Cubadebate

  Orlando Oramas, periodista de Prensa Latina  

El compromiso de los mandatarios de Argentina y Brasil de defender una posición común ante los acreedores de la deuda externa puede convertirse en referente para otros gobernantes latinoamericanos, en el objetivo de establecer una cláusula social al débito.

El documento firmado por los presidentes, Néstor Kirchner e Inacio Lula da Silva, bajo el título de Consenso de Buenos Aires, fija pautas ante los prestamistas de cara a honrar los adeudos, pero sin poner en riesgo el desarrollo y necesidades sociales. 

 Ya la administración Kirchner había adelantado en septiembre pasado esa meta al acordar con el FMI la reestructuración de pagos por 12 mil 500 millones de dólares. 

El ministro argentino del Trabajo, Carlos Tomada, aseguró recientemente que su gobierno logró introducir nuevas variables en esas negociaciones, como la generación de empleos y la reducción de la pobreza. El funcionario subrayó que de ahora en adelante el crecimiento económico y la atención social son categorías a tener en cuenta con los acreedores, "que antes las habrían descalificado". Recordó que "Argentina fue primero el ejemplo del buen alumno del FMI, luego fuimos el ejemplo de una crisis terminal". Se referería a la política privatizadora de la época menemista, la cual provocó la explosión social e hizo renunciar a Fernando de la Rúa.

 Los argentinos tienen por delante la dura renegociación con los acreedores privados, a quienes Buenos Aires propone pagar el 25 por ciento del valor de cada bono de su débito.   La oferta tiene como trasfondo la imposibilidad real de asumir tales erogaciones en detrimento de la complicada situación social, marcada por la continuación de protestas populares. 

 Otros gobernantes latinoamericanos podrían seguir la línea establecida en el Consenso de Buenos Aires, toda vez que varias naciones del continente tienen por delante el vencimiento de compromisos de la deuda y buscan nuevos términos de pago. 

Ecuador ha tenido problemas para cumplir con los requerimientos de un préstamo  con vencimiento formal en marzo próximo. El presidente Lucio Gutiérrez busca un "cambio de actitud en el FMI que nos permita librar recursos para invertir exclusivamente en el sector social". Durante su reciente visita a Nueva York, el mandatario indicó que el gran peso de la deuda externa en el presupuesto público impide realizar adecuadas inversiones en carreteras, hospitales y en la educación. 

El gobierno ecuatoriano enfrenta el rechazo de sectores sociales  a su conducción económica, en particular laa políticas de ajuste pactadas con el organismo financiero.

 Algo similar ocurre en Honduras, donde la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular encabeza las protestas contra proyectos de leyes impuestos como requisito para un acuerdo stand by. El  ministro hondureño de la Presidencia, Luis Cosenza, reconoció el repudio a las medidas exigidas por el Fondo. "Eso es algo que el FMI debe considerar para comprender la situación social del país".

 En Paraguay, a su vez,  los maestros resisten planes oficiales de reformar el sistema de jubilación del sector, que forma parte de reformas fiscales y económicas de la administración de Nicanor Duarte, en pláticas con una misión fondomonetarista. Duarte ha pedido a las instituciones crediticias que tomen en cuenta la difícil coyuntura económica paraguaya y la abultada deuda social, en un país considerado entre los más pobres de la región.

 Entretanto, el Banco Central de Venezuela pidió a las autoridades reestructurar la deuda externa, y advirtió que en los próximos cuatro años vencerá el 48 por ciento del servicio de los débitos contraídos hasta el año 2007. Caracas podría ser otro en ubicarse en sintonía con el Consenso de Buenos Aires, en particular cuando el gobierno bolivariano está inmerso en profundos planes de alcance social, que benefician a millones de venezolanos.

La cláusula social no resuelve el problema de la deuda, pero si otorga un respiro para naciones donde los compromisos del débito consumen buena parte del Producto Interno Bruto y postergan el enfrentamiento a acumuladas necesidades sociales. 

El FMI y otros organismos acreedores están en la disyuntiva de atender los apremios sociales de los estados deudores, o atizar con sus exigencias las explosiones populares que en América Latina escapan por las heridas lacerantes del neoliberalismo.