Cubadebate

  Orlando Oramas, Periodista de Prensa Latina  

Con un claro propósito electoral, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, lanzó a bombo y platillo una reforma al sistema de inmigración, cual gancho para capturar el voto de las minorías hispanas, donde abundan los indocumentados.

La Casa Blanca ha estado renuente a atender los pedidos de amnistía y legalización de entre ocho y 12 millones de trabajadores ilegales, para quienes la iniciativa de Bush puede ser incluso el camino de la deportación.

Tampoco atendió la oferta del gobierno mexicano de suscribir un acuerdo para normalizar el flujo migratorio, vía para enfrentar el drama humano que significa el traspaso ilegal de la línea fronteriza, donde mueren anualmente cientos de mexicanos y de otras nacionalidades.

Poco interesó hasta ahora a la administración Bush el costo político que para el gobierno de Vicente Fox significó el hielo de Washington ante el tema, de particular importancia para la vida política mexicana.

Ambos países están asociados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), el cual presupone el intercambio de mercancías pero no de personas, aunque cerca del 70 por ciento de los indocumentados en Estados Unidos provienen del vecino país.

Precisamente las consecuencias del NAFTA han provocado la ruina de cerca de dos millones de campesinos y productores del país latinoamericano, muchos de ellos obligados por la situación a intentar mejorar las cosas mediante la emigración ilegal a Estados Unidos.

Sin embargo, incluso tal solución extrema se vuelve cada vez más difícil, ante el redoblamiento de los controles y la vigilancia fronteriza adoptada por Washington al calor de la alegada guerra contra el terrorismo.

En medio de este panorama, el jefe de la Casa Blanca presentó su iniciativa en ceremonia a la que fueron invitados líderes de organizaciones hispanas.

Pero lejos de anunciar la anmistía esperada por muchos, Bush adelantó un proceso selectivo acompañado de un reducido programa de legalización, en el cual los claros beneficiarios serán los intereses económicos que contratan esa mano de obra barata, en particular en la agricultura, servicios y manufactura.

La administración Bush creará un banco de datos sobre empleos disponibles, que serán ofertados a los indocumentados y a trabajadores extranjeros, siempre si no hay estadounidenses interesados en realizar esa faena.

Para los extranjeros se oferta una visa de trabajo temporal por tres años, la cual será renovable por una vez por otros tres años. El empleado deberá abonar a la seguridad social.
Los indocumentados optarán por una visa por tres años, previo cumplimiento de ciertos requisitos, con la perspectiva posterior de aspirar a una visa de trabajador temporal. Pero para ello será imprescindible registrarse en las oficinas federales de inmigración.

Y tal requisito puede significar una verdadera trampa para quienes como Vicente Mayorga, del Frente Unido de Inmigrantes Ecuatorianos, con sede en Nueva York, lleva 10 años intentando legalizar su situación en Estados Unidos.

Al ser selectivo y restrictivo, el programa puede convertirse en una forma expedita para la deportación de miles de trabajadores ilegales, con lo cual se ahorra incluso el trabajo de los agentes de Inmigración.

"Hemos sufrido la explotación y los abusos en carne propia. El drama de los indocumentados es grande y queremos una solución del Congreso con la residencia permanente", subrayó el ecuatoriano.

Por otra parte, la expedición de visas temporales de trabajo crea un sector laboral discriminado y con menores derechos respecto al resto de los empleados. También puede convertirse en otra forma de fuga de cerebros de países del Tercer Mundo hacia Estados Unidos.

La reforma anunciada por la Casa Blanca es una piñata vacía para millones de indocumentados, la más explotada y menos remunerada casta laboral en Estados Unidos, condición ahora refrendada por la iniciativa del presidente Bush.