cuentan con las herramientas y el concurso de un grupo de académicos y operadores que nos siguen convidando cada lunes a Pensar el Derecho.