Cubadebate

Los terroristas de Miami contra Panamá

El gobierno de la inepta Mireya Moscoso otorgó prioridad al desarrollo de la Zona Libre de Colón, una institución autónoma del Estado creada en 1948 que por el volumen de carga era la segunda zona franca del mundo. Cuando Moscoso llegó a la Presidencia, la Zona Libre ofrecía a sus clientes un vasto sistema portuario, el centro de distribución de mercancías, bien para la importación -bien para la reexportación- más grande del continente, un parque de servicios financieros y una red de comunicaciones de alta tecnología.

La prioridad concebía la creación de un Centro Logístico Multimodal de Transporte y Servicios Internacionales, cuyo núcleo era el Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS). El proyecto cobró fuerza  tras conocerse que en 1999 la Zona Libre había perdido su empuje exportador. El 15 de enero de 2002 la Asamblea Legislativa de Panamá aprobó el contrato-ley que creaba el CEMIS y otorgaba su construcción al consorcio empresarial privado San Lorenzo.

Esta decisión presentada como un éxito de la administración de Moscoso, pronto se vino abajo al conocerse que algunos diputados del Partido Revolucionario Democrático habían recibido sobornos para sumar sus votos al del bloque oficialista. La Procuraduría General de la Nación emprendió una investigación. En septiembre de 2003 la Corte Suprema de Justicia, ella misma cuestionada por admitir como magistrados a dos personas de reputación dudosa, dictó nulidad de todo lo actuado y ordenó archivar el expediente procesal que se seguía. El Caso CEMIS dio lugar a uno de los mayores escándalos de corrupción en Panamá.
Para ese año el cuestionamiento del gobierno de la Moscoso aumentó, y se combinaron los errores económicos y políticos. El nivel de apoyo a la Presidenta bajó estrepitosamente dentro y fuera de su partido. La crisis originada en agosto de 2000, cuando la mandataria se encontró con la dimisión del Gabinete en pleno, en medio de críticas de la oposición parlamentaria y la patronal por la inepcia o el inmovilismo de su mandato había hecho metástasis.

El ex presidente Guillermo Endara, comenzó a criticar a la Moscoso, al acusarla de haberse alejado del legado político de Arnulfo Arias Madrid. La denunció ante la Fiscalía Electoral por una supuesta amenaza de destitución a los funcionarios que no la respaldaran en su aspiración de ser reelegida al frente del Directorio Nacional de su partido, la cual se hizo realidad a finales de septiembre por decisión de la Convención Nacional arnulfista, reunida en la ciudad de Aguadulce.

Desde este momento, Endara y otros veteranos dirigentes políticos quedaron completamente marginados en el Partido Arnulfista, se dedicaron entonces a revelar las acusaciones de las corruptelas de su entorno, de intentar acaparar poder más allá de su marco ejecutivo y de erosionar la democracia interna de las fuerzas políticas. Para entonces ya la desocupación ascendía al 17% y el PIB se asomaba a la recesión.
El cúmulo de las  promesas electorales incumplidas aumentó y el modelo neoliberal se aceleró con el aumento de los aranceles a las importaciones agrícolas, las privatizaciones empresariales y la venta de inmuebles en la zona del Canal que habían pertenecido a Estados Unidos y revertidos a Panamá, proceso que se convirtió en una fuente de fraude y cohecho.
La presidenta también reclamó para su gobierno otros supuestos logros, que a largo plazo irían en detrimento del país como los Tratados de Libre Comercio firmados el 21 de agosto de 2003 en Taipei, que entró en vigor el 1ro de enero de 2004. Además, se aceleraron las negociaciones para un TLC Panamá-Estados Unidos.

El centenario de la República en el 2003, llegó en medio de la depresión económica y las constantes imputaciones de corrupción y nepotismo contra el Gobierno. Moscoso inició su último año de mandato esgrimiendo supuestos datos de  recuperación exhibiendo un 4,1% de crecimiento del PIB para el vencido 2003, aunque el desempleo seguía siendo elevadísimo y las deudas del Estado ascendían en espiral vertiginosa.

La Moscoso negó enfáticamente los denunciados y evidentes casos de corrupción. También se rehusó, no obstante haberse comprometido en 1998 a eliminar la confidencialidad de las partidas gubernamentales de uso discrecional y pese a estar vigente una Ley de Transparencia en relación con el gasto público, a informar sobre la cuantía y el destino de los fondos reservados a la Presidencia.

Esta actitud esquiva confirmó lo que en el futuro se haría público sobre las sospechas de malversación de dichos fondos. La fraudulenta administración de Moscoso no sólo dejó una calamitosa imagen de corrupción institucional; también sería acusada de maquillar los balances económicos y financieros antes de su publicación, con el propósito de "dignificar" las cifras del déficit fiscal, la deuda pública y el crecimiento.
El 25 de agosto de 2004, el mismo día que otorgaba el ilegal indulto a los terroristas de Miami, como favor dadivado al gobierno de George W. Bush, Moscoso aceptó la responsabilidad del Estado en la desaparición y/o asesinato de 110 opositores entre 1968 y 1989.

Este lance, tenía una clara intensión política de reverdecer aspectos negativos del gobierno de Omar Torrijos Herrera y de Manuel Antonio Noriega con el Partido Revolucionario Democrático, entidad partidista que resultó vencedora en las elecciones. No por casualidad esta admisión llegó con un retraso de dos años después de las conclusiones de la Comisión de la Verdad y de un panel de investigación de las violaciones de los Derechos Humanos creado por la presidenta Moscoso el 18 de enero de 2001.

Después de concluir su mandato decenas de acusaciones aparecieron en su contra, debido a gastos suntuarios, desvíos de caudales públicos y una corrupción generalizada para caracterizar un gobierno criminal, cuyos delitos aún están impunes

Servicio tarifado al terrorismo

A escasos días del relevo presidencial, Moscoso aupó una crisis en las relaciones con Cuba y Venezuela. El 23 de agosto instruyó al canciller Harmodio Arias para que retirara al embajador de Panamá en La Habana y un día más tarde demandó al Gobierno de la Isla la retirada de su embajador en Panamá, la conspiración tarifada al servicio del terrorismo estaba llegando a su fin.

Cuba demanó la legítima extradición de los criminales, que se habían conjurado para realizar un acto de terror al planificar un atentado contra la vida de Fidel Castro Ruz en el marco de la X Cumbre Iberoamericana, la cual tuvo lugar el 18 de noviembre de 2000 en Ciudad de Panamá con Moscoso de anfitriona. El más notorio de los cuatro terroristas era Luis Posada Carriles,  agente de la CIA, autor de diversos crímenes y delitos impunes contra Cuba y Venezuela.
La Moscoso indultó a los malhechores, que un propio Tribunal panameño había sancionado. Alegó "razones humanitarias", pues estimaba que la nueva administración del PRD podría entregarlos a Cuba o Venezuela, donde corrían riesgo de ser ejecutados. Sin ambages añadió "los habrían matado" de haberse cumplido la demanda de extradición.

Tal indecoroso gesto no podía dejar de generar una consecuente reacción legítima. El 26 de agosto Cuba declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas y al día siguiente Caracas retiró su embajador de Panamá.

El 17 de enero de 2012 en gesto amistoso y solidario, tal vez a la caza de nuevos botines, Mireya Moscoso se exhibió en Miami con los terroristas en su hábitat natural, les ratificó su apoyo y demostró que si de dinero se habla, ella siempre está disponible.