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Foto: El Correo.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos readoptó formalmente el uso del pelotón de fusilamiento como método de ejecución permitido dentro del protocolo federal de pena de muerte, en una decisión que reactiva las prácticas más severas de la primera administración de Donald Trump y acelera los procesos capitales en todo el país, informaron fuentes oficiales.

La medida, anunciada por el fiscal general interino Todd Blanche, restaura la inyección letal con pentobarbital —cuyo uso había sido cuestionado durante la gestión demócrata— y amplía las formas de ejecución al fusilamiento, una modalidad que hasta ahora solo aplicaban cinco estados: Idaho, Misisipi, Oklahoma, Carolina del Sur y Utah.

Con esta readopción, el gobierno federal también podrá solicitar ese tipo de ajusticiamiento para ciertos delitos considerados de alta gravedad.

“Se readopta el protocolo de inyección letal utilizado durante la primera administración Trump, la ampliación del protocolo para incluir formas adicionales de ejecución, como el pelotón de fusilamiento, y la simplificación de los procesos internos para agilizar los casos de pena de muerte”, explicó la dependencia en un comunicado difundido a la prensa.

El texto oficial justificó el giro punitivo como una necesidad para “disuadir la comisión de delitos más bárbaros, hacer justicia a las víctimas y proporcionar un cierre largamente esperado a los seres queridos de las víctimas”. Blanche, por su parte, arremetió contra el ex presidente demócrata Joe Biden, a quien acusó de haber “desprotegido” a los ciudadanos estadounidenses al negarse a aplicar la pena capital contra los criminales más peligrosos.

“Biden incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y aplicar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, así como asesinos de niños y de policías”, sentenció el comunicado desde el Departamento de Justicia.

La administración pasada, recordó el texto, había exhortado al entonces mandatario a “dejar sin reos el corredor de la muerte federal” mediante la conmutación de las sentencias de 37 de los 40 reclusos condenados a la pena máxima, una decisión que —a juicio de la nueva gestión— ignoró el dolor de las familias de las víctimas y se apoyó en la oposición personal del entonces fiscal general Merrick Garland.

Entre las medidas adicionales adoptadas por la dependencia para “mejorar la seguridad pública y brindar justicia a los agraviados de los crímenes”, destaca la publicación de un informe que concluye que el uso de pentobarbital para ejecutar sentencias de muerte es compatible con la Octava Enmienda de la Constitución estadounidense —la misma que prohíbe los castigos crueles e inusuales—, una afirmación que ha generado un encendido debate entre juristas y defensores de derechos humanos.

El Departamento de Justicia también ordenó examinar la posibilidad de reubicar o ampliar el corredor de la muerte federal, así como construir un centro de ejecución adicional que permita otras formas de cumplir las sentencias capitales.

Para reducir los tiempos procesales, el organismo planea una norma que faculte a los estados a agilizar la revisión federal de hábeas corpus en casos de pena capital. “De adoptarse, esta norma reduciría en años el periodo entre la condena y la ejecución”, precisó el comunicado.

En una arista inesperada, el papa León XIV, pontífice de nacionalidad estadounidense-peruana, condenó la pena capital por segundo día consecutivo apenas conocido el anuncio de la administración Trump.

“El derecho a la vida es el fundamento mismo de todos los demás derechos humanos”, afirmó el Sumo Pontífice. “Por esta razón, sólo cuando una sociedad salvaguarda la santidad de la vida humana podrá florecer y prosperar”.

Las declaraciones papales, inusuales en su insistencia, se suman a las críticas de organismos internacionales que consideran el retorno al pelotón de fusilamiento como un retroceso civilizatorio en el país que se autoproclama abanderado de la democracia occidental.

Con estas acciones, la administración Trump —que durante su mandato previo ejecutó a 13 reos federales tras un lapso de 17 años sin aplicaciones de la pena capital— endurece aún más su perfil punitivo a meses de un nuevo ciclo electoral, en medio de una profunda polarización social y un creciente cuestionamiento interno sobre la legitimidad de la máquina de muerte estatal.

(Con información de agencias)