El 8 de junio fue instituido en Cuba como Día del Trabajador Jurídico en conmemoración de que, en igual fecha de 1865, Ignacio Agramonte y Loynaz defendió su tesis de grado para recibirse como licenciado en Derecho Civil y Canónico.

El tribunal que tuvo a su cargo la discusión final estaba compuesto por los doctores José Domingo Guerrero, José Manuel Mestre y Bernardo del Riesgo. El tema escogido –en apariencia técnico, casi árido– era un estudio comparativo sobre el derecho reformado por Justiniano en relación con el anterior a su época. Agramonte, fiel a su naturaleza, convirtió ese ejercicio académico en algo mucho más profundo.

El que habría de ser conocido en nuestra historia como el Bayardo tenía entonces 24 años, y ya para él la noción de la justicia iba indisolublemente unida a la libertad.

Sus palabras finales ante el claustro no dejaron lugar a dudas sobre el tipo de jurista –y de hombre– que estaba naciendo aquella mañana: “El gobierno que no se funda en la justicia y en la razón, sino en la fuerza, podrá en un momento de energía anunciarse al mundo como estable e imperecedero, pero tarde o temprano, cuando los hombres conociendo sus derechos violados se propongan reivindicarlos, irá la rebelión a anunciarles que cesó su dominación”.

Inicialmente, se denominó Día del Abogado, por la costumbre de la época de llamar abogado a todos los juristas. Después del triunfo de la Revolución, pasó a nombrarse, con más propiedad, Día del Jurista, y finalmente se adoptó la actual denominación: Día del Trabajador Jurídico, un título más apropiado y justo, pues comprende no solo a los juristas, sino también a todos los trabajadores que les auxilian en sus tareas.

Un recorrido nominal que dice mucho sobre la evolución de la concepción cubana del derecho: de la figura individual del letrado ilustrado al colectivo de trabajadores que sostienen cotidianamente el edificio de la legalidad.

Tres juristas, una sola patria: Agramonte, Martí y Fidel

La historia del derecho en Cuba es, en buena medida, la historia de hombres que eligieron el derecho como punto de partida y, a la justicia, como destino. Tres nombres pueden resumir esa tradición con una claridad que no necesita adornos.

Ignacio Agramonte, nacido en Camagüey el 23 de diciembre de 1841, estudió Derecho Civil y Canónico en la Universidad de La Habana para recibir su título de licenciado en junio de 1865. Dos años más permaneció en la universidad, pues aunque ejercía como abogado, continuó los estudios correspondientes al doctorado hasta el 24 de agosto de 1867, cuando hizo su último examen. El 8 de junio de aquel año, el Mayor había acudido al convento de Santo Domingo, ocupado entonces por la Universidad de La Habana, para proclamar sus ideas mientras cumplía el ejercicio académico.

Pero Agramonte no se quedó en las aulas. Cuando la Revolución de 1868 estalló en los campos cubanos, el jurista cambió el expediente por el machete, sin traicionar jamás su convicción de que la libertad debía ser también un orden.

Participó en la Asamblea de Guáimaro en 1869, donde se redactó la primera Constitución de la República en Armas, y allí defendió la idea de un poder civil fuerte frente al militar, mostrando su visión democrática y republicana. Un constitucionalista en medio de la guerra. Un hombre que sabía que ganar la independencia sin un Estado de derecho era simplemente ganar otra forma de barbarie.

José Martí tomó un camino similar, aunque no idéntico. El 30 de junio de 1874, después de realizar el correspondiente ejercicio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, España, obtuvo el grado de licenciado en Derecho Civil y Canónico.

Sin embargo, lo que Martí aportó al pensamiento jurídico cubano no vino de los estrados, sino de su escritura, que es en sí misma un sistema filosófico-político de extraordinaria coherencia.

Su concepto de República (“con todos y para el bien de todos”) es, traducido al lenguaje del constitucionalismo moderno, una formulación de los principios de igualdad, pluralismo e interés general que hoy recoge la Constitución cubana en sus artículos 13, 40 y 42. Martí entendía que la ley justa no se impone, se construye desde la dignidad del pueblo o no es ley, sino decreto disfrazado.

Fidel Castro Ruz cerró, con fuerza histórica incomparable, esta trinidad de juristas que son también patriotas.

Al concluir sus estudios universitarios en la Universidad de La Habana, comenzó a ejercer como abogado en la capital. Su bufete atendía, significativamente, a los más humildes. Y cuando el régimen de Batista cerró los caminos de la justicia institucional, Fidel encontró la manera de convertir el propio juicio en tribuna. En su autodefensa ante el Tribunal de Urgencia de Santiago de Cuba, tras el asalto al Moncada en julio de 1953, demostró que conocía el derecho lo suficientemente bien como para desnudar su perversión: argumentó que la Constitución de 1940 había sido violada por el golpe militar, invocó el derecho a la resistencia ante la tiranía –reconocido por los más clásicos pensadores del iusnaturalismo– y transformó la sala en un estrado de la historia.

Ese texto, conocido universalmente como La Historia me absolverá, es a la vez un alegato jurídico, un manifiesto político y un programa de gobierno. Solo sabe hacer eso quien conoce el derecho en sus raíces más profundas.

La Constitución del 2019 como suelo firme desde el que todo se construye

El Día del Trabajador Jurídico tiene en 2026 una resonancia especial que merece subrayarse. Cuba transita el que es quizás el proceso de renovación legislativa más ambicioso de su historia contemporánea, y lo hace bajo el paraguas normativo de la Constitución aprobada mediante referéndum popular el 24 de febrero de 2019.

Ese origen –la consulta directa al pueblo, que produjo más de 133 000 propuestas de modificación antes de la aprobación final– le confiere una legitimidad democrática que convierte a la carta magna no en un texto impuesto, sino en un pacto colectivo.

La Constitución del 2019 es un documento moderno en su espíritu y en su letra. El artículo 40 proclama que “la dignidad humana es el valor supremo que sustenta el reconocimiento y ejercicio de los derechos y deberes”. El artículo 42 establece la igualdad de todas las personas sin distinción de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencias religiosas u otras condiciones. El artículo 92 garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa. El artículo 156 encomienda a la Fiscalía General de la República el control y la preservación de la legalidad. El artículo 147 dispone que los tribunales imparten justicia “en nombre del pueblo y por autoridad de la ley”.

Son formulaciones jurídicas de notable avance. Pero una constitución –y esto todo jurista lo sabe por formación– no es un texto que funcione solo. Es el techo de un edificio que necesita columnas, paredes y cimientos. Esas columnas son las leyes que la desarrollan. Esas paredes son las regulaciones que la hacen operativa. Esos cimientos son los juristas que la aplican cada día, con conocimiento y con conciencia.

Arquitectos de la legalidad. El jurista cubano en el gran proceso legislativo

El momento que vive el ordenamiento jurídico cubano no tiene precedente cercano en su historia. Desde la entrada en vigor de la Constitución del 2019, Cuba ha emprendido la renovación de un amplio cuerpo normativo para poner la legislación ordinaria en correspondencia con los mandatos constitucionales.

Este proceso ha producido ya textos de enorme trascendencia social: el Código de las Familias –aprobado en referéndum el 25 de septiembre de 2022, que reconoció las familias en toda su diversidad y situó a Cuba en la vanguardia de la legislación familiar latinoamericana–, el nuevo Código Penal, el Código del Proceso Penal, la Ley del Proceso Administrativo y un vasto conjunto de regulaciones sectoriales.

Este proceso de producción legislativa no es, para quien lo mira de cerca, un ejercicio burocrático. Es una empresa de enorme complejidad técnica y política. Cada nueva ley tiene debe armonizarse con la Constitución –so pena de inconstitucionalidad–, con el resto del ordenamiento –so pena de antinomias irresolubles– y con la realidad social que pretende regular –so pena de caer en letra muerta–. Identificar esas tres dimensiones simultáneamente, y resolverlas en el texto de un artículo, es el trabajo que hacen cotidianamente los juristas cubanos que participan en las comisiones redactoras, en los órganos consultivos, en los departamentos jurídicos de los ministerios y en los centros de investigación jurídica.

La Asamblea Nacional del Poder Popular, a la cual el artículo 103 de la Constitución confiere la potestad legislativa como órgano supremo del poder del Estado, no legisla en el vacío. Legisla sobre la base de un trabajo técnico-jurídico previo que puede parecer “invisible” para el ciudadano común, pero es absolutamente indispensable. Ese trabajo previo es, en su mayor parte, obra de juristas.

Vale mencionar, además, el rol de los asesores jurídicos en las entidades estatales. En un país donde el Estado continúa siendo el actor central de la economía, la asesoría jurídica interna es una garantía institucional de primer orden, pues permite que las decisiones administrativas y empresariales se adopten dentro del marco de la legalidad, previene el daño al patrimonio estatal y protege los derechos de los trabajadores. No es un rol de ornamento; es una función esencial.

Y en el año en que Cuba celebra el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, es especialmente significativo que el Día del Trabajador Jurídico coincida con ese año de memoria y de exigencia.

Fidel, el abogado que defendió a los pobres en su bufete habanero, el jurista que transformó su autodefensa en un programa de justicia social, el estadista que comprendió que la Revolución debía también ser un Estado de derecho, habría entendido perfectamente la importancia de lo que hoy los juristas cubanos hacen. Y habría exigido, con su característica mezcla de rigor y pasión, que lo hicieran mejor cada día.

Vocación, ética y dignidad: Lo que significa ser jurista en Cuba hoy

Hablar del Día del Trabajador Jurídico sin hablar de quienes le dan contenido real sería un ejercicio vacío. Los juristas cubanos no son una abstracción; son personas concretas que ejercen su oficio en condiciones concretas, muchas veces difíciles, con recursos escasos y responsabilidades enormes.

Es la notaria que cada mañana atiende a personas que necesitan formalizar su vivienda, transferir una herencia, regularizar su situación familiar. Es el juez que tiene sobre su mesa expedientes que no son números de carpeta, sino vidas humanas en momentos críticos. Es el abogado defensor que asume una causa sabiendo que defender no es avalar la culpa, sino garantizar que el proceso sea justo. Es el fiscal que debe velar por que la ley se aplique sin favoritismos, arbitrariedades o caprichos. Es el investigador que publica para elevar la ciencia jurídica nacional. Es el profesor que desde las aulas forma con rigor y compromiso.

Ninguna de esas tareas es sencilla. Todas requieren conocimiento profundo, actualización permanente, integridad irrenunciable. Y todas remiten a la misma pregunta fundamental: ¿para qué existe el derecho?

La respuesta que da la tradición jurídica cubana, desde Agramonte hasta nuestros días, es clara: el derecho existe para ordenar la convivencia social de manera justa, para proteger los derechos de las personas y para preservar la legalidad. Ese es el núcleo del Estado de derecho: la ley obliga a todos, incluyendo al Estado. Hacerlo real y cotidiano es misión permanente del jurista cubano.

Existe también una dimensión que frecuentemente se subestima: el jurista como educador social. En una sociedad que aspira a que sus ciudadanos conozcan sus derechos y los ejerzan con plena conciencia, el abogado que explica, el notario que orienta, el asesor que advierte, el profesor que enseña con vocación de servicio público, están haciendo obra de construcción cívica de largo aliento. Una sociedad jurídicamente educada es más difícil de engañar, más difícil de atropellar, y más capaz de exigir lo que le corresponde.

La historia siempre espera a quienes se mantienen fieles a la justicia

Han pasado 161 años desde aquella mañana en el antiguo Convento de Santo Domingo. Agramonte ya no era solo un estudiante sobresaliente: era, sin saberlo todavía, el símbolo fundacional de una vocación colectiva. Cuatro años después de aquella tesis, estaba en la manigua redactando la primera constitución cubana. Ocho años después, moría en combate cerca de Jimaguayú sin haber abandonado jamás la convicción de que Cuba merecía un orden fundado en la justicia y en la razón.

Esa convicción no murió con él. La recogió Martí, que la convirtió en programa político y literario. La recogió Fidel, que la convirtió en Revolución y en Estado. Y hoy la portan, día a día, los miles de trabajadores jurídicos cubanos que con su trabajo cotidiano sostienen el edificio de la legalidad en un momento de profunda transformación nacional.

Este 8 de junio de 2026, en el Año del Centenario de Fidel, mientras Cuba renueva su ordenamiento jurídico, merece ser algo más que una fecha de felicitaciones protocolares. Merece ser una oportunidad para reflexionar sobre lo que significa el derecho en una sociedad que tiene la justicia como aspiración irrenunciable, y sobre el papel de quienes han elegido esa aspiración como profesión y como destino.

A todos los trabajadores del sector jurídico cubano, la patria que Agramonte soñó desde las aulas, que Martí proyectó desde el exilio y que Fidel contribuyó a construir desde el poder, les debe gratitud. Ejercer la profesión bien es la mejor manera de honrar esa deuda.