Cubadebate

Los resultados en la implementación de las leyes de Pesca y de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, el estado de las producciones y la inversión extranjera así como las acciones para prevenir y enfrentar las ilegalidades, el delito y la corrupción en el sector, fueron analizados este jueves por los diputados, que conocieron el informe de la más alta fiscalización al Ministerio de la Industria Alimentaria, presentado por Ramón Osmany Aguilar Betancourt, presidente de la comisión agroalimentaria.

El proceso de fiscalización, desarrollado mediante 31 acciones de enero a mayo de 2024 con la intervención de las comisiones de Asuntos Económicos, Industrias, Construcciones y Energía y Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, con la coordinación de la Comisión Agroalimentaria, incluyó visitas a 491 entidades, en las que se intercambió con unas 10 540 personas.

Entre estas, destacan las visitas a empresas que integran las OSDE atendidas por el ministro y las 15 alimentarias de los Gobiernos provinciales. También fueron sostenidos reuniones con el Consejo de Dirección del Ministerio, intercambios con trabajadores del sector y autoridades políticas y gubernamentales en las provincias de Granma, Guantánamo, La Habana, Holguín, Sancti Spíritus y Matanzas.

Sobre los resultados de la implementación de la Ley 129/ 2019, Ley de Pesca, y sus normas complementarias, en el informe de la más alta fiscalización se destaca la capacitación sobre la normativa que recibieron más de 12 700 pescadores, y las 232 acciones de preparación en las que participaron 542 agentes de la PNR.

El informe señala que se avanza en la implementación de las medidas aprobadas por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministro para flexibilizar la actividad pesquera no estatal.

Entre esas medidas, están los servicios de construcción y reparación de embarcaciones de entidades especializadas a las distintas formas de gestión; el incremento hasta 60 HP de la potencia de motores a importar sin carácter comercial por personas naturales; la autorización a personas naturales para construir e inscribir embarcaciones, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos, y la creación de condiciones en los territorios para la venta mayorista y minorista de insumos (incluidos artes de pesca y medios de protección).

La emisión de licencias de pesca aumentó 48% en comparación con 2022, como resultado de que se eliminara la obligatoriedad de tener contrato con una entidad autorizada para solicitar una licencia de pesca comercial no estatal.

No obstante −señaló Ramón Osmany Aguilar Betancourt, presidente de la Comisión Agroalimentaria, al presentar el informe−, durante las comprobaciones los diputados apreciaron que en varios territorios decreció la contratación de los pescadores comerciales no estatales con las empresas pesqueras y otras que transforman y comercializan producciones que se obtienen por esta vía.

Las capturas de esos actores no estatales ascendieron a 1 029 toneladas durante 2023. Al cierre de abril se habían captado 214.4 toneladas, pero las empresas pesqueras solo han comprado 104.7 toneladas, lo que muestra la necesidad de promover acciones que eleven el interés de esos pescadores en la comercialización.

“Corresponde a los Consejos de la Administración municipal desarrollar un sistema de trabajo que permita atender a estos actores económicos y convertir en una opción atractiva la comercialización de las capturas con las empresas pesqueras, las del comercio y la gastronomía y el abastecimiento al turismo, tal y como lo regula la Resolución 16 / 2023 del Minal”, dijo Aguilar Betancourt.

En esas acciones, se apreciaron resultados en la provincia de Holguín y el municipio Sagua la Grande, en Villa Clara.

“No se logra afiliar la totalidad de los pescadores comerciales privados al régimen de seguridad social y que estos contribuyan como lo establece la ley”, señaló el presidente de la Comisión Agroalimentaria.

Durante la fiscalización, los diputados conocieron que la Oficina Nacional de Inspección Estatal (ONIE) fiscaliza las medidas de manejo para los recursos pesqueros en función de cada zona de pesca, atendiendo a sus características y a lo legislado, a pesar de no lograr detectar, enfrentar y sancionar todas las ilegalidades y violaciones que se cometen.

En ese proceso, al cierre de 2023 habían sido detectados 2 041 infractores y se habían impuesto multas por 5 717 000 pesos. En 2024, fruto de las acciones de enfrentamiento a las violaciones de la ley, se han detectado 601 infractores y se han impuesto multas por 1 833 000 pesos, se decomisaron 87.6 toneladas de productos pesqueros, 37.6 km de redes y 254 medios flotantes.

“Es una muestra de la no tolerancia ante los hechos que atentan contra el manejo sostenible de los recursos pesqueros”, dijo Aguilar Betancourt, quien añadió que, además, comprobaron que se trabaja en el programa de desarrollo de la acuicultura como elemento fundamental para el crecimiento del sector pesquero, aprovechando las potencialidades locales.

Como parte de ese programa, durante 2023 se sembraron 308 millones de alevines, la cifra más alta en los últimos 10 años. Para 2024 está prevista la siembra de 357 millones de alevines.

De un plan de 14.2 millones hasta la fecha, se ha sembrado un real de 14.7 millones, para un sobrecumplimiento de un 4%. En comparación con 2022, se incrementa la producción de alevines de ciprínidos (carpas) en 121 millones.

Para 2024, el plan de alevinaje de ciprínidos (carpas) a obtener es de 357 millones, 49 millones más que el real obtenido en el 2023.

“En medio de las limitaciones materiales y financieras por las que atraviesa la economía, se ejecuta un movimiento de recuperación de áreas para la producción de alevines que ha permitido dar valor de uso a 151.2 ha y se continúa trabajando en esa dirección”, dijo el presidente de la Comisión Agroalimentaria.

A la par, se han identificado 442 productores privados, con 1 644.8 hectáreas de espejos de agua, y 179 de ellos sembraron en 1134 hectáreas.

El MEP aprobó el otorgamiento de créditos del Banco de Fomento Agrícola para la creación y desarrollo de capacidades productivas, comenzó el curso de técnico superior de ciclo corto en la Actividad de Acuicultura, y se han ejecutado inversiones y asignado recursos financieros para construir y reparar embarcaciones, adquirir artes de pesca y equipos tecnológicos que respaldan la cadena de frío y la elaboración de conformados.

Aguilar Betancourt apuntó que, a pesar de lo realizado, hasta abril se han capturado 3 767 toneladas, el 68% de cumplimiento, un decrecimiento de 63 toneladas con respecto a igual periodo de 2023. 

En este empeño que tanto aporta a la Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la nación, se requiere de mayor integración y sistematicidad, reconoce el informe.

Según el informe, no se logra explotar el 100% de los acuatorios, principalmente las micropresas con potencial productivo, falta completamiento en las plantillas de pescadores por territorios, se requiere mejorar las condiciones de vida de los pescadores, no se incorporan todas las formas de gestión a esta actividad y se incumplen los contratos.

Al abordar los programas productivos que respaldan los planes de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional, Aguilar Betancourt dijo que se aprecian los siguientes resultados:

• La producción industrial de las producciones acuícolas se comporta al 68.3%. En 2024, en correspondencia con la siembra de alevines de 2023, se estima recuperar la producción industrial a niveles similares a los previos a la pandemia de covid.
• En la actividad láctea, durante 2023 la industria logró acopiar 194 millones de litros, el 67.2% de lo contratado, con las consiguientes afectaciones en los principales destinos. Esa cifra fue el 49.7% de lo demandado para la canasta básica. En ese año, 9 100 productores incumplieron la contratación.

En 2024 se han contratado 232 242 500 litros de leche, el 84% del potencial. Esa leche se ha contratado con 2 833 formas productivas y 58 productores que contrataron directamente con la industria.

Al cierre de marzo, de un plan de acopio de 38 955 toneladas, se han acopiado 27 385 toneladas, el 70.3%.

• En la actividad cárnica, en el 2023 la industria recibió 47 000 toneladas, con lo que la contratación se cumplió al 71.2%. En ese año, 1 500 productores incumplieron los compromisos.

En el 2024 se han contratado 52 782 toneladas, el 83% del potencial existente. Esa carne está contratada en 2 821 formas productivas y 56 productores contrataron directamente con la industria.

Al cierre de marzo, de un plan acumulado de 14 407 toneladas de vacuno, se han entregado 7 753 toneladas, el 53.8%.

Las producciones alternativas que ha logrado la industria en la actividad láctea alcanzan 3 905 toneladas de productos lácteos y 782 toneladas cárnicos.

“Como se aprecia, persisten dificultades en la realización de la contratación económica de las empresas lácteas y cárnicas con las formas productivas y productores, además de que no se aprovechan las facultades otorgadas a las empresas para fortalecer la atención directa a los productores y contribuir gradualmente a la recuperación sostenible de los sistemas productivos locales”, dijo Aguilar Betancourt.

Según el informe presentado, durante el 2023 se produjeron 54 274 toneladas de productos, el 87% de lo planificado. Para el 2024 se han contratado 55 153 toneladas de productos. Las entregas hasta marzo se han comportado al 93% de lo contratado hasta la fecha. El incumplimiento más significativo está en el tomate (64.8%).

Las producciones alternativas de las empresas alimentarias locales alcanzaron el pasado año las 54 800 toneladas y las 6 735 toneladas en la Cadena Cubana del Pan. Al cierre de marzo 2024, con la utilización de 3 534 toneladas de extensores, se han producido 23 842 toneladas de pan, siendo los más utilizados la calabaza, la yuca y el boniato. Las mejores experiencias están en las provincias de La Habana, Holguín y Santiago de Cuba.

“Comprobamos que no en todos los establecimientos, fábricas y talleres de producción se aplican iniciativas que generen producciones utilizando materias primas locales tales como el casabe, las producciones de vinagre, pulpas de frutas, conservas de vegetales u otras que pueden incrementar los niveles de oferta a la población”, dijo Aguilar Betancourt.

Entre las prioridades planteadas por trabajadores y directivos del sector en los intercambios con los diputados, como factores para perfeccionar la gestión, están la generación de ingresos externos, el incremento de la cantidad y calidad nutricional de los alimentos, y el incremento en el uso de las fuentes de energías renovables.

Como vías para materializar esas proyecciones, se mencionan en el informe de la más alta fiscalización identificar en cada territorio las fuentes de materias primas de producción nacional, actores con capacidad de importación y fuentes de ingresos en divisas existentes, a las que se puedan vender productos en esas monedas.

Ello, con el objetivo de emplear esos ingresos “para reaprovisionarse de materia prima para mayores producciones, garantizando un ciclo de ventas por diferentes modalidades (online y otras que garanticen pagos al exterior) y generar producción en determinados niveles; vender entre un 30 y 40% de estas producciones para recuperar la divisa y el porciento restante destinarlo a responder a consumos sociales priorizados del territorio”.

Igualmente, señala el informe, identificar “nuevos rubros exportables tradicionales y no tradicionales, y potenciar los rubros actuales con el objetivo de aumentar los ingresos externos del país y que una parte se reinvierta en lo local para continuar potenciando dicho objetivo y aumentar los niveles de producción de alimentos”.

En esa situación estarían, entre otras, producciones como las de pesca de plataforma, acuicultura, cultivo de camarón y chocolatería.

Actualmente, se desarrolla conjuntamente con el PMA un rediseño y concepción de la estrategia de fortificación de alimentos, con la aspiración de rescatar producciones de compotas, harina, yogurt y leche. 

Además, se ejecutan proyectos enfocados en sectores vulnerables, incluidos proyectos para desarrollar jugos para niños a partir de frutas y hortalizas;  suplementos alimentarios para adultos mayores y productos alimenticios para embarazadas.

El presidente de la Comisión Agroalimentaria informó a los diputados que, a partir de los datos Registro Nacional de Productor Industrial de Alimentos y Bebidas, actualmente están identificados en todo el país 4 992 productores industriales de alimentos y bebidas, incluidas 1 241 mipymes.

Las empresas alimentarias de la subordinación local registran 2 216 productores industriales de alimentos y bebidas.

En el ámbito de las buenas prácticas y la inocuidad, los diputados detectaron dificultades de carácter subjetivo y objetivo que afectan los estándares.

Sobresalen la falta de organización en algunas panaderías para elaborar producciones alternativas que se utilizan como extensores; los espacios reducidos y con poca ventilación e iluminación para procesar los extensores, así como la falta de utensilios y capacidad de cocción, y la falta de envases que provoca la venta de productos a granel, afectando su calidad y propiciando la adulteración del producto.

De 22 producciones seleccionadas en el proceso, al cierre de 2023 se decrecía en 20 y solo crecían la carne de cerdo en bandas y las bebidas alcohólicas nacionales.

En 2024, al cierre de marzo, de esas 22 producciones seleccionadas, seis crecen (cuatro más: bebidas alcohólicas nacionales, croquetas, cerveza, refrescos, langosta y conservas de tomate), aunque siguen siendo insuficientes para satisfacer las demandas de la población y la economía.

El informe recoge el comportamiento de las principales producciones hasta marzo:

• Harina de trigo: el plan se cumple al 44%, dejándose de producir 36 000 toneladas. Con respecto a igual período de 2023, disminuye en 27 785 toneladas.
• Soya beneficiada: no se ha producido en el año, disminuyendo en 3 520 toneladas con respecto al 2023 y afectándose la producción de yogur de soya, con 10 000 toneladas menos.
• Carne de res deshuesada: el plan se cumple al 47%, dejándose de producir 1 569 toneladas. Disminuye en 800 toneladas en relación con el 2023, afectando las entregas de carne de res para niños y dietas.
• Carne en conserva: el plan se cumple al 71%, dejándose de producir 2 238 toneladas. Se decrece en 6 685 toneladas, debido al déficit de harina de trigo y MDM.
• Café: el plan se cumple al 58%, dejándose de producir 1 217 toneladas. Se decrece en 1 530 toneladas debido al incumplimiento de las entregas de la agricultura

• Croquetas: se producen 1 091 toneladas, creciendo en 547 toneladas con respecto al 2023, a partir de la adquisición de materias primas a las FGNE.
• Bebidas alcohólicas nacionales: se cumple al 82%, dejándose de producir 8 800 hectolitros. Se crece en 39 813 hectolitros con relación al año anterior.
• Refresco: se cumple el plan al 76%, dejándose de producir 91 hectolitros. Se crece en 179 159 hectolitros con relación al año anterior.
• Captura bruta: se cumple al 56%, 1 346 toneladas menos que el plan, con la falta de combustibles como uno de los factores. Con respecto al año anterior se disminuye en 1 310 toneladas.
• Acuicultura: cumple el plan al 69%, con 456 toneladas menos. Se disminuye en 153 toneladas respecto a igual período del año anterior.
• Helados: se cumple al 57%, dejando de producir 497 galones. Incide en este incumplimiento el déficit de azúcar, leche en polvo y grasa vegetal. Con respecto a igual período del año anterior se decrece en 949 galones.

El informe recoge, en el escenario general de las producciones, factores como el incremento de los precios de las materias primas, dificultades para adquirir materias primas e insumos secos, el incumplimiento de las entregas de melaza para producción por la industria azucarera, poca autonomía financiera que determina altos volúmenes de pagos retenidos y deudas comerciales y con socios foráneos.

Además, limitada utilización de las capacidades productivas instaladas por el déficit de materias primas, insumos y envases.

Según el informe, al cierre del 2023, en las exportaciones del Minal el sector de la pesca fue el de mayor incidencia en el incumplimiento, por lo cual requiere de un tratamiento diferenciado a partir de las potencialidades de crecimiento que posee.

“El decrecimiento del sector pesquero está asociado a importantes incumplimientos productivos motivados por el insuficiente alimento animal, afectaciones con el combustible y escasos suministros de insumos, equipamientos y materias primas; deterioro de la flota pesquera del país; el deficiente control, indisciplinas y mal manejo de las estrategias pesqueras en la acuicultura; siembras de años anteriores con baja calidad, además de la deficiente atención a las producciones con destino a la exportación”, agrega.

Al pasar al punto de la prevención y enfrentamiento a ilegalidades, delito, corrupción e indisciplinas sociales en el sector, el presidente de la Comisión Agroalimentaria informó que las acciones operativas de la ONIE en conjunto con los órganos del Minint (PNR y TGF) han contribuido a frenar ilegalidades e indisciplinas.

En el primer cuatrimestre de 2024 se detectaron 50 hechos delictivos, nueve más que en igual período anterior, aunque disminuyó la afectación económica en más de un millón de pesos, a partir de la detección y recuperación de lo sustraído.

El informe señala que “los salarios y utilidades que se pagan en el sistema empresarial del Minal no cubren las expectativas de los trabajadores, siendo uno de los más bajos del país en fábricas donde se procesan gran parte de las materias primas para la elaboración de alimentos”.

Subraya que “es una necesidad continuar mejorando este indicador y fortalecer el trabajo en valores en los colectivos para combatir causas y condiciones que propician estas manifestaciones”.

Entre las recomendaciones del informe de la más alta fiscalización al Minal, están las siguientes:

• Fortalecer las acciones de control que permitan el cumplimiento de las regulaciones pesqueras y sobre la producción industrial de alimentos y bebidas.
• Acelerar el proceso de traspaso de las entidades previstas a los sistemas agroalimentarios locales como parte de la descentralización de facultades e incrementar las entregas de la producción de cada entidad a los balances municipales de alimentos.
• Establecer mecanismos financieros que permitan disminuir el nivel de cuentas por cobrar y pagar, incluidas las existentes, entre entidades del propio organismo y grupos empresariales.
• Perfeccionar la preparación del personal encargado de los procesos de diseño, negociación y concreción de las oportunidades de negocios.
• Identificar proyectos con un marcado carácter exportador, que potencien los encadenamientos productivos con la industria nacional y el objetivo de modificar la tendencia importadora que presentan.
• Recuperar el potencial productivo y exportador de la industria pesquera, incluida la acuicultura. Avanzar en la identificación de las potencialidades en los territorios para fortalecer la producción, el acercamiento a los productores, la concreción de nuevos productos y rescatar la flota pesquera del país.
• Actualizar los esquemas de financiamiento para producciones que aseguren el suministro de materias primas e insumos para la producción.
• Transformar la gestión de la cooperación internacional y el diseño de proyectos a una menor escala, con alcance municipal.
• Potenciar la promoción y ejecución de proyectos que permitan la conexión entre las entidades de ciencia tecnología e innovación y el sistema empresarial, con efectos apreciables en los incrementos de la producción de alimentos nutritivos e inocuos.
• Perfeccionar los encadenamientos con los productores nacionales de materias primas bajo el principio de cadenas del valor, logrando perfeccionar la contratación económica.
• Incrementar la exigencia en la implementación del sistema integral de mantenimiento industrial en cada una de las empresas para lograr una cultura de mantenimiento en todas las instalaciones.
• Fortalecer el trabajo en valores con los trabajadores del sector. Incrementar el control administrativo y la vigilancia revolucionaria. Perfeccionar la aplicación de sistemas de pago por resultados estimulando la eficiencia y eficacia productiva, para reducir causas que condicionan la ocurrencia de legalidades, hechos delictivos y casos de corrupción.

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