Cubadebate

Helechos gigantes en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt. Foto: DPA.

Ya es trágico que se produzca el incendio de mayores proporciones en áreas del Parque Nacional Alejandro de Humboldt, sitio natural declarado Patrimonio Mundial, como para que, junto con sus valores endémicos, dejemos que ardan principios y reglas básicas de la comunicación pública sobre los que tanto discutimos en los últimos tiempos en el país.

Aunque pueda parecer exagerada la metáfora, con las llamas que arrasaban una amplia superficie de coníferas y bosques de charrascales, hábitats de relevantes especies de la fauna nacional, no faltaron autoridades que pretendieron camuflarse tras los humos, en vez de actuar en consecuencia con el debate que, sobre la prensa y la comunicación pública, fue auspiciado por el General de Ejército Raúl Castro en el Informe Central al 8vo. Congreso del Partido Comunista, y luego remarcados por el recién electo Primer Secretario de la organización y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Debo confesar que me llamó la atención que fuera precisamente Díaz-Canel quien develara en redes sociales la ocurrencia del siniestro —con independencia de su presencia aleccionadora en esos ámbitos— y que no hubiese escuchado, hasta ese momento, ningún reporte de prensa, pese a la amplia presencia de medios territoriales y locales en toda esa región.

Luego de indagar con directivos de estos en el oriente del país, así como con presidentes de la Unión de Periodistas a igual escala, descubrí una explicación lamentable: las autoridades responsabilizadas habían decidido apagar las llamaradas y los humos expansivos con el ya tan costoso como reprochable manto del secretismo.

Algunos directivos de medios de comunicación territoriales llevaban días tratando de persuadir de que era insoslayable ofrecer información, incluso por instituciones muy sensibles. De estas se necesitaría una respuesta en correspondencia con los presupuestos políticos y comunicacionales defendidos por el país y recogidos en sus documentos rectores, entre estos la Constitución de la República y la Política de Comunicación del Estado y del Gobierno.

En vez de lo anterior, ocurría, incluso, un episodio igual de reprochable: otro incendio en paralelo, a una treintena de kilómetros de la ciudad de Holguín, a la vista de todos los habitantes de la urbe y sobre la cima de una de las elevaciones emblemáticas que la rodean, tampoco recibía explicaciones públicas de las responsables locales, pese a la insistencia de la prensa.

Lo más lamentable es que a la par que los encargados de garantizar el derecho de los ciudadanos a una información veraz y objetiva optaban por el silencio irresponsable. En redes sociales se disparaban las más diversas teorías, como ya es común en esta desafiante era de la convergencia. Habitantes de Moa, por ejemplo, especulaban que los humos y cenizas que les llegaban provenían de la exposición del volcán La Soufriere, en San Vicente y las Granadinas.

Ante catástrofes naturales como estas, y de otras características, tenemos que honrar la oportunidad, veracidad y exactitud exigida en la información a la ciudadanía por el General de Ejército Raúl Castro, tras una visita para evaluar, en el año 2010, las consecuencias del sismo más fuerte desde la década de los años 50, relacionado con otro de gran intensidad en Haití, que hizo temblar gran parte del oriente y provocó daños en viviendas e instalaciones de salud.

Si la reacción ante el reciente incendio constituyera un ejemplo aislado y no la consecuencia de una anticultura comunicacional, heredada de las condiciones de acoso y agresión al país y de la apropiación de modelos periodísticos ajenos a nuestro contexto, no fuera tan preocupante. Hasta en el tratamiento informativo a la epidemia de la COVID-19, que el Gobierno nacional defiende sea bajo los principios de la más absoluta transparencia, ocurren retruécanos innecesarios cuando se dan eventos de trasmisión en instituciones sensibles que todo el mundo comparte menos los medios públicos.

Lo más triste es que los propagadores de los mutismos absurdos tal vez ignoran que atizan llamas políticamente más devastadoras: el descrédito del sistema de instituciones públicas del país, algo convertido en línea de ataque principal del martilleo mediático contrarrevolucionario.

Si las instituciones callan y, en consecuencia, los medios de comunicación silencian, o no reaccionan adecuadamente frente a los sigilos y mudeces, asistiremos a una doble devastación: el descrédito combinado de las instituciones y de los medios públicos.

Lo que podría ser una enorme fortaleza de nuestro sistema político —el cultivo de una nueva y transparente relación entre ambos, dado su carácter público y sus responsabilidades compartidas— podría convertirse de esa manera en una grave amenaza para la autoridad de ambos frentes que pone en riesgo la irreversibilidad de la Revolución.

Ya muchas veces se advirtió que en un escenario infocomunicacional en el que se combinan, a partes iguales, las oportunidades como las amenazas, sobre todo a partir de la guerra de cuarta generación a la que es sometido el país, la piedra preciosa de nuestro periodismo está en la credibilidad, el respeto y la ascendencia que el sistema de medios gane ante la ciudadanía.

Los tiempos en que ese sistema ostentaba la hegemonía de las influencias dieron paso a un ecosistema extraordinariamente poroso y permeable, con una multiplicidad de audiencias repartidas en distintas plataformas de las redes, que hacen cada vez más relevante la ascendencia del sistema de medios públicos, lo cual depende del apego a estrictos principios de veracidad y transparencia.
En la era de la convergencia no basta con contar con un poderoso y bien estructurado sistema de medios públicos, algo que solo puede completarse si este cuenta con una altísima y decisiva influencia pública, garantizada solo por una elevada credibilidad.

Como insistíamos en la celebración de los 35 años de la Editorial Pablo de la Torriente, con las virtudes que algunos olvidan y los defectos que todos reconocemos e intentan superarse —abordados en el 8vo. Congreso del Partido— no podemos desconocer que la ambición agazapada detrás de determinados intentos de linchamiento particulares y sistémicos de la prensa está en privar a la Revolución de este formidable constructor de consensos, de este especial valladar contra el caos, el enconamiento, el odio y la manipulación.

Frente a la amenaza de semejantes llamaradas, ¿qué sentido tendría seguir jugando con los fuegos del silencio y del secretismo?

(Tomado de Cubaperiodistas)