Cubadebate

De conformidad con lo establecido en el artículo 75, apartado q), de la Constitución de la República corresponde a la Asamblea Nacional del Poder Popular, conocer, evaluar y adoptar las decisiones pertinentes sobre los informes de rendición de cuenta que les presente el Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General de la República, en cumplimiento del mandato preceptuado en los artículos 125 y 130 de la mencionada norma suprema.

Atendiendo al cronograma de trabajo trazado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y aprobado por el Presidente de esta Asamblea Nacional, en cada una de las provincias del país se ha venido desarrollando, previo a esta sesión, un intenso intercambio entre los diputados, jueces, fiscales y demás trabajadores de ambas entidades. Cada tribunal y fiscalía fueron visitados y se pudo constatar de primera mano los resultados del trabajo, sus aciertos y dificultades. Del mismo modo se pudo apreciar las transformaciones operadas en beneficio de las condiciones de vida y trabajo de jueces, fiscales y trabajadores en general de estas instituciones, lo que en gran medida se alcanza por las indicaciones en tal sentido de la dirección del país y el permanente apoyo y atención que el Partido y el Gobierno en cada localidad brindan a ello, así como las medidas adoptadas por  ambos órganos.

De manera general, tanto en los Tribunales Populares como en la Fiscalía General, se aprecian avances en su gestión, impresionando positivamente la consagración al trabajo de sus integrantes y la labor desarrollada para el cumplimiento de las recomendaciones aprobadas por la Asamblea Nacional en la anterior rendición de cuenta. No obstante, es común a ambas instituciones:

• El no completamiento de sus plantillas, tanto de personal técnico como auxiliar;
• Se aprecia, en sentido general, falta de estabilidad en el personal;
• La necesidad de continuar trabajando por imprimir mayor calidad a su trabajo;
• La incorporación a su gestión de nuevas estructuras y procedimientos.

En atención a lo anterior se propone a la Asamblea Nacional formular, para ambas instituciones, las siguientes:

Recomendaciones:

1. Continuar trabajando en el completamiento de sus plantillas de personal técnico y auxiliar;
2. Se hace necesario garantizar mayor estabilidad en sus cargos del personal técnico, teniendo en cuenta que la profesionalidad requerida para que jueces y fiscales desempeñen eficientemente su labor, se adquiere, además de con la preparación técnica, logrando una alta permanencia en sus cargos, en los que se conjugue la experiencia personal y la derivada del ejercicio profesional;
3. El Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General de la República en coordinación con los ministerios de Educación Superior, Trabajo y Justicia, evaluarán y pondrán en práctica los requerimientos y condiciones necesarias para garantizar de manera particular, desde el inicio de la carrera, el proceso de selección y asignación de estudiantes de Derecho para estas instituciones;
4. Los Tribunales y la Fiscalía, de conjunto con los ministerios de Educación y Justicia evaluarán y precisarán las medidas pertinentes para el inicio de la enseñanza de Técnico Medio en Derecho y garantizar que estas y otras instituciones reciban el personal auxiliar requerido para el mejor desempeño de su gestión;
5. Los Tribunales y la Fiscalía deben valorar incorporar en sus estructuras una categoría de Juez y Fiscal, con carácter consultante para lograr mantener en su seno a aquellos compañeros que al arribar a su edad de jubilación estén en condiciones de mantenerse en el organismo aportando sus experiencias y contribuyendo a la formación de valores y conocimientos técnicos en los jóvenes incorporados;
6. Ambas instituciones, en ejercicio de la facultad de iniciativa legislativa prevista en el artículo 88, incisos e) y f) de la Constitución de la República, procederán a promover, ante los órganos legislativos facultados, las correspondientes normas jurídicas, que les permitan institucionalizar estructuras y procedimientos que se han venido estableciendo en su labor con resultados favorables;
7. Continuar fortaleciendo una estrategia comunicacional encaminada a elevar la educación jurídica del pueblo.

En atención al señalamiento antes realizado, referente a la necesidad de imprimir mayor calidad a la gestión de ambos órganos, se considera oportuno recomendar lo siguiente:

• Al Tribunal Supremo Popular:

1. Continuar trabajando por incrementar la calidad en la solución de los asuntos que conocen, exigiendo un análisis profundo e individualizado en cada caso presentado. En la materia penal se requiere además, garantizar la existencia de un material probatorio de calidad que permita arribar a una decisión acertada y consecuente con el hecho justiciable, las características de su comisor y otras circunstancias concurrentes;
2. Garantizar y consolidar los niveles de celeridad alcanzados en la tramitación de los procesos judiciales en cada una de las materias;
3. Exigir la oportuna ejecución de sus sentencias en todas las materias, velando especialmente por las referidas a los asuntos penales y a los administrativos relacionados con temas de viviendas;
4. Continuar perfeccionando la actividad de control sobre los mecanismos de excarcelación anticipada previstos en la Ley, garantizando la respuesta oportuna y pertinente a los que la interesen, del mismo modo, el trabajo de influencia y control a las personas que reciben este beneficio;
5. En coordinación con los organismos de la Administración Central del Estado correspondientes y los gobiernos locales, continuar trabajando en el mejoramiento de las condiciones de vida, trabajo y estimulación moral de sus integrantes, así como en el suministro de los recursos requeridos para el desarrollo de su labor.

• A la Fiscalía General de la República:

Lograr una mayor concentración de la actividad de los fiscales en los procesos penales que les permitan incrementar la exigencia y análisis individualizado en los mismos, garantizando, de conjunto con los órganos pertinentes del MININT, que los expedientes, instruidos con la calidad y garantías legales exigidas, cuenten con el material probatorio requerido para poder sustentar adecuadamente su acusación, reduciendo con esto los niveles de devolución de asuntos por los tribunales y coadyuvando a una decisión acertada por los órganos judiciales;

1. Velar porque se cumplan los términos legales establecidos para la tramitación de los procesos penales, consolidando los niveles de celeridad alcanzados;
2. Incrementar el control sobre la imposición de medidas cautelares, en especial la referida a la prisión provisional, garantizando la racionalidad de su aplicación;
3. Lograr que los fiscales en los actos de juicios orales desempeñen un papel efectivo, donde se conjugue la inteligencia con la capacidad técnica y la debida ponderación socio-política del hecho justiciable, trasladando un mensaje preventivo y profiláctico;
4. Continuar elevando la atención, calidad investigativa y las respuestas debidas y oportunas a las quejas formuladas por la población;
5. Trabajar por erradicar las deficiencias que aún persisten en la realización de las verificaciones fiscales, garantizando la preparación previa de fiscales y especialistas así como el empleo adecuado de la información preliminar que se dispone, para alcanzar una mayor eficacia en esta actividad;
6. Perfeccionar e incrementar la labor de control de la legalidad por el Fiscal en los establecimientos penitenciarios, alcanzando una presencia efectiva y de apoyo a la labor que realizan los tribunales con las personas que reciben el beneficio de excarcelación anticipada;
7. En coordinación con los organismos de la Administración Central del Estado correspondientes y los gobiernos locales, continuar trabajando en el mejoramiento de las condiciones de vida, trabajo y estimulación moral de sus integrantes, así como en el suministro de los recursos requeridos para el desarrollo de su labor.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos considera oportuno proponer, atendiendo a la necesidad de perfeccionar y elevar la calidad del trabajo a planos superiores en ambas instituciones, teniendo en cuenta el papel que están llamadas a desempeñar en el proceso de implementación del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista y los reiterados señalamientos del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, referentes al perfeccionamiento del orden institucional, la lucha contra la corrupción y la necesidad de crear un estado de orden y disciplina en la nación, ratificar al Tribunal Supremo Popular y a la Fiscalía General de la República, que de conjunto con el Ministerio del Interior, continúen trabajando en el estudio y análisis integral del sistema de justicia penal del país, con vistas a incorporar formas y procedimientos de enfrentamiento al delito que permitan una valoración individualizada de los hechos, concentrar el poder sancionador del Estado en aquellos que por su elevada peligrosidad social así lo requieran y a su vez establecer otros tratamientos jurídicos, con vías más expeditas y menos gravosas a la sociedad, para los casos que no tengan esa dimensión, del mismo modo conformar sus estructuras y competencias para el mejor desempeño de su gestión y servicio al pueblo, proponiendo en tal sentido, en el momento que proceda, las normas legales correspondientes.

Ante el advenimiento, el próximo día 23 del aniversario de fundación de los Tribunales Populares y la Fiscalía General por nuestro Estado Socialista, interesamos de los diputados transmitir un mensaje de felicitación a los jueces, fiscales y demás trabajadores de ambas instituciones, el reconocimiento por la labor que desarrollan y la exhortación a cumplir cada día con mayor eficiencia la labor de defender al pueblo y a su Revolución y garantizar el imperio de la legalidad socialista en el país.