Cubadebate

La realidad de Johana Maidana, madre de otros seis hijos, es la de cientos de familias de la segunda ciudad más grande de la provincia que viven en los diferentes asentamientos. Foto: Horacio Barboza.

Una mamá cruza descalza un río de desechos cloacales con su nene en brazos. Lo tiene que hacer todo el tiempo para poder acceder a la calle de tierra que conecta su casilla --hecha de madera y nylon-- con el resto del asentamiento Sarmiento, ubicado a las afueras de Concordia, la ciudad entrerriana que según los últimos datos de Indec es la más pobre del país.

La realidad de Johana Maidana, madre de otros seis hijos, es la de cientos de familias de la segunda ciudad más grande de la provincia que viven en los diferentes asentamientos. El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, eligió esa ciudad para lanzar la primera tanda de tarjetas alimentarias bajo el programa Argentina contra el hambre.

“Tengo siete chicos y todos viven conmigo. La semana pasada hubo una tormenta y se me mojó todo. Se mojó hasta la cama de los nenes y no nos quedó otra que quedarnos ahí porque no teníamos a dónde más ir”, explicó.

Maidana, al igual que otras 143 familias, vive en ese asentamiento hace un par de años, ella en particular, tres.

“Cuando se inunda no se puede ni cruzar y de noche tampoco porque hay unos pastizales larguísimos. No se puede salir de acá. Si me dicen que tengo la oportunidad de irme me voy, pero no puedo”, reflexionó otra de las vecinas que está desempleada y es madre soltera de cuatro chicos.

El esposo de Johana trabaja de recolector y hace una semana se sumó, junto a su padre, el hijo mayor de la pareja, que tiene 16 años. “Le dije que no quiero que vaya pero me dice que sí porque se siente incómodo. Tuvo que dejar la escuela para trabajar y yo me siento mal porque él tendría que estudiar, no salir a recolectar”, dice la mujer, de unos 35 años.

Padre e hijo se levantan a las 4.30 para tomar una hora después el colectivo que los lleva hasta la plantación donde cosechan el citrus --naranja, mandarina, limón y pomelo--, el cultivo más famoso de la zona junto al de arándanos. “Por semana ganan 2000 pesos. Pero ahora termina la cosecha y nos quedamos sin nada”, explicó Maidana.

La recolección de Citrus es de marzo a diciembre y la de arándano es por menos tiempo, de octubre a diciembre. En general, en la cosecha de arándano trabajan las mujeres porque se necesita de manos delicadas para sacar el fruto que es como una pequeña bolita. Eso hace que también sean útiles las manos de los niños, que, al igual que el hijo de Johana, dejan de ir a la escuela para aprovechar la temporada.

Según los últimos índices del Indec, Concordia fue una de las más afectadas por la crisis social que se vivió durante estos últimos cuatro años. De acuerdo a las cifras que se publicaron durante el último semestre de 2019, el índice de pobreza marcó el 52,9 por ciento.

Sin embargo “es necesario historizar los procesos que permitieron que esto suceda”, comentó un profesor de historia que nació y trabaja actualmente en la ciudad de Concordia.

“Ésta supo ser una ciudad con muchas fábricas y con una importante presencia del ferrocarril. Todo eso fue decayendo hasta que el gobierno de Menem nos terminó de matar”. “El neoliberalismo y la especulación financiera nos hundieron”, detalló el docente.

“El ferrocarril, donde trabajaban cerca de cuatro mil personas, hoy tiene tan solo 150 empleados y lo mismo pasó con una fábrica de jugo enorme que se llamaba Pindapoy o con el frigorífico. Hubo cerca de 20 fábricas que cerraron y dejaron a la gente desocupada”.

En un informe que realizaron desde la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Concordia, los especialistas locales indicaron que “el modelo neoliberal, que convirtió la matriz productiva en especulativa dando comienzo a la etapa financiera del capitalismo, generó una clara desigualdad social que impactó de manera significativa en las condiciones de vida de la población de Concordia”.

Esta reprimarización de la economía además está acompañada de irregularidades y abusos por parte de los contratistas que dan empleo temporario a los recolectores.

Uno de los recolectores se llama Pedro Adolfo y también vive en el asentamiento Sarmiento. Está allí hace un año junto a sus seis hijos. La casilla, al igual que todas las de su manzana, tiene piso de tierra y sólo tienen agua de vez en cuando, a través de una canilla que está ubicada fuera de la precaria vivienda.

“Hasta ahora trabajaba en la cosecha pero se terminó la temporada y estoy sin trabajo”, dijo el hombre de unos treinta años que tiene un porte robusto, la piel curtida por el sol y unos ojos verdes profundos llenos de angustia.

En la quinta, hasta que terminó la cosecha, Pedro trabajaba desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. “A veces llego a hacer 80 canastos, pero termino destruido porque te pega el sol todo el día”. Sin embargo, su jornada laboral no terminaba en ese momento, “una vez que le dejo las herramientas al capataz, me subo al colectivo y vuelvo.

De ahí me voy a una carnicería que queda a unas cuadras de la casilla a limpiar para que me den un pedazo de carne y no volver a mi casa con las manos vacías”, explicó en diálogo con este diario.

Pedro es el último eslabón de una cadena de irregularidades que terminan en este régimen de explotación. Los productores, dueños de los campos, contratan empresas que son las que a su vez se encargan de conseguir, por temporada, a quienes van a levantar la cosecha.

Las empresas tercerizadas, con el dinero que reciben de los productores, alquilan colectivos para llevar a los trabajadores al campo y les pagan --en negro-- cerca de diez pesos por recolector --una canasta grande del tamaño de un calefón--, a veces también les cobran el boleto de colectivo. Algunos trabajadores llegan a recolectar 80 canastos por día bajo el sol y sin normas de seguridad e higiene ni agua potable para tomar y en condiciones sumamente precarias.

De los cerca de 20 mil trabajadores que cosechan la fruta por temporada, solo 3500 están registrados. Los contratistas también traen personas de Bolivia y Jujuy, a quienes les pagan aún peores salarios y además los hacen vivir en galpones o hasta containers todos juntos y hacinados.

Luego, a la hora de pagarles el salario les descuentan la plata del “alquiler” y lo que les queda a quienes recolectan, y hacen el trabajo duro, es una suma casi simbólica que les alcanza solo para sobrevivir y seguir siendo explotados.

En el año y previendo que la cosecha terminaría y se quedaría sin nada, Pedro, con muchísimo esfuerzo, logró juntar 7500 pesos para comprar un caballo y con él salir a recolectar chatarra para vender. Pero la suerte no parece existir para Pedro ni para ninguno de sus vecinos.

A los dos meses, el caballo se enfermó y tuvo que gastar tres mil pesos más en medicamentos. Finalmente, a las dos semanas el caballo se murió en la puerta de su casa y con él las esperanzas de Pedro, su compañera y los seis nenes.

“Ayer mi señora recibió la tarjeta alimentaria y fue a hacer una compra de comida. Ya se gastó la mitad”, dijo en voz alta el papá de las criaturas. “La tarjeta nos sirve un montón. Pero bueno, ojalá alguien nos ayude y les dé una ropita, porque estamos fritos”, dijo mirando el piso.

La organización popular

De los 119 barrios que hay en Concordia, más de 50 son asentamientos. En uno de ellos, Fátima 1, Yanina Tenis y su mamá levantaron hace cuatro años un comedor de madera y chapa que se llama “Nuestra Señora de los Milagros”.

“Se hace difícil seguir haciendo esto porque no hay donaciones y la mayoría de las cosas las vamos poniendo de nuestro bolsillo y de lo que cobramos de la AUH, sin embargo la vamos piloteando. Arrancamos hace cuatro años porque vimos que aumentó mucho la necesidad. Empezamos de nada y ahora vienen cerca de 80 chicos por día a buscar la comida”, contó.

Otra experiencia de organización en los asentamientos es la de Federico Muniz y sus compañeros. Ellos cobran planes sociales y como contraprestación se encargaron de limpiar un enorme basural que había en el asentamiento y en su lugar construyeron entre todos una huerta comunitaria y una canchita de fútbol donde funciona la escuelita “Ni un pibe menos por la droga”.

Dos veces por semana reparten la copa de leche. “En la parte de atrás del asentamiento había un basural, nosotros desde la corriente (CCC) tenemos planes sociales a cambio de los cuales trabajamos. Así fue que limpiamos todo y armamos la huerta comunitaria. Ahora lo que necesitamos con urgencia es tener cloacas”, expresó.

Ellos presentaron un proyecto en el que los ayudó un politólogo y militante barrial, Horacio Barboza, y están cerca de poder construir un centro de salud en el asentamiento que además, a varias personas que viven ahí tener trabajo.

El intendente de Concordia Enrique Cresto conversó, en su oficina ubicada en el centro de la ciudad, con Página/12 y remarcó que en los últimos cuatro años la situación de la ciudad empeoró estrepitosamente.

“Acá no había merenderos y ahora hay 110. Decenas de comercios cerraron, el municipio --que nunca había tenido que comprar medicamentos-- después de que sacaron el Plan Remediar tuvo que empezar a gastar millones de pesos en eso”.

Cresto, además, subrayó que en 2018 citó a representantes de los 50 barrios más humildes de la ciudad que no tienen asfalto ni servicios básicos, y les propuso llevar a cabo un programa de desarrollo barrial que se financiaría con el dinero del fondo de la soja, que eran aproximadamente siete millones de pesos mensuales.

“Ese dinero vamos a destinarlo completo para mejorar la situación”, les había dicho. Sin embargo, el intendente detalló que “terminamos de hacer las carpetas y presentar todo y una semana antes de arrancar el gobierno eliminó por decreto el fondo de la soja”.

Cresto, a pesar de indicar que estos cuatro años fueron complejos, se muestra optimista con respecto al cambio de gobierno nacional y provincial. “Estimo que aproximadamente en tres años vamos a lograr que en los asentamientos haya centros de salud, de desarrollo infantil y progreso porque ahora tenemos un gobierno que se preocupa por los de abajo”.

“La tarjeta que lanzó aquí el Ministro de Desarrollo Social es un signo de eso. La ley de seguridad que se votó la semana pasada, por ejemplo --agregó-- significa que los sectores que más tienen tendrán que colaborar para ayudar por abajo a los que más sufren”.

Finalmente remarcó que uno de los tantos problemas que arrastra Concordia es que “venimos de un gobierno nacional que en cuatro años le sacó a los más humildes para darle a los de arriba y que se lleven la plata para afuera”.

(Tomado de Pagina12)