Cubadebate

La Justicia británica falló a favor de 4 compañías por bonos de deuda emitidos en el 2005.

Con el caso YPF todavía fresco, Argentina recibió este miércoles un nuevo fallo desfavorable en la justicia internacional. Esta vez, por parte del Tribunal Superior de Londres, que determinó que el país deberá pagar 1 330 millones de euros por el incumplimiento de los pagos de bonos atados al crecimiento económico que se emitieron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, los famosos “cupones PBI”.

Se trata de una interpretación técnica de una cláusula del contrato, pero no acusan al Estado de actuar de mala fe. Argentina apelará la sentencia.

En enero de 2005 y en abril de 2010, el país puso en marcha canjes voluntarios de deuda que, juntos, representaron la mayor reestructuración de deuda soberana de la historia. Entre los bonos ofrecidos a cambio, muchos eran con pagos atados a la evolución del PIB.

Los fondos buitre Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Virtual Emerald International Limited y Hirsh Group LLC reclaman el pago de uno de esos bonos, que rigen hasta el 2035 bajo legislación inglesa. 

Reclaman particularmente por el año 2013, porque afirman que la tasa de crecimiento de 2.96% que verificó el Indec para ese año y que no llega a superar el 3.2% que activaría el pago, está calculada de manera errónea. Se centran en 2013, porque fue a partir del que Argentina, siguiendo las  recomendaciones de organismos internacionales de cambiar el año base para el cálculo estadístico cada 10 años, modificó el año base de 1993 a 2004.

Ese cambio repercutió, según los demandantes y ahora la justicia británica, en los números iniciales de crecimiento que activaban el pago del cupón anualmente. Según el contrato, los primeros años Argentina debía crecer más de 4% para activar el pago. Desde 2013 el crecimiento debía ser de más de 3.2% y, a partir de 2015 y hasta 2035, Argentina debe pagar si el crecimiento del PIB supera el 3%. Para los buitres, estos guarismos debían cambiar con el mismo criterio del año base.

La justicia británica le dio la derecha a los buitres en la interpretación de la cláusula contractual, aunque no dio lugar a la acusación de que Argentina haya hecho ese cálculo de mala fe.

“He llegado a la conclusión de que no es necesario examinar ese caso alternativo (es decir que Argentina haya cambiado el año base para no pagar el cupón), sino de que no sería deseable hacerlo, dada la gravedad de las acusaciones que conlleva y dado que esas acusaciones se dirigen contra un Estado soberano. En consecuencia, no diré nada más sobre este supuesto alternativo”,  asegura el juez en la sentencia.

El detalle no es mejor dada la implicancia política y penal que podría tener que un juez londinense acuse a ex funcionarios de gobierno de haber manipulado las estadísticas para no pagar la deuda.

Es que el país explica que el año base se cambió en 2014 por un criterio estrictamente estadístico -los organismos internacionales recomiendan que se cambie cada diez años y habían pasado ya veinte de 1993 a 2013- y especifica que en ningún lugar del contrato se encuentra la obligación de seguir calculando al año base anterior para respetar la serie hasta 2035.

El juez Simon Picken del Tribunal de Londres aceptó la interpretación de los demandantes de cómo debe aplicarse la cláusula de ajuste, y ordenó un pago de 1 330 millones de euros que debe actualizarse a tasa Euribor más 2 por ciento,  una tasa muy inferior a la que pretendían los demandantes. El Estado argentino apelará.

Alerta buitre

Los demandantes en la justicia británica son los fondos Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Virtual Emerald International Limited y Hirsh Group LLC. Todos se encuentran radicados en paraísos fiscales: los primeros tres en Islas Caimán y Hirsh Group en Delaware, Estados Unidos.

HBK es uno de los cuarenta fondos privados más grandes del mundo, con más de 20 000 millones de dólares en activos. Por su radicación, que no les exige regulación alguna, no existe información acerca de su cartera de inversiones o antecedentes en juicios similares. Poseen aproximadamente el 48%  de los valores vinculados al euro emitidos por Argentina en 2005 y 2010.

El juicio comenzó a fines de octubre de 2022 en Londres. Dentro de los testigos de la República se encuentran ex funcionarios en actividad durante el periodo. En la sentencia, el juez Pickens destaca particularmente la participación de Guillermo Nielsen, Secretario de Hacienda entre mayo de 2003 y noviembre de 2005, y Sebastián Katz, viceministro de economía durante el período.

Calificó a ambos testigos como impresionantes y aseguró que no le cabe dudas de que hicieron todo lo posible por ayudar al tribunal.  Por parte de los fondos buitre, su único testigo de hecho fue el Fausto Spotorno, economista jefe de Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF).

El país enfrenta otra demanda por el pago del cupón PBI en los tribunales de Nueva York, que inició en 2019 Aurelius Capital, uno de los buitres que había ganado el juicio contra el país derivados del default del 2001.

A él se le sumaron cuatro fondos más que demandan en total alrededor de 411 millones de dólares por la misma razón. El proceso lo lleva adelante la jueza Loretta Preska, que reemplaza desde 2017 a un personaje que se hizo muy conocido en Argentina en temporadas anteriores de esta serie de largo aliento con los fondos buitre, Thomas Griesa. Se encuentra aún en etapa de discovery o presentación de pruebas y argumentos.

(Con información de Página 12)