Cubadebate

Ilustración: Grace Heejung Kim/ The New York Times.

Más de un mes después de la fecha límite para que el gobierno de EE.UU reunificara con sus familias a los niños migrantes separados de sus padres, el proceso ha tenido resultados mixtos. Medio millar de menores aún permanecen bajo custodia del gobierno. Más allá de los números, permanece la sombra de lo que esos inocentes han sufrido: voluntarios que trabajan con las familias reportan señales de trauma por la separación y otros problemas de salud mental en los menores.

“No me gustó ni la imagen ni el sentimiento de saber que las familias eran separadas”, dijo el presidente Trump el 20 de junio, cuando firmó una orden ejecutiva para detener la práctica depravada de su gobierno de separar a niños migrantes de sus padres que buscan asilo en la frontera sur de Estados Unidos. “Esto resolverá el problema”.

Tal vez firmar una orden así fue una cuestión de conciencia para Trump, quien se sintió moralmente obligado a abordar la crisis humanitaria causada por su propia política fronteriza de tolerancia cero.

Si es así, el asunto todavía debería preocuparle. Aunque las separaciones familiares han dejado de ser el foco de atención -lo que ha permitido a Trump disfrutar su momento ejecutivo de la mañana sin tener que enfrentar las imágenes televisadas de niños migrantes que lloran-, la crisis en sí está lejos de resolverse. Cientos de niños permanecen separados de sus padres. Muchos de los que han sido reunificados llevan las cicatrices del trauma. Familias de migrantes continúan siendo llevadas a centros de detención del gobierno, aunque ahora están detenidos juntos.

Con la brutalidad de su tolerancia cero, el gobierno de Trump encontró la manera de hacer una cantidad de daño impresionante en un periodo muy breve. En las seis semanas que la política estuvo en vigor, más de 2 600 niños fueron separados de sus padres, sin ninguna consideración o planeación sobre cómo se reunificaría a las familias al final .

Menos de una semana después de la orden ejecutiva, el juez federal Dana Sabraw, al dar su fallo sobre una demanda colectiva presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), impuso una orden judicial temporal sobre las separaciones familiares y ordenó al gobierno reunificar a todos aquellos que había separado. Se fijó la fecha límite del 26 de julio y los niños menores de cinco años fueron tratados de manera expedita.

Más de un mes después de esa fecha límite, el progreso ha dado resultados mixtos. Después de un difícil comienzo, y con ciertos retrasos burocráticos de parte del gobierno, más de dos mil niños se han vuelto a reunir con sus padres. Sin embargo, permanece la sombra de lo que esos inocentes han sufrido. Voluntarios que trabajan con las familias reportan señales de trauma por la separación y otros problemas de salud mental en los niños. Algunos se han vuelto retraídos y callados. Algunos experimentan pánico alrededor de desconocidos. Otros sienten un temor enorme de dejar que sus padres se aparten de ellos, incluso para ir al baño.

Profesionales relacionados con la medicina advierten daño psicológico y emocional a largo plazo, incluidos trastornos de ansiedad, depresión, retraso en el desarrollo, así como problemas de confianza y de memoria.

Y esos son los “afortunados”. A finales de agosto, más de quinientos niños todavía permanecen en custodia del gobierno, con miedo, confundidos y con la incertidumbre de si algún día volverán a ver a sus padres.

Unos cuantos son hijos de padres que han sido calificados como no aptos para la reunificación debido a antecedentes criminales u otras circunstancias. (Los delitos que los descalifican incluyen cargos por posesión de drogas, problemas con identificaciones y condenas por manejar en estado de ebriedad).

No obstante, en la mayoría de los casos -343, en el último conteo- los padres han sido deportados.

Ubicarlos requiere de mucho tiempo y trabajo que consume muchos recursos de los grupos sin fines de lucro que encabezan el esfuerzo. Un comité directivo formado por ACLU tiene a cincuenta personas que trabajan con númers telefónicos que el gobierno les dio después de cierto retraso; algunos números no son correctos.

Para empeorarlo, algunos padres son difíciles de localizar debido a que se han perdido entre las sombras de sus devastados países de origen, de los que huyeron aterrorizados. Grupos como Justice in Motion han enviado investigadores a buscar a esas personas en lugares remotos de México y Centroamérica. En una audiencia reciente de estatus, el juez Sabraw expresó optimismo de que las cosas parecían avanzar por buen camino. Sin embargo, la ACLU espera que el proceso continúe por dos meses más, mientras los niños siguen esperando.

Como era de esperarse, el gobierno de Trump ha sido menos entusiasta en arreglar el problema que lo que fue en crearlo. Hace unos meses, trató de zafarse de gran parte de sus responsabilidades sobre la reunificación al asegurar que era el trabajo de la ACLU localizar a todos los padres que habían sido deportados por el gobierno sin sus hijos. Nuevamente, el juez Sabraw tuvo que interceder y reprobar la reacción, y ordenó que el gobierno se coordinara con la ACLU.

Para complicar el asunto, el gobierno ha decretado que las reunificaciones deben llevarse a cabo en el país de origen de las familias. Lo que significa que, una vez que son contactados, los padres enfrentan una decisión imposible: renunciar a la solicitud de asilo de sus hijos y regresarlos a casa, o dejar a sus hijos en Estados Unidos para que intenten navegar por su cuenta a través del proceso de asilo.

En medio de todo este inmenso dolor, los desafíos de la corte siguen proliferando. La ACLU lleva a cabo procesos en nombre de los padres deportados que afirman que, en medio del caos de pesadilla de que les arrebataran a sus hijos, fueron forzados o engañados para firmar la renuncia de su propio derecho a solicitar asilo. Sin embargo, probar esos hechos no es fácil y muchos de esos hombres y mujeres siguen traumatizados por lo que han vivido.

También falta responder a la pregunta de cómo acabará esta situación. El gobierno de Trump no ha hecho ningún movimiento hasta ahora para desafiar la orden judicial sobre separaciones familiares, pero la semana pasada, durante sus reportes de avance semanal al juez Sabraw, el Departamento de Justicia silenciosamente presentó una notificación de apelación que conserva el derecho del gobierno a volver a litigar prácticamente cualquier aspecto de la orden judicial.

Al notificar al juez Sabraw, el subprocurador adjunto Scott Stewart aseguró a la corte que simplemente era un asunto de protocolo que no afectaría la continuación del proceso de reunificación. Sin embargo, podrían surgir problemas, por ejemplo, sobre si se debería permitir regresar a Estados Unidos a los padres deportados para la reunificación o si el gobierno tiene alguna responsabilidad sobre ofrecer tratamiento por el trauma a los niños cuyas vidas ha destrozado.

Nadie sabe qué elementos de la orden judicial el gobierno decidiría desafiar, si lo hace. Sin embargo, dado que el atractivo político del presidente ha sido construido en gran parte con base en sus furiosos ataques a los migrantes, es mejor estar atentos.

(Tomado de The New York Times)