Cubadebate

Según cálculos de la Dirección de Transporte en Sancti Spíritus, hoy el sector privado mueve a más del 50% de los pasajeros de la provincia. Foto: Vicente Brito/ Escambray.

¡Sancti Spíritus! ¡Sancti Spíritus! A medida que el pregón aquel va subiendo de tono se alarga la fila variopinta de carros: almendrones, máquinas, microbuses… En la piquera de Cabaiguán junto a aquellos vehículos que, a veces, exceden los 20 −unos se lo achacan al incremento del monto del pasaje y otros al cierre de provincias limítrofes a causa de la COVID-19−, se parquean, también, no pocos argumentos.

Sin dejar de abanicar en la mano los 20 pesos que ahora cuesta el viaje desde ese municipio hasta la cabecera provincial, una señora con bultos de más y minutos de menos va excediendo la velocidad casi en cada sílaba: “El que tiene que ir a trabajar todos los días no puede pagar esto y el que como yo tiene que ir para el hospital por un enfermo se las ve negras, porque ahora ni guaguas hay y los camiones siguen montando una pila de gente y cuestan 10 pesos. A este paso va a ver que comprarse un quitrín para ir y venir, por lo menos los caballos no llevan gasolina”.

Otros pasajeros se suben o se bajan con razones dispares. Ya antes de acomodarse detrás del timón y de atomizarse las manos con el alcohol desinfectante, el chofer también había recorrido varios kilómetros de criterios y paró en aquella advertencia: “Esos precios los puso el Estado, caballero, o te montas o te quedas”.

Desde que el primero de enero pasado, como parte de la Tarea Ordenamiento, empezaran a regir nuevas tarifas tanto para los medios de transporte del sector estatal como del privado comenzaron a rodar, igualmente, varias inquietudes por todos lados. En esa vía se han ido reajustando precios, modificando otros y poniéndoles freno a algunos transportistas.

Al volante y en los asientos se ponchan no pocos juicios. Escambray también emprende viaje y le sigue el itinerario a la polémica.

Tirando los cambios

Esta ha sido la última de muchas paradas. En el 2016 el entonces Consejo de la Administración Provincial (CAP) topaba los precios para todos los destinos donde se movían los porteadores privados; luego, en agosto del 2019, la Resolución No. 64 del CAP establecía nuevas tarifas para el sector no estatal que no eran más que las mismas que se venían cobrando ex profesosin estar contempladas en los acuerdos precedentes.

Ha sido un ir y venir. A varias velocidades se les han puesto algunos retrocesos. Mas, ahora el Consejo de Gobierno Provincial estableció, a partir del primero de enero del 2021, nuevas tarifas para todos: lo mismo para las guaguas de la Empresa Provincial de Transporte que para las motonetas, los coches o los camiones de pasajes.

En ambos sectores —estatal y privado— los precios se han duplicado y hasta triplicado en algunos casos, pero las autoridades locales aseguran que tales incrementos partieron de un estudio riguroso.

De tal modo lo sostiene Carlos Hernández Roque, subdirector de Operaciones de la Dirección Provincial de Transporte (DPT): “Para eso se tomaron en cuenta unos índices referenciales que hizo el Ministerio de Transporte donde tuvieron en consideración el incremento del combustible, de los gastos, porque es verdad que al propietario todo le cuesta más. Esos índices referenciales para cada tipo de medio la provincia los ajustó a sus condiciones.

“Nosotros hicimos una propuesta y la pusimos en manos de los gobiernos municipales y estos hicieron sus análisis; en muchos casos algunos precios los subieron y otros los ajustaron”.

Y cada monto se consultó con los territorios implicados en cada ruta y, dicen además, se concertó con los titulares de licencias operativas del transporte. En poco más de mes y medio se le han ido apretando las tuercas a cada tarifa. Tanto que, ante las cuentas de varios transportistas privados, se han modificado algunos precios y se les ha demostrado a otros que la ecuación no puede tender a multiplicar, únicamente, sus ingresos.

José Lorenzo García, director de la DPT, se ha sentado al volante de varios reclamos. “En el sector estatal no hay tantas inquietudes, pero algunos porteadores privados han tenido inconformidades porque no les conviene lo que están cobrando, hoy ellos quieren cobrar más.

“Todos han sido atendidos. Vinieron varios compañeros de la piquera de autos de Zaza del Medio donde la tarifa establecida desde ahí hasta Sancti Spíritus era, primero, de 15 pesos, nos explicaron y se aprobó 20 pesos. Sin embargo, en Cabaiguán, 13 triciclos querían pedir 15 pesos de ahí a Santa Lucía y no puede ser. Se les demostró que con los 10 pesos establecidos eran rentables”.

Antes de la revisión a la que, según ha dicho la dirección del país, se someterán al término de este primer trimestre, algunas tarifas han sido modificadas como −al decir de Hernández Roque− el cobro de la piquera una sola vez al día en el caso de las camionetas o el aumento de tres a cuatro pesos de los coches que tiran pasajes en Cabaiguán, al igual que en Jatibonico.

“Tienes que sopesar lo que quiere ganar él, pero lo que tiene que pagar el pueblo también”, sentencia Hernández Roque.

Una balanza difícil de equilibrar. En contrapeso andan los argumentos pues, de un lado los choferes esgrimen desde el costo de las gomas, si las encuentras, hasta de los ponches y, del otro, los pasajeros aducen la velocidad de unos precios que siempre tiende a acelerarse.

Al cabo de un mes de aprobados los nuevos precios, otra novedad ha hecho frenar en seco a muchos: el incremento del costo del combustible para todos. Así, el diésel dejó de cotizarse a 8 pesos y comenzó a costar 14; la gasolina especial 17.33 pesos y la regular 16.99 pesos. Y ello puede ser también el combustible de otros incrementos, como vienen pronosticando ya no pocos choferes.

Ante tal combustión, Hernández Roque ha puesto de antemano un parche: “El cambio de tarifa que se hizo para los porteadores privados y para la Empresa Provincial de Transporte, de diciembre a enero, contempló el incremento de combustible y, además, del salario en el sector presupuestado”.

A bordo

Infografía: Yamilet Trelles.

En aquel camión de Mapos y hasta Sancti Spíritus por debajo del nasobuco solo se respira más ligero cuando la lata metálica esa logra amortiguarse y da paso al aire que se cuela por las franjas semejantes a una ventanilla. Pero lo que verdaderamente asfixia, además de los 35 pesos que ahora cuesta el pasaje, son los 15 pesos de más que han tenido que pagar por el bulto que se monte consigo, aunque casi haya que llevarlo encima y no esté contemplado en tarifa alguna.

Con muchísimos kilómetros de diferencia a Leisy Acosta también se le cortó la respiración cuando al bajarse de la motoneta que la había trasladado a ella y a su hija del parque Serafín Sánchez hasta la parada del Hospital Provincial el hombre le espetó: 60 pesos.

Sucede. Cuando Escambray rodaba por las calles varios cláxones sonaban en la agenda: que si las motos sencillas aparcadas frente a la terminal te pueden cobrar desde ahí hasta la funeraria 25 pesos, que si las motonetas amarillas siguen cogiendo para cualquier lado y cobrando de más, que si un estudiante de Santa Lucía para ir a la Secundaria Básica, en Cabaiguán, debe pagar diario como mínimo 20 pesos en motonetas, que si la guagua de Cabaiguán a Sancti Spíritus cuesta 4 pesos y si das 5 no te devuelven, que si de noche las máquinas triplican su costo…

La DPT no anda a espaldas de tales criterios. Aunque no resultan comunes las violaciones de precios, según dicen, tampoco es que todos anden en regla.

“La apreciación que tenemos y las inspecciones que se han hecho es que hasta ahora, por lo general, se cumplen las tarifas aprobadas —asevera Lorenzo García—. Por alteración de precios se han retirado tres licencias operativas de autos, de Sancti Spíritus y Trinidad. Lo que sí está pasando es que después de las ocho de la noche te suben el precio, porque ya no hay inspección”.

Precisamente, cuando al timón viaja también la impunidad. Para velar porque se cumpla lo dispuesto y, además, para controlar los puntos de pesquisaje de la provincia, Transporte cuenta con un cuerpo de inspección de solo cinco inspectores. Insuficiente si se sabe que deben supervisar a más de 500 medios transporte particulares con licencia operativa que existen en la provincia.

Y Lorenzo García hace una aclaración: “En el caso de los ómnibus estatales que tienen alcancía el chofer no tiene establecido que tenga que dar vuelto. La persona debe depositar su dinero y llevarlo exacto”.

Es ese tal vez el mayor enredo del servicio público estatal, pero a bordo de cada auto ruedan varias preocupaciones. En las distintas piqueras los particulares se desvían por otras rutas:

“Cuando uno toca una piquera por primera vez hay que pagar 10 pesos, si sales de Cabaiguán, vas a Guayos y luego a Sancti Spíritus son 30 pesos”; “Si el combustible lo subieron al doble el pasaje deben subirlo también”; “El somatón ya cuesta 200 pesos”; “Ya la patente no son 450 pesos es el doble y el litro de petróleo subió, vamos a tener que coger estos cacharros para pescar”; “Hay que tirar este mes a ver si da”.

Omar Pérez Martín le pone nombre y apellidos a una inquietud de todos que muchos callan: “Estamos desinformados, ni los gestores saben lo que nos van a cobrar de fisco. Alguien debería decir: ‘Por cada litro de diésel tienes que aportarle tanto al Estado’ y al que le sirva sigue y si no se va, pero saber a qué atenernos”.

Lo cierto es que, de acuerdo con los cálculos de la DPT, hoy el sector privado mueve a más del 50 por ciento de los pasajeros de la provincia. Y, aunque es un servicio no siempre eficiente y sí más caro, en ocasiones resulta la única opción ante las limitaciones de medios estatales.

En una vía con muchísimos sentidos donde lo más barato hoy es el transporte urbano, que cuesta 1 peso, habrá que seguir apretando los frenos ante cualquier violación. Viajar en estos tiempos pandémicos es más una necesidad que un gusto y las tarifas podrán andar a la misma velocidad del día a día, sin excesos; pero lo que no puede pasar es que, a la postre, se estrellen contra los viajeros.

(Tomado de Escambray)