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Foto: Unicef

El informe, divulgado este lunes, también señala crímenes de lesa humanidad contra la población palestina de Cisjordania. Una relatora especial documenta el “mediacidio”: casi 300 periodistas asesinados y la destrucción deliberada de la verdad como parte del genocidio.

Un año después de concluir que se estaba cometiendo un genocidio en Gaza, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU acusó a Israel de cometer crímenes de lesa humanidad, incluido el exterminio, contra la población palestina de Cisjordania. El informe, presentado este lunes, también denuncia la continuidad del genocidio en la Franja pese al alto el fuego acordado en octubre de 2025.

Las cifras resumen la transformación del territorio: seis palestinos murieron en ataques aéreos israelíes en Cisjordania entre 2008 y octubre de 2023; después, otros 254 perdieron la vida en menos de tres años. Para la Comisión —creada en 2021 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU—, esa escalada militar oculta una política destinada a expulsar a los palestinos de sus tierras.

El organismo acusa a Israel de cometer en Cisjordania crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, entre ellos exterminio, persecución, tortura, violación y otras formas de violencia sexual. Sostiene que las operaciones militares israelíes y los ataques reiterados de los colonos conforman una política sistemática de violencia y desplazamiento forzoso contra la población civil palestina, orientada a ampliar el control israelí sobre los territorios ocupados.

“Los asesinatos y las lesiones infligidas deliberadamente a civiles palestinos, así como la destrucción de sus viviendas en Cisjordania, junto con la persistente negativa de Israel a asumir su responsabilidad, forman parte de una estrategia más amplia destinada a exterminar y desplazar a los palestinos e imponerles unas condiciones de vida insoportables”, declaró Srinivasan Muralidhar, presidente de la Comisión.

Violencia sistemática y desplazamiento forzoso

Según los investigadores, las autoridades israelíes no se limitaron a tolerar la violencia de los colonos: su comportamiento indica que pretendían integrar esos actos en las operaciones militares, como parte de un ataque coordinado contra la población palestina.

Los niños son uno de los grupos especialmente afectados. La Comisión acusa a las fuerzas israelíes de matar deliberadamente a menores e infligirles graves lesiones físicas y traumas psicológicos, actos que califica de persecución por motivos de edad. Las violencias sexuales, incluidas las violaciones y las agresiones contra la capacidad reproductiva, también formarían parte de una estrategia para someter, desestabilizar y desplazar a la población.

Las consecuencias territoriales son considerables. Desde enero de 2025, las operaciones militares israelíes han provocado el mayor desplazamiento de población palestina en Cisjordania desde la guerra de 1967. En agosto de 2026, 34.176 personas seguían desplazadas, según la Comisión.

El pasado viernes, una operación israelí en Hebrón provocó el desplazamiento forzoso de más de 2.000 palestinos, según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En una declaración publicada este lunes, Volker Türk denunció la demolición de viviendas y comercios durante la operación, así como el cierre de varios barrios que dejó a numerosos residentes confinados en sus hogares. Türk calificó estas medidas de “punitivas” y destinadas a infundir miedo. “Los castigos colectivos constituyen una grave violación del derecho internacional”, recordó.

El “mediacidio”: la destrucción de la verdad

Por su parte, la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, sostiene en su informe a la Asamblea General que “la destrucción de la verdad se ha convertido en un elemento fundamental de la destrucción de un pueblo”.

El documento identifica tres patrones interrelacionados: la eliminación de los trabajadores de los medios palestinos; la construcción en Israel de “un régimen de información basado en restricciones a los medios, censura, propaganda, discurso de odio, incitación al genocidio y negacionismo”; y el papel de “influyentes medios internacionales y plataformas digitales para marginar las voces palestinas y reproducir las narrativas israelíes”.

“En conjunto, estas prácticas no solo han acompañado al genocidio, sino que también han facilitado su comisión y han obstaculizado la rendición de cuentas”, concluye Albanese, que describe algunos aspectos de este ataque como un “mediacidio”, definido como “la destrucción sistemática de la función pública de los medios de comunicación”.

El informe constata que el conflicto en Gaza es “el más letal jamás registrado para los periodistas”. Desde octubre de 2023, las fuerzas israelíes han matado a casi 300 periodistas y han herido a más de 400. “Si bien algunos perdieron la vida en ataques indiscriminados contra zonas civiles, alrededor de 70 fueron asesinados en represalia por su trabajo”, señala Albanese. La relatora subraya que muchos llevaban chalecos y cascos de prensa o portaban equipo profesional, lo que “en lugar de permitir al ejército israelí identificar y proteger a los trabajadores de los medios, facilitó que se convirtieran en blanco de los ataques”. El informe recoge las palabras de un soldado israelí: “Quien escribe un artículo o trabaja con un ordenador portátil es como alguien que lleva un Kalashnikov y nos ataca”.

La relatora documenta la destrucción de más de 150 viviendas de periodistas desde octubre de 2023, el ataque a la Torre Palestina el primer día de la ofensiva —que albergaba las oficinas de siete organizaciones de medios— y la destrucción completa de la Press House en febrero de 2024. Además, Israel ha destruido por completo el 81% de la infraestructura de información y comunicaciones de Gaza y ha dañado parcialmente otro 12%. “El asesinato sistemático de quienes documentan atrocidades (...) puede constituir una prueba de la intención de destruir a ese grupo protegido”, advierte Albanese, que recuerda que estos actos contravienen la orden vinculante de la Corte Internacional de Justicia de que Israel “prevenga la destrucción y asegure la preservación de pruebas”.

Censura, incitación y responsabilidad de las plataformas

El informe denuncia que Israel ha librado lo que su primer ministro ha denominado la “batalla por la verdad”, con una censura militar que alcanzó “niveles sin precedentes” en 2024: 1.635 artículos prohibidos y 6.265 censurados parcialmente.

Albanese señala que “los medios de comunicación israelíes no se limitan a transmitir o amplificar estas narrativas; en muchos casos, incitan expresamente a la violencia, incluido el genocidio”. Entre las declaraciones documentadas figura la del vicepresidente de la Knéset, Nissim Vaturi, quien afirmó en X que el objetivo de Israel era “borrar la Franja de Gaza de la faz de la tierra”. “La incitación directa y pública a cometer genocidio (...) constituye un delito autónomo e incipiente, que se consuma en el momento mismo de su pronunciación o publicación”, subraya el informe.

El documento también examina el papel de las plataformas digitales y los medios internacionales. Israel ha desarrollado “una estrategia de comunicación en línea de varios niveles”, que incluye “solicitudes de retirada a gran escala de contenidos” y contratos por valor de unos 50 millones de dólares con Google y X para difundir anuncios que desmentían los informes sobre la hambruna, con mensajes como “Hay comida en Gaza. Cualquier otra afirmación es una mentira”.

Albanese recuerda que, en virtud de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, “las empresas de medios de comunicación, las plataformas en línea y los anunciantes tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos” y deben “evitar causar o contribuir a que se produzcan efectos adversos”. “Un medio de comunicación que acepte como hechos afirmaciones no verificadas de una de las partes beligerantes, una plataforma que difunda mensajes prohibidos o una empresa que distribuya tales mensajes a cambio de una remuneración pueden contribuir de ese modo a causar daño”, concluye.

Ataque a la justicia internacional

En su intervención ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, Albanese señaló que “el genocidio no se sustenta únicamente en los asesinatos”. “Sancionar a quienes exigen que se rindan cuentas constituye un ataque a la justicia internacional y a las propias Naciones Unidas”, declaró, refiriéndose a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra ella misma y contra 13 jueces y funcionarios de la Corte Penal Internacional.

“Estados Unidos e Israel están destrozando el Estado de derecho, con el objetivo de sustituirlo por su propio estado de anarquía. Con el apoyo de las élites depredadoras mundiales, están forjando un mundo en el que nadie está a salvo del azote de la guerra, y las protecciones consagradas en el derecho internacional humanitario y en la Carta de las Naciones Unidas quedan sepultadas bajo los escombros de los que se benefician los modernos señores de la guerra”, afirmó.

La amenaza de una “limpieza étnica”

Esta operación refuerza las preocupaciones expresadas el lunes por António Guterres. Durante una visita a El Cairo, el Secretario General de la ONU denunció la expansión de los asentamientos israelíes, las expulsiones constantes y el aumento de las agresiones contra familias palestinas, periodistas y diplomáticos. “Estamos asistiendo a la creación de un entorno cada vez más coercitivo, en el que la amenaza de una limpieza étnica se hace cada vez más patente”, advirtió.

Para la Comisión, esta evolución se inscribe en una continuidad histórica que se remonta a la guerra de 1947-1948. Los investigadores consideran que la voluntad de Israel de ampliar su territorio y, al mismo tiempo, reducir la presencia palestina constituye uno de los factores fundamentales del conflicto. Israel rechaza categóricamente estas acusaciones: según la prensa, su misión diplomática en Ginebra denunció una campaña de desinformación destinada a demonizar al país y presentar su propia existencia como un acto criminal.

El alto el fuego no es suficiente

Un año después de concluir, bajo la presidencia de la jurista sudafricana Navi Pillay —galardonada con el Premio Nobel de la Paz de 2026—, que Israel estaba cometiendo un genocidio en Gaza, la Comisión mantiene sus acusaciones. Según este órgano independiente, las fuerzas israelíes siguen cometiendo actos genocidas pese al alto el fuego de octubre de 2025. La ampliación del control territorial israelí expone especialmente a los civiles que se acercan o cruzan la denominada “línea amarilla”, una frontera de facto dentro del enclave palestino que delimita las posiciones militares israelíes.

Las comisiones de investigación independientes no son órganos judiciales y sus conclusiones no constituyen una sentencia, aunque podrían contribuir a futuras actuaciones judiciales internacionales. El informe tampoco exime de críticas a la Autoridad Palestina, a la que acusa de reprimir las voces disidentes y de no investigar adecuadamente los actos de violencia cometidos por sus fuerzas de seguridad.

Por último, la Comisión reclama el fin inmediato de la ocupación israelí, el desmantelamiento de los asentamientos y la devolución de las tierras confiscadas, de conformidad con la opinión consultiva emitida en julio de 2024 por la Corte Internacional de Justicia. En El Cairo, Guterres reiteró que no será posible alcanzar una paz duradera sin reconocer el derecho del pueblo palestino a la libre determinación. Sin embargo, las conclusiones de los investigadores ponen de relieve una contradicción cada vez mayor entre la diplomacia internacional, que sigue defendiendo la solución de dos Estados, y las transformaciones impuestas sobre el terreno, que amenazan cada día más con hacerla inviable.

(Con información de Naciones Unidas)