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La empresa demandante alega que el FBI ocupó información confidencial para favorecer a la competencia. Foto: WPI

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) está hoy en el ojo de la justicia, después la empresa puertorriqueña de alcance mundial Network and Internet Communications lo demandara por 25 millones de dólares.

La empresa, que opera como Naicom Corporation, sostiene en la demanda civil que para el 27 de agosto de 2019 el FBI en Puerto Rico ejecutó, bajo el mando del entonces agente especial a cargo de Puerto Rico, Douglas A. Leff, dos órdenes de allanamiento en compañía de investigadores de firmas competidoras, para incautarse de equipo electrónico y una tableta que contenía los secretos de la entidad.

El documento legal, presentado por el abogado Rafael Castro Lang, indica que las órdenes de registro e incautación excedieron el alcance de lo que autorizó el magistrado federal del distrito de Puerto Rico en San Juan.

Naicom, fundada por Darwin Quiñones Pimentel, pidió el 6 de septiembre del año pasado al tribunal federal la devolución de su propiedad respaldado por la declaración jurada de un agente del FBI sobre la cual se basó la orden de registro e incautación y que violó el requisito de causa probable como requiere la constitución estadounidense.

"Esto fue la fuerza motriz de que se indujera al juez magistrado a creer que existía una causa probable de que se hubiera cometido un delito y que de la búsqueda iba a aparecer prueba incriminatoria penal", se señala en la demanda a la que tuvo acceso Prensa Latina en San Juan.

Los demandados enfrentan una acción de derechos civiles por daños compensatorios y punitivos, en su carácter personal basado en una conspiración, combinación y acuerdo que implica actos de mala conducta inconstitucional grave y abuso en los procesos, lo que resulta en una clara violación a la Constitución de Estados Unidos sobre registros e incautaciones razonables sin causa probable y sin orden judicial, según el documento.

La demanda quedó asignado al juez federal Pedro A. Delgado-Hernández, mas casi de inmediato fue traspasada al juez de distrito principal de Estados Unidos en Maine, John A. Woodcock, Jr., quien consintió la transferencia, por lo que ha sido asignado para desempeñar las funciones en el distrito de Puerto Rico.

En lo que concierne al demandado agente especial Leff, fue responsable de revisar, analizar y discutir con el asesor legal del FBI la evidencia recolectada durante las investigaciones criminales por sus agentes subordinados.

El agente especial Leff participó individual y colectivamente con los demandados en la investigación criminal que culminó con la ejecución de la orden inconstitucional y la búsqueda e incautación sin orden judicial contra los demandantes.

Por ende, Justicia federal y el FBI fracasaron en su gestión, por lo que la orden de allanamiento contra los demandantes fue desestimada sin oposición de la Fiscalía a que se les devolviera la propiedad y, en efecto, así lo hizo.

La demanda fue presentada bajo la acción Bivens, un recurso por daños y perjuicios que se puede presentar cuando presuntamente un agente federal viola un derecho constitucional.

En cuanto al servicio único que ofrece Naicom, entre 2002 y 2012, desarrollaron un sistema de dosificación de multidifusión de internet.

La propiedad se identificó como el Entorno Dinámico de Multidifusión Semántica de Internet (Disme) y las fuentes del código Disme se habían mantenido confidenciales bajo la Ley Federal de Defensa de Secretos Comerciales.

(Tomado de Prensa Latina)