Cubadebate

The Politico, Revista del Congreso de los Estados Unidos. Publicado el 7 de mayo de 2007
Traducido por Boris Martínez y revisado por Antonio González, del Equipo de Traductores de Cubadebate y Rebelión

Los Estados Unidos tienen que extraditar o enjuiciar a Posada por el mortal atentado a aerolínea cubana.

Ningún terrorista tiene acceso libre en la guerra mundial contra el terrorismo. El terrorismo es terrorismo, sin importar el país o la causa que lo origine. Sin embargo, en los Estados Unidos vive con plena libertad un terrorista que pone a prueba este principio.

En 1976, un monstruoso ataque a un vuelo civil de la aerolínea de cubana causó la muerte de 73 personas, 24 de ellas, miembros del equipo cubano campeón de esgrima, la mayoría de ellos adolescentes, y 11 estudiantes de medicina guyaneses. Hasta el 11 de septiembre, este había sido el más nefasto ataque terrorista contra un avión en la historia del hemisferio occidental. Luis Posada Carriles, ciudadano venezolano con un largo historial de trabajos con la CIA por toda la América Latina, fue arrestado al poco tiempo y acusado de ser el actor intelectual del ataque. Se escapó de una prisión venezolana en 1985 mientras esperaba juicio y pronto reanudó la coordinación de actos terroristas en toda la región.

En 1977, se vinculó a Posada con un número de atentados con bombas en diferentes hoteles en la Habana donde un turista italiano resultó muerto y varios otros heridos. En el 2000, se le arrestó por intentar asesinar al presidente cubano Fidel Castro con explosivos C-4 colocados en un auditorio repleto de estudiantes en Panamá. En todos los casos, tuvo la posibilidad de escapar o usar sus influyentes conexiones para fugarse de la cárcel. 

Cuando Posada entró a escondidas por el Sur de la Florida en 2005, el gobierno venezolano solicitó de forma expedita su extradición para que respondiera ante la justicia, como debía haber ocurrido hacía mucho tiempo, por el asesinato de las 73 personas a bordo de la aerolínea cubana. Sin embargo, han transcurrido más de dos años y Posada no ha sido todavía extraditado y ni siquiera acusado del atentado. Aún peor, vive en la actualidad en Miami con plena libertad, y sólo responderá ante la justicia por haber mentido a las autoridades de inmigración.

En los 22 meses transcurridos desde que Venezuela solicitó su extradición, el Departamento de Justicia no ha presentado el caso de extradición en un tribunal federal, a pesar de las obligaciones que tiene en virtud de tratados que así lo exigen. En su lugar, las autoridades federales iniciaron un proceso judicial migratorio contra Posada durante el cual manifestó de forma cínica que sería torturado si se le deportaba hacia Venezuela. Con el objetivo de apoyar su falsa acusación, Posada ofreció un sólo testigo, que los abogados del Departamento de Seguridad Nacional permitieron testificar sin contrainterrogación: un antiguo colega, asociado de negocios, abogado personal y sospechoso de ser cómplice en su fuga de la cárcel.

Incluso cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos ha aceptado que Posada tiene un "largo historial de violencia y actividades criminales donde han muerto civiles inocentes", el Departamento de Justicia no lo ha acusado por el atentado de 1976 (lo que, basado en una convención internacional de 1971 de la que los Estados Unidos forma parte, tiene la obligación de hacer), ni tampoco ha intentado calificarlo de terrorista en virtud de la Ley Patriota. La lentitud del gobierno estadounidense en el caso Posada ha sido tan grande que el 11 de septiembre de 2006, fecha simbólica, un juez argumentó que el gobierno "tenía otros mecanismos … disponibles para detener (a Posada), los cuales no ha aprovechado".

Si bien las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos se han tornado tensas, nada debiera impedir que el gobierno estadounidense extradite a Posada hacia Venezuela o lo enjuicie por el atentado con bombas en 1976. El violento ataque de Posada no tenía ninguna justificación en aquel momento; mucho menos se debe pasar por alto ahora. Si se permitiera que Posada escape de la justicia por sus sanguinarios crímenes, se estaría mandando a la comunidad internacional el mensaje claro de que cierto tipo de terrorismo es aceptable. Y no lo es.

En una carta al The Miami Herald el 30 de abril, Margarita Morales Fernández, hija de una de las personas muertas en el atentado de 1976, escribía lo siguiente: "Al ver la cara sonriente de este supuesto asesino a sueldo disfrutando de plena libertad, recuerdo las lágrimas de mi madre, quien murió sin ver que al asesino de mi padre se le declarara culpable por sus crímenes". Su historia es una de las tantas de los familiares y amigos que lloran la muerte de las 73 personas asesinadas ese día. Brindarle el derecho a que se haga justicia es tanto una necesidad como una deuda que hace tiempo debía haberse cobrado. El gobierno de los Estados Unidos tiene los mecanismos para hacerlo; ahora sólo le queda hacer uso de la voluntad.

Bernardo Álvarez Herrera es el embajador de Venezuela ante los Estados Unidos.

Originalmente en:http://www.politico.com/news/stories/0507/3880.html