Cubadebate

Foto: Telesur.

El 16 de mayo de 2026, el gobierno de Javier Milei confirmó el envío de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina a Bolivia. La Cancillería lo comunicó como un operativo de “asistencia humanitaria” orientado al traslado de alimentos en un escenario de bloqueos, cercos urbanos y desabastecimiento, en medio de un proceso de creciente conflictividad social protagonizado por organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y territoriales movilizadas contra las políticas de ajuste, concentración de la tierra y deterioro de las condiciones de vida impulsadas por el gobierno de Rodrigo Paz.

El Ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno precisó que la decisión respondía a un pedido del gobierno boliviano y tendría carácter “temporal”.

La dimensión política del hecho se explicitó en la misma jornada, cuando Milei sostuvo que “Argentina acompaña al pueblo boliviano y a sus autoridades legítimas frente a quienes buscan desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso”.

La declaración inscribe a los sectores populares movilizados en el campo de la desestabilización, retomando una lógica regional donde la protesta social y la organización popular son leídas desde doctrinas de seguridad para legitimar respuestas represivas frente a pueblos movilizados en defensa de sus derechos.

En ese mismo movimiento comenzaron a circular en Bolivia denuncias provenientes de organizaciones sociales, dirigentes sindicales y referentes políticos que advierten sobre el traslado de material de seguridad en el mismo operativo. El señalamiento fue reforzado por el expresidente Evo Morales, quien escribió: “Denunciamos ante la comunidad internacional el envío de material represivo desde Argentina para sostener al gobierno. Esto recuerda el apoyo al golpe de 2019”.

La acusación se inscribe en una secuencia documentada que involucra al Estado argentino en el envío de material utilizado durante la represión desplegada tras el golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales, bajo el gobierno de Mauricio Macri.

El conflicto boliviano que enmarca el envío del Hércules se desarrolló durante el último mes con una dinámica de escalada sostenida que hacia el 15 de mayo acumulaba tres semanas de movilización.

Su origen inmediato se encuentra en tres ejes: la ley de tierras impulsada por el Ejecutivo —orientada a favorecer la concentración en la agroindustria— que fue resistida por comunidades campesinas e indígenas; el reclamo salarial de la Central Obrera Boliviana, que exige un incremento del 20% frente a dos años de inflación acumulada; y la crisis derivada de la calidad del combustible, denunciada por el sector del transporte por los daños producidos en motores diésel y nafteros. Sobre esa base inicial se incorporaron juntas de vecinos, gremiales y cooperativas, ampliando la densidad territorial y social del conflicto.

La concentración territorial de la conflictividad en La Paz alcanzó un punto crítico con un cerco de ocho días que comenzó a afectar el abastecimiento de alimentos, mientras sectores aymaras plantearon la renuncia presidencial.

En paralelo, una columna vinculada al evismo inició una marcha desde Oruro hacia la capital con llegada prevista para el 18 de mayo. En ese marco, el gobierno de Rodrigo Paz evaluaba tres cursos de acción —ampliación de concesiones, desplazamiento de la sede de gobierno o militarización— en una coyuntura de definición inmediata.

La emergencia de la denuncia sobre el contenido del envío argentino adquiere sentido en ese punto de inflexión y encuentra su anclaje en los hechos de noviembre de 2019. El 13 de ese mes, en los días posteriores a la salida forzada de Evo Morales, un avión Hércules argentino arribó a La Paz con efectivos del grupo Alacrán de Gendarmería Nacional bajo el argumento de la protección de la embajada.

El 8 de julio de 2021, el entonces canciller boliviano Rogelio Mayta presentó un documento oficial fechado el 13 de noviembre de 2019, firmado por el jefe de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, dirigido al embajador argentino Normando Álvarez García, en el que se agradecía el envío de “material bélico de agentes químicos”.

La reconstrucción posterior detalló el contenido del cargamento: 40.000 cartuchos AT 12/70, granadas de gas lacrimógeno de distintos tipos (CN, CS y HC) y sprays antidisturbios, a lo que se sumó el hallazgo de 70.000 balas antitumulto en depósitos de la policía boliviana sin registro formal de ingreso.

Las declaraciones de Mayta fueron categóricas: “El material enviado por Argentina fue utilizado para reprimir al pueblo boliviano”, en referencia a un período que incluyó las masacres de Sacaba (15 de noviembre de 2019) y Senkata (19 de noviembre de 2019), con al menos 21 personas asesinadas y mas de 100 heridos en operativos de fuerzas de seguridad durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

En Argentina, el 16 de julio de 2021 el fiscal Claudio Navas Rial imputó a Mauricio Macri, a la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich. al exministro de Defensa Oscar Aguad, -además del ex embajador Álvarez García y tres ex oficiales de Gendarmería- por contrabando agravado, sobre la base de la ausencia de registros aduaneros y la divergencia entre el material declarado y el efectivamente encontrado en Bolivia.

Ese conjunto de elementos configura un antecedente inmediato que estructura la lectura del presente y explica la rápida instalación de la denuncia en torno al actual envío del Hércules. La utilización de un medio militar en un contexto de conflicto social abierto, sumada al posicionamiento político explícito del gobierno argentino, introduce una dimensión que excede el plano de la asistencia y remite a la articulación entre política exterior, seguridad y gestión del conflicto.

La orientación adoptada por el gobierno de Milei se inscribe en un reordenamiento de la política exterior argentina bajo una lógica de subordinación estratégica a Estados Unidos e Israel, y por la adopción de la doctrina importada del enemigo interno como matriz de lectura de la conflictividad social.

Esa doctrina, que redefine la protesta como amenaza a la seguridad, se traduce en la ampliación de las facultades de las fuerzas de seguridad, en la reconfiguración del sistema de inteligencia y en la legitimación del uso de la fuerza como herramienta de disciplinamiento social.

El DNU 941/2025, firmado el 31 de diciembre de 2025, amplió al máximo el secreto sobre las actividades de inteligencia, habilitó a los agentes a detener personas, incorporó a las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interior y convirtió a distintas áreas del Estado —como el ReNaPer o ARCA— en terminales del sistema de inteligencia sin ningún tipo de control democrático.

En las últimas horas, el exmilitar estadounidense Erik Prince —mercenario, fundador de la empresa militar privada Blackwater y actualmente asesor en seguridad del gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa— denunció públicamente que supuestos grupos armados colombianos habrían ingresado a Bolivia para respaldar a sectores afines a Evo Morales en medio de la crisis política que atraviesa el país.

Prince, vinculado a operaciones impulsadas por Estados Unidos en Irak, Afganistán y también a iniciativas de presión e injerencia contra Venezuela y su gobierno, instaló así una narrativa de “amenaza insurgente" sobre el conflicto boliviano, en simultáneo con el envío del Hércules argentino. Hasta el momento, las autoridades bolivianas no confirmaron oficialmente esas acusaciones. Sus declaraciones operan en la legitimación de escenarios de militarización interna y securitización del conflicto social.

Bolivia concentra hoy una de las expresiones más visibles de la disputa regional en torno al reordenamiento político, económico y estratégico de América Latina. El conflicto —que articula demandas salariales, disputa por la tierra, crisis energética y movilización territorial— se desarrolla en un escenario regional marcado por gobiernos que profundizan programas de ajuste y desregulación en medio de crecientes niveles de conflictividad social.

En ese marco, la denuncia sobre el envío de armamento desde Argentina, sostenida sobre la memoria documentada de 2019 en registros oficiales, hallazgos materiales y procesos judiciales, permite observar el papel que ocupa el gobierno de Javier Milei en una estrategia de subordinación externa que excede ampliamente la coyuntura boliviana.

Se configura así una arquitectura regional orientada al disciplinamiento de los pueblos organizados y a garantizar las condiciones políticas para la profundización de proyectos de ajuste, despojo y subordinación geopolítica sobre América Latina y el Caribe.

En esa dinámica, Argentina asume un rol de articulación regional como cabeza de playa de la estrategia norteamericana sobre el continente, funcionando como plataforma política, logística y doctrinaria para la profundización de esquemas de control, injerencia y violencia estatal frente a procesos de resistencia popular.