Cubadebate

Quien gane las elecciones presidenciales previstas para el próximo domingo en Honduras, se tendrá que enfrentar al conflicto entre campesinos y terratenientes en el Valle del Aguán, que ha dejado a más de 130 muertos en cuatro años.

Los miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) exigieron al futuro Gobierno que siga y cumpla con los acuerdos firmados con el presidente Porfirio Lobo en abril del 2010 para solventar el sangriento conflicto.

"El próximo Gobierno lo que tiene que hacer es cumplir con los acuerdos y retirar a los militares de la zona", afirmó el portavoz del MUCA, Vitalino Alvarez.

El acuerdo firmado en abril de 2010, Lobo se comprometió a comprar 11 mil hectáreas de tierra cultivadas de palma africana al terrateniente Miguel Facussé, para entregarlas a los campesinos y ejecutar proyectos de educación, salud y vivienda.

Pero el problema persiste, según MUCA se adquirieron unas cuatro mil hectáreas bajo acuerdos de pago a un costo de 135 mil lempiras por hectárea (seis mil 500 dólares) -un monto total de unos 26 millones de dólares- en un plazo de 15 años, que ha beneficiado a dos mil 500 familias, pero aún faltan otras cinco mil.

Bajo el Gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), los campesinos lograron un decreto que les garantizaba el traspaso de las parcelas propiedad de latifundistas, pero tras el golpe este decreto fue anulado.

Estas elecciones abrieron una esperanza entre los campesinos. El partido Libertad y Refundación (Libre) tiene como candidata a Xiomara Castro, esposa de Zelaya, quien propone establecer en Honduras "un socialismo democrático" para cambiar el "modelo neoliberal" que tiene al 71 por ciento de los 8,4 millones de hondureños en la pobreza.

"Los campesinos tienen la esperanza de que gane el partido Libre porque ha habido una promesa de la candidata", dijo otra portavoz del MUCA, Karla Zelaya.

El conflicto estalló a fines del 2009 cuando unas siete mil 300 familias campesinas tomaron por la fuerza cerca de siete mil 300 hectáreas en el Aguán, a 600 km al noreste de la capital.

En agosto de 2012, más de dos mil efectivos policiales y militares integrantes de la Fuerza de Tarea 'Xatruch' iniciaron un veda de porte de armas en la zona, en virtud de un decreto que emitió el Gobierno de Lobo para pacificar la zona. Pero las muertes continúan.

(Tomado de Telesur)