Cubadebate

 La prohibición de publicar artículos científicos de Cuba, Irán, Libia y Sudán supera a la época de McCarthy.

NODO 50

George W. Bush no deja de asombrarnos cada día con su especial visión sobre lo que debe ser la democracia. El presidente de la mayor "democracia" del mundo hace méritos diarios para superar incluso aquellos momentos "gloriosos" de la historia de EEUU, cuando en plena Guerra Fría McCarthy lanzó su implacable caza de brujas contra todo aquel ciudadano que no demostrara activamente su fervor anticomunista.

La última perla del emperador W. Bush ha sido su decisión de prohibir que en Estados Unidos se publique cualquier tipo de artículo de investigación científica proveniente de Cuba, Irán, Libia o Sudán.
 
Una normativa de la Secretaría del Tesoro estadounidense considera que cualquier publicación que en EEUU se atreva a divulgar ese tipo de investigaciones, se trate de textos sobre el cáncer, el sida, sobre estudios geológicos, físicos, químicos o de cualquier tipo, viola el embargo comercial que pesa contra esos países. Esto es aplicable tanto para editoriales especializadas en libros científicos, como para las revistas y publicaciones de distinto tipo editadas por universidades y asociaciones profesionales.

En el caso de Cuba, cuyos científicos vienen colaborando activamente con publicaciones científicas estadounidenses, especialmente en el terreno de la biotecnología, sufre un verdadero bloqueo por parte de EEUU desde hace más de 40 años, que ha sido endurecido posteriormente tanto por la llamada Ley Helms-Burton como por la Ley Torricelli.

Ante la protesta generalizada que la medida de la Administración Bush provocó en los últimos días entre la comunidad científica y editores especializados de EEUU, David Mills, el funcionario al que la Secretaría del Estado encargó para supervisar su cumplimiento, aclaró que "pueden hacerse excepciones, siempre que se pida un permiso especial".

En los momentos más duros de la Guerra Fría incluso, las distintas admnistraciones estadounidenses, lejos de prohibir la publicación en EEUU de artículos de investigación de científicos de países "enemigos" -de la Europa del Este--, los estimulaban. En ese momento Washington se empeñaba en intentar quitarle a esos países todos los científicos valiosos que tuvieran, y se entendía que publicar sus trabajos en medios norteamericanos podía suponer un importante estímulo para que intentaran exilarse en EEUU.

Un golpe más a las libertades democráticas

A pesar de la perplejidad que ha provocado la decisión de Bush en el mundo científico, ésta en definitiva no es otra cosa que una vuelta de tuerca más a la drástica restricción de las libertades democráticas que se está viviendo en EEUU -fundamentalmente, aunque no exclusivamente-tras la cruzada "antiterrorista" internacional lanzada después del 11-S.

En EEUU todavía sigue vigente la USA Patriot Act, aprobada por la Administración Bush a fines de octubre de 2001 "para hacer frente al peligro terrorista", que en realidad supone un durísimo golpe a las libertades individuales tanto de sus propios ciudadanos como de los inmigrantes extranjeros. No casualmente la Patriot Act nacía en momento en que el Museo de Aplleton, Wisconsin, inauguraba la exposición ‘Joseph McCarthy, una tragedia moderna'". Si en el caso de los ciudadanos norteamericanos esta ley supone la posibilidad de espiar su correo, su línea telefónica, sus cuentas bancarias o registrar sus viviendas sin necesidad de ningún tipo de autorización judicial, en el caso de los inmigrantes la situación llega a ser dramática. Más de 5.000 inmigrantes, mayoritariamente originarios de países de Oriente medio, fueron detenidos desde pocos días después de promulgada esta ley, permaneciendo muchos de ellos durante meses y meses en el limbo legal. En agosto de 2002 la Casa Blanca expresó públicamente su malestar ante el reclamo hecho por la juez federal Gladys Kessler, del distrito de Washington, para que el Gobierno revelara la lista de todas las personas detenidas bajo la legislación antiterrorista.

El Departamento de Justicia apeló ante el Tribunal Supremo, quien finalmente autorizó al Gobierno -temporalmente-a juzgar a puerta cerrada a los extranjeros detenidos tras el 11-S, sin presencia de público o de medios de comunicación.

Estados Unidos ha venido aplicando esta legislación en su propio territorio, mientras que en su enclave colonial de Guantánamo mantiene desde enero de 2002 a más de 600 personas de distintas nacionalidades capturadas fundamentalmente en Afganistán, a las que priva de sus más elementales derechos como prisioneros.

A pesar de las condenas que ha merecido el trato a los prisioneros de Guantánamo por parte no sólo de organismos humanitarios internacionales, sino también de dirigentes políticos de distintos países, la situación de los detenidos no ha variado. El Gobierno Bush ha anunciado últimamente que ya han sido elegidos los primeros detenidos a los que juzgará a través de tribunales militares. Estos tribunales no funcionaban desde los años 40, cuando fueron juzgados y ajusticiados varios agentes alemanes llegados en submarino a Nueva York y Long Island con el objetivo de cometer atentados contra instalaciones militares.

A pesar del grave atentado contra las libertades democráticas que suponen tanto la USA Patriot Act como la vuelta de los tribunales militares, lamentablemente la oposición demócrata en EEUU no ha hecho de este tema ninguna campaña de sensibilización entre la población ni lo ha convertido en un elemento importante de batalla contra el Gopbierno en el Congreso o el Senado.

Sólo sectores minoritarios de la sociedad civil estadounidense vienen denunciando desde hace tiempo esta siniestra situación, por lo que es difícil prever que exista un cambio radical ahora, ante la decisión de Bush de prohibir la publicación de artículos de científicos de Cuba, Irán, Libia o Sudán.

¿Cuál será la próxima aportación de "W." para el enriquecimiento del concepto de la democracia del siglo XXI?