Cubadebate

Desfile por el 1ro de mayo. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

Tempranamente, (18 de noviembre de 1959), Fidel advirtió: “Ver claro es salvar la
nación (...), es salvar al pueblo, y de ahí nuestra obligación de ver claro y de que
nuestros enemigos vean que estamos viendo claro”. Hoy más que nunca se necesitan lentes específicos para una realidad específica distinta respecto a todo el período revolucionario anterior. Es vital sobre todo por la responsabilidad compartida de conducir conscientemente su rediseño, disminuyendo al mínimo el azar y el calado social y político de los riesgos.

El 17 y 18 de junio de 2026, el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y la Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, respectivamente, aprobaron 176 medidas económicas y sociales, agrupadas en 23 ejes temáticos. Este conjunto de medidas se formalizo bajo el rubro de “Transformaciones económico-sociales” (Gobierno de la República de Cuba, 2026)2.

Ellas presuponen un proceso político y técnico de primera magnitud, que reconfigura las relaciones de propiedad, la estructura socio-clasista, la planificación, el papel del mercado y la planificación, la estructura del Estado y la vida cotidiana de la población.

El presente ensayo se propone esbozar el carácter político de las transformaciones, a partir de tres fundamentos teóricos y políticos —el enfoque de sistema, la dialéctica economía-política y la calidad clasista popular del ejercicio del poder político— cuyo examen permite argumentar que ninguna de las 176 medidas es autosuficiente y que su carácter socialista depende de la mediación política que las articule sistémicamente.

Su valor, si acaso, reside en la honestidad del análisis y en la invitación al debate.

El enfoque de sistema: condición de posibilidad de la transformación socialista

El documento gubernamental sobre las Transformaciones refiere: “Como resultado de un amplio proceso de consulta y debates en el Buró Político, en el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido, en la Asamblea Nacional del Poder Popular y en el Consejo de Ministros, se actualizaron y fueron aprobadas las 176 Transformaciones Económicas y Sociales, agrupadas en 23 ejes temáticos…” (Gobierno de la República de Cuba, 2026).

Nótese que se refiere: “176 transformaciones”. Pero, ¿realmente cada
medida puede ser considerada una transformación en el sentido político previsto?

No se trata aquí de una diferencia semántica, sino de lograr la mayor precisión política posible. Una medida es un ajuste puntual que resuelve algo inmediato, mientras que una transformación indica un cambio estructural que altera las bases del sistema en la dirección deseada.

No todas las medidas, por sí solas, o conectadas tendenciosamente, transforman en sentido socialista; incluso algunas pueden ir, y algunas van en sí mismas, en contra. Lo que se cuestiona en esta disquisición lógica no es la capacidad
transformadora de una u otra medida, sino el alcance socialista o pro-socialista de cada medida, en tanto, en política, toda acción tiene un fin marcadamente interesado; en este caso, el contribuir a habilitar la continuidad de la construcción socialista en Cuba, en lo históricamente posible.

Por ejemplo, la eliminación de topes de precios (Eje 13) sin más, en contexto de
escasez, genera inflación y desigualdad; la eliminación de subsidios generalizados (Eje 9) golpea a los más vulnerables. Es evidente que esos ajustes, aislados, no producen transformaciones orientadas a lo que necesitamos.

El engranaje sistémico como mediación política

La conexión entre la eliminación de topes de precios (Eje 13) que genera inflación descontrolada y especulación, la eliminación de subsidios a productos (Eje 9) que encarece los bienes básicos para los más pobres y la autorización de grandes empresas privadas con titularidad múltiple (Eje 1), que provoca concentración de riqueza y poder en pocas manos, genera un círculo vicioso: precios altos, protección social debilitada, nuevos ricos sin contrapesos.

Esto equivale a polarización social, pérdida de hegemonía política del proyecto revolucionario y desarrollo de una proto-burguesía con intereses
propios, ajenos al socialismo.

Por el contrario, el enfoque sistémico articula ejes estructurales, sectoriales y
transversales. El siguiente ejemplo sobre el incremento de la producción lechera en una cooperativa es ilustrativo: los ejes estructurales (1 y 2) permiten convertir, de ser necesario, la cooperativa en empresa mixta con participación privada y/o estatal y le otorgan derechos de gestión sobre la tierra, manteniendo la propiedad social.

Así la cooperativa obtiene autonomía y capital. El eje sectorial (7) le permite importar insumos, exportar directamente y fijar precios de mercado. Con la base estructural anterior, esta medida desata la producción. Por su parte, los ejes transversales (Ejes 9, 12 y 21) le exigen responsabilidad social (vender a precio solidario a vulnerables), le dan beneficios fiscales por inversiones sociales y la obligan a operar en una plataforma digital de encadenamientos y control.

Como resultado de este enfoque sistémico, la cooperativa produce más y vende mejor, pero la política social se financia con sus utilidades, el control es digital y el Estado sigue siendo rector. Si solo se aplica el Eje 7, se obtendría más leche pero a precios excluyentes; si solo el Eje 1, se tendría empresas mixtas sin tierra ni mercado. El engranaje de los tres tipos de ejes es lo que convierte el ajuste en transformación socialista.

Las dimensiones políticas del enfoque sistémico de las transformaciones

El enfoque sistémico revela cuatro dimensiones políticas de las transformaciones: Primero, cambia el modelo de gobernanza y la distribución del poder territorial (Ejes 4 y 5).

Redimensionar la administración central e impulsar la autonomía a los municipios
es una decisión política de desconcentrar el poder, haciendo que los gobiernos locales sean gestores de su propio desarrollo y redefiniendo integralmente la función ejecutiva estatal.

Ha de agregarse que la autonomía constituye una extraordinaria oportunidad
para avanzar en la manifestación efectiva del pueblo como sujeto de poder.
Segundo, se transforman aspectos históricos del “contrato social” y la relación Estado ciudadano (Eje 9), por cuanto se afectan acuerdos, prácticas, normas —a ves veces no escritos pero practicadas— que han existido históricamente entre el Estado y la ciudadanía y que han definido la organización de la vida la vida en común, los apegos,los agradecimientos, las lealtades, los sentidos de deber y responsabilidad, los alcances de la dignidad, etc.

Por ejemplo, la medida 70 elimina subsidios a productos y los convierte en subsidios a personas, lo que supone el fin del paternalismo universalista y
el paso a un modelo de protección focalizada; la política deja de ser "dar cosas" para "gestionar riesgos".

Tercero, se producen modificaciones en la concepción de la base social del proyecto revolucionario (Ejes 1 y 2). Por ejemplo, al permitir empresas privadas de más de 100 trabajadores, la propiedad múltiple, la compra de acciones y los derechos reales sobre la superficie de la tierra, el Estado impulsa deliberadamente el establecimiento de una nueva clase social —que deberemos empeñarnos en que sea nacional y patriótica— lo que obliga a construir un nuevo pacto de gobernabilidad con esos actores y la exigencia de responsabilidad social, que no es filantropía, sino una nueva forma institucionalizada
de acoplamiento político e integración al proyecto.

Cuarto, se reconforma el sistema de control y la soberanía (Ejes 21 y 23). Si se abre la economía, el control político debe reinventarse. El Eje 23, por ejemplo, crea un grupo de trabajo del Comité Central con la Fiscalía y el MININT para reformular el control, porque la evasión fiscal o el lavado de dinero no son delitos económicos menores, sino actos de subversión política contra la capacidad redistributiva del Estado y la digitalización no es solo tecnología, es soberanía sobre los datos.

En conclusión, el enfoque de sistema es el primer fundamento que convierte las medidas en transformaciones a favor de la continuidad de la construcción socialista. Sin ese engranaje, que es políticamente interesado, como es lógico, no hay transformación socialista.

La dialéctica economía-política: el eje de totalidad

Es menester interpretar el carácter sistémico de las transformaciones —ese todo
concreto, dinámico y contradictorio— desde los ejes de totalidad socio-histórica que sostienen la interdependencia de las partes; el principal de ellos es la relación dialéctica entre economía y política.

Sin ella, las 176 medidas serían una colección de ajustes técnicos en la economía. Es la articulación política interesada la que puede imprimirles
el carácter de transformaciones orientadas a la continuidad socialista.

La crisis económico-social es el primer motor que obliga a la política a moverse. Las medidas son una respuesta a una situación límite; la economía no sugiere cambios, los exige con urgencia. El diagnóstico de “trabas internas”, “lentitud” y “burocracia” que con recurrencias ha hecho el discurso político partidista (Díaz Canel, 2026, 18 de junio), revela que el modelo anterior tenía rendimientos decrecientes. La aparición de actores no estatales fragmenta el monopolio de la gestión centralizada, descontextualiza el aparato administrativo y fuerza transformaciones como el redimensionamiento del Estado (Eje 4), la autonomía municipal (Eje 5) y la reformulación del control (Eje 23).

En conclusión, la situación económica desencadena la necesidad de cambio político y la política reacciona para adaptarse.

La política como filtro contra la deriva capitalista

Si las transformaciones económicas se dejan al arbitrio exclusivo del mercado, generan relaciones de producción capitalistas que reconfiguran la superestructura en contra del socialismo. La economía no es neutral; las relaciones de producción tienen una vocación intrínseca que responde a la naturaleza de las formas de propiedad. Si no se las dirige con legítima perspectiva socialista, tienden a producir burocratismo estatizado o
acumulación privada y concentración de riqueza en pocas manos.

La política debe ser el timón que evita el estancamiento o la restauración capitalista, no un espectador. No se trata de negar el mercado, sino de acoplarlo al proyecto socialista, lo que exige preparación de los cuadros, voluntad, planificación y, sobre todo, control popular efectivo.

Las 176 medidas son un momento de un proceso histórico, una pieza del Plan Nacional de Desarrollo hasta 2030 y deben integrarse en las Estrategias de Desarrollo Provincial (Eje 3). Se mantienen los pilares del socialismo —propiedad social sobre los medios fundamentales de producción, planificación (de equilibrios macroeconómicos), la mayor justicia social posible y poder político popular—, pero se abren espacios de mercado para desatar fuerzas productivas, donde el Estado no llega, mediante determinados cambios en las relaciones de propiedad y nuevas dinámicas en las relaciones de producción.

Esa riqueza generada debe ser capturada por la política a través de impuestos,
encadenamientos productivos y responsabilidad social, para financiar los servicios sociales universales. En suma, la política no puede definirse como bombero que apaga incendios, sino como arquitecto que diseña un edificio con cimientos socialistas y ventanas abiertas al mundo, asegurando la continuidad histórica.

La política como “sintetizadora” de contradicciones dialécticas

La dialéctica entre economía y política se “sintetiza” dialécticamente en dispositivos concretos. Veamos el caso de los precios y la protección social: se eliminan topes de precios (Eje 13) y se flexibiliza la comercialización agropecuaria (Eje 7).

La contradicción inmediata proviene de que eso podría ser una liberalización salvaje pero la intervención política articulada incluye precios diferenciados y cupos solidarios (Eje 9), tipos impositivos reducidos al sector agropecuario (Eje 12) y gestión local de la soberanía alimentaria (Eje 5). La política no desconoce el mercado, sino que introduce mecanismos paralelos que impiden que el mercado devore a la sociedad, sintetizando, con un sentido de negación dialéctica, la contradicción entre ganancia económica y necesidad social socialista.

Otros ejemplos: la venta de acciones con participación mayoritaria del Estado en
sectores estratégicos (Eje 1, medida 17) pone un límite de propiedad; la eliminación de subsidios a productos con creación simultánea del Fondo de Protección Social (Eje 9, medidas 70-71) redistribuye lo que la economía desregula.

La relación entre economía y política no es solo un intercambio entre dos esferas, sino un proceso que reconfigura toda la sociedad: cambian las relaciones de propiedad y de producción, emerge una nueva estructura socio-clasista, se altera el sistema de valores (la percepción de lo justo y legítimo) y se transforman matrices culturales y del modo de vida. La política, y el trabajo político e ideológico, debe acompañar y orientar estos cambios, o la gente los percibirá como una traición.

En suma, la dialéctica entre economía y política constituye un proceso de transformación social total que afecta a la socio-estructura, los valores y la vida cotidiana y exige cambios sustanciales en la cultura política revolucionaria, conservando su base principista.

El valor ejecutivo de la relación dialéctica entre economía y política está en impedir que se tome una medida económicamente exitosa pero políticamente suicida, o una políticamente simbólica pero económicamente inviable, obligando a gobernar y dirigir en la contradicción dialéctica.

El núcleo de esas contradicciones se expresa así: el propio desarrollo económico
desatado por determinadas transformaciones de la política aprobada genera fuerzas que, si no son contrarrestadas por otras transformaciones concebidas por dicha política, o acotadas en nuestra Constitución y leyes, pueden volverse contra el socialismo.

Por eso, el carácter sistémico de la política regula y puede subordinar la economía a los fines superiores de la justicia social y del poder político popular.
Esta contradicción no es un defecto del diseño, sino su rasgo esencial. Es el motor que nos obliga a dirigir y gobernar en la tensión, a tomar decisiones sistémicas, a no dejar ningún espacio económico sin su acompañamiento político.

Donde el enfoque sistémico de la política flaquea, la contradicción se resuelve en favor solo del interés privado; donde es firme, en favor del socialismo. No es que primero resolvamos la economía y después la política; es al unísono.

Porque mientras producimos riquezas estamos produciendo relaciones sociales y esas relaciones sociales, de determinada calidad, son las que construyen o destruyen el camino hacia el socialismo.

En la práctica, esto significa atender filtros políticos concretos para abordar
dialécticamente las contradicciones anidadas en esa relación entre economía y política.

Tales filtros constituyen mecanismos institucionales y prácticas de participación, de fiscalización y de discusión que esas decisiones deben atravesar antes de implementarse, para asegurar que no se desvíe, en todo lo posible, del interés socialista, que proteja a los vulnerables y que esté sometida al control popular.

Por ejemplo:
Antes de aprobar inversión extranjera, evaluar el encadenamiento productivo
nacional (Eje 1) y la transferencia tecnológica.
Antes de eliminar un subsidio, asegurar que la plataforma Soberanía funcione en
el municipio.

Antes de permitir una gran empresa privada, diseñar mecanismos de control
popular y participación ciudadana (Eje 5).

Este segundo fundamento subraya el imperativo de hacer de la unidad y lucha de
contrarios entre economía y política el “puesto de mando” cotidiano de la dirección y gobierno de las transformaciones.

 La calidad clasista popular del ejercicio del poder político

Llegamos al fundamento más exigente: la perdurabilidad y fortalecimiento del poder político revolucionario exige cuidar y potenciar la calidad clasista popular de su ejercicio. Fidel lo expresó en 1995: “¿Quién tiene el poder? ¿Está el poder en mano de los burgueses, por los burgueses y para los burgueses? ¿Está el poder en manos de loscapitalistas, por los capitalistas y para los capitalistas? La cuestión del poder es la clave (...) porque si lo tiene el pueblo, si lo tienen los trabajadores, no los ricos, no los millonarios, entonces se puede hacer una política en favor del pueblo” (Castro, 6 de agosto).

Las transformaciones son socialistas si se gestionan aprovechando las posibilidades para profundizar el poder de los trabajadores y del pueblo como sujeto; esto es, en la calidad clasista popular del ejercicio del poder político revolucionario.

Esta constituye una condición inherente a la función social general de dicho ejercicio, la cual concierne al aseguramiento de la correlación dialéctica entre la generación de orden público, integración social y estabilidad política a partir de la solución de necesidades y conflictos cotidianos de la población y la nación y la generación histórica de unnacumulado de valores y relaciones socialistas, viabilizadas mediante la constitución y reproducción histórica activa del pueblo como sujeto de poder y la óptima apropiación de las condiciones nacionales en el marco de la situación internacional.

Por su parte, la calidad clasista popular del ejercicio del poder político revolucionario que, como se ha expresado, es condición de esa función, se visibiliza, en cada espacio político, mediante la constitución y reproducción histórica activa del pueblo-sujeto, potenciando la intensidad, la integralidad y la permanencia con que se alcanzan los siguientes atributos: a) la articulación de su diversidad socio-estructural en atención a su naturaleza pluriclasista; b) la construcción y sostenimiento de relaciones políticas predominantemente colaborativas y de ayuda mutua entre dirigentes y dirigidos, así como al interior de cada uno de ambos subgrupos del referido sujeto mediante prácticas participativas políticamente coherentes; c) la viabilidad, materialización y efectividad de la capacidad de decisión y control popular sobre los objetivos de interés; d) la producción de satisfacción política, tanto material como subjetiva.

A continuación se puntean los atributos constitutivos de la calidad clasista popular del ejercicio del poder político:

La naturaleza pluriclasista de la sociedad cubana debe ser articulada en torno al
proyecto socialista, no simplemente tolerada. Miremos hacia lo que parece ser una de las expresiones más disruptivas en los cambios en la estructura socio-clasista: las medidas 20-21 del Eje 1, que permiten empresas privadas de más de 100 trabajadores y titularidad múltiple. Estas medidas reconocen, aunque implícitamente, la existencia de una nueva clase propietaria privada, una burguesía o proto-burguesía.

Pero sin articulación con otras dinámicas, generan concentración de riqueza y poder en pocas manos.

La interconexión necesaria viene de estimar: el Eje 8, medida 64 (Responsabilidad social empresarial), propicia la obligación de estos actores a participar en el pago a pensionados, apoyar comedores comunitarios, hogares de ancianos, transporte público y crear fondos de emergencia locales.

Esta medida es nodal al conectarse con otras nueve, y en su enfoque sistémico convierte al empresario privado en un actor del proyecto, más allá de su carácter estrictamente económico, no en un ente ajeno y socialmente desarticulado; el Eje 12, medida 112, (Incentivos fiscales sector social), premia fiscalmente a quienes invierten en el sector social, lo que tributa a la articulación entre el interés privado con la necesidad colectiva y el Eje 5, medida 43j (Gobernanza, control
popular y participación ciudadana) prevé asegurar que la articulación de la diversidad de actores no se resuelva azarosamente en el mercado, sino en espacios de deliberación y control municipal.

Sin estas interconexiones, las medidas 20-21 producirían una burguesía desligada del proyecto revolucionario, fragmentando la base social del socialismo en lugar deacoplarla institucionalmente, articularla.

La construcción y sostenimiento de relaciones políticas predominantemente
colaborativas y de ayuda mutua entre dirigentes y dirigidos (instituciones y personas), en tanto partes del sujeto-pueblo, es imposible al margen de la participación. Esta colaboración requiere una relación entre quienes dirigen y quienes son dirigidos, definida por atributos fundamentales como las siguientes:

a).- Horizontalidad en la deliberación. La participación no puede ser una consulta
formal donde las decisiones ya están tomadas. Por ejemplo, las medidas 43-46, al descentralizar competencias y recursos, obligan a que dirigentes y dirigidos dialoguen en el territorio.

La horizontalidad es una exigencia funcional: sin ella, la descentralización se convierte en aislamiento y el control en reprimenda.

b).- Co-construcción de soluciones. Las medidas 43k (Gestión de proyectos, del
conocimiento y la capacitación) y 50 (Transformar los requisitos y la gestión de los proyectos de desarrollo local) indican que la participación no es solo para opinar, sino para proponer y ejecutar, estableciendo relaciones vinculantes. Los proyectos de desarrollo local, por ejemplo, devienen espacios donde dirigentes y dirigidos deben coconstruir soluciones, superando la lógica de "arriba-decide, abajo-ejecuta".

c). Confianza política como base de la relación. Por ejemplo, la medida 63 (Plataforma Soberanía), al transparentar el registro de vulnerables, hace de la confianza un dato verificable. La confianza proveniente de lo ejecutivo-resolutivo trasciende como confianza política, en lo que influyen además un sin número de factores donde la percepción de la coherencia ético-política y la transparencia son fundamentales, pues la confianza ni se solicita, ni se decreta; se construye. Las medidas digitales (164, 169) son instrumentos para esa construcción.

d). Rendición de cuentas como práctica cotidiana. Aunque no aparece explícitamente en las medidas, es el correlato necesario de la participación. El sistema del Poder Popular, con sus asambleas municipales y órganos, es el espacio institucional para la rendición de cuentas, pero la misma desborda, como necesidad, estos espacios.

Las medidas, al descentralizar competencias, hacen que la rendición de cuentas sea más cercana ytangible para la población; por tanto, más demandada y mejor valorada.

Los mecanismos institucionales de participación y la calidad necesaria de las relaciones políticas requieren un aseguramiento político por parte de todo el sistema político, dirigido por el Partido, que garantice:

En lo ideológico: ofrecer marcos interpretativos que den sentido a las nuevas
relaciones y las sitúen en la continuidad de la Revolución.

En lo cognitivo: la permanente articulación entre el saber técnico y el político.
La invisibilidad o insuficiente visibilidad de las transformaciones desde uno de
estos campos afecta la apropiación plena del otro. Ha de cuidarse que la división
social del trabajo no devenga en el enajenante efecto de compartimentación
funcional entre lo técnico y lo político.

En lo organizativo: mediante el despliegue de la estructura territorial
(organizaciones de base, comités municipales y provinciales) para acompañar la
implementación de las medidas, no para controlar burocráticamente, sino para
detectar tensiones, canalizar demandas y corregir desviaciones. Identificar
buenas y malas prácticas de modo oportuno puede constituir un buen recurso. La
organización partidista es el nervio sensible que permite que la colaboración sea
vivida en cada territorio.

En lo comunicacional, de manera que la colaboración sea visible, comprensible
y valorada por el pueblo. No basta con que los actores colaboren; la población
debe percibir que esa colaboración beneficia a todos. A esos efectos las prácticas
comunicativas deben articular lo social y lo políticos en los ámbitos
comunitarios, institucionales y mediáticos.

En lo ético, velando porque la colaboración no derive en complicidad con
prácticas corruptas o clientelares. La ejemplaridad de los cuadros, militantes y
revolucionarios es la garantía moral de que la colaboración no es un espacio para el privilegio, sino para el bien común.

El fin último del aseguramiento político no es la colaboración en sí misma, sino
la construcción de poder político popular. La colaboración es un medio para que el pueblo-sujeto se constituya activamente en el proceso de transformaciones socialistas.

La participación popular y la calidad de las relaciones entre dirigentes y dirigidos no son añadidos sociales a una transformación económica. Son un lugar esencial donde se juega la mediación de la contradicción dialéctica entre economía y política.

Mirándolo esquemáticamente, por el lado de la economía, la participación popular asegura que la riqueza generada no se concentre ni se desvíe; el control popular es el freno a la deriva capitalista.

Por el lado de la política, la participación popular es el combustible de la
legitimidad; sin ella, las transformaciones se perciben como imposiciones tecnocráticas.

La capacidad de decisión y control popular sobre los objetivos de interés
La viabilidad, materialización y efectividad de la capacidad de decisión y control
popular sobre los objetivos de interés requiere el desarrollo y la apropiación política productiva de capacidades ideológicas y culturales que configuran el poder social popular creado por la Revolución.

Al respecto, las medidas explicitan mecanismos concretos. Así, por ejemplo, la eficacia de la medida 43j (Eje 5) depende de:

En el Eje 21, la medida 165 (IA en administración pública con supervisión
humana y equidad territorial): la IA no sustituye la decisión popular, la apoya
con información y trazabilidad, pero la supervisión humana y la equidad
territorial son los filtros que evitan la tecnocracia.

En el Eje 11, las medidas 99-100 (Mercado cambiario y devaluaciones) pueden
generar inflación y desigualdad si no hay control popular sobre los precios y los
subsidios. La interconexión con el Eje 13, medida 117 (Eliminación de topes de
precios) y el Eje 9, medidas 70-71 (Subsidios a personas y Fondo de Protección
Social) es lo que permite que el control popular no sea una ilusión. El Fondo de
Protección Social es condición previa a las transformaciones y los precios sin
topes se compensan con subsidios focalizados y control municipal sobre la
comercialización.

En el Eje 22, las medidas 173-175 (Sistema estadístico ajustado, índices de
precios) subrayan que sin datos confiables y públicos, el control popular es ciego.
Estas medidas proveen la información necesaria para que la ciudadanía y los
gobiernos locales puedan evaluar el impacto de las transformaciones.
Sin estas interconexiones, el control popular es un eslogan: no hay datos para decidir, no hay mecanismos para frenar la inflación, no hay transparencia en el mercado cambiario.

La decisión popular se vuelve impotente.

La producción de satisfacción política, tanto material como subjetiva, no se decreta; se construye con medidas que generan resultados tangibles, asentadas en la verdad y con la mayor optimización posible del tiempo político.

Entre las medidas que se orientan a ello se encuentran, por ejemplo, las 72 y 73 (Eje 10) sobre incremento salarial y salario mínimo anual, y la medida 82 acerca del cese laboral con protección de 3 a 6 salarios. La satisfacción material comienza por el ingreso y la seguridad ante el despido. Pero sin: Eje 9, medida 71 (Fondo de Protección Social), la eliminación de subsidios a productos golpea a los más vulnerables; el Fondo es el que convierte el ajuste en protección y no en desamparo; Eje 8, medida 66 (Activos para vulnerables), dota de medios de producción a pequeña escala a personas en situación de vulnerabilidad, para que se incorporen al empleo y superen esa condición; Eje 8, medida 65 (Fortalecer el trabajo social con enfoque proactivo y preventivo), no se espera a que la crisis llegue; se anticipa y se previene, generando confianza en el Estado; Eje 12,
medida 113 (Impuesto sobre ingresos personales) y medida 112 (Incentivos fiscales):

redistribuyen la riqueza generada por los nuevos actores, financiando servicios sociales universales. Sin estas interconexiones, el incremento salarial es devorado por la inflación, el cese laboral genera desprotección y los vulnerables quedan fuera del sistema; por tanto, la satisfacción política o no se configura o se desploma.

Ahora bien, la satisfacción política no solo depende de que las transformaciones se traduzcan en mejores ingresos, empleos y servicios, sino también en confianza, esperanza y crecimiento de la autoestima popular y nacional. Por tanto, se genera satisfacción política cuando se articulan las experiencias de los diversos grupos sociales e individuos acerca del cultivo de su dignidad al ser tenidos políticamente en cuenta de manera activa, el bienestar material razonable y los accesos justos a servicios básicos, convirtiéndose todos ellos en seguridad individual y colectiva, la cual trasciende a la confianza, la esperanza y la autoestima.

Este tercer fundamento desde el cual se abordan las transformaciones en el presente ensayo no es un apéndice moral de los dos primeros; es su corazón político. Sin él, el enfoque de sistema y la dialéctica economía-política pueden derivar en una gestión tecnocrática eficiente pero vaciada de contenido socialista. En definitiva, ninguna de las medidas mencionadas es autosuficiente para garantizar la calidad clasista popular del ejercicio de poder. Cada una requiere su engranaje con otras para que el pueblo como sujeto no sea una abstracción, sino una realidad política operante, en lo político, lo ético y lo material.

El papel del Partido y el Estado: esbozo de su unidad en la diferencia

El artículo 5 de la Constitución de la República de Cuba establece que el Partido
Comunista de Cuba, “único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia
organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la
permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista” (ANPP, 2019).

El artículo 1, por su parte, define a Cuba como “un Estado socialista de derecho y
justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos” (ANPP, 2019). El artículo 3 define que: “En la República de Cuba la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. El pueblo la ejerce directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en la forma y según las normas fijadas por la Constitución y las leyes” (ANPP, 2019).

El Partido como actor mediador de la contradicción

El Partido es el responsable de trazar los rumbos fundamentales. Las medidas no son un fin en sí mismas, sino instrumentos para cumplir los Lineamientos de la Política Económica y Social y dar continuidad al Programa de Gobierno. El Partido establece los objetivos estratégicos y define los límites que no se deben traspasar, convirtiendo su observancia en obligación de todos los actores. Debe actuar como el integrador sistémico que armoniza las lógicas de las transformaciones, impide que unos ejes y medidas dominen a otros y asegura que todos confluyan hacia el fin común: la construcción socialista en un contexto de urgencia económica, sin renunciar a la justicia, la soberanía y la emancipación.

El papel del Partido respecto a los indicadores macroeconómicos es dual y dialéctico: no se limita a exigir que las cifras cuadren, sino que asume la responsabilidad política de que esos indicadores se alcancen sin perder de vista los fines socialistas y sin sacrificar la justicia social. Esta responsabilidad se despliega en dos dimensiones inseparables:

• Rol de controlador y garante político directo de la estabilización
  macroeconómica. En ese orden se avienen a su papel, encargos como los
  siguientes: monitorear los balances fundamentales (Eje 3), exigir la efectividad
  de los instrumentos financieros y tributarios (Ejes 11 y 12), alertar sobre la toma
  de decisiones correctivas ante desviaciones y controlar la eficiencia del sector
  empresarial estatal (Eje 1).
• Rol de filtro ideológico y social. En ese orden, por ejemplo, no celebrar un
  superávit fiscal o un crecimiento del PIB si estos se logran a costa de la
  naturalización de la explotación laboral, la concentración de la riqueza en pocas
  manos privadas o el desmantelamiento de la propiedad social; velar por la
  protección a los más vulnerables (Ejes 8 y 9), gestionar la subjetividad y el
  apego a la verdad, explicando por qué es necesaria una medida pero también
  escuchando el sentir popular y asegurando que los incentivos fiscales cumplan su fin productivo y no se conviertan en mecanismos de evasión o simple ahorro para los privados.
• El Estado como sujeto mediador de la contradicción. El Estado es el instrumento político con capacidad material para garantizar que las
  transformaciones económicas sirvan a los fines del socialismo. En el contexto de las 176 medidas, el Estado asume funciones de regulador, redistribuidor, planificador y garante de la coherencia sistémica del proceso.
• El conjunto de medidas implica una reestructuración profunda del Estado (Eje 4) y una mayor autonomía municipal (Eje 5). Esta reestructuración no es un mero ajuste administrativo; es una decisión política de desconcentrar el poder, haciendo que los gobiernos locales sean gestores de su propio desarrollo. Las instituciones centrales del Estado ceden competencias en planificación estratégica, ordenamiento territorial, soberanía alimentaria, servicios comunales, desarrollo económico local, gestión presupuestaria, atención social y control popular.

Al mismo tiempo, deben actualizar los mecanismos de control e inspección para garantizar la legalidad, la lucha anticorrupción y la rendición de cuentas. La medida 176, que crea un grupo de trabajo conducido por el
Comité Central del PCC e integrado por la ANPP, FGR, CGR, TSP, CECM, MINCOM, MININT y el MINJUS, constituye el sistema inmunológico de la transformación.

Hacer política desde la contradicción entre economía y política´

Desde las especificidades de los modos de hacer política, las transformaciones obligan, tanto al Partido como al Estado, a colocar su puesto de mando en la contradicción dialéctica entre economía y política. El diseño anterior de la política no necesitaba, o no priorizaba, o eludía, el hacer política situados estratégicamente en esa perspectiva: se planificaba centralmente, se subvencionaba a empresas y productos, se controlaban
precios y salarios de forma rígida, se proscribía lo considerado anómico para la
construcción socialista, etc. Eso, para bien o para mal, diluía la contradicción en un aparato burocrático que garantizaba cierta estabilidad, aunque fue mostrando
rendimientos decrecientes.

Hoy, las medidas introducen mecanismos de mercado, descentralización, pluralidad de actores y dolarización parcial. Eso significa que la economía se vuelve más dinámica, más compleja y más contradictoria. Ya no se puede “evitar” la tensión entre los intereses económicos y los intereses sociales, entre el conocimiento técnico y la sabiduría popular, entre la centralización y la gestión colectiva. Esa tensión hay que gestionarla conscientemente en cada decisión. Así, por ejemplo:
a) La eliminación de topes de precios (Eje 13, medida 117) tiene por lógica
económica descentralizar la facultad de aprobación de precios y eliminar precios topes y genera riesgo político de inflación, desigualdad, especulación. En consecuencia la mediación política se acompaña de precios diferenciados y cupos solidarios (Eje 9), tipos impositivos reducidos al agro (Eje 12, medida108) y gestión local de la soberanía alimentaria (Eje 5, medida 43c). Así, la política no elimina el mercado, sino queintrodu ce mecanismos paralelos que impiden que el mercado devore a la sociedad.

b) La eliminación de subsidios a productos (Eje 9, medida.70), tiene por lógica
económica eliminar el gasto fiscal y trasladar costos reales a los precios y genera el riesgo político de golpear a los más vulnerables. Como mediación tiene la simultánea creación del Fondo de Protección Social (medida 71) y de la plataforma Soberanía (medida 63) para registrar en tiempo real a las personas vulnerables, descentralizando el control municipal (Eje 5). Así, hacer política desde la contradicción es no eliminar los subsidios sin tener listos estos mecanismos de protección.

c) La autorización de grandes empresas privadas (Eje 1, medidas 20-21) tiene por lógica económica desatar fuerzas productivas, generar empleo, y atraer inversión.

Su riesgo político está en la concentración de riqueza y el establecimiento de una
burguesía desligada del proyecto. Para mediar esta situación se articula con la
responsabilidad social empresarial (medida 64), incentivos fiscales al sector social (medida 112) y control popular y participación ciudadana (medida43j).

Hacer actividad política desde la contradicción significa aprender a no considerar al empresario privado como un enemigo, pero, para hacer efectiva esa premisa, se ha de convertirlo en un actor del proyecto revolucionario, no un ente ajeno.

Se han recorrido tres fundamentos, a la vez teóricos y políticos, para comprender y abordar en la práctica las transformaciones económicas, sociales y políticas en pos de la continuidad de la construcción socialista en las condiciones actuales: el enfoque de sistema —sin engranaje no hay transformación socialista—; la dialéctica economía política —la política como mediadora consciente en la correlación de las medidas económicas y las necesidades sociales; como timón y garante de justicia popular— y la calidad clasista popular del ejercicio del poder político: sin el pueblo como sujeto, no hay socialismo...

Es necesaria la profunda apropiación ideológica y comportamental de estos
fundamentos para dotarlos de vida en la actividad de dirección política y de gobierno de las transformaciones por todos los componentes del sistema político, pero en particular por el PCC y el Estado.

La naturaleza del desafío actual que vive hoy la Revolución implica la capacidad de imbricar la actividad de dirección política y de gobierno en la interrelación dialéctica entre economía y política, más exactamente en su contradicción. Es decir, hacer del abordaje de esa relación y contradicción el método cotidiano: traducirla en decisiones sistémicas que, al tiempo que modifican relaciones de producción para desatar fuerzas productivas, consoliden el poder político popular y la justicia social; que cada medida económica vaya acompañada de su mediación política respecto a los efectos sociales, de modo que la calidad clasista popular sea el filtro práctico de cada acción de dirección
política y gobierno.

La colaboración entre dirigentes y dirigidos no constituye un “plus” de las
transformaciones; son su dimensión política constitutiva. Las medidas proveen los mecanismos institucionales (municipios autónomos, responsabilidad social empresarial, plataformas digitales, control institucionalizado).

Pero esos mecanismos solo funcionan si se asegura políticamente: la conciencia de que la participación es esencia del socialismo, el conocimiento profundo e integral de lo que está previsto, la organización territorial que la haga posible, la comunicación que la haga comprensible y la ética que la preserve de distorsiones y la asiente en la verdad política. Sin este aseguramiento político, la participación se vacía de contenido y la calidad de las relaciones se deteriora.

Con él, la participación popular se convierte en el motor subjetivo de las
transformaciones y la calidad de las relaciones dirigentes-dirigidos en el termómetro de su carácter socialista.

Ahí radican, probablemente, las matrices centrales del trabajo político e ideológico actual y su devenir.

Referencias bibliográficas

• Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. (2019). Constitución de la
  República de Cuba. Gaceta Oficial de la República de Cuba. Recuperado a partir de:https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/constitucion-de-la-republica-de-cuba
• Castro, F. (1959, 18 de noviembre). Discurso pronunciado por el Comandante
  en Jefe Fidel Castro Ruz en la apertura del X Congreso de la CTC. Fidel Castro, Soldado de las Ideas. Recuperadohttp://www.fidelcastro.cu/es/printpdf/2622 a partir de: Castro, F. (1995, 6 de agosto). Discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en la clausura del Festival Juvenil Internacional Cuba Vive, efectuada
  21 en el teatro "Carlos Marx". Fidel Castro, soldado de las ideas. Recuperado a partir de:http://www.fidelcastro.cu/de/print/786
• Díaz-Canel Bermúdez, M. M. (2026, 18 de junio). «La realidad nos impone
  cambios urgentes y necesarios» [Discurso pronunciado en la clausura del Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, 17 de junio de 2026]. Granma.https://www.granma.cu/cuba/2026-06-18/la-realidad-nos-impone cambios-urgentes-y-necesarios-18-06-2026-08-06-19[reference:1]
• Gobierno de la República de Cuba (2026, junio). Transformaciones económico
  sociales [Documento gubernamental]. Ruperado a partir de: Cubadebate