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Administración Obama enfrenta creciente presión para rendir cuentas sobre torturas

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Activistas de derechos humanos protestan frente a la Casa Blanca en Washington. Jacquelyn Martin / AP

Activistas de derechos humanos protestan frente a la Casa Blanca en Washington el 11 de junio de 2010. Jacquelyn Martin / AP

El gobierno de Obama se enfrenta a una nueva presión para responder por su trayectoria sobre la tortura después de la relativa calma que siguió al resumen resumen ejecutivo del informe que emitiera el Senado en diciembre relativo al tema.

En una carta a la fiscal general Loretta Lynch este viernes, el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional presiona al Departamento de Justicia para revisar su decisión de no procesar a ex funcionarios de la CIA y el gobierno de George W. Bush por su participación en las torturas de la agencia posteriores al 11 de septiembre. La nueva evidencia del informe elaborado por el Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia tiene otra mirada, dice en la carta Salil Shetty, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Como nuevo Fiscal General, usted tiene la responsabilidad fundamental de garantizar que EE.UU. cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos e investigar efectivamente la evidencia de crímenes de derecho internacional y llevar a los presuntos autores ante la justicia”, se lee en la carta, que se espera llegue al escritorio de Lynch este lunes. “Instamos a examinar personalmente el informe completo y ordenar de inmediato un examen preliminar en violaciónes de las leyes federales e internacionales, con miras a poner fin a la impunidad, que se ha convertido en el sello distintivo de este programa ilegal.”

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes.

Dijo en diciembre que no volvería a abrir ninguna investigación sobre el programa de tortura ya desaparecido, que incluyó el uso de técnicas de interrogatorio como el ahogamiento simulado, la alimentación rectal y posiciones de estrés. El departamento citó su propia investigación de 2009, dirigido por el fiscal federal John Durham. En 2012, el entonces fiscal general, Eric Holder, anunció que la investigación de Durham no encontró motivos para presentar cargos.

Pero los críticos han argumentado que Durham y su equipo no condujeron una investigación exhaustiva, y ahora dicen que la evidencia en el informe del Senado –un documento que incluso el presidente Barack Obama ha dicho que ilustra la tortura, lo cual es ilegal bajo las leyes estadounidenses e internacionales– es motivo de otra mirada.

El Departamento de Justicia también se ha negado a indicar si alguien ha leído realmente el informe completo de la Comisión de Inteligencia, que consta de 6.900 páginas y sigue siendo mayoritariamente clasificado. En el documentos de la corte en enero, el Gobierno indicó que no había nadie en el Departamento de Justicia que hubiera hecho copia del informe completo, que plantea interrogantes en cuanto a cómo, exactamente, habían llegado a la decisión de no procesar a los funcionarios mencionados en el estudio.

El departamento se ha negado sistemáticamente a aclarar esa posición, citando el litigio en curso a través de una solicitud de Libertad de Ley de Información para el informe completo.

Esta se perfila para ser una semana incómoda para el gobierno de Obama en cuanto a las cuestiones de la tortura y la rendición de cuentas se refiere. La madrugada del lunes, EE.UU. se presentó ante el Consejo de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos para su revisión periódica, su primera aparición desde la controversia sobre el informe del Senado en 2014.

De pie frente a un jurado de sus pares, amables y no tan amables, los EE.UU. ha pulsado sobre su historial de derechos humanos, y se le cuestionó por más de una docena de estados miembros acerca de su incapacidad para pedir cuentas a cualquiera de los funcionarios involucrados en el programa de tortura de la CIA.

Varios países, como Eslovenia y la República Checa, habían presentado preguntas a los EE.UU. sobre su incapacidad para procesar a los ex torturadores o sus superiores, así como la falta de respuesta legislativa al informe.

“Lo que nos gustaría ver es que EE.UU. diga que va a nombrar un fiscal especial para llevar a cabo una investigación sobre la tortura a la luz del informe del Senado”, dijo Laura Pitter, asesora de seguridad nacional senior de Human Rights Watch, en un correo electrónico a The Huffington Post. “Tenemos un nuevo fiscal general, quien al ser interrogado en torno a si el submarino (o waterbording) era una tortura, contestó afirmativamente y dijo que se trataba de un crimen. Así que tal vez veamos una reacción diferente esta vez a las recomendaciones de los países de que los EE.UU. debe investigar la tortura correcta y creíblemente”.

(Con información de The Huffington Post. Traducción de Cubadebate)

Se han publicado 1 comentarios



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  • Nelson Guillen dijo:

    Ah , pero el utiliza ese argumento contra todos los paises que no estan alineados con el capital . Pero lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa .

    Claro que el cuenta con todo el poder mediatico , y hace que esta noticia solamente se vea un dia , nosotros tenemos que llevarla hasta el fin , todos los dias debemos estar escribiendo acerca de este tema . Como dijo Rafael ” prohibido olvidar ”
    Laura dijo que le gustaria ver que los Estados Unidos nombre un fiscal para investigar ; a mí me gustaria que ademas se utilice la ley con todos los que han abusado de su autoridad , y que los castiguen con penas severas

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