Cubadebate

Aunque la economía tiene el primer sitio entre las preocupaciones del norteamericano común (y también entre los más encumbrados pues temen que la intervención del estado en esa zona sea permanente y no solo transitoria), el tema de qué se hará con respecto a quienes autorizaron el empleo de la tortura, prevalece entre lo muy destacado en el primer trimestre de mandato Obama.

El resultado que se logre al final del fuerte debate suscitado tras la publicación de los documentos oficiales probatorios de que se emplearon métodos muy cuestionables contra sospechosos capturados en diferentes puntos del orbe, tiene entre sus ejes a quienes entienden que solo si se hace justicia Estados Unidos recobrará algo de crédito para una ética con la que se suele exigir pero sin ponerla en práctica, y a aquellos que se consideran tan por encima de todos, como para creerse con total derecho a cuanto sea, por muy vituperable que fuere.

Entre los propios demócratas hay diferencias sobre cómo proceder con los responsables de las torturas aplicadas a detenidos que, en primer término, fueron apresados sin cargos ni derecho alguno a tener asesoría legal o  una defensa corriente, y ni siquiera les dieron la mínima protección otorgada por la Convención de Ginebra para el trato a prisioneros.

Para estas fechas buena parte de los acusados de terrorismo fueron puestos en libertad por ausencia de pruebas, a pesar del régimen brutal al que fueron sometidos. Ese resultado se constituye en una entre muchas pruebas de que se procedió a la ligera y con ferocidad, pese a lo cual un ala de los demócratas coincide con los republicanos resistidos a que se juzgue a nadie por tales excesos.

Entre las figuras del anterior régimen que alzan la voz contra el actual mandatario, está el vicepresidente Richard Cheney, personaje siniestro a quien se tiene por el impulsor de varias prácticas execrables del pasado des-gobierno y cerebro de no pocos pasos censurables emprendidos por la Casa Blanca dentro o fuera de EE. UU. Sobresale entre quienes diatriban contra Barak Obama y no solo en lo que sigue calificando como "técnicas de interrogatorio" y en realidad fueron suplicios  aplicados a miles de personas. Afirma que el actual  jefe de estado pone en peligro el país al divulgar documentos probatorios de la ominosa práctica.

Luego de destapar la caja de los demonios, el presidente intenta ¿repartir responsabilidades? Estima que dee crearse una comisi´n independiente y bipartidista y dejó en manos del Fiscal General, Eric Holder, la ejecutoria del caso. Este funcionario dijo que no procesará a los agentes de la CIA que actuaron "razonablemente, de buena fe y de acuerdo con las opiniones del Departamento de Justicia" donde fuera legitimada la tortura a supuestos terroristas, pero -dijo- aplicará la ley a las conductas impropias. Fue su respuesta a un congresista que le preguntó si estaba dispuesto a procesar a funcionarios del anterior gobierno.

El tema no es simple. Si en realidad se procede como plantea Holder o el propio Obama, los personajes susceptibles de enjuiciamiento serían desde Donald Rumsfeld, que era jefe del Pentágono, o lo que es igual, ministro de defensa; pasando por el anterior fiscal general del Estado,  John Ashcroft y su controvertido sucesor al frente del Departamento de Justicia, Alberto Gonzáles, involucrado además en el despido de varios jueces que no estaban dispuestos a sumarse a otras causas también cuestionables.

Se añadiría a la lista Codolezza Rice, jefa de la ¿diplomacia? del anterior gabinete. Ella figura entre los que avalaron la aplicación de métodos violentos contra los reos y, por supuesto, también estarían involucrados   los jefes de la CIA, George Tenet y su heredero Michael Hayden, ambos responsables del organismo encargado de los entrenamientos y aplicación de las susodichas malas mañas, aparte de militares y mercenarios. Si en verdad se actúa con plena rectitud debe ser incriminado George W. Bush, nada al margen de esos sucesos y quien defendió el malsano método en público.
La Unión Americana de Libertades Civiles y otras organizaciones, como  Veteranos por la Paz, piden un  fiscal especial para que se haga cargo de las investigaciones.  Pretenden que no se quede sin castigo aquello que aparte de violar muchos preceptos, coloca a EE. UU. en situación vergonzosa pese a que la línea habitual en que se proyectan sus dirigentes sea la de censores y jueces sobre cuanto hacen todos los demás, excluyéndose ellos.

En medios de las Naciones Unidas y en sectores europeos se maneja la posibilidad de llevar a corte el proceder seguido con el pretexto de combatir el terrorismo, pero es poco probable que la idea prospere. En EE. UU. la tendencia es difusa. Existe demasiado temor a que los mejores proyectos de la nueva administración resulten atrapados bajo el alud de acusaciones que consiguieran  desatarse o que los peores planes sean mal modificados cuando sucesos notables en Paquistán y en el vecino territorio afgano, parecen encaminados hacia otro pésimo experimento.

La legislación  norteamericana, que tanto se apoya en los precedentes, casi seguro no encontrará algún caso de querella anterior contra tan altos ex representantes del poder. Fuertes son las presiones sobre Obama para que proceda, y con ello configure una imagen novedosa que otorgue confianza a su gestión, o al contrario, que deje las cosas tal cual, para evitarse peligros, incluyendo un atentado contra su vida.

Hay bases. Los supremacistas blancos y similares no están nada conformes con este presidente negro pues con todo y ser un hombre del sistema, alimenta con su ascenso el viejo racismo kukuxklanesco, incapaz de aceptar a un presidente no ario, problema que, de acuerdo con recientes informes de inteligencia, se une con la crisis financiera para darle base a un crecimiento sustancial de la ultraderecha y no es cosa de olvidar los atentados terroristas de Oklahoma en el 1995, ejemplo de amenaza latente.

El informe elaborado por una comisión del Senado ofrece detalles tajantes sobre los pasos que condujeron a la autorización de métodos coercitivos en interrogatorios a supuestos miembros de Al Qaeda. El abuso a los detenidos "no puede ser atribuido a acciones de unas pocas manzanas podridas o a iniciativa propia" (...) "...altos cargos del Gobierno de EE. UU. solicitaron información sobre cómo usar técnicas agresivas, redefinieron la ley para crear la apariencia de legalidad y autorizaron su aplicación a detenidos", dice el texto que, encima precisa que Rumsfeld dio aprobación para 15 tácticas de tortura, aplicadas lo mismo en Guantánamo que en Abu Graib o en cualquiera de las prisiones secretas, incluyendo el ahogamiento simulado, la privación del sueño, imponer posturas estresantes,  uso de insectos sobre el cuerpo de la víctima, golpes, duchas heladas, etc., aparte de someterles prácticas humillantes y prohibirles rezar.

Este asunto puede sellarse sin descalabrados, a semejanza de anteriores procesos pecaminosos, esgrimiendo uno o varios chivos expiatorios dentro de la camada de menor importancia quizás, o suspendiendo toda causa por "razones de seguridad". Puede ser peor: borrar el problema con una nueva guerra o encumbrando las existentes. Hay otras "soluciones" pero ninguna sería lo que lógica y decencia aconsejan. Poco en ese país está preparado para un buen laxante de entereza y honestidad. El poder tras el poder lo impediría a toda costa.