Cubadebate

El descontrol le sirve la mesa al delito y a la corrupción administrativa. Ilustración: Osval

El descontrol le sirve la mesa al delito y a la corrupción administrativa; al punto de darles a ciertos funcionarios y trabajadores el salvoconducto para que hagan y deshagan subrepticiamente en sus respectivas entidades. Para ellos, la ética es mero discurso, y el dinero fácil, obsesión de vida.

En ese mar revuelto, se jactan de ser émulos de los atunes rojos por lo difícil de capturar que resultan, gracias a sus diversos modus operandi; y en ello quizás usted coincida conmigo, más todavía si es espectador habitual del Noticiero Nacional de Televisión (NTV) y del programa Hacemos Cuba.

Casi desde que la pandemia de la COVID-19 asomó en el país, el NTV no ha cesado de publicar informaciones y reportajes centrados en operativos del Ministerio del Interior (Minint) contra ciudadanos que intentan acrecentar sus caudales a expensas del Estado. Vividores que desvalijan almacenes y cuanto sitio les provean de materias primas u otros artículos que luego revenden o emplean para diversos fines en sus negocios particulares.

Más de un caso ocurrido en Sancti Spíritus ha acaparado la atención de los televidentes, entre estos el desvío de carne en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Sacrificio de Cerdos, de la Empresa Cárnica, cuyo proceso penal abarca a más de 30 ciudadanos, incluidos directivos de la entidad, por los supuestos delitos de malversación, apropiación indebida, hurto, receptación, incumplimiento del deber de preservar los bienes del Estado y actividad económica ilícita.

Incuestionablemente, quienes se apoderan de los recursos estatales nadan a favor de la corriente del descontrol; ejemplificado en la cadena delictiva desarticulada en la finca San Idilfonso, en la zona de Calabaza, en los límites entre Sancti Spíritus y Villa Clara. Lo decomisado allí le levanta las cejas a cualquiera: 23 sacos de chícharos; 4 278 y 371 libras de frijoles colorados y negros, respectivamente; 1 010 de maíz; 379 de pastas largas; 1 315 de otras pastas —no aptas para el consumo humano— y 190 sacos de arroz.

Pero ni imaginen que dichos alimentos tendrían como destino la venta ilegal para el consumo de las personas. No, no. Las investigaciones preliminares determinaron que los productos serían empleados en la alimentación animal; en la finca existía una cochiquera y se construía su ampliación. Arroz para cebar puercos; irrita conocerlo. En casa deben hacerse malabares para estirar la cuota de la canasta básica del mes. Hoy una tonelada del cereal le cuesta a Cuba 520.00 USD en el mercado exterior, y de las 700 000 que necesita el país para cubrir la canasta básica normada y el consumo social, este año deben producirse apenas 162 000, han informado fuentes del Ministerio de la Agricultura.

Acostumbrado a desentrañar las más laberínticas cadenas delictivas, el Minint anunció que le seguiría la pista al hecho de la finca San Idilfonso, uno de cuyos hilos apuntaba hacia almacenes habaneros de Comercio Interior. He ahí el imperativo ante cualquier caso similar: la necesidad de recorrer todos los pasadizos secretos para llegar a la punta de la madeja, que raras veces es un simple trabajador y sí un funcionario público.

Lo corroboró el desmontaje de una red dedicada a sustraer y comercializar planchas de acero en el mercado informal, cadena con ramificaciones en La Habana y Las Tunas, entre cuyos implicados estaba el director de la UEB Logística —adscrita a la Empresa de Mantenimiento del Petróleo con sede en la capital—, el “yacimiento” de donde procedían estos laminados adquiridos por Cuba en el extranjero.

Entre paréntesis, esas planchas importadas con vistas a reparar los tanques de almacenaje de combustible (decisión estratégica para garantizar capacidades ante las restricciones impuestas por el bloqueo de Estados Unidos para acceder al crudo), terminaban como puertas, ventanas y otros artículos de herrería, es decir, en billetes que paraban en los bolsillos de los miembros de la cadena delictiva.

Estos ciudadanos, quienes no desembolsarían ni un centavo por la atención sanitaria si lamentablemente padecieran la COVID-19, actuaban de espaldas a la realidad de un país, capaz de erogar más de 1 000 millones de pesos (un peso equivale a un dólar al cambio oficial) de sus escuálidas arcas para enfrentar la pandemia, cifra relevante en medio de la crisis mundial, agravada en la Mayor de las Antillas por la política coercitiva unilateral de la administración estadounidense.

Por tanto, para una nación que lleva a punta de lápiz las cuentas de importaciones de alimentos, materias primas y otras mercancías necesarias, resulta inadmisible, igualmente, el rumbo que tomarían aquellas 17 toneladas de maíz (cerca de 150 000 pesos en el mercado negro), apenas llegadas a los espigones del puerto de Cienfuegos; y los más de 80 sacos de harina de trigo salidos de uno de los almacenes de la Empresa Provincial de Producción de Alimentos de Villa Clara y cuya parada definitiva sería trabajadores privados de Placetas.

A los vericuetos de la economía sumergida también fueron a parar mercancías que debieron expenderse en restaurantes y cafeterías de la Empresa Municipal de Gastronomía de Guantánamo, la cual reportó pérdidas por este concepto ascendentes a unos 3 millones de pesos de marzo a mayo, provocadas por funcionarios y trabajadores de la entidad.

Malversación, apropiación indebida, actividad económica ilícita, receptación… En cada uno de los ejemplos enunciados, los Tribunales actuantes han dictado o dictarán fallo a partir de las evidencias de los delitos probados en las causas penales radicadas. Diferentes provincias y enjuiciados, quienes buscaban coger mangos bajitos a la sombra del descontrol administrativo.

Las entidades implicadas, quizás dispusieran de sistemas de control interno perfectamente diseñados en papeles desde un buró; incluso, por algunos de los mismos directivos que enfrentan hoy procesos judiciales. La clásica doble moral a la palestra. Sobreviene la pegunta: ¿las acciones de control que debieron realizarse a las organizaciones económicas mencionadas constituyeron verdaderamente un ejercicio de conciencia, responsabilidad y ética, como ha solicitado el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez?

“La corrupción —también reflexionaba Díaz-Canel en el balance del Sistema Nacional de Auditoría el pasado año— no está asociada solo a más o menos recursos y a más o menos posibilidades, la corrupción ante todo está asociada a la ética de los cuadros y también a la ética de los colectivos”.

Ética es vergüenza, aunque las definiciones teóricas vayan más allá. Vergüenza que debe germinar en la cuna hogareña, donde aprendimos que las necesidades insatisfechas no son excusa para delinquir y corromperse; términos que, dicho sea de paso, no significan lo mismo, pese a tener genes comunes.

Ningún acto de corrupción sucede ni se concibe en un día, ha advertido la contralora general de la República, Gladys Bejerano Portela. Tampoco ningún delito, agregaríamos; pese a que acontezca en una fecha exacta. Si estas manifestaciones no se detectan a tiempo, la probabilidad de volverlas a cometer está a la vuelta de la esquina. Impunidad genera impunidad, como se infiere luego de la visualización de buena parte de los reportajes transmitidos por la Televisión Cubana.

Lógico que, a partir de sus determinaciones socioculturales, cada televidente asuma o no los significados de las referidas propuestas periodísticas. Es innegable, igualmente, que más de un caso expuesto a la opinión pública ameritaba pasar de la mera descripción del posible delito cometido al análisis exhaustivo de las condicionantes que lo engendraron.

Ir a esas raíces contribuiría a evitar el rebrote de la manifestación delictiva y de corrupción (de existir también) en la entidad perjudicada, o su aparición en otras del mismo o diferente ministerio, cuyas estructuras de dirección no deben sentirse inmunes de dichos fenómenos, porque, ¿cuál nación se encuentra exenta de los delitos de “cuello blanco”?

Al lado de cada recurso del Estado no puede situarse un auditor, un fiscal, un policía. Velar por que esos bienes no se “evaporen” antes de utilizarse en su fin original, y por la correcta y transparente administración de los fondos públicos es responsabilidad, primeramente, de los directivos de la entidad, sin infravalorar al resto de los trabajadores.

Ni Cuba es la catedral de la impunidad —matriz de opinión que intentan diseminar los medios de casta anexionista—, ni el Gobierno ha tirado la toalla ante el delito y la corrupción. A la inversa. En realidad, ha sido el propio Díaz-Canel quien ha llamado a tomar nota de la opinión y la denuncia de la ciudadanía, cuando esta haya olido que el descontrol administrativo en cierta entidad les haya servido la mesa a corruptos y delincuentes.

(Tomado de Escambray)