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La orden ejecutiva, celebrada por las grandes firmas tecnológicas, abre ahora una nueva etapa de litigios, choques políticos y tensiones federales Foto: EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva con el objetivo de anular o desactivar las leyes estatales que regulan la inteligencia artificial (IA). Esta decisión profundiza una disputa interna dentro del Partido Republicano y consolida un giro en la política de la Casa Blanca hacia un modelo regulatorio alineado con los grandes conglomerados tecnológicos.

Trump justificó la medida afirmando que solo un “marco nacional unificado” permitirá a Estados Unidos competir con China en la carrera global por la IA.

“Hay un solo ganador posible, y será Estados Unidos o China. Y ahora mismo estamos ganando por mucho”, declaró el mandatario, argumentando que la proliferación de regulaciones a nivel estatal representa un obstáculo para las empresas del sector.

La orden ejecutiva establece acciones concretas y plazos precisos. Instruye al fiscal general a crear, en un plazo de 30 días, un “AI Litigation Task Force”, una unidad especial encargada de impugnar judicialmente las leyes estatales bajo el argumento de que interfieren con el comercio interestatal y violan las prerrogativas federales.

Paralelamente, ordena al Departamento de Comercio que identifique normas estatales consideradas “excesivamente onerosas” y prepare un inventario nacional de regulaciones destinadas a ser desmanteladas.

Uno de los aspectos más controvertidos de la medida es el condicionamiento del acceso a fondos federales. La Casa Blanca vinculará la entrega de partidas, incluidas las restantes del programa BEAD para la ampliación de banda ancha, a que los estados se ajusten al nuevo marco nacional.

Este punto apunta directamente a legislaciones locales que exigen, por ejemplo, transparencia algorítmica, auditorías independientes, reportes públicos o restricciones al uso de modelos generativos de IA en sectores considerados sensibles.

Aunque Trump aseguró que la orden cuenta con “gran apoyo republicano”, el decreto ha generado una fuerte oposición dentro del sector MAGA de su propio partido. Líderes como Steve Bannon han acusado al asesor de IA de la Casa Blanca, David Sacks, de entregar demasiadas prerrogativas a las corporaciones tecnológicas y de impulsar una “preempción total” que socava la autoridad tradicional de los estados.

La orden ejecutiva surge después de dos importantes derrotas políticas para la Casa Blanca en el Congreso. Tanto la incorporación de disposiciones de preempción en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) como iniciativas similares en el presupuesto federal fueron rechazadas, esta última con un contundente voto de 99 a 1 en el Senado, lo que evidenció una resistencia bipartidista. Ante este escenario, Trump optó por la vía unilateral del decreto presidencial.

El documento también instruye a la administración a preparar una propuesta legislativa para que el Congreso adopte un marco federal único que limite o invalide las normas estatales existentes. Menciona, en términos generales, la necesidad de proteger a la niñez, evitar la censura, salvaguardar los derechos de autor y garantizar que “las comunidades estén a salvo”.

Sin embargo, los críticos señalan que estas menciones funcionan como retórica política, mientras que la estructura central del decreto está diseñada para ampliar el margen de acción de las corporaciones tecnológicas.

La orden abre un nuevo frente legal al afirmar que las leyes estatales que obliguen a “alterar salidas verídicas de modelos de IA” o que exijan la divulgación de información protegida podrían violar la Primera Enmienda. Esta formulación podría ser utilizada por las empresas para bloquear en los tribunales normas de transparencia o auditoría impulsadas por estados como California, Colorado y Nueva York.

Se anticipa una intensa confrontación política y judicial en las próximas semanas. Varios estados, incluidos gobernadores republicanos que han impulsado normativas locales de control algorítmico, se preparan para presentar demandas en tribunales federales. Analistas prevén un escenario similar a disputas anteriores sobre privacidad digital o cambio climático, donde los estados lograron frenar iniciativas federales mediante bloqueos judiciales.

Este movimiento coloca a Estados Unidos en una encrucijada regulatoria, avanzando hacia un modelo centralizado y favorable a las grandes tecnológicas, mientras se intensifica el debate nacional sobre privacidad, sesgos algorítmicos y concentración de poder en el sector.

Paralelamente, marca una fractura profunda dentro del Partido Republicano entre el alineamiento corporativo de la Casa Blanca y los bloques conservadores que defienden la autonomía estatal.

(Con información de TeleSur)