Cubadebate

Antiterroristas

El 28 de septiembre 2005  la Fiscalía General de Estados Unidos solicitó a la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito reconsiderar la decisión emitida el pasado 9 de agosto por un panel de tres magistrados que revocó las condenas impuestas a los Cinco Cubanos y ordenó la realización de un nuevo juicio.

La solicitud, ejecutada por la Fiscalía Federal de la Florida, requirió ser aprobada en Washington por el Departamento de Justicia y pide la reconsideración de la decisión por parte de los 12 jueces activos de la Corte de Atlanta.

En una declaración desafiante, y obviando los  múltiples precedentes legales en que se basa la decisión,  la Fiscalía expresa que la misma contradice decisiones anteriores de la Corte Suprema y del propio Onceno Circuito sin explicar en qué se sustenta para hacer tal afirmación. Simplemente afirma "Esa consideración por el tribunal en pleno es necesaria para asegurar y mantener uniformidad de decisiones en el Onceno Circuito"

 Leonard Weinglass, abogado de la defensa dijo que esta solicitud de la Fiscalía es una acción que "no tiene una base adecuada en la práctica jurídica", y añadió: "La opinión que ellos [la Fiscalía] está tratando de cuestionar es la más larga decisión escrita sobre el tema de sede en la historia de los Estados Unidos, la cual no consideran adecuada, claramente por razones políticas".

Por su parte, expertos legales han reconocido que la decisión de los tres jueces cita una cantidad tan abrumadora de evidencia, que no hay nada que los fiscales puedan cuestionar factualmente. La evidencia incluye una encuesta anterior al juicio y aprobada por la Corte de Miami cuyos resultados muestran el enraizado prejuicio en la comunidad contra Cuba y los Cinco acusados.

La Corte alegó que en este caso el prejuicio de la comunidad de Miami contra Cuba y su Gobierno, la publicidad antes y durante el proceso legal y la conducta inapropiada de la Fiscalía se combinaron para crear una situación en la que no era posible para los Cinco cubanos obtener un juicio justo.

 Previo a la decisión de la Corte de Atlanta, el Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas había determinado que la privación de libertad de los Cinco Cubanos era arbitraria e ilegal, al considerar que "el juicio no tuvo lugar en un clima de objetividad e imparcialidad tal como es requerido  para concluir que cumple las normas de un juicio justo"; 2) "los abogados de la defensa tuvieron un acceso muy limitado a la evidencia al ser clasificado su caso por el Gobierno como de seguridad nacional", y 3) "la comunicación con sus abogados,  el acceso a la evidencia y, por consiguiente, las posibilidades de contar con una defensa adecuada se vieron debilitadas".