Cubadebate

El Gobierno de España endurecerá las sanciones contra las manifestaciones no autorizadas con multas de hasta 600.000 euros, una decisión que choca con el carácter pacífico de la mayor parte de las protestas contra los recortes en los últimos años en el país.

La oposición de izquierdas y defensores de los derechos civiles han calificado el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana de "ley de la patada en la boca", pero el Gobierno de Mariano Rajoy defiende que garantiza la libertad y tendrá el apoyo de la mayoría de los ciudadanos.

"El espíritu que guía al Gobierno es promover y garantizar la convivencia pacífica de los españoles y castigar a los grupos violentos que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos y la de los agentes", dijo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para presentar el proyecto.

Las manifestaciones y las huelgas se han multiplicado desde el inicio de las políticas de recortes en 2010, primero con el Gobierno socialista y ahora con el del Partido Popular, que han afectado áreas sensibles como la sanidad y la educación y pretenden reducir el déficit público de España para cumplir las exigencias de sus socios europeos.

Pero a diferencia de otros países también duramente afectados por la crisis de la eurozona, como Grecia, donde las protestas se volvieron violentas con frecuencia, en España han sido mayoritariamente pacíficas, en un país con un desempleo oficial del 26 por ciento, un elevado incremento de la pobreza y tras una reforma laboral que facilitó los despidos.

El Gobierno, por su parte, ha criticado la celebración de actos como los escraches, protestas contra los desahucios celebradas junto a los domicilios de dirigentes del partido, o iniciativas como las de "Rodea el Congreso".

El anteproyecto, que ahora tendrá que pasar por el Parlamento - aunque el PP tiene mayoría absoluta y no tendrá problemas para aprobarlo -, establece las multas más elevadas para actos como manifestaciones no autorizadas que degeneren en violencia dentro o fuera de las dos Cámaras o la perturbación de la seguridad en actos públicos, deportivos o religiosos.

ANTIBOTELLÓN

Además, los manifestantes que oculten su rostro podrían ser multados con hasta 30.000 euros, mientras que las pancartas "ofensivas" contra España, las comunidades autónomas o los ayuntamientos y sus símbolos también son consideradas infracciones graves y sancionables con esa misma cantidad.

Otra infracción grave será el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos cuando "perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana", una medida que probablemente irritará a los miles de jóvenes que participan en el llamado "botellón" en fiestas o fines de semana.

La oposición dijo que el anteproyecto de ley viola el derecho de protesta y limita la libertad de expresión.

"(El Gobierno) sabe que los ciudadanos van a seguir protestando y manifestándose en nuestras calles, y lo que quiere es meter miedo para sembrar la parálisis y la inacción de los ciudadanos", dijo el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE Antonio Hernando.

"Es una ley complementaria de un código penal autoritario que intenta criminalizar la protesta y limitar los derechos fundamentales", dijo esta semana el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares. "Pretende convertir al adversario político en un delincuente".

El columnista conservador José Antonio Zarzalejos la calificó de "patada en la boca a la derecha española" por temor a que decisiones así "arruinen la reputación de la derecha española".

"Es sólo una ocurrencia que añadiría al fracaso político de un Gobierno del PP el estigma de un autoritarismo que sólo responde a estímulos coyunturales y oportunistas", agregó en una columna en elconfidencial.com.

El rechazo entre la oposición y en las redes sociales surgido al conocerse la primera versión del borrador llevaron al Gobierno a retrasar una semana la aprobación del anteproyecto y a rebajar la dureza de algunas sanciones.