Cubadebate

Francesca Albanese asiste a una rueda de prensa en la sede europea de la ONU en Ginebra, Suiza, el 15 de septiembre de 2025. Fotografía: Pierre Albouy/Reuters

La familia de la investigadora independiente de la ONU Francesca Albanese ha demandado a la administración Trump por las sanciones estadounidenses impuestas el año pasado por sus críticas a las políticas de Israel durante la guerra con Hamás en Gaza, alegando que las sanciones violan la Primera Enmienda.

En una demanda presentada el miércoles en el tribunal de distrito de Estados Unidos en Washington, el marido de Albanese y su hijo menor de edad destacaron el grave impacto que esas sanciones han tenido en la vida y el trabajo de la familia, incluida la posibilidad de acceder a su hogar en la capital del país.

"La expresión de Francesca de sus opiniones sobre los hechos tal y como los ha encontrado en el conflicto israelí-palestino y sobre el trabajo de la CPI es una actividad central de la Primera Enmienda", dice la demanda, refiriéndose a la corte penal internacional. Ese tribunal ha emitido órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, por acusaciones de crímenes de guerra.

"En esencia, este caso trata sobre si los demandados pueden sancionar a una persona —arruinando su vida y la de sus seres queridos, incluida su hija ciudadana— porque no están de acuerdo con sus recomendaciones o temen su capacidad de persuasión", según la demanda.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Un portavoz del Departamento de Estado declinó hacer comentarios sobre litigios pendientes.

Albanese, relator especial de la ONU para Cisjordania y Gaza, es miembro de un grupo de expertos elegido por el consejo de derechos humanos de la ONU, compuesto por 47 miembros en Ginebra. Se le ha encomendado investigar los abusos de derechos humanos en los territorios palestinos y ha sido muy vocal sobre lo que ha descrito como el "genocidio" de Israel contra los palestinos en Gaza.

Tanto Israel como Estados Unidos, que brinda apoyo militar a su aliado cercano, han negado rotundamente la acusación de genocidio. Washington había denunciado lo que ha llamado la "campaña de guerra política y económica" de Albanese contra Estados Unidos e Israel antes de imponerle sanciones en julio, tras una fallida campaña de presión estadounidense para obligar al organismo internacional a destituirla de su cargo.

Poco después de ser sancionada, la abogada italiana de derechos humanos declaró a Associated Press en una entrevista sobre el efecto que esto tendría en ella, tanto personal como profesionalmente.

"Mi hija es americana. He estado viviendo en Estados Unidos y tengo algunos activos allí. Así que, por supuesto, me va a hacer daño", dijo Albanese el verano pasado. "¿Qué puedo hacer? Hice todo lo que hice de buena fe, y sabiendo eso, mi compromiso con la justicia es más importante que los intereses personales."

Pero las sanciones no han disuadido a Albanese de su trabajo ni de sus puntos de vista. Ha seguido publicando informes demoledores sobre la actividad de Israel, incluido uno centrado en lo que ella calificó de "economía genocida" del país en los territorios palestinos.

Danny Danon, embajador israelí ante las Naciones Unidas, dijo el año pasado tras uno de sus informes que "ha tomado la palabra 'genocidio', nacida de las cenizas del Holocausto, y la ha convertido en un arma – no para defender a las víctimas de la historia, sino para atacarlas".

(Con información de The Guardian)