Cubadebate

Lula. Foto tomada de BBC.

El juez Carlos Thompson Flores declaró hoy que juzgamiento de la apelación presentada por la defensa del expresidente brasileño Luiz Luiz Inácio Lula da Silva contra la condena por corrupción deberá prolongarse de 10 a 11 meses.

Esta es la media para casos como ese, por lo cual el proceso debe estar concluido antes del 15 de agosto del próximo año, cuando expira el plazo para el registro de las candidaturas a las elecciones presidenciales, manifestó el titular del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), con sede en Porto Alegre.

Thompson Flores advirtió, sin embargo, que los trabajos deberán llevar el tiempo que fuera necesario para que todos los pormenores del caso sean evaluados de forma satisfactoria.

Precisó además, en declaraciones a la Agencia Brasil, que el TRF-4 juzgó ya 701 procesos ligados a la operación anticorrupción Lava Jato y lo hizo “en un plazo relativamente exiguo dentro de la responsabilidad que exige el examen de todas las cuestiones”.

En su opinión, el juzgamiento del expresidente Lula da Silva en segunda instancia será “menos polarizado”, a diferencia de lo ocurrido en primera instancia, donde las audiencias estuvieron marcadas por discusiones frecuentes entre los abogados de la defensa y Moro.

El juez federal de Curitiba condenó al exdignatario a nueve años y medio de cárcel por presuntos delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.

Abogados de la defensa aseguraron, sin embargo, que éste fue víctima de un juzgamiento políticamente motivado que ataca al Estado de Derecho y la democracia brasileña.

Lula fue condenado sin que “ninguna evidencia creíble de culpa fuera producida, mientras las pruebas abrumadoras de su inocencia fueron descaradamente ignoradas”, señalaron los letrados Cristiano Zanin Martins y Valeska Teixeira Zanin Martins.

Por más de tres años, subrayaron, Lula ha sido objeto de una investigación que dejó en claro de comienzo a fin del proceso el sesgo y la motivación política de Moro, cuyo juzgamiento “avergüenza a Brasil” al ignorar evidencias sólidas de su inocencia y al mismo tiempo violar continuamente derechos humanos básicos y del proceso legal.

Los juristas subrayaron asimismo que el juicio político y tendencioso al cual fue sometido el exdignatario muestra bien cómo los recursos judiciales de éste fueron agotados internamente y por qué fue necesario llevar el caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra.

(Con información de Prensa Latina)